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CALENDARIO DE DÍAS INHABILES 2020

La Secretaría de Estado de Función Pública, ha publicado la Resolución de 27 de noviembre de 2019 , por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020. (BOE 4 Diciembre 2019)

QUÉ ES EL CALENDARIO DE DÍAS INHABILES

El artículo 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración General del Estado fijará, en su ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos, con sujeción al calendario laboral oficial, que ha sido fijado en la Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020 («Boletín Oficial del Estado» del 11).

De acuerdo con el artículo 30.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.

Este calendario de días inhábiles se publicará antes del comienzo de cada año en el «Boletín Oficial del Estado» y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

Por todo ello, esta Secretaría de Estado de Función Pública, órgano superior del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en virtud del Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha resuelto:

Primero. Aprobar el calendario de días inhábiles correspondiente al año 2020, para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, a efectos de cómputos de plazos.

Segundo. Son días inhábiles:

 

a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no han ejercido la facultad de sustitución.

b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.

c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.

Los días inhábiles a que se refieren los puntos a) y b) de este apartado se recogen, especificados por meses y por Comunidades Autónomas, en el anexo adjunto.

Tercero. Disponer la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que también estará disponible en el Punto de Acceso General (administracion.gob.es) de la Administración General del Estado.

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ANEXO

Acceso al Boletín Oficial

2020-CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES

Enero: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional.

Día 6: Inhábil en todo el territorio nacional.

Febrero: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 28: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Marzo: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 13: Inhábil en la Ciudad de Melilla.

Día 19: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, de Galicia, de la Región de Murcia, del País Vasco, así como en la Comunitat Valenciana y en la Comunidad Foral de Navarra.

Abril: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 9: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Aragón, del Principado de Asturias, de las Illes Balears, de Canarias, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Galicia, de la Región de Murcia, del País Vasco, de La Rioja, así como en la Comunidad de Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Foral de Navarra, en la Ciudad de Ceuta y en la Ciudad de Melilla.

Día 10: Inhábil en todo el territorio nacional.

Día 13: Inhábil en las Comunidades Autónomas de las Illes Balears, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, de Cataluña, del País Vasco, de La Rioja, así como en la Comunitat Valenciana y en la Comunidad Foral de Navarra.

Día 23: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Aragón y en la Comunidad de Castilla y León.

Mayo: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional.

Junio: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 9: Inhábil en las Comunidades Autónomas de la Región de Murcia y de La Rioja.

Día 11: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Día 24: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Cataluña y de Galicia, así como en la Comunitat Valenciana.

Julio: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 28: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Día 31: Inhábil en la Ciudad de Ceuta y en la Ciudad de Melilla.

Septiembre: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 2: Inhábil en la Ciudad de Ceuta.

Día 8: Inhábil en las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias y de Extremadura.

Día 11: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Día 15: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Octubre: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 9: Inhábil en la Comunitat Valenciana.

Día 12: Inhábil en todo el territorio nacional.

Noviembre: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 2: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Aragón, del Principado de Asturias, de Extremadura, así como en la Comunidad de Castilla y León y la Comunidad de Madrid

Diciembre: Todos los sábados y domingos del mes.

Día 7: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Aragón, del Principado de Asturias, de las Illes Balears, de Canarias, de Extremadura, de la Región de Murcia, de la Rioja, así como en la Comunidad de Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Foral de Navarra y en la Ciudad de Ceuta y en la Ciudad de Melilla.

Día 8: Inhábil en todo el territorio nacional.

Día 25: Inhábil en todo el territorio nacional.

En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 83/2019, de 22 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020 (BOC de 6 de junio), dispone que: En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las fiestas laborales serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Reyes; en Fuerteventura: el 18 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 5 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe; en La Palma: el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves; en Lanzarote: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Dolores; en Tenerife: el 7 de septiembre, festividad de la Bajada de la Virgen del Socorro.

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Orden TSF/116/2019, de 7 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2020 (DOGC del 14) dispone que: «En el territorio de Arán, de acuerdo con el Decreto 152/1997, de 25 de junio, y el Decreto 146/1998, de 23 de junio, que modifican el Decreto 177/1980, de 3 de octubre, sobre el calendario de fiestas fijas y suplentes, la fiesta del día 26 de diciembre (San Esteban) queda sustituida por la de 17 de junio (Fiesta de Arán)».

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¿PUEDEN SER LAS BAJAS LABORALES CONTINUADAS CAUSA DE DESPIDO?

Son muchos los empresarios que se encuentran habitualmente, con trabajadores que no acuden a su puesto de trabajo por encontrarse en situación de incapacidad temporal, lo que se conoce comúnmente como “estar de baja”. No es poco común que dichas “bajas», en ocasiones, aunque estén debidamente justificadas, se repitan de manera frecuente, en un corto periodo de tiempo, con los consiguientes gastos que ello supone para la empresa. 

Ante esta situación, el empresario, amparado en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, podría despedir a este trabajador, un despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, aún cuando éstas estuvieran justificadas con una baja médica por incapacidad temporal. Dicho precepto señala que el contrato de trabajo podrá extinguirse por causas objetivas cuando las faltas de asistencia al trabajo superen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos (siempre que el total de las faltas supere el 5% de las jornadas hábiles en un periodo de doce meses) o el 25% de las jornadas hábiles en cuatro meses no consecutivos dentro de un periodo de doce meses.

