Detallamos a continuación cada uno de los impresos y modelos oficiales para autónomos necesarios para comenzar la actividad o darse de alta en la seguridad social, en el ámbito laboral.
Información sobre los modelos oficiales relativos al Derecho del trabajo y la Seguridad Social de la Guía publicada por Cepyme.
Modelo 111
Muchos autónomos y empresarios tienen que aplicar retenciones del IRPF en facturas o en nóminas de trabajadores. Todas estas retenciones e incluso algunos premios o ganancias patrimoniales deben declararlas a Hacienda con el modelo 111. Este modelo se presenta de forma trimestral, presencial o en la sede electrónica de la Agencia Tributaria con firma electrónica o con certificado digital. El modelo 111 es el modelo trimestral por el que las empresas y autónomos declaran e ingresan las retenciones que han practicado durante el trimestre a trabajadores, a profesionales o a empresarios. Lo debe presentar todo tipo de empresario, profesional o sociedad que durante el trimestre o mes correspondiente (será mensual para Grandes Empresas) haya retenido parte de los importes correspondientes a nominas de empleados, a facturas de profesionales y/o a facturas de compra de algunas actividades.
Modelo 190
Es el resumen anual del modelo 111 que se presenta trimestralmente. El modelo 190 en la modalidad de papel impreso deberá presentarse en los primeros veinte días naturales del mes de enero de cada año. Si de otro modo se ha generado telemáticamente el plazo se comprende entre el 1 al 31 de Enero. Están en la obligación a presentarlo todos aquellos que presenten el modelo 111, y es anual.
Modelo TA.1
El modelo TA.1 es el impreso que se debe cumplimentar para proceder a la afiliación y a la asignación del número de la Seguridad Social, si no se ha sido dado de alta con anterioridad. El empresario que vaya a contratar a una persona que no tenga número de Seguridad Social deberá solicitarlo, ya que este es el número que identifica al ciudadano a la hora de relacionarse con esta Administración.
Modelo TA.6
Este modelo es necesario para la inscripción del empresario en la Seguridad Social y la apertura de su primera o principal cuenta de cotización y debe presentarse en la Tesorería General de la Seguridad Social, presencialmente, en la sede más próxima al domicilio de la actividad concreta o por vía telemática, a través de la Sede Electrónica (en caso de que se disponga de certificado digital).
Modelo TA.0521
Es un modelo donde se solicita el alta, baja o variación de datos en el Régimen Especial de Autónomos. Según el trabajador por cuenta ajena que lo solicite existen diferentes variaciones de este modelo. El impreso se consigue en cualquier oficina de la Tesorería de la Seguridad Social o se puede descargar desde la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En el caso de las bajas de autónomos se deberá indicar también el motivo por el que causa la baja.
Es el modelo oficial para comunicar a la Seguridad Social cualquier alta, baja o variación en los datos del contrato de un empleado. Este modelo es solo para los trabajadores por cuenta ajena o asimilada bajo el Régimen General y debe presentarse:
•Al dar de alta un nuevo trabajador.
•Al dar de baja un trabajador cuyo contrato ha finalizado.
•Cuando los datos del contrato cambian (por ejemplo: variaciones en la jornada laboral, paso de contrato temporal a indefinido, etc.)
Modelos TC1 y TC2
Son documentos oficiales relativos a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena que la empresa tiene afiliados. En concreto, el modelo TC1 refleja las cuotas que corresponden a la empresa y a los trabajadores, mientras el TC2 representa las relaciones nominales de éstos. A efectos prácticos, el TC1 se utiliza para liquidar las cuotas del Régimen General de la Seguridad Social y se cumplimenta a partir de los datos que figuran en el TC2. Salvo que los trabajadores pertenezcan a colectivos de artistas, profesionales taurinos o representantes de comercio, el TC1 servirá a la empresa para pagar las cotizaciones de sus trabajadores. El TC1 también se utiliza como justificante de dicho pago o, en el caso de no hacerse el ingreso, como justificante de su presentación, que es obligatoria.
Modelo TA 7.
Mediante la presentación de este impreso los trabajadores autónomos podrán solicitar el alta, baja o variación de los datos de cuenta de la cotización. Junto al impreso debes aportar la siguiente documentación:
•Documento identificativo del titular de la empresa, empresario individual ó titular del hogar familiar.
•Documento emitido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, si se solicita nuevo Código de Cuenta de Cotización para realización de actividad distinta, en el que conste la Actividad Económica de la Empresa (no se requiere este documento para el Régimen Especial de Empleados de Hogar).
•En el supuesto de solicitud de Código de Cuenta de Cotización en el Régimen Especial del Mar la documentación que justifique, en su caso, la realización de la actividad.
•Documento identificativo de la persona que formula la solicitud.
•Documento que otorga la representación o autorización a la persona que formula la solicitud.
•La solicitud de variación de datos en la Inscripción del Empresario o, en su caso, de la Cuenta de Cotización se acompañará del documento justificativo de la modificación solicitada
La devolución de ingresos indebidos permite la restitución total o parcial al sujeto obligado de las cuotas ingresadas por error, en los términos y supuestos fijados reglamentariamente. El derecho al reintegro prescribe a los 4 años a contar del día siguiente al ingreso de las cuotas. Las devoluciones incluyen el interés de demora desde la fecha del ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social hasta la fecha de la propuesta de pago. Las solicitudes de devolución de ingresos deben dirigirse a la Administración de la Seguridad Social correspondiente al domicilio del obligado al pago. En caso de que éste tenga centralizada su gestión en una Administración en concreto, será ésta la Administración competente.
Impreso de Solicitud de Incapacidad Temporal
Mediante este formulario oficial, el solicitante puede solicitar el pago directo de Incapacidad Temporal. El pago directo de la Incapacidad Temporal, consiste en el abono del subsidio por Incapacidad Temporal realizado por el INSS o la Mutua a favor del trabajador en aquellos casos en los que el trabajador finaliza su relación laboral en la empresa
Impreso por Solicitud pago único desempleo
El Pago Único o la Capitalización del Desempleo lo pueden solicitar aquellas personas que están en desempleo y estén interesadas en iniciar su propio negocio. Te permite cobrar en un sólo pago todo o parte del importe pendiente de la prestación por desempleo (de nivel contributivo).
Si tienes alguna duda respecto a estos modelos o necesitas cualquier tipo de asesoramiento para tu actividad, ya sea de tipo fiscal, contable o laboral, o te estás planteando emprender un nuevo proyecto empresarial, en ASELEC contamos con un amplio equipo de Economistas y Abogados que te ayudará a resolver todas tus necesidades.
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La Ley de Presupuestos Generales para 2021 mantiene su objetivo del control y reducción del déficit público. Incluye la subida del IPREM, la revalorización de las pensiones y la congelación de las bases de cotización, entre otras medidas.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (Ley 11/2020, 30 dic.) se condiciona enormemente por la excepcionalidad de la situación de emergencia de salud pública. A pesar de ello, el Ejecutivo ha expresado que forma parte del diseño de una estrategia para sentar los cimientos de la transformación económica y social del país, «lo que garantizará una salida de la crisis sustentada en unas sólidas bases, así como la potenciación del crecimiento de nuestra economía, generando a la vez una mayor cohesión social», y siendo sus señas de identidad «la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad».
El texto mantiene, a grandes rasgos, su estructura habitual en lo que respecta al señalamiento de las pensiones públicas (Título IV) y las cotizaciones sociales (Título VIII).
Ya nos ocupamos la semana pasada de los aspectos fiscales de estos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el 2021, aquí:
Destacamos hoy los siguientes puntos fundamentales, que afectan al ámbito laboral y de Seguridad Social:
1. Congelación del salario mínimo interprofesional
El Gobierno no ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), en la línea fijada durante los dos años anteriores, pero sí lo ha recogido en la disp. adic. 6ª RDL 38/2020, congelándolo para este ejercicio.
