Cada principio de mes, en el blog de Actualidad Jurídica de Aselec, puedes encontrar un CALENDARIO FISCAL que podrás descargarte gratuitamente, con las obligaciones tributarias más destacadas de ese mes corriente, y que te ayudarán en tu planificación fiscal. Al comienzo de este nuevo año, traemos a nuestro blog, el calendario con las festivos de carácter laboral para el año 2021 que, como cada año, se publica en el BOE (Boletín Oficial del Estado), que puedes igualmente descargarte para poder consultarlo siempre que lo necesites.
Así, ya vimos en el blog que en 2021 nos encontraremos con ocho días festivos nacionales y cuatro autonómicos. A estos doce días se les sumarán otros dos, que serán jornadas festivas de carácter local cuyas fechas se han encargado de fijar los ayuntamientos, por lo que en total, disfrutaremos de 14 días festivos en 2021.
Por otra parte, las fiestas autonómicas serán de dos tipos: aquellas que los Gobiernos regionales pueden sustituir por jornadas festivas propias, y los festivos nacionales que las autonomías pueden cambiar (por ejemplo, trasladar al lunes las que caen en domingo).
FESTIVOS NACIONALES EN 2021
Los ocho festivos comunes a todo el territorio nacional son para 2021 los siguientes:
1 de enero: Año Nuevo
6 de enero: Epifanía del señor
2 de abril: Viernes Santo
1 de mayo: Fiesta del Trabajo
12 de octubre: Fiesta de la Hispanidad
6 de diciembre: día de la Constitución
8 de diciembre: Inmaculada Concepción
25 de diciembre: Natividad del Señor
PUENTES FESTIVOS EN 2021
Según este calendario laboral, podremos disfrutar de dos grandes puentes en 2021. El primero será en torno al 12 de octubre, que caerá martes. El segundo será el del puente de la Constitución, puesto que el día 6 de diciembre caerá en lunes y el día 8, será miércoles. Esperemos que el COVID-19 nos deje disfrutarlos.
Además, dependiendo de nuestra Comunidad Autónoma, podremos enlazar entre cuatro y cinco días de descanso en Semana Santa (mes de abril) y disfrutaremos otro fin de semana largo en torno al lunes 1 de noviembre, día de Todos los Santos.
Además de los festivos comunes a nivel nacional, cada Comunidad Autónoma disfrutará de sus días propios. Estos son los festivos que, según el calendario laboral en 2021, ha elegido cada región autónoma:
Andalucía
1 de marzo (Día de Andalucía)
1 de abril (Jueves Santo)
16 de agosto
Aragón
1 de abril (Jueves Santo)
23 de abril (San Jorge/Día de Aragón)
16 de agosto
Asturias
1 de abril (Jueves Santo)
16 de agosto
8 de septiembre (Día de Asturias)
Islas Baleares
1 de marzo (Día de las Islas Baleares)
1 de abril (Jueves Santo)
5 de abril (Lunes de Pascua)
Canarias
1 de abril (Jueves Santo)
16 de agosto
Cantabria
1 de abril (Jueves Santo)
28 de julio (Día de las Instituciones de Cantabria)
15 de septiembre (la Bien Aparecida)
Castilla-La Mancha
1 de abril (Jueves Santo)
31 de mayo (Día de Castilla-La Mancha)
3 de junio (Corpus Christi).
Castilla y León
1 de abril (Jueves Santo)
23 de abril (fiesta de Castilla y León)
16 de agosto
Cataluña
5 de abril (Lunes de Pascua)
24 de junio (Sant Joan)
11 de septiembre (Fiesta Nacional de Catalunya)
Ceuta
1 de abril (Jueves Santo)
20 de julio (fiesta del Sacrificio-Eidul Adha)
2 de septiembre (Día de Ceuta).
Comunidad Valenciana
19 de marzo (San José)
5 de abril (Lunes de Pascua)
24 de junio (Sant Joan)
9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana)
Extremadura
19 de marzo (San José)
1 de abril (Jueves Santo)
8 de septiembre (Día de Extremadura)
Galicia
19 de marzo (San José)
1 de abril (Jueves Santo)
17 de mayo (Día de las Letras Gallegas).