Esta acción del empresario, que podría considerarse como un despido improcedente o incluso nulo por una posible vulneración de derechos fundamentales del trabajador, se ha elevado ante el Tribunal Constitucional español,  como una cuestión de inconstitucionalidad por parte de un Juzgado de lo Social de Barcelona,  a fin de que el Alto Tribunal se pronuncie y determine si dichos despidos son conforme a Derecho o no.

Lo que el Tribunal Constitucional ha entrado a valorar es la constitucionalidad del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, cuya redacción es la otorgada por la Ley de 2011, reguladora de la Jurisdicción Social, en vigor desde febrero de 2012.

Así, el Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse sobre si la extinción del contrato por causas objetivas, y concretamente, por faltas de asistencia al trabajo justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de los días laborales en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses no consecutivos, dentro de un periodo de doce, vulnera los derechos fundamentales a la integridad física, el derecho al trabajo y el derecho a la protección de la salud recogidos en la Constitución Española y, por tanto, serían constitutivos de un despido nulo.

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¿CÓMO INTERPRETA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTA NORMA?

En su Sentencia, el Alto Tribunal concluye que, en esos casos, no se está vulnerando ningún derecho fundamental. Dicha decisión, viene justificada por el límite que ha de operar entre el derecho al trabajo y la libertad de empresa y la defensa de la productividad. 

De esta manera, lo que defiende el Tribunal Constitucional es el equilibrio que ha de existir entre el interés de la empresa de paliar la onerosidad de las ausencias al trabajo y la efectiva protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. 

Dicha decisión, que limita en cierta medida el derecho al trabajo, se ha adoptado, y así lo afirman los magistrados en su Sentencia, con el fin de evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas suponen las ausencias al trabajo, ponderando para ello, los derechos e intereses en conflicto. Y, teniendo en cuenta que, en dichos casos, está igualmente reconocido el derecho a una indemnización al trabajador por despido por causas objetivas de 20 días de salario por año trabajado, quedando en última instancia, su impugnación a los tribunales. 

No obstante, el Tribunal Constitucional, al igual que hace el precepto mencionado, ha matizado que, esas ausencias al trabajo por incapacidad temporal, no incluyen dentro de dicho absentismo, las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave, así como tampoco las causadas por razón de maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia o por enfermedades relacionadas con ello.  Tampoco las llevadas a cabo por causa de paternidad, licencias o vacaciones.

Tampoco se computarían como faltas de asistencia a tales efectos, las debidas a huelga legal, por el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo o no laboral, ni las motivadas por causas de violencia de género. 

En conclusión, aunque dicha Sentencia ha tenido cuatro votos particulares, lo cierto es que, este Alto Tribunal avala que, cuando el trabajador se ausente de manera reiterada en el trabajo, aun cuando dichas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, procede la extinción del contrato por causas objetivas. 

No obstante, y como ya hemos comentado, siempre existen las excepciones, por lo que, antes de plantear el despido de un trabajador, es pertinente y recomendable, consultar con un profesional del derecho laboral, que examine el caso en cuestión, a fin de orientarle jurídicamente sobre las posibilidades de extinguir el contrato conforme a Ley. Para cualquier duda acerca de este tema, el equipo de asesores del Departamento Jurídico-Laboral de ASELEC, estará encantado de ayudarle a resolverla.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

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¿PUEDE MI PROVEEDOR CAMBIAR EL PRECIO DE UN PRODUCTO?

¿Qué ocurre cuando, existiendo un contrato, se modifica unilateralmente, por una sola de las partes, una de las condiciones establecidas en él, como, el precio de un producto?

Las relaciones y acuerdos comerciales llevadas a cabo entre dos partes, se rigen principalmente por lo establecido en el contrato firmado por ambas y, en cualquier caso, por los pactos que alcancen de mutuo acuerdo durante su relación, siempre que se encuentren dentro de los límites legales. 

LO QUE NOS DICE EL CÓDIGO CIVIL

Y ello porque, el Código Civil establece que no hay contrato si no media consentimiento, por lo que, la obligación de cumplir lo pactado por las partes únicamente surge cuando han mostrado su consentimiento, su conformidad en lo acordado, de lo contrario, no existiría contrato ni, por tanto, obligación de cumplir. 

Pero entonces, ¿qué ocurre cuando, existiendo un contrato, se modifica por una sola de las partes, una de las condiciones establecidas durante la vida de la relación comercial? ¿Tiene obligación la otra parte, de acatar dicha modificación? 

Pues bien, como decimos, todo acuerdo al que lleguen las partes aun desvinculándose de lo pactado en el contrato firmado, siempre y cuando se encuentre dentro de la legalidad, es válido y su cumplimiento exigible, pues ha mediado el consentimiento entre ellas.

Ahora bien, nuestra legislación prohíbe de manera expresa, que el cumplimiento o validez del contrato quede en manos de una sola de las partes, aunque así se pactara.

De esta manera, si las partes han convenido un precio inicial por el producto o los servicios prestados, éste únicamente podrá ser modificado si ambas partes así lo acuerdan, y media el consentimiento expreso de ellas a tales efectos.

De lo contrario, faltaría uno de los requisitos para que surgiera la obligación y, lo exigible, sería el precio pactado en el contrato. Por tanto, ante esta tesitura legal, hay que saber que está expresamente prohibido el hecho de que, sin mediar negociación, ni acuerdo, ni preaviso, una de las partes decida unilateralmente modificar el precio acordado, y exigir su cumplimiento a la otra parte, puesto que, como decimos, tal hecho supondría dejar la validez del contrato en manos de una sola de las partes. 