2. Incremento del 5% de la cuantía del IPREM (disp. adic. 121.ª)
Tras diez años sin variaciones, las cuantías son las siguientes:
– 18,83 euros/día
– 564,90 euros/mes
– 6.778,80 euros/año (7.908,60 euros/año cuando se trate de normas en que la referencia al SMI fue sustituida por la del IPREM y se incluyan las pagas extras)
3. Tipo de interés legal del dinero (disp. adic. 49.ª)
El tipo de interés legal del dinero se mantiene en el 3,00%, y el de demora en el 3,75%.
4. Retribuciones en el sector público (art. 18.Dos)
Las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 0,9% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2020.
La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse hasta dicho porcentaje máximo.
5. Pensiones: revalorización y otras circunstancias
Se revalorizan las pensiones contributivas con el porcentaje del 0,9%, de previsión del IPC (arts . 35 y 39 ss.), y las pensiones no contributivas -jubilación e invalidez- al 1,8% (doble de dicha previsión) (art. 44).
Por tanto, se ha suspendido la aplicación del sistema de revalorización de las pensiones de Seguridad Social y de clases pasivas.
El gasto de la política de pensiones aumenta en 5.085 millones de euros. El incremento es del 3,2%, lo que representa un 38% del total del gasto del presupuesto consolidado.
En consecuencia, se mantiene para 2021 el poder adquisitivo de los pensionistas, que recibirán antes del 1 de abril de 2022 y en un único pago una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en 2021 y la que hubiere correspondido de haber aplicado al importe de la pensión vigente a 31 de diciembre de 2020 un incremento porcentual igual al valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 (disp. adic. 46.ª).
El límite de ingresos para percibir los complementos por mínimos se fija en 7.707 euros/año (unos 1.283 euros más anuales si hay cónyuge a cargo) (art. 43.Uno).
El complemento por vivienda se ha establecido en 525 euros/año (art. 44.Dos).
Las pensiones del extinguido SOVI se fijan en 6.183,80 euros/año (art. 45.Uno).
Por otro lado, el importe de las pensiones reconocidas a familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil no podrá ser inferior, para 2021, a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social, excepto para pensiones de orfandad en favor de huérfanos no incapacitados causadas por personal no funcionario (art. 37.Uno).
También se fijan pensiones para excombatientes mutilados de la zona republicana y sus familiares (art. 37.Dos), y mutilados civiles de guerra (art. 37.Tres).
El art. 38 establece los límites del señalamiento inicial de las pensiones públicas, que se establecen en 2.707,49 euros/mes, sin perjuicio de las pagas extraordinarias.
Se contemplan también las cuantías de las prestaciones familiares, así como la asignación económica y el límite de ingresos anuales para beneficiarios que, de acuerdo con las disposiciones transitorias del ingreso mínimo vital, mantengan o recuperen el derecho a la asignación económica por cada hijo menor de 18 años o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% (disp. adic. 41.ª).
Asimismo, a partir del 1 de enero se fijan cuantías para los subsidios económicos para personas con discapacidad: garantía de ingresos mínimos, ayuda de tercera persona, y movilidad y compensación por gastos de transporte (disp. adic. 42.Uno), así como las de las pensiones asistenciales, que serán objeto de revisión periódica (disp. adic. 42.Dos y Tres).
Las prestaciones de gran invalidez del régimen especial de las fuerzas armadas también se incrementan en el 0,9% (disp. adic. 43.ª).
También cabe destacar a la cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo, estipulándose una cotización especial de solidaridad del 9% sobre la base de cotización por contingencias comunes (arts. 153 y 309 LGSS modificados por la disp. final 38ª).
El tope máximo de la base de cotización en todos los regímenes queda fijado en 4.070,10 euros/mensuales (o 135,67 euros diarios) a partir del 1 de enero de 2021.
El tope mínimo es el importe del salario mínimo interprofesional vigente, incrementado en un sexto. Las bases mínimas se incrementarán desde el mismo 1 de enero, por tanto, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional (art. 119.Uno.2).
Se mantienen los tipos de cotización por contingencias comunes y horas extraordinarias (art. 119.Dos).
También se mantienen los beneficios de los trabajadores autónomos, trabajadores agrarios y empleados de hogar, entre otros colectivos. Entre otras particularidades:
• Se fija la base mínima de cotización para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2020 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, en 1.214,10 euros mensuales, aplicable a partir de 1 de enero de 2021 (art. 119.Cinco.10).
Además, en el RETA se mantienen las bases y tipos de cotización, a excepción de los de contingencias profesionales (que suben del 1,1% al 1,30%) y los de cese de actividad (del 0,8% al 0,9%), según estipuló el RDL 28/2020 (art.119.Cinco).
• Para los trabajadores empleados de hogar, las bases se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. No hay cambios en las bonificaciones y reducciones de cuotas sociales (art. 119.Cuatro).
Por otro lado, y en el ámbito del País Vasco, para los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza se fija un tipo de cotización adicional del 10,60% (8,84% a cargo de la empresa, y 1,76% para el trabajador (art. 119.Trece).
7. Empleados públicos
Se establece una tasa de reposición de efectivos del sector público del 110% en los sectores prioritarios (Administraciones públicas con competencias educativas y sanitarias, fuerzas armadas, control y lucha contra el fraude fiscal y laboral, asesoramiento jurídico, etc.) y del 100% en los demás sectores.
Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior tendrán un 110% de tasa en todos los sectores (art. 19.Uno).
En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos, siempre que no se supere el incremento global fijado en la norma del 0,9% (art. 18.Dos).
Asimismo, se prevé recuperar la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre de 2012, a favor de las Administraciones y resto de entidades que no hubieran abonado la totalidad de las cantidades efectivamente dejadas de percibir por tal motivo (disp. adic. 35.ª).
Se establecen limitaciones a la contratación de personal temporal y nombramiento de personal estatutario temporal y funcionarios interinos (excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables), entre otros aspectos (art. 19.Cuatro).
Por otro lado, se modifica el Estatuto Básico del Empleado Público (arts. 48 a 50 TREBEP), regulando de nuevo determinados permisos (fallecimiento u hospitalización de familiares de primer o segundo grado, lactancia de hijos menores de doce meses, etc.) y retocando el régimen de vacaciones, permitiendo la sustitución de su disfrute en caso de conclusión de la relación de servicios por causas ajenas a la voluntad del empleado y en supuestos de jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, hasta un máximo de 18 meses (disp. fin. 37.ª).
Respecto a la pensiones, el art. 36 recoge la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y los complementos por mínimosen el art. 42.
8. Fondos de pensiones
En el plazo máximo de 12 meses, el Gobierno presentará un proyecto de ley que atribuirá a la Administración General del Estado capacidad legal para la promoción de fondos de pensiones públicos de empleo. Serán de carácter abierto en relación con los procesos de inversión desarrollados, de modo que podrán adscribirse los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan en sus especificaciones y, por defecto, los planes de pensiones de la modalidad de empleo que no determinen un fondo de pensiones específico concreto (disp. adic. 40.ª).
Por otra parte, se reduce a 2.000 euros anuales el límite máximo del total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los planes de pensiones. El límite se incrementará en 8.000 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales (art. 62).
9. Formación profesional
Se recoge la aplicación de los fondos procedentes de la cuota de formación profesional a la financiación del sistema de formación profesional para el empleo, con el objeto de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades del mercado laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
En concreto, se atribuye al Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de los programas de formación profesional para el empleo que le correspondan normativamente, con cargo a los créditos en su presupuesto de gastos. Cabe destacar también que al menos el 50% de los fondos previstos para estos programas se destinará inicialmente a la financiación de los gastos de ejecución de iniciativas formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados, acciones para la capacitación para el desarrollo de funciones de negociación colectiva y el diálogo social, y los gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (disp. adic. 124.ª).
Igualmente, se contempla la gestión por el Servicio Público de Empleo Estatal de los servicios y programas financiados con cargo a la reserva de crédito de su presupuesto de gastos (disp. adic. 125.ª).
Por otra parte, se reforma el Estatuto de los Trabajadores (art. 11 ET) para introducir el contrato para la formación dual universitaria, que se formalizará en el marco de los convenios de cooperación educativa suscritos por las universidades con las entidades colaboradoras, y tendrá por objeto la cualificación profesional de los estudiantes universitarios a través de un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco de su formación universitaria, para favorecer una mayor relación entre este y la formación y el aprendizaje del trabajador (disp. fin. 36.ª).