Madrid
19 de marzo (San José)
1 de abril (Jueves Santo)
3 de mayo
Melilla
13 de marzo (Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla)
1 de abril (Jueves Santo)
21 de julio (Fiesta del Sacrificio-Aid Al Adha)
Región de Murcia
19 de marzo (San José)
1 de abril (Jueves Santo)
9 de junio (Día de la Región de Murcia)
Navarra
19 de marzo (San José)
1 de abril (Jueves Santo)
5 de abril (Lunes de Pascua)
La Rioja
1 de abril (Jueves Santo)
5 de abril (Lunes de Pascua)
9 de junio (Día de La Rioja)
País Vasco
19 de marzo (San José)
1 de abril (Jueves Santo)
5 de abril (Lunes de Pascua)
Para resolver cualquier duda acerca de este tema, el equipo de asesores del departamento laboral de ASELEC, se pone a tu disposición. No dudes en ponerte en contacto con nosotros.
La Ley de Presupuestos Generales para 2021 mantiene su objetivo del control y reducción del déficit público. Incluye la subida del IPREM, la revalorización de las pensiones y la congelación de las bases de cotización, entre otras medidas.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (Ley 11/2020, 30 dic.) se condiciona enormemente por la excepcionalidad de la situación de emergencia de salud pública. A pesar de ello, el Ejecutivo ha expresado que forma parte del diseño de una estrategia para sentar los cimientos de la transformación económica y social del país, «lo que garantizará una salida de la crisis sustentada en unas sólidas bases, así como la potenciación del crecimiento de nuestra economía, generando a la vez una mayor cohesión social», y siendo sus señas de identidad «la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad».
El texto mantiene, a grandes rasgos, su estructura habitual en lo que respecta al señalamiento de las pensiones públicas (Título IV) y las cotizaciones sociales (Título VIII).
Ya nos ocupamos la semana pasada de los aspectos fiscales de estos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el 2021, aquí:
Destacamos hoy los siguientes puntos fundamentales, que afectan al ámbito laboral y de Seguridad Social:
1. Congelación del salario mínimo interprofesional
El Gobierno no ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), en la línea fijada durante los dos años anteriores, pero sí lo ha recogido en la disp. adic. 6ª RDL 38/2020, congelándolo para este ejercicio.
2. Incremento del 5% de la cuantía del IPREM (disp. adic. 121.ª)
Tras diez años sin variaciones, las cuantías son las siguientes:
– 18,83 euros/día
– 564,90 euros/mes
– 6.778,80 euros/año (7.908,60 euros/año cuando se trate de normas en que la referencia al SMI fue sustituida por la del IPREM y se incluyan las pagas extras)
3. Tipo de interés legal del dinero (disp. adic. 49.ª)
El tipo de interés legal del dinero se mantiene en el 3,00%, y el de demora en el 3,75%.
4. Retribuciones en el sector público (art. 18.Dos)
Las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 0,9% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2020.
La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse hasta dicho porcentaje máximo.
5. Pensiones: revalorización y otras circunstancias
Se revalorizan las pensiones contributivas con el porcentaje del 0,9%, de previsión del IPC (arts . 35 y 39 ss.), y las pensiones no contributivas -jubilación e invalidez- al 1,8% (doble de dicha previsión) (art. 44).
Por tanto, se ha suspendido la aplicación del sistema de revalorización de las pensiones de Seguridad Social y de clases pasivas.
El gasto de la política de pensiones aumenta en 5.085 millones de euros. El incremento es del 3,2%, lo que representa un 38% del total del gasto del presupuesto consolidado.
En consecuencia, se mantiene para 2021 el poder adquisitivo de los pensionistas, que recibirán antes del 1 de abril de 2022 y en un único pago una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en 2021 y la que hubiere correspondido de haber aplicado al importe de la pensión vigente a 31 de diciembre de 2020 un incremento porcentual igual al valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 (disp. adic. 46.ª).
