COVID -19 NORMAS CONSOLIDADAS HASTA 2 DE ABRIL DE 2020

La Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado ha publicado un Código Electrónico donde se pueden consultar las todas las normas consolidadas publicadas por la Crisis del COVID 19, que comprenden todas sus redacciones, desde el texto original hasta la versión vigente, actualizado a fecha 2 de abril de 2020. 

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0&tab=2 

Sin duda resulta práctico para la consulta de textos legales por materia, si bien debemos advertir que en un entorno legislativo cambiante, no es un código que tenga utilidad a medio plazo. Recomendamos revisar siempre la versión actualizada por la Agencia BOE. La interpretación jurídica de las normas corresponde a los profesionales, que estamos a su disposición para aconsejarle de acuerdo a sus objetivos.

ASELEC asesoría · abogados 

covid-19-nuevas-medidas-complementarias-sobre-aspectos-laborales-y-de-seguridad-social-del-rdl-11-2020-de-31-de-marzo

COVID -19 NUEVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS SOBRE ASPECTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL del RDL 11/2020, de 31 de marzo

COVID -19 NUEVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS SOBRE ASPECTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL del RDL 11/2020, de 31 de marzo

Esta nueva norma de urgencia aprueba un nuevo paquete de medidas de carácter social dirigidas al apoyo a trabajadores, a la vez que amplía las medidas de rescate social para los colectivos más vulnerables. Se aprovecha también para resolver algunas lagunas de las normas anteriores.

SUBSIDIO PARA EMPLEADAS DE HOGAR

Se trata de dar respuesta al colectivo de las empleadas del hogar, especialmente vulnerables en las circunstancias actuales, dado que no disponen de derecho a la prestación por desempleo (arts. 30, 31, 32 y disp. trans. 3ª).

Subsidio temporal 

Se crea un subsidio extraordinario temporal del que se podrán beneficiar ante la falta de actividad, la reducción de las horas trabajadas o la extinción del contrato como consecuencia del COVID-19.

Beneficiarios 

Serán beneficiarias las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. Es requisito para su percepción estar de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes la entrada en vigor del RD 463/2020 (norma que declaró el estado de alarma) y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

– Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.

– Se haya extinguido su contrato de trabajo por causa de despido (art. 49.1 ET) o por el desistimiento del empleador. La acreditación del hecho causante se efectuará por medio de una declaración responsable firmada por dicho empleador y, en lo que respecta a la extinción del contrato, puede acreditarse mediante carta de despido, comunicación del desistimiento o documentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial.

Cuantía del subsidio 

La cuantía dependerá de la retribución percibida con anterioridad, así como de la reducción de actividad que se sufra.

Así, será el resultado de aplicar a la base reguladora (la correspondiente a cada uno de los trabajos que hubieran dejado de realizarse) un porcentaje del 70%: no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias; en caso de pérdida parcial de la actividad, la cuantía se percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la trabajadora.

Cuando fueran varios los trabajos desempeñados, la cuantía será la suma de las cantidades obtenidas aplicando a las distintas bases reguladoras correspondientes a cada uno de los distintos trabajos el citado porcentaje, teniendo dicha cuantía total el mismo límite antes indicado; en caso de pérdida parcial de la actividad, en todos o alguno de los trabajos desempeñados, se aplicará a cada una de las cantidades obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente; si la cuantía total del subsidio, previamente a la aplicación de dichos porcentajes, alcanzara el importe del SMI (excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias), se prorrateará dicho importe entre todos los trabajos desempeñados atendiendo a la cuantía de las bases de cotización durante el mes anterior al hecho causante de cada uno de ellos, aplicándose a las cantidades así obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la trabajadora en la actividad correspondiente.

Forma de percepción y compatibilidad 

El subsidio se percibirá por periodos mensuales, desde la fecha del nacimiento del derecho.

Por otra parte, el subsidio será compatible con las percepciones derivadas de las actividades por cuenta propia o por cuenta ajena que se estuvieran desarrollando en el momento de su devengo (incluyendo las que determinan el alta en el Sistema Especial), siempre que la suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto de actividades no sea superior al SMI; será, por el contrario, incompatible con el subsidio por incapacidad temporal y con el permiso retribuido recuperable aprobado recientemente (RDL 10/2020, 29 mar.)

Carácter retroactivo 

Por último, el subsidio es de aplicación al hecho causante aun cuando se haya producido con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que se hubiera producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto que impuso el estado de alarma. El SEPE establecerá en el plazo de un mes el procedimiento para la tramitación de solicitudes (formularios, sistema de tramitación -presencial o telemático- y plazos para su presentación).

TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social

El art. 34 establece una moratoria de 6 meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establezcan.

La moratoria afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma.

Las solicitudes deben tramitarse a través del sistema RED, en el caso de las empresas, o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS) en el caso de trabajadores autónomos.

Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

Estas solicitudes se deben comunicarse a la TGSS dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo anteriormente indicados. Pero no, habrá moratoria para las cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a esta solicitud.

En el plazo de 3 meses siguientes a la solicitud se comunicará la concesión o no de la moratoria. No obstante, se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud.

La moratoria no se aplicará a las cotizaciones que se hayan sido exoneradas de acuerdo con el art. 24 RDL 8/2020, como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor.

Habrán sanciones para aaquellas empresas o autónomos que hayan presentado solicitudes falsedades o incorrecciones en los datos, como puede ser comunicar a la TGSS en la solicitud de inscripción como empresa, o en el alta del trabajador en el correspondiente Régimen Especial, o en variación de datos posterior a la inscripción, o al alta, una actividad económica falsa o incorrecta.

Si se hubieran concedido, de manera indebida, la moratoria, como consecuencia de falsedades o datos incorrectos, se revisará de oficio el acto de reconocimiento de la misma. Independientemente de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa o el trabajador por cuenta propia deberá pagar las cuotas de la que se hubiese aplicado indebidamente la moratoria, con el correspondiente recargo e intereses.

Se facilita, asimismo, la realización de todos los trámites relativos a aplazamientos en el pago de deudas, moratorias o devoluciones de ingresos indebidos a través del Sistema RED de comunicación electrónica (disp. adic. 16ª RDL 11/2020).

Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social

Antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso, las empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social podrán solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento del pago de las deudas que deban ingresar entre abril y junio de 2020 con un interés del 0,5% en lugar del previsto en el artículo 23.5 LGSS (art. 35).

Modificación prestación cese de actividad de autónomos

La disposición final 1ª. 8 modifica las condiciones para solicitar la prestación excepcional de cese de actividad de autónomos y socios cooperativistas encuadrados como trabajadores por cuenta propia, las características para solicitar dicha prestación.

A la letra b del art. 17.1 RDL 8/2020, referente a la posibilidad de solicitar esta prestación si se ha sufrido una reducción de la facturación del mes anterior al que se solicita la prestación se haya visto reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, se añade lo siguiente «En el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollen actividades en alguno de los códigos de la CNAE 2009 entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, la reducción de la facturación se calculará en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores. Alternativamente, para producciones agrarias de carácter estacional este requisito se entenderá cumplido cuando su facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior».

Y también se añade un nuevo apartado 9:«La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos. Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho»».

El nuevo apartado 8 del art. 17 RDL 8/2020 establece que se podrá solicitar esta prestación hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación

Con la adición del apartado 7 al art. 17 RDL 8/2020, se establece que la cotización correspondiente a los días de actividad en el mes de marzo de 2020 no cubiertos por la esta prestación, que no fuera abonada dentro del plazo reglamentario de ingreso, no será objeto del recargo previsto en el art. 30 LGSS.

En este RDL 11/2020 también se recogen medidas de ayudas al pago de suministros y alquiler, pudiendo el autónomo beneficiarse de la moratoria en el pago de la hipoteca no solo a la vivienda habitual sino también al local donde se desarrolle el trabajo.

El art. 28 amplía el derecho a percepción del bono social (un descuento en la factura de la luz para personas vulnerables) a los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación en un 75% como consecuencia del COVID-1 a pesar de tener ingresos superiores a los requeridos para esta ayuda. Esta ayuda se concederá durante un periodo máximo de 6 meses.

En los arts. 42 a 44 se establecen diferentes paraflexibilizar el pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago. Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma.

Además, se flexibilizan los procedimientos de las convocatorias de préstamos o ayudas de la Secretaría General de Industria y de la Pyme. En este sentido, las garantías para nuevos préstamos en proceso de resolución podrán presentarse una vez finalice el estado de alarma.

EMPRESAS EN CONCURSO

La disposición final 1ª.16ª iintroduce una nueva disposición adicional10ª al RDL 8/2020 bajo la rúbicva de «Especialidades en aplicación del Capítulo II a las empresas concursadas» que estableceque Las medidas previstas en este capítulo para los procedimientos de suspensión de contrato y reducción de jornada por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, serán de aplicación a las empresas en concurso, siempre y cuando concurran los presupuestos de hecho contemplados en los artículos 22 y 23.

.

SUBSIDIOS Y PRESTACIONES PARA OTROS COLECTIVOS

Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total

La disposición adicional 21ª extiende esta protección a todos los trabajadores que presten servicios esenciales, de acuerdo con el RDL 10/2020, en una localidad distinta a la de su domicilio, siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente y no pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestas sus servicios o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública.

Esta medida tiene carácter excepcional, con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja.

La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población donde tiene el domicilio y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del servicio público de salud.

Para acreditar la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática es necesario una certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio público de salud.

Efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de profesionales sanitarios 

Se reconoce el derecho de los profesionales sanitarios realizados al amparo de la Orden SND/232/2020 que se reincorporen al servicio activo tendrán derecho a percibir el importe de la pensión de jubilación que estuvieran percibiendo al tiempo de la incorporación al trabajo, en cualquiera de sus modalidades, incluido en su caso, el complemento a mínimos (disp. adic. 15ª).

No les será de aplicación lo previsto en los artículos 213 y 214 LGSS.

El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.

Durante la realización de este trabajo, se aplicará el régimen de limitación de las pensiones, incompatibilidades y el ejercicio del derecho de opción ex LGSS. La protección de estos trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo desempeñado, consistirá:

a) Cuando se expida un parte de baja médica calificada como accidente de trabajo, causarán derecho a la correspondiente prestación de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo que será compatible con el percibo de la pensión de jubilación que vinieran percibiendo al tiempo de su incorporación.

b) Cuando se expida un parte de baja médica calificada de enfermedad común, y siempre que acredite las cotizaciones exigidas en la letra a) del art. 172 LGSS, causarán derecho a la correspondiente prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes que será compatible con el percibo de la pensión de jubilación que vinieran percibiendo al tiempo de su incorporación.

c) Cuando fueran declarados en situación de incapacidad permanente, podrán optar por continuar con el percibo de la pensión de jubilación o por beneficiarse de la correspondiente pensión de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo.

d) Cuando los profesionales jubilados falleciesen con ocasión o por consecuencia del trabajo desempeñado por dicha reincorporación, podrán causar las correspondientes prestaciones de muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo.

Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o cese de actividad

La disposición adicional 22ª establece que durante el estado de alarma, el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave que vinieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo de 2020, no se verá afectado por la suspensión del contrato y reducción de jornada que tengan su causa en lo previsto en los artículos 22 y 23 RDLey 8/2020.

El ERTE que tramite el empresario (de suspensión o reducción de jornada), solo afectara al trabajador beneficiario de este subsidio en la parte de la jornada no afectada por el cuidado del menor.

La percepción del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, será compatible con la percepción de la prestación por desempleo que pudiera tener derecho a percibir como consecuencia de la reducción de la jornada, afectada por ERTE.

La empresa al tiempo de presentar la solicitud, indicará las personas que tengan reducida la jornada de trabajo como consecuencia de ser titular del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, señalando la parte de la jornada que se ve afectada por el ERTE. Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma no existirá obligación de cotizar, teniéndose el periodo por cotizado a todos los efectos.

Esta medida, también es aplicable a los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a 14 de marzo de 2020.

DISPONIBILIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES EN CASO DE DESEMPLEO O CESE DE ACTIVIDAD POR EL COVID-19

Para contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de los hogares, se han ampliado las contingencias en las que se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones recogiendo, con carácter excepcional, como supuestos en los que se podrá disponer del ahorro acumulado en planes de pensiones, las situaciones de desempleo consecuencia de un ERTE y el cese de actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos como como consecuencia del COVID-19 (disp. adic. 20ª).