Para las empresas que cotizan por contingencia de formación profesional (art. 9 L. 30/2015), se concederá un crédito para la formación de sus trabajadores cuya cuantía será el resultado de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año 2020 el porcentaje de bonificación en función del tamaño de las empresas (disp. adic. 124.ª.Cinco).
10. Bonificaciones
Se mantiene la bonificación del 50% de la cotización empresarial en caso de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, o de enfermedad profesional(disp. adic. 123.ª).
Se establecen medidas de apoyo a la prolongación de la actividad de los trabajadores fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. Se trata de una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, Desempleo, FOGASA y FP de esos trabajadores. Esta bonificación tendrá efectos desde el 1 de enero de 2021 y con vigencia indefinida, bajo determinados requisitos (disp. adic. 122.ª).
Se prevé una reducción, durante 2021, del 70% y una bonificación del 8,75% a la cotización por contingencias comunes en el Sistema Especial para manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación (disp. fin. 41.ª).
11. Fondo de Garantía Salarial
Se modifica el Estatuto de los Trabajadores (art. 33 ET), en lo que respecta al ámbito de protección del FOGASA, para incluir indemnizaciones por despido o por extinción de contratos por diversas causas (incluyendo la extinción en supuestos de declaración concursal). El límite máximo es de una anualidad, excepto en casos de modificación sustancial de condiciones de trabajo, a los que corresponde un límite de nueve meses (disp. fin. 36.ª).
12. Trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial
Se aplaza la entrada en vigor de lo previsto en los artículos 1.1, pfo. 1ª; 24, pfo. 2º y 25.4 LETA (disp. adic. 126ª).
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Días hábiles o inhábiles son los días que la ley designa como aptos o no aptos para la realización de determinados actos o para el cómputo de plazos. Veamos qué días son inhábiles en el 2021.
QUÉ SON LOS DÍAS INHÁBILES
En muchas ocasiones dudamos de cuanto tiempo disponemos para presentar una solicitud, para un permiso retribuido por hospitalización, etc. En estos casos resulta muy útil saber las diferencias entre los días naturales, hábiles, laborables o inhábiles. Revisamos estos conceptos del calendario laboral.
¿Qué son días naturales?
Los días naturales son todos aquellos que componen un año. 365 en situación normal, 366 en años bisiestos. Independientemente de que ese día sea fin de semana, día de diario o festivo. Todos son días naturales.
¿Qué son días laborables?
Los días laborables son aquellos en los que se trabaja. Por tanto, por norma general, quedan excluidos los domingos y los festivos, aunque pueden ser laborables o no en función de la empresa, el sector o la zona geográfica de la que hablemos.
¿Qué son días hábiles?
En este punto es quizá donde surgen más dudas. Días hábiles son aquellos que la ley designa como idóneos para el cómputo de plazos o la realización de determinados actos. En el caso de España los días hábiles son desde el lunes hasta el viernes según la reforma de la ley 39/2015.
¿Qué son los días inhábiles?
Días hábiles o inhábiles son los días que la ley designa como aptos o no aptos para la realización de determinados actos o para el cómputo de plazos. Cuando se hace referencia a que un plazo es de días hábiles, se quiere decir que en el cómputo de días se excluyen los festivos, que son inhábiles. La ley establece como días inhábiles los sábados, los domingos y los festivos.
Cuando las actuaciones son de carácter urgente, todos los días son hábiles, y en determinados ámbitos, también los sábados lo son.
DÍAS INHÁBILES EN 2021
Este año 2021, los días inhábiles vienen regulados por la siguiente norma:
Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021 (BOE 14 Diciembre 2020 )
INTRODUCCIÓN
El artículo 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración General del Estado fijará, en su ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos, con sujeción al calendario laboral oficial, que ha sido fijado en la Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2021 («Boletín Oficial del Estado» del 2 de noviembre de 2020).
De acuerdo con el artículo 30.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.
Este calendario de días inhábilesse publicará antes del comienzo de cada año en el «Boletín Oficial del Estado» y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.
Por todo ello, esta Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, órgano superior del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en virtud del Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha resuelto:
Primero. Aprobar el calendario de días inhábiles correspondiente al año 2021, para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, a efectos de cómputo de plazos.
Segundo. Son días inhábiles:
a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no han ejercido la facultad de sustitución.
b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.
Los días inhábiles a que se refieren los puntos a) y b) de este apartado se recogen, especificados por meses y por Comunidades Autónomas, en el anexo adjunto.
Tercero. Disponer la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que también estará disponible en el Punto de Acceso General (administracion.gob.es) de la Administración General del Estado.
ANEXO
2021-Calendario de días inhábiles
Enero: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 6: Inhábil en todo el territorio nacional.
Febrero: Todos los sábados y domingos del mes.
Marzo: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía y de las Illes Balears.
Día 13: Inhábil en la Ciudad de Melilla.
Día 19: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Extremadura, de Galicia, de la Región de Murcia, del País Vasco, así como en la Comunitat Valenciana, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Foral de Navarra.
Abril: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Aragón, del Principado de Asturias, de las Illes Balears, de Canarias, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Galicia, de la Región de Murcia, del País Vasco, de La Rioja, así como en la Comunidad de Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Foral de Navarra, en la Ciudad de Ceuta y en la Ciudad de Melilla.
Día 2: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 5: Inhábil en las Comunidades Autónomas de las Illes Balears, de Cataluña, del País Vasco, de La Rioja, así como en la Comunitat Valenciana y en la Comunidad Foral de Navarra.
Día 23: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como en la Comunidad de Castilla y León.
Mayo: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 3: Inhábil en la Comunidad de Madrid.
Día 17: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Día 31: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Junio: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 3: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Día 9: Inhábil en las Comunidades Autónomas de La Rioja y de La Región de Murcia.
Día 24: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cataluña, así como en la Comunitat Valenciana.
Julio: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 20: Inhábil en la Ciudad de Ceuta.
Día 21: Inhábil en la Ciudad de Melilla.
Día 28: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Agosto: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 16: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Aragón, del Principado de Asturias, de Canarias, así como en la Comunidad de Castilla y León.
Septiembre: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 2: Inhábil en la Ciudad de Ceuta.
Día 8: Inhábil en las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias y de Extremadura.
Día 11: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Día 15: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Octubre: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 9: Inhábil en la Comunitat Valenciana.
Día 12: Inhábil en todo el territorio nacional.
Noviembre: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional.
Diciembre: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 6: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 8: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 25: Inhábil en todo el territorio nacional.
En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 110/2020, de 1 de octubre, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021, y se abre el plazo para fijar las fiestas locales (BOC de 13 de octubre de 2020) dispone que: En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las fiestas laborales serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 3 de julio, festividad de la Bajada de la Virgen de los Reyes; en Fuerteventura: el 17 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 4 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe; en La Palma: el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves; en Lanzarote: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Volcanes; en Tenerife: el 2 de febrero, festividad de la Virgen de la Candelaria.
En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Orden TSF/81/2020, de 14 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2021 (DOGC de 17 de junio de 2020) dispone que: «En el territorio de Arán, de acuerdo con el Decreto 152/1997, de 25 de junio, y el Decreto 146/1998, de 23 de junio, que modifican el Decreto 177/1980, de 3 de octubre, sobre el calendario de fiestas fijas y suplentes, la fiesta del día 5 de abril (Lunes de Pascua Florida) queda sustituida por la de 17 de junio (Fiesta de Arán)».
En la Comunitat Valenciana, el Decreto 158/2020, de 23 de octubre, del Consell, de determinación del calendario laboral en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV de 28 de octubre de 2020) dispone que «[…] Y con carácter retribuido y recuperable se establece la siguiente fiesta: 24 de junio, San Juan».
Describimos las modalidades de ERTES vigentes desde el 1 de octubre de 2020, y detallamos los plazos y beneficios asociados a estos expedientes de forma esquemática.
El siguiente esquema resume las exoneraciones en las cuotas a favor de las empresas desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021:
A grandes rasgos, veamos las principales novedades relativas a estos expedientes de forma asociada a la tabla anterior:
1. Prórroga de los ERTES por fuerza mayor
El art. 1 RDL 30/2020 prorrogó automáticamente los ERTES de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor hasta el 31 de enero de 2021. Esta medida se refiere a los expedientes regulados en el art. 22 RDL 8/2020.