Lo que se trata en fin de evitar es, que sea la voluntad de uno de los contratantes la que determine los requisitos del contrato, pues ello supondría una sensación de inseguridad en el tráfico mercantil absoluta, puesto que nunca se sabría a qué puede estar uno obligado. 

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No obstante, se ha de señalar que, evidentemente cada parte es libre de establecer las condiciones que estime convenientes a la hora de contratar, y concretamente, en cuanto al establecimiento del precio de los pcriterios-de-la-inspeccion-ante-el-registro-de-jornadaroductos o servicios que presta, si bien, de lo que no es libre, es de modificarlos e imponer otros, habiendo establecido ya otros con anterioridad. 

Ante estas situaciones, la parte que sufra esa modificación unilateral del contrato, puede desistir del mismo o plantear su resolución por causas de incumplimiento, pues no está obligado a aceptar las mismas. 

En cualquier caso, lo ideal es examinar el contrato, las condiciones y la situación que se pretende defender, a fin de solucionar las diferencias, sin necesidad de romper  la relación comercial, puesto que dicha ruptura conllevaría perjuicios para ambas partes. Para dicho análisis, es ideal contar siempre, con asesoramiento jurídico profesional. Como ya hemos recomendado en numerosas ocasiones desde nuestro despacho, y también en este Blog, un abogado de empresa desarrolla un papel esencial en la redacción de contratos con proveedores y clientes, asegurando las mejores condiciones y velando  en todo momento por los intereses de la empresa, mediante la inclusión de cláusulas que nos beneficien y detectando aquellas otras que podrían perjudicarle.

La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le garantizan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Los Abogados de ASELEC asesoría y abogados se coordinan con el equipo de Asesores, lo que implica un conocimiento y tratamiento completo de los asuntos. Por ello, conseguimos ofrecer un asesoramiento integral con los mejores resultados.

Contacte hoy con nosotros

 

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

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CÓMO RECLAMAR SI MI HIPOTECA TIENE IRPH

IRPH son las siglas del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios y se utiliza como referente para calcular las cuotas de los préstamos hipotecarios.

Tradicionalmente había  3 tipos de IRPH: el de los bancos, el de las cajas y el del conjunto entidades (una media de los dos). Desde el 1 de noviembre de 2013, el Banco de España dejó de publicar los siguientes índices (en virtud de la Disposición Adicional 15ª.3 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización):

  • Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por los bancos (IRPH-Bancos).
  • Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorros (IRPH- Cajas).
  • Tipo activo de referencia de las cajas de ahorros (CECA).

Así que actualmente, sólo se publica IRPH del Conjunto Entidades.

¿DE DÓNDE SALE EL IRPH?

El IRPH se calcula con la media mensual del interés aplicado a las hipotecas de nueva constitución de las diferentes ofertas del mercado hipotecario que han inscrito los bancos y cajas de ahorros. Para que este índice se actualice hace falta que la propia banca envíe datos económicos al Banco de España. Esto hace que esos datos se entreguen sin auditorías externas y con opacidad.

Cuantos más préstamos conceda un banco con un índice más elevado, esto hará que se eleve el IRPH. Es decir, si contratan más préstamos a un interés superior, el índice se eleva. Si se comercializan más préstamos a un precio inferior, el interés disminuye.

Así, el IRPH el resultado de una mayoría simple, no ponderada, que en ningún caso podrá representar una realidad de mercado, pues tendrá en cuenta los datos de todas las entidades por igual, sin tener en cuenta el tamaño de los bancos o volumen de préstamos concedidos. Recoge el tipo de interés inicial fijo que aplican las entidades y/o el valor del índice de referencia más los diferenciales que se le vienen a aplicar a los clientes, más las comisiones de apertura y/o estudio, al medirse en base a la TAE, partiendo de datos obtenidos a través de las propias entidades que conceden los productos bancarios a los distintos clientes españoles, consumidores y empresas.

Las personas con una hipoteca vinculada al IRPH o CECA se ven perjudicados cuando los bancos suben las comisiones de apertura/estudio, los tipos fijos iniciales y/o los diferenciales a aplicar sobre el índice de referencia, ya que el IRPH se calcula a través de la media de las hipotecas que se conceden, según la TAE.

En definitiva, la operativa bancaria incide en el IRPH de tal forma que éste resulta fácilmente manipulable, ya que el cálculo no es transparente porque los datos que facilitan las entidades, a partir de los que el Banco de España calcula, no son públicos y, por tanto, los consumidores no pueden siquiera verificarlas.

 EVOLUCIÓN IRPH vs EURIBOR

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Como vemos, el IRPH siempre cotiza por encima del Euribor, siendo su repercusión directa en la cuota mensual de los préstamos hipotecarios: en la práctica, actualmente, supone una diferencia para un préstamo hipotecario de 150.000 euros (dependiendo de las demás condiciones del préstamo hipotecario como importe, plazo, diferencial) aproximadamente de 100-120 euros, lo que al año supone un perjuicio económico anual 1.500 euros.

¿PUEDO RECLAMAR LA NULIDAD DE MI HIPOTECA EN BASE AL IRPH?

A día de hoy son muchas las Sentencias que se han dictado ya declarando como abusivas las llamadas cláusulas suelo, en virtud de las cuales, se pactaba un tipo de interés mínimo por debajo del cuál nunca podría estar el interés de nuestra hipoteca, a pesar de las bajadas del Euribor.