Disponibilidad de los planes de pensiones

Durante el plazo de seis meses desde la declaración del estado de alarma (entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:

a) Encontrarse en situación legal de desempleo por ERTE derivado de la actual situación de crisis sanitaria.

b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia del estado de alarma.

c) Ser trabajadores por cuenta propia previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y que hayan cesado en su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria.

Importe de los derechos consolidados y reembolso

Este importe no podrá ser superior a:

a) Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE, en el primer supuesto, antes mencionado.

b) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público citada en el segundo supuesto.

c) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el tercer supuesto.

El importe deberá ser acreditado por los partícipes de los planes de pensiones que soliciten la disposición de sus derechos consolidados.

Se prevé que, reglamentariamente, puedan regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en el primero de los supuestos. El reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones; el reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.

Extensión de la disponibilidad

Todo lo anterior es igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social (art. 51 L 35/2006, 28 nov.).

Posibilidad de ampliación del plazo para solicitar el cobro

Por último, el Gobierno podrá ampliar el plazo de los seis meses antes indicado para solicitar el cobro de los planes de pensiones, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situación derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas por la actual crisis sanitaria.

CONTRATACIÓN TEMPORAL

Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal

Beneficiarios 

Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a la declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas (artículo 275 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (art. 33).

El subsidio será reconocido a las personas afectadas por la extinción de un contrato de duración determinada, incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, y que cumplan el resto de requisitos.

Incompatibilidad 

El subsidio será incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.

Cuantía y duración 

Consistirá en una ayuda mensual del 80% por ciento del IPREM vigente; su duración es de un mes, ampliable si así se determina por Real Decreto-ley.

Carácter retroactivo 

El subsidio es de aplicación al hecho causante aun cuando se haya producido con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que se hubiera producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto que impuso el estado de alarma. El SEPE establecerá en el plazo de un mes el procedimiento para la tramitación de solicitudes, incluyendo formularios, sistema de tramitación (presencial o telemático) y plazos para su presentación (disp. trans. 3ª).

Contratos de personal docente e investigador

A. Celebrados por universidades (disp. adic. 12ª)

Los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores asociados y profesores visitantes (artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), cuya duración máxima esté prevista que finalice durante la vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas, se prorrogarán del siguiente modo (salvo pacto en contrario):

Por una extensión equivalente al tiempo de duración del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas.

Excepcionalmente, por motivos justificados, las partes podrán acordar (con carácter previo a la fecha de finalización del contrato) una prórroga del mismo por hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.

La duración de los contratos prorrogados podrá exceder los límites máximos previstos para los mismos en la citada Ley Orgánica.

B. Prórroga de los contratos en el ámbito investigador e integración del personal contratado en el Sistema Nacional de Salud (disp. adic. 13ª)

Las entidades que hubieran suscrito contratos de trabajo de duración determinada con cargo a la financiación procedente de convocatorias de ayudas de recursos humanos realizadas por agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo cualquier modalidad laboral y en el marco de la Ley 14/2011, de 12 de junio, podrán prorrogar la vigencia de los mismos, exclusivamente cuando reste un año o menos para la finalización de los contratos contratos de trabajo.

La prórroga podrá ser acordada por el tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas vinculadas a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus. Por motivos justificados, se podrán prorrogar por hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.

Además, cuando los contratos hayan sido suspendidos para posibilitar que las personas contratadas se integren en el Sistema Nacional de Salud para atender las contingencias causadas por el COVID-19, el tiempo de suspensión se adicionará al antes citado

En todo caso, la duración total del contrato de trabajo y de su eventual prórroga podrá exceder los límites temporales máximos previstos en la Ley 14/2011, de 1 de junio.

La prórroga de los contratos requerirá acuerdo suscrito entre la entidad contratante y la persona empleada, con carácter previo a la fecha prevista de finalización del contrato.

Los costes derivados de la prórroga serán financiados con cargo a los presupuestos del órgano, organismo o entidad convocante, en las mismas condiciones económicas que la convocatoria correspondiente.

Se autoriza a los titulares de los órganos superiores y directivos, presidentes y directores de los organismos convocantes a realizar modificaciones y variaciones presupuestarias para ajustarse al RDL; además, los órganos y entidades convocantes podrán dictar resoluciones para adaptar las condiciones de sus convocatorias de ayudas, cuestiones relativas a los contratos y otros conceptos de gasto.

OTRAS MEDIDAS

Fondos provenientes de la recaudación de la cuota de FP para el empleo 2020

Se regulan en la disposición adicional 7ª, de modo que, con carácter excepcional y extraordinario, debido al impacto económico de las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria, los ingresos derivados de la cotización por FP obtenidos en 2020 podrán destinarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo (art. 265 LGSS), o para financiar programas que fomenten la contratación de personas desempleadas o les ayuden a recuperar empleo. 

Además, se da una nueva redacción al apartado Uno de la disp. adicional 124ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018: «Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la cuota de formación profesional se destinarán, en la proporción que reglamentariamente se determine, a financiar los gastos del sistema de formación profesional para el empleo regulado por la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, incluyendo los correspondientes a programas públicos de empleo y formación, todo ello con el objeto de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades del mercado laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento».

Ampliación del plazo para recurrir

Según la disposición adicional 8ª, el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma (independientemente de tiempo transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa recurrida o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma). 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación. 

En el ámbito tributario, desde la entrada en vigor del estado de alarma hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico-administrativas empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará:

A supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020.

A casos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. 

Idéntica medida será aplicable a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Aplicación de la disposición adicional sexta del RDL 8/2020 a empresas de los sectores de las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y audiovisual

La disposición adicional 14ª expresa que el compromiso del mantenimiento del empleo establecido en la disposición adicional sexta del RDL 8/2020, de 17 de marzo, se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o espectáculos concretos, como sucede, entre otros, en el ámbito de las artes escénicas, musicales, cinematográfico y audiovisual. 

En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando se extingan por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. En todo caso, las medidas previstas en los artículos 22 a 28 del RDL 8/2020 resultarán de aplicación a todas las personas trabajadoras.