Como veremos más adelante, el empresario no podrá beneficiarse de exoneraciones de cotización salvo en determinados supuestos: cuando la empresa se adscriba a un sector con elevada tasa de cobertura por ERTE y una reducida tasa de actividad, asociados a determinados códigos CNAE, o bien en los supuestos de empresas integrantes o que formen parte de la cadena de valor de empresas que respondan a dichos códigos.
2. Empresas con elevada tasa de cobertura por ERTE y reducida tasa de actividad (adscritas a ciertos códigos CNAE)
El RDL aportó como novedad los expedientes relativos a empresas afectadas por una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad: mercantiles con ERTES cuya actividad se clasificaba, a fecha 30 de septiembre, en determinados códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), descritos en el Anexo del RDL 30/2020. Se trata de expedientes prorrogados hasta el 31 de enero de 2021.
Los porcentajes y condiciones de las exoneraciones son los siguientes (disp. adic. 1ª RDL 30/2020):
– El 85% de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
– El 75% de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores asimilados a los mismos en situación de alta a 29 de febrero de 2020.
3. Empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor
Hasta la misma fecha, 31 de enero, se extienden las exoneraciones y la prórroga automática de los ERTES a las empresas cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas incluidas en la relación de actividades de la CNAE), o que formen parte de la cadena de valor de las mismas.
Se entiende por empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las citadas empresas aquellas cuya facturación, durante el ejercicio 2019, se haya generado, al menos en un 50%, en operaciones realizadas de forma directa con las empresas incluidas en el Anexo, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por aquellas.
Para acceder a la exoneración (misma del apartado anterior), se requiere transitar desde un ERTE por fuerza mayor a otro por causas ETOP.
4. ERTES por impedimento
El RDL 30/2020, en su art. 2, regula los llamados ERTES por impedimento para empresas y entidades que, a partir del 1 de octubre de 2020, vieran impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas. Se deberá autorizar un nuevo ERTE. Su duración queda restringida a las citadas medidas de impedimento. Se beneficiarán de los siguientes porcentajes de exoneración:
• El 100% de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 31 de enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores o asimilados a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
• Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores o asimilados en alta, la exención alcanzará el 90% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021.
Las anteriores exoneraciones también se aplican, desde el 1 de octubre de 2020, a los ERTES de rebroteregulados en la disp. adic. 1ª RDL 24/2020, que se mantienen vigentes en función de las correspondientes resoluciones estimatorias (expresas o por silencio).
5. ERTES por limitación de actividad
La norma también contempla ERTES por limitación del desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españoles. También requieren la autorización del expediente, y se acompañan de porcentajes de exoneración específicos:
• Respecto de los trabajadores con actividades suspendidas (y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión): exención de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, del 100%, 90%, 85% y 80%, respectivamente, cuando la empresa tuviera menos de 50 trabajadores o asimilados en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
• En la misma situación, pero en empresas con 50 o más trabajadores o asimilados a 29 de febrero de 2020: exención de los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, del 90%, 80%, 75% y 70%, respectivamente.
6. ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de fuerza mayor (ETOP)
Como sabemos, en los últimos meses se ha favorecido la finalización de ERTES por fuerza mayor y su conversión en ERTES por causas ETOP. Desde el RDL 30/2020 (art. 3), a estos últimos expedientes iniciados tras el 29 de septiembre de 2020 y hasta el 31 de enero de 2021, les será de aplicación el art. 23 RDL 8/2020, con algunas especialidades; asimismo, su tramitación puede iniciarse mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor.
Si el ERTE por causas ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.
La principal diferencia en estos expedientes, en comparación con las medidas adoptadas en el proceso normativo durante el primer estado de alarma (hasta el 21 de junio de 2020), es que en este momento las exoneraciones en las aportaciones empresariales (85% o 75% de la aportación empresarial devengada, según los casos) se limitan a las empresas que transiten de un ERTE por fuerza mayor a uno por causas ETOP entre el pasado 30 de septiembre y el 31 de enero de 2021, con actividad en los códigos CNAE referidos en el Anexo del RDL, así como los expedientes ETOP referidos en el art. 4.2 RDL 24/2020, también clasificada en el mismo Anexo-CNAE.
Por último, recordemos que los ERTES por causas ETOP vigentes a 29 de septiembre seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma; no obstante, cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la vigencia del RDL 30/2020, siempre que se alcance acuerdo para ello en el periodo de consultas.
Durante este mes, empresas y personas trabajadoras han de estar atentas a la finalización de la recuperación de estas horas, negociadas en periodo de consultas (máximo de 7 días). Algunos empleadores se plantean si es posible diferir este periodo vacacional, al menos en parte, al ejercicio 2021
1. Recuperación del permiso retribuido ex RDL 10/2020
El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, reguló en su día un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestaran servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
El permiso recuperable se pudo aplicar a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que prestaran servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no fuera paralizada como consecuencia de la declaración del primer estado de alarma, contemplando también una serie de supuestos exceptuados de su ámbito de aplicación.
La medida pudo disfrutarse entre el 30 de marzo y el 9 de abril, ambos inclusive, y su efecto principal fue la conservación del derecho a la retribución que habría correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.
La recuperación debe negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete días.
En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres personas trabajadoras de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el art. 41.4 ET.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.
2. Dudas sobre la recuperación del permiso
Abierto el plazo para la recuperación de estas horas, entre las dudas que se están planteando por muchos particulares ante la Administración, cabe destacar:
— No hubo que esperar hasta el 22 de junio para la negociación de dicha recuperación: dado que se requiere un periodo de consultas entre empresa y representación legal del trabajador, muchas empresas comenzaron el contacto incluso antes de esa fecha para disponer de más tiempo y alcanzar el mejor acuerdo posible.
— No es obligatorio agotar todo el periodo de consultas (7 días). Las partes pueden acordar en cualquier momento la sustitución de este periodo por los procedimientos de mediación o arbitraje previstos en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico a los que hace referencia el artículo 83 ET.
— Tampoco es necesario, para acordar el periodo de recuperación de horas, la unanimidad de los miembros que integran la representación legal de los trabajadores: se requiere la conformidad de la mayoría de las personas que integran la representación legal o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas por el permiso extraordinario.
— El empresario no puede acordar unilateralmente los días de recuperación del permiso retribuido disfrutado. A la obligación legal de negociar previamente con la representación legal de los trabajadores se unen otros límites: los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el plazo de preaviso recogido en el artículo 34.2 ET, la jornada máxima anual fijada en convenio colectivo y los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente.
— Si no se llega a un acuerdo durante las consultas,el empresario debe notificar a los trabajadores, en el plazo de 7 días desde la finalización de aquellas, su decisión sobre la recuperación.
— No debe acordarse, de forma imperativa, la recuperación de todas y cada una de las horas disfrutadas. El acuerdo puede regular la recuperación de todas o parte de las horas de trabajo durante el permiso, como también el preaviso mínimo de 5 días con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación del trabajo resultante, así como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.
En este sentido, la fecha límite del 31 de diciembre permite a las empresas negociar la recuperación en función del promedio anual de productividad de todo el ejercicio 2020.
Sería viable diferir a fechas posteriores una serie de días de vacaciones siempre que fuera negociado con la comisión representativa de los trabajadores (art. 3.2 RDL 10/2020). Únicamente a falta de tal acuerdo podría imponerse, justificadamente, por la empresa, si bien el empleado podría impugnar la decisión en vía judicial. A favor del criterio de trasladar días al ejercicio siguiente podría aducirse:
— La aplicación por analogía del artículo 38.3 in fine ET, reservado a la coincidencia del periodo vacacional con estas situaciones: incapacidad temporal por embarazo, parto o lactancia natural; y suspensión por nacimiento y cuidado de hijo o hija, o por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, o por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.
En estas situaciones, el trabajador puede disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la situación de incapacidad temporal o al finalizar la suspensión (aunque haya terminado el año natural al que correspondan); en caso de incapacidad temporal por otras contingencias, y ante la imposibilidad de disfrute total o parcial durante el año natural, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.