El límite de ingresos para percibir los complementos por mínimos se fija en 7.707 euros/año (unos 1.283 euros más anuales si hay cónyuge a cargo) (art. 43.Uno).
El complemento por vivienda se ha establecido en 525 euros/año (art. 44.Dos).
Las pensiones del extinguido SOVI se fijan en 6.183,80 euros/año (art. 45.Uno).
Por otro lado, el importe de las pensiones reconocidas a familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil no podrá ser inferior, para 2021, a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social, excepto para pensiones de orfandad en favor de huérfanos no incapacitados causadas por personal no funcionario (art. 37.Uno).
También se fijan pensiones para excombatientes mutilados de la zona republicana y sus familiares (art. 37.Dos), y mutilados civiles de guerra (art. 37.Tres).
El art. 38 establece los límites del señalamiento inicial de las pensiones públicas, que se establecen en 2.707,49 euros/mes, sin perjuicio de las pagas extraordinarias.
Se contemplan también las cuantías de las prestaciones familiares, así como la asignación económica y el límite de ingresos anuales para beneficiarios que, de acuerdo con las disposiciones transitorias del ingreso mínimo vital, mantengan o recuperen el derecho a la asignación económica por cada hijo menor de 18 años o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% (disp. adic. 41.ª).
Asimismo, a partir del 1 de enero se fijan cuantías para los subsidios económicos para personas con discapacidad: garantía de ingresos mínimos, ayuda de tercera persona, y movilidad y compensación por gastos de transporte (disp. adic. 42.Uno), así como las de las pensiones asistenciales, que serán objeto de revisión periódica (disp. adic. 42.Dos y Tres).
Las prestaciones de gran invalidez del régimen especial de las fuerzas armadas también se incrementan en el 0,9% (disp. adic. 43.ª).
También cabe destacar a la cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo, estipulándose una cotización especial de solidaridad del 9% sobre la base de cotización por contingencias comunes (arts. 153 y 309 LGSS modificados por la disp. final 38ª).
El tope máximo de la base de cotización en todos los regímenes queda fijado en 4.070,10 euros/mensuales (o 135,67 euros diarios) a partir del 1 de enero de 2021.
El tope mínimo es el importe del salario mínimo interprofesional vigente, incrementado en un sexto. Las bases mínimas se incrementarán desde el mismo 1 de enero, por tanto, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional (art. 119.Uno.2).
Se mantienen los tipos de cotización por contingencias comunes y horas extraordinarias (art. 119.Dos).
También se mantienen los beneficios de los trabajadores autónomos, trabajadores agrarios y empleados de hogar, entre otros colectivos. Entre otras particularidades:
• Se fija la base mínima de cotización para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2020 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, en 1.214,10 euros mensuales, aplicable a partir de 1 de enero de 2021 (art. 119.Cinco.10).
Además, en el RETA se mantienen las bases y tipos de cotización, a excepción de los de contingencias profesionales (que suben del 1,1% al 1,30%) y los de cese de actividad (del 0,8% al 0,9%), según estipuló el RDL 28/2020 (art.119.Cinco).
• Para los trabajadores empleados de hogar, las bases se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. No hay cambios en las bonificaciones y reducciones de cuotas sociales (art. 119.Cuatro).
Por otro lado, y en el ámbito del País Vasco, para los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza se fija un tipo de cotización adicional del 10,60% (8,84% a cargo de la empresa, y 1,76% para el trabajador (art. 119.Trece).
7. Empleados públicos
Se establece una tasa de reposición de efectivos del sector público del 110% en los sectores prioritarios (Administraciones públicas con competencias educativas y sanitarias, fuerzas armadas, control y lucha contra el fraude fiscal y laboral, asesoramiento jurídico, etc.) y del 100% en los demás sectores.
Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior tendrán un 110% de tasa en todos los sectores (art. 19.Uno).
En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos, siempre que no se supere el incremento global fijado en la norma del 0,9% (art. 18.Dos).
Asimismo, se prevé recuperar la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre de 2012, a favor de las Administraciones y resto de entidades que no hubieran abonado la totalidad de las cantidades efectivamente dejadas de percibir por tal motivo (disp. adic. 35.ª).