Colaboración de empleadas y empleados públicos

En virtud de la disposición adicional 18ª, las empleadas y empleados públicos en servicio activo que soliciten colaborar tanto en el ámbito de su Administración de origen como en cualquier otra Administración, en las áreas de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19, seguirán devengando sus retribuciones por el organismo de origen, no suponiendo modificación de su situación administrativa o contrato de trabajo mientras dure la declaración de Estado de alarma. 

La prestación del servicio se podrá llevar a cabo tanto de manera presencial como a través de modalidades no presenciales de trabajo, previa autorización de su superior jerárquico y comunicación al órgano competente en materia de personal.

VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR

De acuerdo con la disposición final 12ª, con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas por el Gobierno.

La entrada en vigor será el día 2 de marzo de 2020 a excepción del artículo 37 (Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de juego) que entrará en vigor el día 3 de marzo (disp. final 13).

prohibicion-de-trabajar-en-actividades-no-esenciales-mediante-permiso-obligatorio-retribuido

COVID-19 PROHIBICIÓN DE TRABAJAR EN ACTIVIDADES NO ESENCIALES MEDIANTE PERMISO OBLIGATORIO RETRIBUIDO. 

PROHIBICIÓN DE TRABAJAR EN ACTIVIDADES NO ESENCIALES MEDIANTE PERMISO OBLIGATORIO RETRIBUIDO. 

Con fecha 29 de marzo de 2020 se ha publicado REAL DECRETO LEY 10/2020, de 29 de marzo, por el se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales.

Esto significa que durante este período de permiso, serán los empresarios los responsables del pago de salarios y cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores, mientras estos permanecen en confinamiento, pero este permiso es recuperable. Es decir, que las horas no trabajadas tendrán que compensarse a lo largo del año 2020 con más jornada de trabajo. 

Con dicha normativa se pretende por el Consejo de Ministros limitar de una forma más contundente la movilidad de las personas a efectos de poder atajar más rápidamente la propagación del Covid-19.

El permiso retribuido se aplicará: 

a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

El permiso retribuido no se aplicará a:

a) Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.

b) Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.

c) Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley.

d) Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.

e) Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.

Inicio del permiso, Duración y Consecuencias: 

Los trabajadores afectados disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

El permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020, debiendo ser negociadas entre empresario y representación legal de los trabajadores o si fuera necesario mediante una conformación de una comisión negociadora al efecto.

En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto- ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.

Servicios Esenciales del Anexo del Real Decreto, a los que no se aplicará el permiso obligatorio: 

En cuanto a los servicios declarados esenciales por el Consejo de Ministros y, por tanto, a los que no les es de aplicación el presente Real Decreto Ley son: 

1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.

10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.

12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.

14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.

16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.

17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.

21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.

22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.

23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.

24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

Seguiremos atentos a las novedades legislativas. Contacte con nosotros y resolveremos sus dudas. 

ASELEC asesoría · abogados

nuevas-medidas-en-el-ambito-laboral-prohibicion-de-despidos-y-sanciones-ASELEC

COVID-19 NUEVAS MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL: PROHIBICIÓN DE DESPIDOS Y SANCIONES 

NUEVAS MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL: PROHIBICIÓN DE DESPIDOS Y SANCIONES 

Con fecha 28 de marzo de 2020 se ha publicado el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

Dichas medidas se adoptan a raíz del comportamiento del mercado laboral desde la declaración del estado de alarma y, más aún, a partir de la implantación de las medidas en el ámbito laboral establecidas mediante Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo.

Como puntos fundamentales de las nuevas medidas adoptadas por el Consejo de Ministros se han de destacar las siguientes:

> Prohibición de realización de despido objetivo por fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. 

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. (Art. 2)

Dicha medida no tiene carácter retroactivo por lo que es de aplicación a los despidos que se realicen a partir del 28 de marzo de 2020 inclusive. Ello no supone que no se pueda realizar ningún tipo de despido (eje. Despido disciplinario) , sino que supone la prohibición de extinguir la relación laboral con una indemnización de veinte días de salario por año trabajado amparado en la situación creada por el Covid-19.

> Establecimiento de medidas de agilización para el procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para todas las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados en las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 

Con ello se pretende que la solicitud de las prestaciones por desempleo de aquellos trabajadores que se han visto afectados por un ERTE por causa de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción con motivo de la crisis del COVID-19, sea asumido por las empresas, estableciendo un mecanismo específico para que sea el propio empresario el que tramite dichas prestaciones ante el SEPE de forma conjunta por cada ERTE solicitado.

La comunicación  deberá remitirse por la empresa en el plazo de 5 días desde la solicitud del expediente de regulación temporal de empleo en los supuestos de fuerza mayor a los que se refiere el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión en el caso de los procedimientos regulados en su artículo 23. La comunicación se remitirá a través de medios electrónicos y en la forma que se determine por el Servicio Público de Empleo Estatal.

En el supuesto de que la solicitud se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha.

> Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales.

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.

De esta forma se pretende no extinguir los contratos temporales por expiración del plazo mientras se mantenga activo el estado de alarma.

>  Limitación de la duración de los expedientes temporales de regulación de empleo basados en las causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

La duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados al amparo de las causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19 de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la misma norma, entendiéndose, por tanto, que su duración máxima será la del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas.

Esta limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales recaiga resolución expresa como a los que sean resueltos por silencio administrativo, con independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta.

> Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas respecto de los ERTES solicitados regulados en los artículos 22 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo.

Se establece que las solicitudes de ERTES (por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción basados en la situación de crisis provocada por el COVID-19) presentados por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes. Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.

Igualmente, se establece que serán revisables las prestaciones por desempleo que se concedieran como consecuencia de ERTES  en los que se han cometido incorrecciones o falsedades según la autoridad laboral. El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora en estos casos dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones. 

En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.

 

ASELEC asesoría · abogados

esquema--medidas-laborales-fiscales-mercantil-contables-aprobadas-rd-ley-8-2020-covid-19

Esquema de la medidas laborales, fiscales y mercantil-contables aprobadas por el RD-Ley 8/2020. COVID-19

Esquema de la medidas laborales, fiscales y mercantil-contables aprobadas por el RD-Ley 8/2020. COVID-19

Flexibilización en los procedimientos de reducción de jornada o de suspensión de los contratos, la suspensión del plazo para el pago de tributos y para formular cuentas anuales, son algunas de las medidas de urgencia tomadas ante la alerta sanitaria del COVID-19.