— El propio RDL 10/2020, cuyo artículo 3.3 expresa: «en cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido en el artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente».
Por tanto, la normativa aplicable mantiene la regla general del disfrute de las vacaciones durante el año natural en que se generan, si bien admite situaciones excepcionales que atienden a las circunstancias de hecho que acaezcan. En este sentido, sería entendible en un tribunal que la supervivencia de la empresa en esta situación extraordinaria de crisis sanitaria y económica obligara a una empresa a diferir días de vacaciones de un trabajador al ejercicio siguiente, siempre que ello se justificara conforme a Derecho y tal medida no fuera abusiva.
En cualquier caso, y a diferencia de lo que sucede en un ERTE, es la propia empresa la que asume los costes de estos días. La Administración no contribuye en modo alguno. El trabajador percibirá su nómina completa, de forma similar a cualquier otro permiso recogido en la normativa.
3. Vía judicial para resolver litigios sobre la recuperación (preferencia hasta el 31 de diciembre)
El procedimiento relativo al deber y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido recuperable se halla, hasta el 31 de diciembre de 2020, entre los procesos declarados urgentes y preferentes por el art. 2.1.d) de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre; no obstante, no se encuentra entre los que tienen absoluta preferencia respecto de todos los que se tramiten en el Juzgado (salvo derechos fundamentales), como sucede con otros asociados a la crisis sanitaria (impugnación de ERTES, los relativos al trabajo a distancia o la adecuación de las condiciones de trabajo, el Plan MECUIDA, etc.).
Puedes ampliar la información sobre las medidas adoptadas en el orden jurisdiccional social, incluyendo las relativas a la recuperación del permiso retribuido y el resto de procesos preferentes, accediendo aquí .
4. Permisos en la normativa vigente e incidencia de los ERTES asociados al COVID-19
El artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores estipula que el trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) 15 días naturales en caso de matrimonio.
b) 2 días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de 4 días.
c) 1 día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.
Como conclusión, durante la crisis sanitaria del COVID-19 no ha variado este régimen de permisos, si bien debe tenerse en cuenta que los trabajadores con jornada reducida por ERTE sí pudieron disfrutar de los mismos (dentro de las lógicas limitaciones impuestas por el confinamiento y las posteriores fases de desescalada), no así los que vieron suspendidos sus contratos por la misma causa (u otras ajenas al ERTE).
Si necesita ayuda o asesoramiento en la gestión de la jornada laboral o vacaciones de su plantilla contacte con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
Hoy traemos algunos consejos para reducir la factura fiscal en el IRPF de 2020: diferir rentas, sustituir rentas dinerarias por rentas en especie, determinación de actividades económicas, ganancias patrimoniales, incrementar deducciones, teniendo en cuenta las particularidades derivadas de la crisis sanitaria, en cuanto a residencia fiscal, ERTEs, etc.
Incluimos también una serie de advertencias sobre determinados aspectos del IRPF que podemos tener en cuenta antes de que acabe el año para ahorrar en la declaración que presentaremos el próximo año.
Todo ello, sin perjuicio de las particularidades propias aprobadas por las Comunidades Autónomas y de la normativa foral y que se deben ser tenidas en cuenta por los residentes fiscales en dichos territorios.
1.Diferimiento de rentas al ejercicio 2021
Aunque no se va a producir una rebaja en los tipos de gravamen, puede ser interesante para usted diferir rentas al ejercicio 2021. Ello no es posible, en muchos casos, pero sí puede permitírselo la obtención de determinado tipo de rendimientos.
Así, si depende de su elección que le reconozcan un rendimiento del capital mobiliario en los últimos días de 2020 o en los primeros de 2021, puede elegir la segunda opción para diferir la generación de rentas al ejercicio siguiente.
Lo mismo ocurre, con los rendimientos de capital inmobiliario en que se puede anticipar unos gastos en los que necesariamente se vaya a incurrir, y que puede resultarle interesante siempre que los ingresos superen a los gastos.
Respecto a los rendimientos de actividades económicas determinados en el régimen de estimación directa, puede interesarle aplazar las últimas ventas a los primeros días del 2021 o anticipar gastos en los últimos días del 2020.
2. Sustitución de rentas dinerarias por determinadas rentas en especie
Aun cuando ya a estas alturas no pueda hacerlo, de cara al 2021 si trabaja por cuenta ajena le puede interesar pactar con su empresa la sustitución de rentas dinerarias por determinadas rentas en especie que no tributan, como tarjetas de transporte, tickets-restaurante, programas de formación, tickets-guardería, seguros médicos para el trabajador, su cónyuge y descendientes o la entrega de acciones o participaciones de la propia empresa o de empresas del grupo hasta 12.000 euros.
El importe de la retribución del trabajo en especie exenta derivada de las primas satisfechas por el empleador a seguros de enfermedad del trabajador, del cónyuge o sus descendientes es de 500 euros anuales por persona y cuando ésta sea una persona con discapacidad, de 1.500 euros, anuales.
Si tiene la posibilidad de que su empresa le ceda un vehículo como retribución en especie, le va a interesar, también desde el punto de vista fiscal, que sea eficiente energéticamente, puesto que podrá reducir en su valoración como renta en especie hasta un 30% de su valoración.
3. Determinación del rendimiento de actividades económicas
Si usted determina el rendimiento neto de su actividad económica por el régimen de estimación directa simplificada y desea renunciar a él o revocar su renuncia para 2021, no olvide que podrá hacerlo durante el mes de diciembre. Dicha renuncia o exclusión de la estimación directa simplificada daría lugar a que todas las actividades económicas del contribuyente se determinen por la modalidad de estimación directa normal durante 3 años, prorrogándose tácitamente la renuncia salvo revocación.
Tenga presente que la modalidad simplificada en estimación directa se aplica en todas las actividades económicas ejercidas por los contribuyentes, cuando el importe neto de la cifra de negocio del conjunto de todas sus actividades en el ejercicio anterior no supere los 600.000 € anuales, salvo renuncia, y cuando no se determine el rendimiento de alguna otra actividad económica del contribuyente en la modalidad normal de estimación directa o en estimación objetiva.
Asimismo, si la determinación del rendimiento neto la efectúa aplicando el régimen deestimación objetiva y desea renunciar a él o revocar su renuncia para 2021, no olvide que podrá hacerlo durante el mes de diciembre. Dicha renuncia supondría la inclusión automática en la modalidad simplificada del régimen de estimación directa, salvo que se supere el límite de los 600.000 € de ingresos o que también renuncien a la modalidad simplificada, en cuyo caso calcularán el rendimiento en la modalidad normal de la estimación directa, por lo que ahora es el momento de comparar sus resultados en estimación directa y en estimación objetiva.
Como excepción a la regla general, y a consecuencia de la situación de crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19, se ha eliminado para el ejercicio 2020, la vinculación obligatoria que durante tres años se establece legalmente para la renuncia al método de estimación objetiva, de modo que quienes hayan renunciado a la aplicación de dicho método en el plazo para la presentación del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del 2020, podrán volver a aplicar el referido método en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos normativos para su aplicación y revoquen la renuncia al método de estimación objetiva durante el mes de diciembre de 2020 o mediante la presentación en plazo de la declaración correspondiente al pago fraccionado del ejercicio 2021.
4. Compensación de gastos incurridos en el desarrollo de la actividad laboral fruto del trabajo a distancia
Es probable que durante, al menos, una parte del año, haya desarrollado su actividad laboral a distancia y que la empresa le haya abonado los gastos en los que haya incurrido por tal motivo (luz, conexión a internet…). En estos casos, si tal compensación se limita a reembolsar a los empleados por los gastos ocasionados por esa utilización en el desarrollo de su trabajo no comportaría un supuesto de obtención de renta, es decir, no se entiende producido el hecho imponible del impuesto. Ahora bien, si la cantidad satisfecha fuese superior al importe abonado por los empleados, el exceso constituiría renta gravable en el IRPF teniendo la consideración de rendimiento dinerario del trabajo.