Se establecen limitaciones a la contratación de personal temporal y nombramiento de personal estatutario temporal y funcionarios interinos (excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables), entre otros aspectos (art. 19.Cuatro).
Por otro lado, se modifica el Estatuto Básico del Empleado Público (arts. 48 a 50 TREBEP), regulando de nuevo determinados permisos (fallecimiento u hospitalización de familiares de primer o segundo grado, lactancia de hijos menores de doce meses, etc.) y retocando el régimen de vacaciones, permitiendo la sustitución de su disfrute en caso de conclusión de la relación de servicios por causas ajenas a la voluntad del empleado y en supuestos de jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, hasta un máximo de 18 meses (disp. fin. 37.ª).
Respecto a la pensiones, el art. 36 recoge la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y los complementos por mínimosen el art. 42.
8. Fondos de pensiones
En el plazo máximo de 12 meses, el Gobierno presentará un proyecto de ley que atribuirá a la Administración General del Estado capacidad legal para la promoción de fondos de pensiones públicos de empleo. Serán de carácter abierto en relación con los procesos de inversión desarrollados, de modo que podrán adscribirse los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan en sus especificaciones y, por defecto, los planes de pensiones de la modalidad de empleo que no determinen un fondo de pensiones específico concreto (disp. adic. 40.ª).
Por otra parte, se reduce a 2.000 euros anuales el límite máximo del total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los planes de pensiones. El límite se incrementará en 8.000 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales (art. 62).
9. Formación profesional
Se recoge la aplicación de los fondos procedentes de la cuota de formación profesional a la financiación del sistema de formación profesional para el empleo, con el objeto de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades del mercado laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
En concreto, se atribuye al Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de los programas de formación profesional para el empleo que le correspondan normativamente, con cargo a los créditos en su presupuesto de gastos. Cabe destacar también que al menos el 50% de los fondos previstos para estos programas se destinará inicialmente a la financiación de los gastos de ejecución de iniciativas formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados, acciones para la capacitación para el desarrollo de funciones de negociación colectiva y el diálogo social, y los gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (disp. adic. 124.ª).
Igualmente, se contempla la gestión por el Servicio Público de Empleo Estatal de los servicios y programas financiados con cargo a la reserva de crédito de su presupuesto de gastos (disp. adic. 125.ª).
Por otra parte, se reforma el Estatuto de los Trabajadores (art. 11 ET) para introducir el contrato para la formación dual universitaria, que se formalizará en el marco de los convenios de cooperación educativa suscritos por las universidades con las entidades colaboradoras, y tendrá por objeto la cualificación profesional de los estudiantes universitarios a través de un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco de su formación universitaria, para favorecer una mayor relación entre este y la formación y el aprendizaje del trabajador (disp. fin. 36.ª).
Para las empresas que cotizan por contingencia de formación profesional (art. 9 L. 30/2015), se concederá un crédito para la formación de sus trabajadores cuya cuantía será el resultado de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año 2020 el porcentaje de bonificación en función del tamaño de las empresas (disp. adic. 124.ª.Cinco).
10. Bonificaciones
Se mantiene la bonificación del 50% de la cotización empresarial en caso de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, o de enfermedad profesional(disp. adic. 123.ª).
Se establecen medidas de apoyo a la prolongación de la actividad de los trabajadores fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. Se trata de una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, Desempleo, FOGASA y FP de esos trabajadores. Esta bonificación tendrá efectos desde el 1 de enero de 2021 y con vigencia indefinida, bajo determinados requisitos (disp. adic. 122.ª).
Se prevé una reducción, durante 2021, del 70% y una bonificación del 8,75% a la cotización por contingencias comunes en el Sistema Especial para manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación (disp. fin. 41.ª).
11. Fondo de Garantía Salarial
Se modifica el Estatuto de los Trabajadores (art. 33 ET), en lo que respecta al ámbito de protección del FOGASA, para incluir indemnizaciones por despido o por extinción de contratos por diversas causas (incluyendo la extinción en supuestos de declaración concursal). El límite máximo es de una anualidad, excepto en casos de modificación sustancial de condiciones de trabajo, a los que corresponde un límite de nueve meses (disp. fin. 36.ª).
12. Trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial
Se aplaza la entrada en vigor de lo previsto en los artículos 1.1, pfo. 1ª; 24, pfo. 2º y 25.4 LETA (disp. adic. 126ª).
Según el estudio de Análisis de las asesorías en España, Informe TimeNow 2020, que realiza la Asociación Española de Consultores de Empresa (AECEM) los principales servicios que buscan los negocios al contratar una asesoría son:
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Con el fin de ayudar a la planificación de las citas fiscales de este mes, les ofrecemos nuestro descargable gratuitocon el calendario de las principales citas y obligaciones tributarias de ENERO 2021, de acuerdo con el Calendario del contribuyente 2020 que la Agencia Tributaria publica para los interesados.
Comenzamos un nuevo año, el 2021, y también un nuevo mes, Enero, y como cada mes, en Aselec les detallamos las obligaciones tributarias de empresas y profesionales, a las que están sujetos, aunque siempre debemos tener en cuenta los aplazamientos que puedan producirse, derivados de la situación originada por el covid-19.
Puedes consultar algunos de nuestros artículos acerca de estos aplazamientos aquí:
En el mes de enero, las citas fiscales son las siguientes:
Hasta el 20 de enero
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
Diciembre 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
Días hábiles o inhábiles son los días que la ley designa como aptos o no aptos para la realización de determinados actos o para el cómputo de plazos. Veamos qué días son inhábiles en el 2021.
QUÉ SON LOS DÍAS INHÁBILES
En muchas ocasiones dudamos de cuanto tiempo disponemos para presentar una solicitud, para un permiso retribuido por hospitalización, etc. En estos casos resulta muy útil saber las diferencias entre los días naturales, hábiles, laborables o inhábiles. Revisamos estos conceptos del calendario laboral.
¿Qué son días naturales?
Los días naturales son todos aquellos que componen un año. 365 en situación normal, 366 en años bisiestos. Independientemente de que ese día sea fin de semana, día de diario o festivo. Todos son días naturales.
¿Qué son días laborables?
Los días laborables son aquellos en los que se trabaja. Por tanto, por norma general, quedan excluidos los domingos y los festivos, aunque pueden ser laborables o no en función de la empresa, el sector o la zona geográfica de la que hablemos.
¿Qué son días hábiles?
En este punto es quizá donde surgen más dudas. Días hábiles son aquellos que la ley designa como idóneos para el cómputo de plazos o la realización de determinados actos. En el caso de España los días hábiles son desde el lunes hasta el viernes según la reforma de la ley 39/2015.
¿Qué son los días inhábiles?
Días hábiles o inhábiles son los días que la ley designa como aptos o no aptos para la realización de determinados actos o para el cómputo de plazos. Cuando se hace referencia a que un plazo es de días hábiles, se quiere decir que en el cómputo de días se excluyen los festivos, que son inhábiles. La ley establece como días inhábiles los sábados, los domingos y los festivos.
Cuando las actuaciones son de carácter urgente, todos los días son hábiles, y en determinados ámbitos, también los sábados lo son.
DÍAS INHÁBILES EN 2021
Este año 2021, los días inhábiles vienen regulados por la siguiente norma:
Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021 (BOE 14 Diciembre 2020 )
INTRODUCCIÓN
El artículo 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración General del Estado fijará, en su ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos, con sujeción al calendario laboral oficial, que ha sido fijado en la Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2021 («Boletín Oficial del Estado» del 2 de noviembre de 2020).
De acuerdo con el artículo 30.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.
Este calendario de días inhábilesse publicará antes del comienzo de cada año en el «Boletín Oficial del Estado» y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.
Por todo ello, esta Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, órgano superior del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en virtud del Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha resuelto:
Primero. Aprobar el calendario de días inhábiles correspondiente al año 2021, para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, a efectos de cómputo de plazos.
Segundo. Son días inhábiles:
a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no han ejercido la facultad de sustitución.
b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.