MEDIDAS LABORALES

Teletrabajo Priorización del trabajo a distancia por parte de las empresas:

– Frente al cese temporal o a la reducción de la actividad.

– Técnica y razonablemente posible.

– Esfuerzo de adaptación proporcionado.

Jornada laboral Régimen especial del derecho de adaptación y reducción de jornada:

– Limitado al periodo de duración del COVID-19.

– Atención de familiares (edad, enfermedad o discapacidad).

– Hasta el 100% de la jornada.

Cese de actividad Prestación extraordinaria por cese de actividad:

– Desde la entrada en vigor del estado de alarma.

– Hasta el último día del mes en que finalice.

– Autónomos con actividades suspendidas o reducción de al menos 75%.

Procedimiento reducción Flexibilización del procedimiento de reducción de jornada:

– Pérdida de actividad.

– Justificado por COVID-19.

– Constatación por autoridad laboral en 5 días.

Cotizaciones Exoneración de cotizaciones en procedimientos por fuerza mayor:

– Aportación empresarial y cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

– 100% a empresas con menos de 50 trabajadores.

– 75% al resto de empresas.

Suspensión contratos Flexibilización del procedimiento de suspensión del contrato de trabajo:

– Reducción de jornada por causas técnicas, económicas, organizativas o productivas.

– Con el plazo improrrogable plazo de 5 días para la constitución de la comisión.

– Y de 7 para el informe de la inspección que será potestativo.

Derecho a la prestación contributiva por desempleo de las personas trabajadoras afectadas:

– Siempre que la contratación sea previa al 18 de marzo.

– Trabajadores afectados con derecho a la prestación contributiva por desempleo.

– No se exige período cotización mínimo.

Desempleo Presentación fuera de plazo de solicitudes de alta inicial o de reanudación de la prestación y del subsidio por desempleo:

– No implica reducción de la duración del derecho a la prestación.

 

MEDIDAS FISCALES

Declaraciones Obligación de presentar liquidaciones y autoliquidaciones:

– Se mantiene inalterada.

– Obligación de realización de los pagos derivadas de las mismas.

– Retenciones, pagos a cuenta IS, IRPF e IVA.

Informativas Obligaciones informativas:

– Permanecen vigentes.

– Suministro Inmediato de Información (SII), modelo 720,…

Suspensión de plazos Moratoria para determinados plazos:

– No afecta al ámbito aduanero.

– Ampliación hasta el 30 de abril de 2020:

  • Liquidaciones tributarias ya practicadas.
  • Vencimientos de plazos.
  • Fraccionamientos ya concedidos.
  • Subastas y adjudicación de bienes ya acordados.
  • Requerimientos.
  • Diligencias de embargo.
  • Solicitudes de información ya comunicados.
  • Alegaciones ante actos de apertura o de audiencia.
  • Procedimientos sancionadores.
  • Declaración de nulidad.
  • Devolución de ingresos indebidos
  • Rectificación de errores materiales y de revocación.
  • Ejecución de garantías sobre bienes inmuebles.

– Se incluye a la Dirección General del Catastro.

– Ampliación hasta el 20 de mayo de 2020:

  • Si la notificación se produce a partir de la entrada en vigor del RDL 8/2020.
  • Salvo que resulte de aplicación otro plazo posterior.
Procedimientos Procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión:

– Ya tramitados.

– Duración máxima del procedimiento.

– No computa del 18 de marzo al 30 de abril de 2020.

Transmisiones Exención en el ITPAJD:

– Cuota gradual AJD.

– Escrituras en las que se formalice las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios.

– Que se produzcan al amparo del RDL 8/2020.

Aduanas – Autorización excepcional.

– Procedimiento de declaración y despacho aduanero.

– Realización por cualquier órgano o funcionario.

 

MEDIDAS CONTABLES Y MERCANTILES

Videoconferencia Uso de la videoconferencia:

– Sesiones de los órganos de gobierno y administración.

– Aunque los estatutos no lo prevean.

– Con garantías de autenticidad.

– Conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen.

– Sonido de los asistentes en remoto.

Cuentas anuales Formulación de cuentas anuales:

– Suspensión del plazo.

– Afecta a otros documentos legalmente exigibles.

– Reanudación por otros 3 meses.

– A contar desde la finalización del estado de alarma.

Cuentas formuladas del ejercicio anterior:

– A la fecha de declaración del estado de alarma.

– Prórroga de 2 meses del plazo de verificación contable.

– A contar desde que finalice el estado de alarma.

Socios Separación de socios:

– Suspensión del ejercicio del derecho.

– Aunque concurra causa legal o estatutaria.

– Durante la vigencia del estado de alarma.

Socios cooperativos Reintegro de aportaciones a socios cooperativos:

– Que causen baja durante la vigencia del estado de alarma.

– Prorrogado hasta que transcurran 6 meses a contar desde finalización estado de alarma.

Disolución Disolución de sociedades:

– Imposibilidad hasta que transcurran 2 meses desde la finalización del estado de alarma.

– Incluso en el supuesto de constitución por tiempo determinado.

Junta general Convocatoria de junta general:

– Suspensión plazo de 2 meses.

– Adopción de acuerdo de disolución o enervación.

– Hasta que finalice el estado de alarma.

Administradores Exención de responsabilidad a administradores:

– Respecto deudas sociales contraídas durante vigencia del estado de alarma.

– Si causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante su vigencia.

Sociedades anónimas cotizadas Medidas de flexibilización en sociedades anónimas cotizadas:

– Aplicables a órganos de gobiernos.

– Ampliaciones de plazo.

– Facultades de los consejos.

Asientos registrales – Suspensión el plazo de caducidad.

– Asientos susceptibles de cancelación por el trascurso del tiempo.

– Reanudación cómputo día siguiente a la finalización del estado de alarma.

Fuente: Wolters Kluwer

Estos días continuaremos publicando la actualidad jurídica que acontece en el ámbito laboral, fiscal, mercantil y financiero.

ASELEC asesoría · abogados. 

Foto: free pick
covid-19-informe-laboral-de-medidas

COVID-19: INFORME LABORAL DE MEDIDAS ADOPTADAS HASTA 18-03-2020

COVID-19: INFORME LABORAL DE MEDIDAS ADOPTADAS HASTA 18-03-2020. 