5. Personas próximas a cumplir 65 años
Si va a cumplir 65 años pronto y tiene en mente transmitir su vivienda habitual, y sabe que se le va producir una ganancia patrimonial, o constituir una hipoteca inversa sobre ella, quizás le convenga esperar a cumplir dicha edad y que así quede exenta la ganancia que se le produzca. Si la vivienda fuera un bien ganancial y alguno de los cónyuges no ha llegado a esa edad, le puede compensar aplazar la operación hasta que ambos tengan cumplidos los 65 ya que, de otro modo, debe tributar el cónyuge menor de 65 por la mitad de la ganancia patrimonial.
Por la misma razón, si tiene una edad próxima a los 65 años, y tiene bienes o derechos que quiere vender para complementar su jubilación y con los que espera obtener una ganancia patrimonial, le puede convenir esperar a tener dicha edad y, con el importe obtenido por la venta, constituir una renta vitalicia de como máximo 240.000 euros en un plazo de seis meses desde la venta, y así no tributar por la ganancia patrimonial correspondiente. Si la ganancia se le ha generado en 2020 y va a constituir una renta vitalicia en el plazo de seis meses desde la venta, pero en el ejercicio 2021, debe comunicar su intención en la declaración de IRPF del ejercicio 2020.
A efectos del plazo de seis meses, y como consecuencia del estado de alarma, se paraliza el cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020.
6. Reinversión de ganancias patrimoniales
Aparte de la exención por reinversión para mayores de 65 años que acabamos de comentar, existe la posibilidad de que determinadas ganancias patrimoniales no tributen.
Así, estarían excluidas de gravamen las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de acciones o participaciones de empresas de nueva creación por las que se hubiera practicado la deducción por inversión o suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación (que luego comentaremos), siempre que el importe total obtenido por la transmisión de las mismas se reinvierta en la adquisición de acciones o participaciones de las citadas entidades. Si el importe reinvertido es inferior al total percibido, se excluye de tributación la parte proporcional que se corresponda con lo reinvertido.
También estarían excluidas las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente, siempre que el importe obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual en el plazo de dos años desde la transmisión (tanto los precedentes como los posteriores). De este modo se pude llegar a neutralizar el pago del impuesto por la plusvalía de la venta. Si ha transmitido su vivienda habitual en 2020 y tiene pensado reinvertir el importe obtenido en la adquisición de una nueva y no lo hace en el ejercicio 2020, debe comunicar su intención en la declaración de IRPF correspondiente a dicho ejercicio.
Cabe tener en cuenta, que con motivo del COVID-19, a efectos del plazo de dos años para la reinversión en una nueva vivienda del importe obtenido en la venta de la vivienda antigua, se paraliza el cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020.
7. Plan de Ahorro a Largo Plazo y PIAS
Si tiene pensado contratar algún depósito, puede interesarle contratar antes de fin de año un Plan de Ahorro a Largo Plazo (bien sea un Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo –SIALP- o una Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo –CIALP-) si piensa mantener las cantidades que imponga en el mismo en 2020 durante, al menos, 5 años. En ese caso, no tributará por la rentabilidad que produzca siempre que lo impuesto al año no exceda de 5.000 euros, que no retire cantidad alguna antes de finales de 2025 y que el rescate sea en forma de capital.
Si es titular de un Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) y han pasado cinco años desde la primera aportación, puede rescatarlo para constituir una renta vitalicia con exención de la rentabilidad generada. Recuerde que el límite máximo anual satisfecho en concepto de primas es de 8.000 euros.
8. Reducción de capital con devolución de aportaciones
En el caso de que durante 2020 se haya reducido capital con devolución de aportaciones, o se haya repartido prima de emisión en una sociedad que no cotiza, una posible opción que habría que valorar sería el reparto de dividendos antes de fin de año, debido a que el posterior reparto de dividendos hasta dichos importes no tributa, sino que disminuye el valor de las acciones hasta el límite del rendimiento de capital mobiliario computado cuando se efectuó la reducción de capital con devolución de aportaciones.
9. Ayudas públicas
Debe recordar, que si a lo largo de 2020 ha recibido algún tipo de ayuda pública, ésta tributa en su IRPF del ejercicio en el que se percibe como ganancia patrimonial. Ahora bien, si la ayuda percibida lo es como compensación por los defectos estructurales de construcción de la vivienda habitual y está destinada a la reparación de la misma, podrá imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes. Por ello, el ejercicio de esta opción, le puede permitir diferir la tributación.
En este sentido, puede tener que tributar en caso de haber resultado beneficiado de alguna de las ayudas de apoyo al alquiler aprobadas con la finalidad de minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los arrendamientos de vivienda habitual.
10. Aportación a sistemas de previsión social
Uno de los modos más frecuentes de ahorrar impuestos es la aportación a sistemas de previsión social como planes y fondos de pensiones o mutualidades que permiten la reducción de la base imponible, con unos límites.
La aportación máxima que permite aplicar la reducción es de 8.000 euros anuales, independientemente de la edad que se tenga a la hora de hacer la aportación, con el límite del 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas.
Ahora bien, las personas cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos del trabajo y/o actividades económicas , o sean inferiores a 8.000 euros anuales, pueden aportar al plan del cónyuge hasta un máximo de 2.500 euros anuales con derecho a reducción.
Por otra parte, en los planes de pensiones de discapacitados, los límites son los siguientes:
Para las aportaciones de la persona con discapacidad, el máximo es de 24.250 euros.
Para las aportaciones hechas por parientes en línea recta o colateral hasta el tercer grado, el importe no puede superar los 10.000 euros.
La suma de las aportaciones realizadas por el discapacitado y sus parientes no puede exceder de 24.250 euros.
SITUACIONES DERIVADAS DE LA CRISIS DEL COVID-19
Con carácter excepcional para el 2020, se han ampliado las contingencias en las que se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones recogiendo, como supuestos en los que se podrá disponer del ahorro acumulado, la situación de desempleo consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el cese de la actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos como consecuencia del COVID-19. En este caso, es importante valorar el impacto fiscal pues al rescatar en forma de capital eleva la base imponible lo que puede llevar a tributar a tipos altos.
Podrán hacer efectivos sus derechos consolidados hasta los siguientes importes respectivamente:
Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).
Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público.
Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Este reembolso de derechos consolidados, podrá solicitarse durante el plazo de seis meses desde el 14 de marzo de 2020 y queda sujeto al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones, esto es, tributan como rendimientos del trabajo imputándose al año en que sean percibidos.
En caso de haber tenido en 2020 ganancias patrimoniales por transmisión de elementos patrimoniales, puede rebajar el coste del IRPF transmitiendo otros elementos patrimoniales en los que tenga pérdidas latentes, al restarse las pérdidas de las ganancias. En caso contrario, habiendo obtenido pérdidas patrimoniales, puede aprovechar para reducir la tributación de ganancias que pueda generar antes de fin de año, transmitiendo bienes en los que tenga plusvalías.
12. Posibilidad de aplicar deducciones relacionadas con la vivienda
De la deducción por inversión en vivienda habitual, medida estrella para reducir la cuota a pagar en el IRPF, se siguen beneficiando todavía muchos contribuyentes. Por eso, si usted la adquirió antes del 1 de enero de 2013 o realizó algún pago a cuenta para su construcción, puede reducirse hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite máximo de 9.040 euros, y siempre que haya aplicado dicha deducción por la vivienda en 2012 o años anteriores. En ese caso, si todavía no ha superado ese límite, no olvide plantearse el ahorro que le puede suponer realizar una amortización extraordinaria, siempre que su economía familiar se lo permita, maximizando la deducción aplicada. Por otro lado, y sin tener en cuenta el resto de factores, más allá de los fiscales, no le conviene amortizar totalmente el préstamo que le sirvió para financiar su adquisición.
Cabe señalar que dadas las peculiares circunstancias del año 2020 motivadas por la situación de emergencia provocada por el COVID-19 ha llevado a que muchas personas tengan problemas de liquidez que les permita afrontar, entre otros, el pago del préstamo hipotecario. En esta tesitura, y con el objetivo de asegurar la protección de los deudores hipotecarios, se aprobó como medida el acceso a una moratoria en el pago de sus hipotecas.