Así pues, la declaración de nulidad se realizaba respecto de dicha cláusula y no respecto del tipo de interés utilizado (Euribor).

No obstante, cada vez con más frecuencia, se han venido presentado reclamaciones sobre la nulidad del propio tipo de interés basado en el I.R.P.H, aunque, en su gran mayoría, dichas reclamaciones  eran desestimadas, por entender que dicho tipo de interés no estaba sometido a los controles de transparencia. 

Hasta la fecha, han sido muchos los Juzgados de Primera Instancia y Audiencias Provinciales de nuestro país que se han aventurado a declarar abusivo tal tipo de interés, en el entendimiento de que es un referencial, como ya hemos visto,  pactado por las entidades bancarias y que, en cierta manera, son éstas las que pueden influir en su evolución, en un claro perjuicio al consumidor.

Sin embargo, el Tribunal Supremo no lo veía así y declaraba que era totalmente lícito y transparente, desestimando así en última instancia las reclamaciones de los clientes. 

CUESTIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TSJUE

Ante la discrepancia de interpretaciones y la clara inseguridad jurídica que ello conllevaba, finalmente el Juzgado nº38 de Primera Instancia de Barcelona, se aventuró a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de La Unión Europea, con el fin de obtener una línea interpretativa que zanjara  finalmente la controversia. 

Si bien la resolución final de tal cuestión, que vendrá de la mano de la sentencia del TSJUE, aún no ha llegado, sí que se ha pronunciado al respecto, el Abogado de la Unión Europea, en el previo y preceptivo informe que tiene que elaborar a la citada sentencia, y en el que ha dejado una puerta abierta a posibles futuras reclamaciones.

¿Qué es lo que ha dicho el Abogado General del TJUE en relación al IRPH?

El Abogado General de la Unión Europea considera que dicho tipo de referencia, sí ha de estar sometido al control de transparencia y, por tanto, si éste no es superado, podría ser declarado nulo con todas las consecuencias legales inherentes.

Tales consecuencias, podrían ser tan extremas como que, si no se pactó un tipo de interés sustitutivo, el préstamo quede sin índice de referencia y, por tanto, no pueda aplicarse ningún tipo de interés, quedando así gratuito, con la consecuente devolución de las cantidades pagadas de más. 

No obstante, dicho informe a pesar de guiar en gran medida a los jueces del TJUE a la hora de dictar sentencia, no resulta vinculante para el Tribunal, por lo que, podría ser que todo se quedara en la simple interpretación del abogado de la Unión Europea. 

Una vez más, toca esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie y cierre la polémica, sentando ya sí unas bases interpretativas que den seguridad jurídica plena al consumidor que reclame.

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CÓMO RECLAMAR ENTONCES EL IRPH

Ante la complejidad de tales asuntos, lo más recomendable es siempre buscar asesoramiento profesional, consultar con abogados especialistas en la materia, que estudien el caso en concreto, a fin de que la reclamación resulte lo más beneficiosa posible para usted.

El proceso a seguir en estos casos sería, en primer lugar, revisar la escritura de la hipoteca y verificar que el préstamo hipotecario está referenciado al índice IRPH, e interponer la reclamación extrajudicial ante la entidad bancaria correspondiente.

Es importante tener en cuenta que los bancos, incluso sin haber presentado una previa reclamación extrajudicial, están contactando con sus clientes, para alcanzar acuerdos que incluyen cláusulas de renuncia a reclamar en un futuro las cantidades que les pudieran corresponder.

Por ello, RECOMENDAMOS NO FIRMAR ACUERDOS PRIVADOS CON LAS ENTIDADES, SIN CONSULTAR PREVIAMENTE CON UN ABOGADO ESPECIALISTA.

Una vez tramitada la correspondiente reclamación extrajudicial, si no hubiera una respuesta positiva por parte de la entidad bancaria, se interpondría la correspondiente demanda judicial ante el órgano jurisdiccional competente, ejercitando una acción declarativa de nulidad con las correspondientes consecuencias inherentes: eliminación del IRPH y devolución de las cantidades indebidamente cobradas.

IMPORTANTE: LA ACCIÓN DE NULIDAD ES IMPRESCRIPTIBLE, no existe plazo para ejercitarla, por tanto, aunque el préstamo esté cancelado, también puede reclamarse las cantidades indebidamente cobradas.

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

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¿EXISTE EL DERECHO A DESEMPLEO EN LA EMPRESA FAMILIAR?

Las empresas familiares suponen, a día de hoy, una importante representación del sector empresarial en nuestro país. Ello supone que muchos cónyuges e hijos, además de la relación personal, mantienen una relación laboral entre ellos, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva. 

Sin embargo, cuando esta relación se extingue, puede surgir en el trabajador, que es también familiar del empresario, la siguiente duda: ¿existe el derecho a desempleo cuando eres un familiar en la empresa? Veamos.

DERECHO A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Con carácter general, tiene derecho al desempleo todo trabajador por cuenta ajena que haya finalizado la prestación de sus servicios en una relación laboral, siendo precisamente la nota de ajeneidad uno de los requisitos que hace nacer el derecho a tal prestación.