NORMATIVA APLICABLE

La normativa a considerar hasta el momento es la siguiente: 

      • Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, que complementa al Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.  
      • Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
      • Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
  1. ERTES DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA.

Antes de nada, debemos resaltar la importancia de la correcta tramitación de los ERTES (Expedientes de Regulación Temporal) bajo su consideración por causa de fuerza mayor. Son estos, los ERTES de fuerza mayor, los que tienen como consecuencias para la empresa la eliminación de los costes laborales, tanto por salarios de trabajadores, como por cuotas de la seguridad social, que es el objetivo deseable en una situación excepcional de inactividad de la empresa, siendo el Estado el responsable de los salarios de los trabajadores temporalmente. 

En efecto, no todos los ERTES son necesariamente por fuerza mayor, y las consecuencias para la empresa y los trabajadores son muy diferentes. Los ERTES pueden conllevar suspensiones de contrato y reducciones de jornada. La Autoridad laboral los considerará de fuerza mayor, recogiéndose (artículo 22 del RDL regulación para los de fuerza mayor) o por Causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (artículo 23 medidas de flexibilización procedimental para los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas). 

Las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor vienen recogidas en el artículo 22, debiendo resaltarse: 

1º.- Se considerarán de fuerza mayor aquellos expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19 que impliquen: 

        • Suspensión o cancelación de la actividad.
        • Cierre temporal de locales de afluencia pública.
        • Restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías.
        • Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad.
        • Contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria que queden debidamente acreditados.

Fuera de estos casos no se considerarán procedimientos de fuerza mayor.

2º.- En el procedimiento, se incluye como novedad, la necesidad de acompañar un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, la documentación acreditativa correspondiente.

3º.- El plazo de resolución del expediente será de cinco días, y la Autoridad Laboral, tendrá potestad para solicitar a la Inspección de Trabajo informe sobre la concurrencia o no de las causas de fuerza mayor, informe que deberá ser expedido en el plazo máximo igualmente de cinco días.

Surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

En cuanto a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, (estos ERTES son los que consideramos no aconsejables en esta situación, y por tanto, debemos defender la causa de fuerza mayor ante la Administración), se reducen los plazos de tramitación, si bien se deberá constituir comisión negociadora (sindicatos más representativos o trabajadores de la empresa de conformidad con lo establecido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha comisión representativa, en todo caso, debe estar constituida en el plazo de cinco días. El periodo de consultas de la empresa y representación de las personas trabajadores no podrá exceder del plazo máximo de 7 días, al igual que el informe de la Inspección de Trabajo y de la SS que será potestativo

  1. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN.

En relación a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19 se establecen las siguientes medidas: 

1º.-  Las empresas no tendrán que pagar la aportación empresarial a la seguridad social. 

Mientras dure la suspensión de los contratos o reducción de jornada autorizados en base a dicha causa de fuerza mayor, y siempre que la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta se exonerará a la empresas del abono de la aportación empresarial. Si la empresa tuviera más de 50 trabajadores a dicha fecha, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.

2º.- Para no pagar a la seguridad Social se solicitará por el empresario. 

La exoneración de cuotas se aplicará por la TGSS a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y periodos de la suspensión o reducción de jornada.

  1. MEDIDAS EN CUANTO A LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO DERIVADOS DE ERTES POR FUERZA MAYOR O CAUSAS ECONOMICAS, TECNICAS ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN.

Como puntos de mayor transcendencia se señalan: 

1º.- Se reconocerá el derecho a la prestación de desempleo contributiva aún en el caso de que se carezca del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario a todos los trabajadores incluidos en estos procedimientos.

2º.- El tiempo de desempleo consumido por esta causa no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos.

3º.- Los socios trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado podrán acogerse a dicha medida.

4º.- Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del COVID-19 en periodos en los que, de o haber concurrido dicha circunstancia, hubieren trabajado, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.

Las medidas referentes a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada, cotizaciones y desempleo se mantienen en vigor mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19

  1. PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS AUTÓNOMOS.

Con vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor (el mismo día) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración de estado de alarma, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, lo trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo establecido en dicho RD, o cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria de cese de actividad siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

        • Estar afiliados y en alta en la fecha de declaración del estado de alarma en RETA o en Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del mar.
        • Si la actividad no se ve directamente suspendida en virtud del RD de declaración de estado de alarma será necesario acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75%, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
        • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas de Seguridad Social, dicho requisito se podrá subsanar mediante el pago en los treinta días naturales siguientes.

La cuantía de la prestación se determinará aplicando el 70% a la base reguladora, que será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. Cuando no se acredite dicho periodo mínimo la cuantía de la prestación será equivalente al 70% de la base mínima de cotización de RETA o, en su caso, Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del mar.

La prestación tendrá la duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que se prorrogue y tenga una duración superior al mes. 

 

Nota importante: 

El Real Decreto Ley 8/2020, en su disposición adicional sexta establece:

“Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de la reanudación de la actividad”.

Estas exoneraciones, así como el resto de las medidas excepcionales del RDL que venimos comentando, están supeditadas al mantenimiento del empleo en la empresa durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Por lo tanto, si se reduce la plantilla durante ese período tales exoneraciones deberán retornarse y, además, con los recargos correspondientes.

ASELEC asesoría y abogados

COVID-19: ACTUALIZACION DE INFORMACION A CLIENTES

En la última hora de ayer, superado el primer día laboral después de la declaración del Estado de Alarma, enviamos a nuestros clientes un documento de Actualización de Información a fecha Lunes 16 de marzo con los siguientes asuntos:

1.- Resumen de Conclusiones del día de hoy.

2.- Seguimiento y Actualización del Plan de Contingencias.

1 Actualización del Plan.

2. Seguimiento del Plan.

3.- Anuncio de medidas en el Consejo de Ministros de Mañana martes 17 de marzo. Interpretación jurídica. Estudio de Alternativas. Exposición Personalizada e Incorporación al Plan de Contingencias. 

4.- Planificación de la ejecución y tramitación de las decisiones de la empresa.

Por tanto, ya que esta mañana se está celebrando el Consejo de Ministros que aprobará un importante paquete de medidas económicas, trabajaremos en las siguientes cuestiones:

– Interpretación Jurídica de cada una de las medidas que mañana se anuncien.