Los días inhábiles a que se refieren los puntos a) y b) de este apartado se recogen, especificados por meses y por Comunidades Autónomas, en el anexo adjunto.
Tercero. Disponer la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que también estará disponible en el Punto de Acceso General (administracion.gob.es) de la Administración General del Estado.
ANEXO
2021-Calendario de días inhábiles
Enero: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 6: Inhábil en todo el territorio nacional.
Febrero: Todos los sábados y domingos del mes.
Marzo: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía y de las Illes Balears.
Día 13: Inhábil en la Ciudad de Melilla.
Día 19: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Extremadura, de Galicia, de la Región de Murcia, del País Vasco, así como en la Comunitat Valenciana, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Foral de Navarra.
Abril: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Aragón, del Principado de Asturias, de las Illes Balears, de Canarias, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Galicia, de la Región de Murcia, del País Vasco, de La Rioja, así como en la Comunidad de Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Foral de Navarra, en la Ciudad de Ceuta y en la Ciudad de Melilla.
Día 2: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 5: Inhábil en las Comunidades Autónomas de las Illes Balears, de Cataluña, del País Vasco, de La Rioja, así como en la Comunitat Valenciana y en la Comunidad Foral de Navarra.
Día 23: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como en la Comunidad de Castilla y León.
Mayo: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 3: Inhábil en la Comunidad de Madrid.
Día 17: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Día 31: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Junio: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 3: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Día 9: Inhábil en las Comunidades Autónomas de La Rioja y de La Región de Murcia.
Día 24: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cataluña, así como en la Comunitat Valenciana.
Julio: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 20: Inhábil en la Ciudad de Ceuta.
Día 21: Inhábil en la Ciudad de Melilla.
Día 28: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Agosto: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 16: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Aragón, del Principado de Asturias, de Canarias, así como en la Comunidad de Castilla y León.
Septiembre: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 2: Inhábil en la Ciudad de Ceuta.
Día 8: Inhábil en las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias y de Extremadura.
Día 11: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Día 15: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Octubre: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 9: Inhábil en la Comunitat Valenciana.
Día 12: Inhábil en todo el territorio nacional.
Noviembre: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional.
Diciembre: Todos los sábados y domingos del mes.
Día 6: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 8: Inhábil en todo el territorio nacional.
Día 25: Inhábil en todo el territorio nacional.
En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 110/2020, de 1 de octubre, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021, y se abre el plazo para fijar las fiestas locales (BOC de 13 de octubre de 2020) dispone que: En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las fiestas laborales serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 3 de julio, festividad de la Bajada de la Virgen de los Reyes; en Fuerteventura: el 17 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 4 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe; en La Palma: el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves; en Lanzarote: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Volcanes; en Tenerife: el 2 de febrero, festividad de la Virgen de la Candelaria.
En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Orden TSF/81/2020, de 14 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2021 (DOGC de 17 de junio de 2020) dispone que: «En el territorio de Arán, de acuerdo con el Decreto 152/1997, de 25 de junio, y el Decreto 146/1998, de 23 de junio, que modifican el Decreto 177/1980, de 3 de octubre, sobre el calendario de fiestas fijas y suplentes, la fiesta del día 5 de abril (Lunes de Pascua Florida) queda sustituida por la de 17 de junio (Fiesta de Arán)».
En la Comunitat Valenciana, el Decreto 158/2020, de 23 de octubre, del Consell, de determinación del calendario laboral en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV de 28 de octubre de 2020) dispone que «[…] Y con carácter retribuido y recuperable se establece la siguiente fiesta: 24 de junio, San Juan».
La persistencia en nuestra sociedad de la pandemia por la COVID -19, ha derivado en la necesidad de extender la aplicación de algunas de las ayudas aprobadas en meses anteriores, así como a la aprobación de nuevas medidas encaminadas a reavivar la actividad económica y a apoyar a empresas y autónomos del sector turístico, hostelería y comercio.
En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada ley.
Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea una persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2020.
Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
El plazo será de seis meses.
No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.
(Artículo 8 del Real Decreto-ley)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Reducción en 2020 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva.