RELACIÓN LABORAL FAMILIAR Y REAL

Si bien, cuando el trabajador sea, además, familiar del empleador, para saber si se tiene derecho a la prestación por desempleo habrá que diferenciar entre relación laboral familiar y relación laboral real:

  • Se entiende por relación laboral familiar, la relación laboral mantenida entre el empresario y su cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes por consaguinidad o afinidad hasta el segundo grado que convivan con éste. En este caso, se entiende que el resultado del trabajo beneficia al núcleo familiar completo incluido empresario y trabajador por lo que el trabajador no tendría derecho a desempleo. 
  • Por el contrario, la relación laboral real es aquella que efectivamente se desarrolla y que viene marcada por esa nota de ajeneidad, por lo que en este caso, el trabajador sí tendría derecho a prestación por desempleo. 

Sin embargo, aunque el caso de las relaciones laborales familiares con carácter general no ha lugar al nacimiento de la prestación, como hemos visto se establece una excepción y es que, cuando se acredite que dicha relación sí es una relación real marcada por esa nota de ajeneidad si habrá lugar a obtener la prestación por desempleo.

Es decir que, cuando un trabajador sea familiar del empresario, la regla general es que no habrá desempleo, salvo prueba en contra que demuestre la efectiva prestación de los servicios. 

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ACREDITACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON AJENEIDAD

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Para ello, basta con acreditar la recepción del salario real, el tiempo que lleva trabajando, la cotización, las funciones reales y efectivas que ostenta en su puesto de trabajo, la cotización a la Seguridad Social, registro de jornada, y todo aquello a través del cual quede demostrado que el trabajo realizado por el trabajador, a pesar de su vínculo familiar con el empresario, venía marcado por una nota de ajeneidad que correspondía a una real relación laboral que a su extinción, daría lugar al nacimiento de la prestación por desempleo. 

No obstante, muy frecuentemente el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiende a denegar dichas solicitudes por entender que la relación laboral era familiar y que el trabajador debía haber ostentado la condición de autónomo colaborador, sin embargo, como decimos, dicha conclusión puede ser contrariada presentado los medios de prueba suficientes que acrediten que la relación laboral era real. 

Si le ha sido denegada la prestación por desempleo o tiene dudas acerca de si tiene derecho a solicitarla, le recomendamos solicitar el asesoramiento profesional a fin de obtener los mayores beneficios y salvaguardando siempre sus intereses.

ASELEC, asesoría y abogados cuenta con un equipo de Letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas.

La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le garantizan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Los Abogados de ASELEC asesoría y abogados se coordinan con el equipo de Asesores, lo que implica un conocimiento y tratamiento completo de los asuntos. Por ello, conseguimos ofrecer un asesoramiento integral con los mejores resultados.

Estefanía Belchí Poveda

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RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS DE LAS EMPRESAS EN UNA U.T.E

La unión temporal de empresas (U.T.E) es un sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro.

Se trata de un sistema de colaboración entre empresas para llevar a cabo una determinada actividad en un concreto periodo de tiempo y que carece de personalidad jurídica propia, lo que las diferencia de las Agrupaciones de Interés Económico que sí tienen, cuya representación la ostenta un gerente único frente a terceros.

Ya tratamos en nuestro Blog del régimen fiscal que regula estas U.T.Es. Si quiere recordarlo, le dejamos el enlace aquí:

¿QUÉ ES UNA U.T.E?

El régimen jurídico de las U.T.E o Unión Temporal de Empresas viene regulado en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Regional

Se trata de una entidad sin personalidad jurídica propia constituida para la colaboración empresarial cuyo objeto es el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro por un período de tiempo determinado el cual coincide con la duración del contrato y vigencia de la entidad.

La constitución de la UTE se formaliza en escritura pública en la que se comunica el nombre, apellidos, razón social de los otorgantes, su nacionalidad y su domicilio, la voluntad de los otorgantes de constituir la entidad y los estatutos o pactos que han de regir el funcionamiento de la misma.

Las empresas miembros de una UTE pueden ser personas físicas o jurídicas residentes en España o en el extranjero y debe designarse un Gerente único, con poderes suficientes de todos y cada uno de sus miembros para ejercitar los derechos y contraer las obligaciones correspondientes.

¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENEN LAS EMPRESAS QUE COMPONEN UNA U.T.E?

Como ya hemos dicho, las empresas que constituyan una U.T.E deberán hacerlo a través de escritura pública donde se deberá reflejar la participación que ostenta cada una de ellas e inscribirla en el Registro Mercantil.

Sin perjuicio de la participación que cada una de dichas empresas tenga, resulta imprescindible saber que la responsabilidad que contraen frente a terceros cada una de ellas, es solidaria e ilimitada. Pero, ¿qué significa esto?

La responsabilidad solidaria es aquella en la que, existiendo varios deudores, el acreedor puede dirigirse indistintamente a cualquiera y exigirle la deuda total pudiendo ir contra la totalidad de sus bienes, de ahí su naturaleza de ilimitada. Es decir, que, de cualquier deuda que tenga la U.T.E responde cada una de sus empresas por el 100 % de la misma, independientemente de la participación que tenga en la U.T.E. 

Si bien, aunque tal responsabilidad es ilimitada frente a terceros, no lo es entre las empresas que la conforman, pudiendo, una vez saldada la deuda por una sola de las empresas, repetir frente a las demás en la proporción que ostenten.

CÓMO SE RECLAMA A LAS EMPRESAS DE UNA U.T.E

¿Pueden los acreedores reclamar directamente a las empresas conformantes?