– Estudio de alternativas más recomendables.

– Exposición Personalizada de las alternativas.

– Incorporación de medidas al Plan de Contingencias Personalizado.

Le mantendremos informado.

Reciba un saludo.

ASELEC asesoría y abogados.

COVID-19: QUIÉN PUEDE ABRIR SU NEGOCIO Y QUIÉN NO, EN EL ESTADO DE ALARMA

¿Qué empresarios o profesionales pueden abrir libremente sus empresas y quiénes no, una vez declarado el estado de alarma por la crisis del COVID-19?

DECLARACIÓN ESTADO DE ALARMA Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Con la declaración del Estado de Alarma, que entró en vigor ayer mismo 14 de marzo de 2020 con la publicación del Real Decreto 463/2020, el Gobierno de España asume el control total de la situación sobre cualquier otra Administración. En el Real Decreto que declarará el Estado de Alarma, se regulan, entre otras, las limitaciones a la libre circulación de personas salvo para los movimientos descritos en el Real Decreto, la obligación de los empresarios a establecer medidas que faciliten el trabajo no presencial en la medida en que este sea posible, la suspensión de la actividad educativa presencial y las medidas de contención en los lugares de culto. Pero además, también se regulan las medidas de contención en el ámbito de la actividad empresarial y profesional. Nos referimos expresamente a estas: 

Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.

1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.

3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.

Debemos resaltar que la suspensión viene referida expresamente a la “apertura al público” de locales y establecimientos. Por tanto, si resulta necesario, se puede trabajar en los centros de trabajo a puerta cerrada. Además, hay que tener en cuenta que está permitida la libre circulación de personas para el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, según el artículo 7.1.c) del RD.

El anexo I referido para las actividades que deben cerrar, detalla las siguientes: 

ANEXO I Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.3

Museos.

Archivos.

Bibliotecas.

Monumentos. 

Espectáculos públicos. 

Esparcimiento y diversión:

Café-espectáculo.

Circos.

Locales de exhibiciones.

Salas de fiestas.

Restaurante-espectáculo.

Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

Culturales y artísticos:

Auditorios.

Cines.

Plazas, recintos e instalaciones taurinas.

Otros recintos e instalaciones:

Pabellones de Congresos. 

Salas de conciertos. 

Salas de conferencias. 

Salas de exposiciones. 

Salas multiuso.

Teatros. 

Deportivos:

Locales o recintos cerrados.

Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.

Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.

Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.

Galerías de tiro.

Pistas de tenis y asimilables.

Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables. Piscinas.

Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.

Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables. Velódromos.

Hipódromos, canódromos y asimilables.

Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.

Polideportivos.

Boleras y asimilables.

Salones de billar y asimilables.

Gimnasios.

Pistas de atletismo.

Estadios.

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Espacios abiertos y vías públicas:

Recorridos de carreras pedestres.

Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables. Recorridos de motocross, trial y asimilables.

Pruebas y exhibiciones náuticas.

Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Actividades recreativas: 

De baile:

Discotecas y salas de baile. 

Salas de juventud.

Deportivo-recreativas:

Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades.

Juegos y apuestas:

Casinos.

Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.

Salones de juego.

Salones recreativos.

Rifas y tómbolas.

Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y

apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego. Locales específicos de apuestas.

Culturales y de ocio:

Parques de atracciones, ferias y asimilables. Parques acuáticos.

Casetas de feria.

Parques zoológicos.

Parques recreativos infantiles.

Recintos abiertos y vías públicas:

Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.

De ocio y diversión:

Bares especiales:

Bares de copas sin actuaciones musicales en directo. Bares de copas con actuaciones musicales en directo.

De hostelería y restauración:

Tabernas y bodegas.

Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.

Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. Bares-restaurante.

Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes. Salones de banquetes.

Terrazas.

Pero además, en el Real Decreto se establece, en su Disposición Final Primera, que continuarán vigentes y producirán los efectos previstos en ellas todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales, siempre que resulten compatibles con este real decreto. Si en una Comunidad Autónoma o Municipio concreto existen medidas adoptadas con anterioridad al sábado 14 de marzo, continuarán vigentes si son compatibles con el Real Decreto. Desde el día 14, sólo el Gobierno de España puede dictar normas en relación a la crisis del Covid-19, por encontrarnos en situación de Estado de Alarma.

Finalmente, indicar que se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

En consecuencia, pongamos por ejemplo, que una empresa o profesional está en dentro del plazo de contestación de un requerimiento de la Agencia Tributaria, dicho plazo ha quedado suspendido desde el día 14 de marzo (sólo contó hasta el viernes 13 de marzo), y se reanudaría el próximo 29 de marzo, que por ser domingo, será el primer día de reanudación del cómputo del plazo será el lunes 30 de marzo.   

En el próximo Consejo de Ministros, según anunció en su comparecencia el Presidente del Gobierno, textualmente:

“se adoptarán medidas para paliar los efectos económicos y sociales del Estado de Alarma, sobre cuatro grupos de medidas: 

  1. Apoyo a los trabajadores, autónomos y empresarios y a las familias, a los colectivos más vulnerables. 
  2. Apoyo a la Flexibilización a los mecanismos de ajuste de actividad, para evitar los despidos, los denominados ERTES
  3. El apoyo a la actividad económica y a las empresas, para garantizar la liquidez ante las dificultades transitorias pero intensas como consecuencia de la emergencia económica derivada del coronavirus. 
  4. En apoyo a la investigación de la vacuna sobre el coronavirus.”

Según manifestó, a estas medidas se incorporarán otras nuevas y son adicionales a las ya aplicadas con el plan de choque, al que desde ASELEC hemos hecho referencia en una anterior publicación respecto a los aplazamientos automáticos de impuestos para las Pymes. 

Seguiremos atentos a la actualidad, informando y adaptando las soluciones de forma personalizada a nuestros clientes, ayudando más que nunca en esta transitoria, pero difícil situación. 

ASELEC asesoría y abogados. 

cuanto-cuesta-contratar-a-un-trabajador-aselec

¿CUÁNTO CUESTA CONTRATAR A UN TRABAJADOR?