En consecuencia, y en caso de haberse acogido a la moratoria, conllevaría un menor gasto en el préstamo hipotecario de la vivienda y, por tanto, una menor desgravación por ella, siempre y cuando se cumplan los restantes requisitos y se tenga derecho a dicha deducción.
Si vive usted en una vivienda arrendada puede que pueda seguir practicando la desaparecida deducción por alquiler de vivienda habitual si tuviera alquilada dicha vivienda antes del 1 de enero de 2015 y se hubiera deducido por ella con anterioridad, cuando su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales.
Segundas residencias
La declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 no tiene efecto alguno en la imputación de rentas inmobiliarias de los titulares de segundas viviendas, que no están alquiladas ni afectas a actividad económica alguna y que tampoco constituyen la residencia habitual del propietario. En conclusión procede la imputación de rentas inmobiliaria.
13. Residencia fiscal
En el caso de ser residente fiscal en un Estado distinto al español, tenga en cuenta que si como consecuencia del estado de alarma no ha podido regresar a su país puede tener que tributar en España al convertirse en residente fiscal, pues los días pasados en España, debido al estado de alarma, se computarían, por lo que si permaneciera más de 183 días en territorio español en el año 2020, sería considerado contribuyentes del IRPF.
Asimismo, si es una de las empresas que ha adoptado como medida el trabajo a distancia, o es un trabajador afectado por dicha medida, puede verse afectada la residencia fiscal y, por tanto, el lugar donde debe tributar y ello por cuanto permite que trabajadores españoles trabajen para empresas situadas en el extranjero y viceversa.
Así, nos podemos encontrar con las siguientes situaciones:
–Empresa y trabajador residentes en España: el hecho de que el empleado desarrolle su actividad mediante la modalidad del teletrabajo en nada cambia con respecto a si dicha actividad se siguiese realizando de manera presencial. De este modo, sus rendimientos seguirían estando sujetos a IRPF con las correspondientes retenciones, tributando por los mismos en España.
–Empresa no residente en España y trabajador residente en otro Estado que decide desplazarse a España o trabajador residente en España: En este caso, el residente en el extranjero, una vez haya establecido su residencia en España, será considerado residente fiscal en España en el período impositivo correspondiente pasando a tributar, en este momento, en España por su renta mundial incluyendo las rentas percibidas de la empresa extranjera.
–Empresa residente en España y trabajador no residente que teletrabaja desde su Estado de residencia: al tratarse de un rendimiento de trabajo que no deriva, directa o indirectamente, de una actividad personal desarrollada en territorio español, se considera renta no obtenida en territorio español y, por tanto, no sujeta al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, por lo que tampoco existirá obligación de retener por parte de la entidad pagadora.
14. Posibilidad de aplicar deducciones relacionadas con inversión en empresas de nueva o reciente creación
También dan derecho a deducción en la cuota de un 30% la inversión o suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, siempre que se cumplan una serie de requisitos, tanto en cuanto a la inversión realizada, como en cuanto a las entidades en cuyas acciones o participaciones se materializa la inversión.
15. Mejora en la deducibilidad de los donativos
Si necesita adelgazar la cuota a pagar su IRPF siendo solidario, todavía tiene tiempo. Recuerde que los primeros 150 euros de los donativos efectuados a las entidades beneficiarias del mecenazgo, darán derecho a una deducción del 80%, el importe que supere esa cuantía tendrá derecho a una desgravación adicional del 35%, y, con el objetivo de premiar la habitualidad, quien haya donado durante los dos años anteriores a la misma entidad un importe igual o superior, al del año anterior, por encima de 150 euros anuales, se beneficia de una deducción del 40%. Como puede observar, es interesante hacer aportaciones crecientes a las mismas entidades, al incrementarse el porcentaje de deducción.
16. Obligación de declarar
Están exentos de la obligación de declarar, los contribuyentes que obtengan ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas de reducida cuantía (menos de 1.000 euros anuales junto con rendimientos derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas protegidas o de precio tasado), rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta que no superen los 1.600 euros anuales, rendimientos de trabajo superiores a 22.000 euros y 14.000 euros cuando los rendimientos del trabajo procedan de más de un pagador, para el caso de que el pagador no esté obligado a retener y para cuando se perciban rendimientos sujetos a tipo fijo de retención, o pensiones compensatorias o anualidades por alimentos no exentas.
Para la declaración de la renta de 2020 debe tener en cuenta que puede tener la obligación de declarar y ello por cuanto ha podido verse afectado por unERTE. Ante la extraordinaria situación de gravedad y con el objetivo de disminuir el impacto negativo que sobre el empleo está teniendo una situación coyuntural como la actual, se flexibilizaron los requisitos para que los trabajadores afectados por un ERTE tuviesen acceso a la prestación contributiva por desempleo.
No obstante, la percepción de dicha prestación no está exenta de tributación en el IRPF, sino que tendría la consideración de rendimiento del trabajo, teniendo importantes consecuencias pues puede afectar a la obligación de presentar la declaración de la Renta de 2020 y ello por cuanto el contribuyente pasa a tener dos pagadores (la empresa y el SEPE), con la consiguiente disminución del límite económico que determina la obligación de declarar. Así, en lugar de los habituales 22.000 euros, dicho importe disminuye a 14.000 euros si se han cobrado más de 1.500 euros del segundo pagador.
17. Deducción por maternidad o paternidad en caso de ERTE
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Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes podrán minorar la cuota diferencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta en 100 euros mensuales por cada hijo menor de tres años, siempre que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.
No obstante, en el caso de expedientes de regulación temporal de empleo en los que se suspenda el contrato de trabajo, el contribuyente se encuentra en situación de desempleo total.
Por tanto, en los casos de suspensión del contrato de trabajo como consecuencia de la aprobación de un expediente de regulación temporal de empleo, deja de realizarse una actividad por cuenta ajena y de cumplirse los requisitos para disfrutar de la deducción por maternidad y el correspondiente abono anticipado.
Solo sería posible realizar un trabajo por cuenta ajena, cuando éste se realizase a tiempo parcial en supuestos temporales de regulación de empleo. En estos casos sí se tendría derecho por esos meses a la deducción por maternidad.
Por tanto, muchas madres acogidas a un ERTE se verán afectadas por esta circunstancia ya que durante los meses que el contrato de trabajo se encuentre en suspenso, no tendrán derecho a la deducción por maternidad ni, por tanto, a su abono anticipado.
Este programa de ayudas tiene por objeto contribuir a paliar los efectos en la actividad económica y laboral provocados por la pandemia del COVID-19 apoyando a las empresas perjudicadas por la crisis COVID-19 en el mantenimiento de su actividad.
BENEFICIARIOS Y REQUISITOS:
Autónomos y Pymes que tengan centros de trabajo radicados en laRegión de Murcia siempre que su sede social este en España y constituidas o creadas con anterioridad a 14 de marzo de 2020 y:
Dedicadas a cualquier sector de actividad.
Que se enfrentan a una falta de liquidez o a otro tipo de perjuicios significativos a raíz del brote de COVID-19 y, en general, cuyos resultados económicos se vean afectados como consecuencia del COVID-19
El extracto de la convocatoria de la subvención, pendiente de su próxima publicación en el BORM, podrá establecer otras limitaciones de tamaño o sectoriales a los beneficiarios
EXCLUSIONES: No podrán resultar beneficiarios de las subvenciones contenidas en esta Orden, las empresas que estaban en crisis a 31 de diciembre de 2019, salvo a microempresas o pequeñas empresas que podrán estar en crisis el 31 de diciembre de 2019 siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal y no hayan recibido una ayuda de salvamento o de reestructuración.
*Comunicaran la modificación de cualquier circunstancia que afectase a alguno de los requisitos exigidos
*Acreditarán que no tienen deudas tributarias con la administración publica de la comunidad autónoma.
*Adoptar, en el plazo de 3 meses, la adecuada publicidad de la subvención mostrando el emblema del Instituto de Fomento (Info) en lugar visible de la sede o centro de trabajo y referencia a la ayuda del Info en la página web de la empresa de manera proporcionada.
Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a someterse al control del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y demás órganos fiscalizadores que, por la naturaleza y origen de los fondos, tienen competencia en la materia, así como a facilitar cuanta información les sea requerida por los mismos.
Obligación de establecer y mantener una codificación contable adecuada, que permita identificar el cobro de la ayuda.
Colaborar con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia para valorar los resultados y el impacto obtenidos como consecuencia de la ejecución del proyecto subvencionado, y al efecto facilitará al Instituto de Fomento de la Región de Murcia los datos e informaciones en el
caso de ser requerido para tal fin.
CUANTIA DE LA SUBVENCIÓN:
La cuantía máxima de la subvención será la establecida en relación con la plantilla media del ejercicio 2019 o para las empresas constituidas o creadas desde el 1 de enero y hasta el 14 de marzo de 2020, la plantilla media entre la fecha de constitución o creación de la empresa y la de la publicación del extracto de la convocatoria según la siguiente escala:
– Hasta 10 empleados: máximo 10.000,00€
De 11 a 20 empleados: máximo 12.500,00€
– Mas de 20 empleados: máximo 15.000,00€
El extracto de la convocatoria de la subvención establecerá las cuantías concretas con los límites máximos anteriores.
PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUDES:
Los interesados, con carácter obligatorio, incluidas las personas físicas deberán dirigir su solicitud a la Presidencia del Instituto de Fomento mediante la presentación por medios electrónicos de solicitudes y documentación complementaria.
Las solicitudes de subvenciones podrán presentarse en el plazo previsto en la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La prelación de las solicitudes para la concesión de las subvenciones vendrá determinada, por la fecha y el número de registro de entrada, de las presentadas debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación requerida en esta Orden.
CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN:
El procedimiento de concesión de ayudas, que se regirá por las presentes Bases, se iniciará mediante convocatoria pública aprobada por la Presidencia del Instituto de Fomento de la Región de Murcia publicándose un extracto de esta en el BORM y del que informaremos oportunamente,
La convocatoria establecerá, al menos, lo siguiente:
a) El presupuesto o crédito máximo.
b) La cuantía máxima de la subvención con los límites máximos previstos por esta Orden.
c) El plazo de presentación de las solicitudes.
d) Limitaciones, de tamaño o sectoriales, a los beneficiarios previstos en esta Orden.
Protección del trabajo autónomo en el RDL 30/2020:Se publica un criterio para flexibilizar el acceso a la prestación extraordinaria por suspensión a actividad a favor de algunos autónomos del sector de la hostelería. Resumimos dicho criterio y recordamos todas las medidas introducidas por el citado RDL.
1. Criterio para trabajadores autónomos del sector de hostelería
En definitiva, los hosteleros autónomos que NO presten los citados servicios podrán acceder:
— A la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, mediante solicitud a la mutua y aportando declaración responsable.
— A la prestación compatible con la actividad si estiman que su facturación ha caído un 75% respecto al último trimestre del año pasado.
En cuanto a los hosteleros que SÍ realicen ese servicio de reparto a domicilio o recogida en local, podrán acceder a la prestación compatible, con la estimación de facturación señalada anteriormente.
La ampliación a estos supuestos se produce después de que en algunos territorios se haya suspendido la actividad de la restauración, salvo en el servicio a domicilio, con el objetivo de mitigar la propagación del COVID-19.
La medida se ha adoptado tras diversas quejas de las principales asociaciones de trabajadores autónomos, que denunciaron la desprotección de este sector a pesar de que la Seguridad Social abonó el pasado 30 de octubre 234,21 millones de euros a más de 256.000 trabajadores autónomos a los que les fue reconocida alguna de las prestaciones puestas en marcha para paliar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. De ellos, casi 15.000 fueron beneficiarios de la prestación por suspensión temporal de la actividad. En ese mes, se registraron de media 3,265 millones de afiliados a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos, 1.816 más que en septiembre.
Recordemos que el citado RLD 30/2020 vino a complementar las medidas a favor de los autónomos que finalizaban el 30 de septiembre: la exención en la cotización regulada en el art. 8 RDL 24/2020, así como la prestación especial por cese de actividad prevista en el artículo 9 de la misma norma.
Recordemos estas medidas, agrupadas en el Título II del RDL.
2. Nueva prestación extraordinaria por cese de actividad
El mencionado artículo 13 de la norma regula, desde el pasado 1 de octubre, una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad, de forma similar a la introducida por el artículo 17 RDL 8/2020 para su aplicación durante el primer estado de alarma (finalizado el 21 de junio de 2020), a favor de aquellos autónomos que se vean obligados a suspender totalmente sus actividades en virtud de la resolución que se adopte por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del COVID-19.
La prestación se mantendrá desde el desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de la actividad hasta el último día del mes siguiente en que se acuerde el levantamiento de la misma, y se introduce la posibilidad de acceder a esta prestación a aquellos trabajadores autónomos que, no siendo afectado por el cierre de su actividad, vean reducido sus ingresos y no tuvieran acceso a la prestación de cese de actividad regulada en la LGSS.
El RDL distingue, por tanto, dos grupos de beneficiarios y dos cuantías en las prestaciones:
3. Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores de temporada
El artículo 14 RDL 30/2020 establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada, siguiendo la línea marcada en el art. 10 RDL 24/2020 en la protección de este colectivo.
Entre los elementos comunes a esta prestación y a la relativa al cese de actividad por suspensión total, cabe destacar los siguientes:
— El trabajador permanece en situación de alta en su régimen especial, desapareciendo su obligación de cotizar.
— Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho, en las mismas condiciones, a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos que prevé la norma.
— La gestión de la prestación corresponde a las mutuas colaboradoras con la Seguridad o al Instituto Social de la Marina, según los casos.
Otros requisitos, en cambio, se asemejan a la prestación extraordinaria por reducción de facturación(devengo, duración, etc.)
En los siguientes esquemas se detallan las principales características de esta prestación:
4. Prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad ex RDL 24/2020
La disp. adic. 4ª RDL 30/2020 regula una prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo del artículo 9 RDL 24/2020, hasta el 31 de enero de 2021, para aquellos autónomos que la hayan percibido en el tercer trimestre de 2020 y mantengan las condiciones para su percepción en el cuarto trimestre.
Asimismo, se facilita el acceso a la misma prestación a aquellos otros autónomos que, habiendo percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de junio, no percibieron la citada prestación ex art. 9 RDL 24/2020, pero acreditan en el cuarto trimestre las condiciones exigidas por dicho artículo para obtener el derecho a la misma. La prestación también en este caso se podrá percibir hasta el 31 de enero de 2021.
Para acceder a la prórroga, o a la propia prestación, en su caso, se exige acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de, al menos, el 75% en relación con el mismo periodo de 2019, así como no haber obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.
Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de enero de 2021 aquellos trabajadores autónomos que, a 31 de octubre, vinieran percibiendo la prestación de cese de actividad conforme al citado RDL 24/2020 y vean agotado su derecho al cese antes del 31 de diciembre de 2020, siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto.
A partir del 31 de enero de 2021 solo se podrá continuar percibiendo la prestación de cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la Seguridad Social.
Por último, el RDL posibilita la compatibilidad de la prestación con el trabajo por cuenta ajena, cuando los ingresos por esta vía no sean superiores a 2,2 veces el SMI. En este caso, la cuantía de la prestación será del 50% de la base de cotización mínima en función de la actividad.
5. Resumen: cómo afecta la ampliación de las ayudas a los trabajadores autónomos
Basándonos en fuentes del propio Ministerio de Trabajo, veamos de forma esquemática cómo afecta la extensión hasta enero de 2021 de los citados beneficios por COVID-19 a los trabajadores autónomos:
6. Aclaración sobre alta en el IAE durante la prestación extraordinaria
Concluimos con una aclaración de interés, detallada en la Consulta Vinculante V1815/2020, de la Dirección General de Tributos, que recuerda que, cuando un trabajador autónomo cese temporalmente en su actividad por motivo asociado al COVID-19 y accede a la prestación extraordinaria por cese de actividad, además de cumplir los requisitos ordinarios, debe continuar con su alta en el IAE. La baja en este impuesto solo debe realizarse en caso de un cese total y definitivo de la actividad.
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