No, el acreedor deberá primeramente intentar saldar su deuda a través de los bienes de la U.T.E, y, una vez que esto devenga ineficaz, podrá dirigirse a la empresa o empresas que la conforman y reclamarle la deuda de la U.T.E.

¿CUÁNDO NACE ESA RESPONSABILIDAD?

Igualmente, es importante saber que la responsabilidad solidaria de la que hablamos únicamente nace por obligaciones contraídas por el gerente de la U.T.E en representación de ésta. Por tanto, no habrá lugar a reclamar responsabilidad a una de las empresas por las deudas contraída de manera exclusiva y en su propio nombre por otra, aun cuando se haga durante la vigencia de la U.T.E.

No obstante, si existe una reclamación por parte de un tercero sobre una deuda contraída por la U.T.E, lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional a fin de dirimir si, efectivamente, debemos responder frente a tal acreedor y las posibilidades de repetición frente al resto de empresas de acuerdo a su participación. 

Para cualquier empresa, cualquiera que sea el sector al que pertenezca, resulta fundamental contar con un abogadocomo asesor legal que le ayude a gestionar y resolver los problemas de índole jurídico que se generan en el desarrollo de su actividad, tanto en las relaciones con los empleados, como con los clientes o proveedores.

El campo de actuación del abogado de empresa abarca tanto el asesoramiento preventivo para evitar situaciones que pongan en peligro buen funcionamiento de la misma, como, si ello resultara necesario, la efectiva actuación extrajudicial y judicial ante los juzgados y tribunales, en defensa de los interesas del negocio. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

 

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¿PUEDO RECLAMAR A MI DEUDOR LOS GASTOS DE CONFIRMING?

Hoy en día, resulta muy habitual que las empresas, en sus relaciones comerciales, hagan uso de sistemas financieros para la gestión del cobro anticipado de sus facturas.

Uno de ellos, es el llamado confirming.  Dicho sistema deriva en una ventaja para la empresa obligada al cobro, aunque para el proveedor supone unos costes que ha de asumir. Veamos en que consiste.

EL CONFIRMING

El confirming es un sistema de gestión de cobros, que no de deudas, en virtud del cual, una empresa encomienda, generalmente a una entidad financiera, el pago de las facturas a proveedores de manera anticipada a su fecha de vencimiento. De esta manera, el acreedor no genera deuda y el proveedor no necesita esperar a la fecha de vencimiento de las facturas para su cobro, si no que puede hacerlas efectivas en cualquier momento.

LOS GASTOS DEL ACREEDOR EN EL CONFIRMING

Pero, ¿qué gastos tiene que soportar el acreedor para beneficiarse de este sistema?

Como decíamos, para la empresa acreedora la ventaja de cobrar anticipadamente supone un gasto que, en muchas ocasiones, no resulta baladí, pues el hecho de adherirse a este sistema de pagos va a suponer que la entidad financiera nos cobre una comisión sobre el importe de la factura además de un tipo de interés.

Aunque, en un primer momento nos pueda parecer un gasto mínimo si se trata de una factura únicamente, dicho gasto ha de tenerse presente a la hora de hacer uso del confirming puesto que, cuando nos encontramos ante una relación comercial constante con nuestro deudor y, máxime, cuando se trate de facturas de cuantía elevada, dichas comisiones e intereses pueden suponer un gasto importante para nuestra empresa.

Ahora bien, ¿puedo repercutir tales gastos a mi deudor? la respuesta es negativa.

La jurisprudencia viene considerando este sistema como un sistema al que su adhesión resulta voluntaria, por lo que, desde el momento de dicha adhesión, se consideran asumidos los gastos que ello conlleve, sin que dichos gastos puedan ser encuadrados y por tanto, reclamados, en concepto de los gastos por gestión de cobro que prevé la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad, en los que únicamente se pueden encuadrar, además del coste fijo de 40 € por factura cuyo pago se reclama, los gastos ocasionados por la intervención de abogado y procurador para el cobro de la misma. 

De esta manera, a pesar de que el confirming puede constituir una vía de escape para las empresas que tienen facturas pendientes de cobro cuando su deudor ha fijado un plazo de vencimiento de las mismas elevado, obteniendo así un cobro casi inmediato, hay que estudiar con atención los gastos que pueden conllevar para nuestra empresa pues, en ocasiones, podría ocasionar un elevado coste. 

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Por todo ello, a la hora de decidir aceptar el sistema de confirming como sistema de cobro anticipado de facturas, lo mejor es pedir asesoramiento profesional a fin de estudiar los costes que ello conllevaría para tu empresa, teniendo en cuenta que dichos costes no van a poder ser reclamados al deudor.

Si no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Aselec, asesoría y abogados

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¿QUÉ ES EL CÓDIGO LEI?

El código LEI es un código global y único basado en el estándar ISO 17442, que se utiliza para identificar a las personas jurídicas que son parte en las transacciones financieras y para cumplir con los requisitos de información exigidos en los mercados financieros. Según sus siglas en inglés LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) lo traducimos como Identificador de Entidad Jurídica.

¿Para qué sirve el código LEI?

De acuerdo con la normativa europea, el código LEI debe ser empleado para identificar a las partes contratantes en las transacciones financieras en todo el mundo, de manera que facilita a los reguladores la identificación de los posibles riesgos sistémicos en las primeras fases. El objetivo final del LEI es mejorar la gestión de los riesgos financieros.