Cuando un autónomo o una empresa se plantea la contratación de un nuevo trabajador, una de las dudas habituales que surge, es qué coste supondrá para la empresa esta nueva contratación. En este artículo estableceremos unos parámetros para cuantificar los costes de forma genérica y simplificada, en función al salario percibido por el trabajador.

¿QUE ELEMENTOS COMPONEN EL COSTE DE UNA CONTRATACIÓN?

El porcentaje más alto de coste en una contratación se deriva del propio salario del trabajador y su cotización a la seguridad social. 

El salario o sueldo del trabajador quedarán definidos en el convenio colectivo aplicable a la empresa. Sobre el mínimo marcado en el convenio colectivo, se podrán negociar salarios superiores.

 

Las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa se publica anualmente en la orden de cotización que desarrolla las normas legales de cotización. Esta normativa establece unos porcentajes fijos y generales para todas las empresas, unos porcentajes variables en función de la contratación destinados a desempleo, un porcentaje reservado para formación y el Fondo de Garantía Salarial y unos porcentajes variables en función a la actividad empresarial desarrollada.

Estos porcentajes se aplicará sobre el salario del trabajador dando como resultado los costes de cotización a la Seguridad Social. 

Le interesa

 

 

CUANTIFICAR EL COSTE LABORAL

Hemos elaborado una tabla genérica para cuantificar el coste aproximado que supondría una nueva contratación salarial en la empresa en función a un rango de salarios:

FRANJA SALARIAL ANUAL COSTE SEGURIDAD SOCIAL ANUAL COSTE SALARIAL ANUAL SALARIO NETO TRABAJADOR MENSUAL 12 PAGAS
 13.300,00 -15.000,00               4.675,00    145% 1.093,00
 15.000,00 – 20.000,00               5.680,00    155% 1.220,00
 20.000,00 – 25.000,00               7.680,00    166% 1.545,00
 25.000,00 – 30.000,00               9.000,00    170% 3.000,00
 30.00,00 – 35.000,00             11.000,00    175% 3.670,00
 35.00,00 – 40.000,00             12.360,00    178% 4.110,00
 40.000,00- 45.000,00             14.365,00    182% 4.780,00
 45.000,00 – 50.000,00             15.700,00    185% 5.220,00
 50.000,00 – 55.000,00             16.300,00    186% 5.750,00

*DATOS GENERICOS PARA CONTRATACION INDEFINIDA A JORNADA COMPLETA PARA EL AÑO 2020 PARA UN TRABAJADOR SOLTERO.

Con los datos de la tabla podemos hacernos una idea aproximada del coste que supondrá incorporar a un nuevo trabajador en la organización en función del salario acordado.

Contratar a un trabajador que percibiera el salario mínimo interprofesional, le costaría a la empresa el 145% del salario mínimo interprofesional o lo que es lo mismo, 19.300 euros anuales.

Un trabajador que perciba un salario bruto anual de entre 15.000.00 y 20.000.00 euros, la organización asumirá un coste salarial entre 147% y 163% del sueldo y el trabajador percibirá mensualmente un importe neto aproximado entre 1.135 y 1.360 euros en 12 mensualidades.

Pactar un salario bruto anual con el trabajador en la franja de 20.000 a 25.000 euros, supondrá al trabajador un salario aproximado de 1360 a 1670 euros mensuales por 12 pagas y un coste para la empresa entre 147% – 153%.

Aumentar el salario hasta la franja de 30.000 a 35.000 euros supone aumentar el coste salarial aproximado al 175% del salario, siendo el salario neto del trabajador sobre los 1.900 a 2.200 euros.

Le interesa

Si tras consultar, decide ampliar su plantilla, póngase en contacto con el equipo del Dpto. Laboral de ASELEC, le tramitaremos la contratación del personal de forma rápida y eficaz. Contacte con nosotros.

Mª del Mar Valverde Molera.

Dpto. Laboral

ASELEC, asesoría y abogados

 

 

 

Foto: Freepick
se-deroga-el-despido-objetivo-por-faltas-de-asistencia-al-trabajo-aselec

SE DEROGA EL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO

El pasado 18 de febrero, se publicó el  Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Esta reforma entra en vigor tras la sentencia del Tribunal Constitucional, del 30 de octubre, en la que se avalaba el despido objetivo de un trabajador que hubiera faltado el 20% o más días laborables al trabajo de forma justificada durante dos meses y de la que nos ocupamos en nuestro artículo ¿PUEDEN SER LAS BAJAS LABORALES CONTINUADAS CAUSA DE DESPIDO?.

El despido por faltas de asistencia al trabajo regulado en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores es un precepto que legitima el despido objetivo de las personas trabajadoras que incurren en faltas de asistencia al trabajo, tanto justificadas como injustificadas, que superen determinados porcentajes. Aunque todas las faltas injustificadas pueden ser contabilizadas a efectos de aplicar el despido objetivo por faltas de asistencia, las faltas de asistencia justificadas que pueden ser contabilizadas son limitadas, puesto que el propio artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores establece expresamente aquellas que no son admisibles para aplicar esta modalidad de despido.

A lo largo de los años el precepto ha ido incorporando nuevas inasistencias que no admiten contabilización a efectos de la aplicación del despido objetivo (suspensión por riesgo durante el embarazo o la lactancia, faltas de asistencia vinculadas a la violencia de género, etc.), lo que ha supuesto en la práctica que el supuesto aplicativo del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores haya quedado reducido de hecho a las faltas de asistencia injustificadas y a las bajas por contingencias comunes de duración inferior a veinte días, según reza la introducción del propio Real Decreto.

El citado Real Decreto entró en vigor desde el día siguiente a su publicación, de modo que, desde el 19 de febrero no es posible aplicar este artículo para proceder al despido objetivo de los trabajadores debido a:

-Faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda.

Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

Le puede interesar

No obstante, y como solemos recordar, siempre existen las excepciones, por lo que, antes de plantear el despido de un trabajador, es pertinente y recomendable, consultar con un profesional del derecho laboral, que examine el caso en cuestión, a fin de orientarle jurídicamente sobre las posibilidades de extinguir el contrato conforme a Ley. Para cualquier duda acerca de este tema, el equipo de asesores del Departamento Jurídico-Laboral de ASELEC, estará encantado de ayudarle a resolverla.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Dpto. Jurídico-Laboral

Aselec, asesoría y abogados.