¿Qué entidades son susceptibles de tener un código LEI?

En este momento, todas las empresas que participan en el comercio de derivados necesitan un LEI. Los primeros destinatarios son las entidades financieras:

  • Bancos y compañías financieras
  • Entidades que emiten acciones, deuda o valores para otras estructuras de capital
  • Entidades que coticen en bolsa
  • Entidades que comercien acciones o deuda
  • Medios de inversión, incluyendo fondos de inversión, fondos de pensiones y medios de inversión alternativos constituidos como entidades corporativas o acuerdos de inversión colectiva (fondos paraguas, fondos de cobertura, capital de riesgo, etc.)
  • Entidades bajo la supervisión de un regulador financiero y sus afiliadas, filiales y sociedades cartera
  • Entidades de contrapartida para transacciones financieras.
  • Comunidades de Bienes
  • Sucursales internacionales
  • Actualmente no se les puede asignar un código LEI a:
  • Personas físicas
  • Sucursales cuya matriz también se encuentre en España

¿Cuál es el formato del código LEI?

El formato está basado en las especificaciones proporcionadas por la norma ISO 17442. Consta de 20 caracteres alfanuméricos y sigue el siguiente patrón:

Prefijo – Dígitos Reservados – Código alfanumérico aleatorio – Dígitos de control
9598 (*) 00 N60CEGKTATBG 90
(*) 9598 es el prefijo asignado al LOU español por el ROC

¿Qué información de la entidad se registra junto al código LEI?

Cada Registro LEI contiene la siguiente información sobre la entidad:

  • Nombre oficial de la entidad
  • Domicilio legal de la entidad
  • Domicilio real de la sede principal de la entidad
  • País / Región de jurisdicción legal
  • Categoría de la Entidad
  • Código LEI y/o Nombre o denominación de la entidad gestora cuando la categoría de la entidad sea FONDO (FUND).
  • Forma social
  • Número en el Registro de entidades y nombre del Registro
  • Código LEI del LOU responsable del Registro LEI de la entidad
  • Fecha de registro inicial del LEI
  • Fecha de la última actualización de datos
  • Fecha y motivo de terminación del LEI
  • Datos de Relación Directa de la entidad
  • Datos de la Relación Última de la entidad

La solicitud del LEI la hará un representante legal de la sociedad con facultades para ello, o bien una tercera entidad autorizada a través de la página web del Ministerio de Justicia.

Una vez cumplimentada solicitud, se firmará por el representante legal y se presentará en el Registro Mercantil de tramitación junto con el justificante de pago de los correspondientes honorarios por la emisión del LEI

La concesión del código no es inmediata, pero suele ser una tramitación rápida que no suele demorarse más de 15 días hábiles. En este tiempo el Registrador debe verificar la validez de los datos de referencia, basándose en la información disponible en diferentes fuentes públicas.

El código LEI es válido durante un año a partir de la fecha de emisión, por lo tanto, se tendrá que renovar periódicamente.

Si no tiene claro cómo cumplimentar la solicitud y necesita ayuda de un profesional, en ASELEC Asesoría y Abogados estaremos encantados de ayudarle con el trámite.

Contacte con nosotros sin compromiso.
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Inma Teruel
Economista
Dpto. Fiscal-Contable
ASELEC, asesoría y abogados.

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DESPIDO DE UNA EMBARAZADA EN PERIODO DE PRUEBA

Si, como empresario está valorando la extinción laboral de una trabajadora embarazada en periodo de prueba, debe conocer los efectos que puede conllevar tal despido, puesto que estamos ante una situación excepcional, amparada y regulada expresamente por la normativa laboral de nuestro ordenamiento jurídico.

EL PERIODO DE PRUEBA LABORAL

El periodo de prueba es el espacio de tiempo dentro del cual tanto el empleador como el empleado pueden dar por terminada la relación laboral sin necesidad de alegar causa alguna y sin que haya derecho a indemnización a ninguna de las partes.

LA DURACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA

Este periodo, se encuentra regulado en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores que establece que la duración del mismo será el que pacten las partes, pero siempre sujetos a las limitaciones que pudiera establecer el convenio colectivo y, en defecto de pacto:

  • Para los técnicos titulados no podrá exceder de seis meses.
  • Para los demás trabajadores no podrá exceder de dos meses.
  • Para las empresas de más de 25 trabajadores:
  • Para los trabajadores que no sean técnicos titulados no podrá exceder de tres meses. 
  • Para los contratos temporales de duración determinada por tiempo no superior a 6 meses, no podrá exceder de 1 mes, salvo disposición en contra en convenio colectivo.

Sin embargo, como decimos, no se requiere ninguna causa que justifique la extinción del contrato durante el periodo de prueba por ninguna de las partes.

EXCEPCIÓN A LA REGLA: LA TRABAJADORA EMBARAZADA

No obstante, sí hay que tener en cuenta el párrafo 2º del apartado 2 del señalado artículo 14, que establece la nulidad de tal extinción laboral en el caso de que la trabajadora esté embarazada, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo. 

Es decir, para dar por terminada una relación laboral durante el periodo de prueba no se requiere causa alguna, pero con una excepción. En caso de que dicha trabajadora se encontrara embarazada, se presumirá nula tal extinción, salvo que se pueda acreditar que la misma fue por motivos distintos al embarazo.

En relación a ello, el artículo 55.5 prevé la nulidad de los despidos llevados a cabo durante el embarazo, siendo el efecto de la declaración de nulidad de tal despido la readmisión inmediata de la trabajadora con abono de los salarios dejados de percibir. 

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EL EMPRESARIO TIENE LA CARGA DE LA PRUEBA

En estos supuestos, y como ya se ha adelantado, se produce una inversión de la carga de la prueba debiendo ser el empresario el que justifique las razones de la extinción laboral y que nada tuvieron que ver con el embarazo de la trabajadora, sino que, se debió única y exclusivamente a que efectivamente no cumplió con los objetivos marcados que dieran lugar a la superación del periodo de prueba, en base a una justificación objetiva y razonable.

Y ello porque, si el empleador no logra justificar que desconocía que al momento de extinguir el contrato desconocía el embarazo de la trabajadora, o que, conociéndolo, las razones del despido fueron ajenas a ello, se presumirá un despido nulo con los efectos inherentes que ello conlleva, puesto que se dará por hecho que se ha producido la extinción laboral por motivos discriminatorios por razón de sexo lo que sin duda supone una vulneración de un derecho fundamental. 

CONSULTE UN ABOGADO DE EMPRESA PARA EVITAR SORPRESAS DESAGRADABLES.

Por tanto, como empresario, a la hora de valorar la extinción laboral de algún trabajador, lo más inteligente es buscar asesoramiento profesional, a fin de examinar los requisitos personales de cada trabajador y que concurren en cada caso y valorar las posibilidades con las que cuenta el empresario, así como los efectos que pudiera conllevar tal despido.

Si todavía no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

 

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ESPAÑA ANTE EL TJUE POR EL MODELO 720

La Comisión lleva a España ante el Tribunal por imponer sanciones desproporcionadas en caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre activos mantenidos en el extranjero.

EL MODELO 720 O DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO.

Durante el primer trimestre de cada año natural existe una obligación fiscal informativa mediante la cual se comunican a la Agencia Tributaria aquellos bienes y derechos de contenido económico que posee el contribuyente en el extranjero. Para dar cumplimiento a esta obligación fiscal se debe presentar el modelo 720.

El plazo de presentación es del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente al que se refiere la información a suministrar, por lo que el referido al 2018 puede presentarse hasta el 1 de abril de 2019.

Para conocer todos los detalles acerca de esta declaración fiscal informativa del modelo 720, pueden consultar los siguientes enlaces de nuestro blog, donde encontrará las respuestas a las siguientes cuestiones:

  • ¿En qué consiste el modelo 720?
  • ¿Quiénes están obligados a su presentación?
  • ¿Hay alguna exención a esta obligación fiscal informativa?
  • ¿Cuándo se presenta el modelo 720?
  • ¿Cuál es el régimen sancionador aplicable?

EL MODELO 720 A EXAMEN 

Esta declaración  fue recientemente cuestionada por diversas entidades, incluida la Comisión Europea y  podría llegar a ser declarada ilegal debido a su desproporcionado régimen sancionador. Sin embargo, lo cierto es que hasta la fecha la normativa española no ha variado en este sentido y, por tanto, sigue existiendo la obligación de presentar esta declaración en el presente ejercicio 2019. Veamos en qué ha consistido esta reciente polémica alrededor de la declaración del modelo 720.

En febrero de 2017, la Comisión Europea instaba a las autoridades españolas a la modificación del régimen sancionador por la no presentación, no presentación en plazo o con datos falsos, de la declaración sobre los activos mantenidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

La Comisión consideraba que las multas impuestas en el caso de incumplimiento son desproporcionadas. Además, consideraba que estas sanciones pueden impedir a las empresas y a los particulares invertir o trasladarse a través de las fronteras en el mercado único.

Las primeras manifestaciones de las autoridades tributarias de España tras el dictamen de la Comisión Europea hablaban de bajar el importe de las sanciones, sin embargo, hasta la fecha la normativa española no ha variado en este sentido y, por tanto, sigue existiendo la obligación de presentar esta declaración en el presente ejercicio 2019.

FINALMENTE ESPAÑA LLEVA EL MODELO 720 ANTE EL TJUE

Llegados a este punto, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la imposición de sanciones desproporcionadas a los contribuyentes españoles por no comunicar los activos mantenidos en otros Estados miembros de la UE y del EEE («el Modelo 720»).

Actualmente, España exige que los contribuyentes residentes presenten información sobre los activos que mantienen en el extranjero. Esto incluye bienes, cuentas bancarias y activos financieros. De no presentarse esta información a tiempo y en su totalidad, pueden imponerse sanciones superiores a las aplicadas en caso de infracciones similares en una situación puramente nacional y que tal vez lleguen a superar el valor de los activos en el extranjero.

La Comisión considera que esas sanciones por cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación legítima de presentar información son desproporcionadas y discriminatorias. Pueden disuadir a empresas y particulares de realizar inversiones o ejercer la libre circulación a través de las fronteras en el mercado único.

Por consiguiente, estas disposiciones entran en conflicto con las libertades fundamentales en la UE, como la libre circulación de personas, la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.

Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

Si no tiene claro si está obligado a presentar esta declaración informativa o si necesita ayuda en su confección y presentación, no dude en contactar con nosotros, en ASELEC Asesoría y Abogados disponemos de un equipo de profesionales en materia fiscal que le proporcionará toda la ayuda que necesite para cumplir con sus obligaciones fiscales.

 

Fuente: Comisión Europea

Foto: REUTERS/Francois Lenoir