Se incrementa la reducción prevista en la DA 1ª de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrolla para el año 2020 el método de estimación objetiva del IRPF (ésta preveía una reducción general del 5% para todas las actividades).
Por tanto, para el ejercicio 2020 serán aplicables los siguientes porcentajes de reducción:
El 20 por 100, para las siguientes actividades:
Dentro de la División 0 del IAE:
Ganadería independiente.
Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.
Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores o ganaderos que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.
Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por titulares de actividades forestales que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.
Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería.
Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería.
Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del IAE y se realicen por los titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales.
Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.
Actividad forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.
Producción de mejillón en batea.
Las correspondientes a los siguientes epígrafes de las Tarifas del IAE: 419.1; 419.2; 419.3; 423.9; 641; 642.1, 2, 3 y 4; 642.5; 642.6; 643.1 y 2; 644.1; 644.2; 644.3; 644.6; 647.1; 647.2 y 3; 659.4 (comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública); 691.1; 691.2; 691.9; 691.9; 692; 699; 721.2; 722; 751.5; 757; 849.5; 933.1; 933.9; 967.2; 971.1; 972.1; 972.2 y 973.3.
El 35 por 100, para las siguientes actividades:
Las correspondientes a los siguientes epígrafes de las Tarifas del IAE: 651.1; 651.2; 651.3 y 5; 651.4; 651.6; 652.2 y 3; 653.1; 653.2; 653.3; 653.4 y 5; 653.9; 654.2; 654.5; 654.6; 659.2; 659.3; 659.4 (comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quioscos situados en la vía pública); 659.6; 659.7; 662.2; 663.1; 663.2; 663.3; 663.4; 663.9; 671.4, 671.5; 672.1, 2 y 3; 673.1; 673.2; 675, 676, 681; 682; 683 y 721.1 y 3.
(Artículo 9.1 del Real Decreto-ley)
Reglas especiales aplicables para el ejercicio 2020 para la determinación del rendimiento neto de las actividades económicas por el método de estimación objetiva del IRPF.
A los efectos previstos en las Instrucciones para la aplicación de los signos, índices o módulos en el IRPF, se establecen para el ejercicio 2020 las siguientes reglas:
No se computará, en ningún caso, como período en el que se hubiera ejercido la actividad:
Los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre de 2020.
Los días del segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado o no estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.
Para la cuantificación de los módulos de “personal asalariado”, “personal no asalariado” y “personal empleado” no se computarán como horas trabajadas las correspondientes a los días a los que se refiere el punto anterior.
Para la cuantificación de los módulos “distancia recorrida” y “consumo de energía eléctrica” no se computarán los kilómetros recorridos ni los kilovatios/hora que proporcionalmente correspondan a los días a que se refiere el primer punto.
(Artículo 11.1 del Real Decreto-ley)
Cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al cuarto trimestre del 2020
Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas, distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales, por las que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva y cuantifiquen el importe de los pagos fraccionados de dichas actividades en función del rendimiento neto de la misma, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al cuarto trimestre de 2020:
No computarán como días de ejercicio de la actividad, en ningún caso, los días naturales en los que el ejercicio de la actividad se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.
Aplicarán los porcentajes de reducción con carácter general en este Real Decreto-ley según la actividad desarrollada (20% o 35%).
(Artículos 9.2 y 11.2 del Real Decreto-ley)
Cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del 2021
Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas, distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales, por las que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva y cuantifiquen el importe de los pagos fraccionados de dichas actividades en función del rendimiento neto de la misma, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de 2021 aplicarán los porcentajes de reducción establecidos con carácter general en este Real Decreto-ley según la actividad desarrollada (20% o 35%).
(Artículo 9.3 del Real Decreto-ley)
Reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021
Se reduce para los ejercicios 2020 y 2021 el plazo en el que los contribuyentes del IRPF deben determinar obligatoriamente su rendimiento neto por el método de estimación directa tras haber renunciado al de estimación objetiva, esto es, podrán volver al método de estimación objetiva antes de transcurrido el plazo mínimo de 3 años que, con carácter general, se establece en la normativa del IRPF.
Esta reducción del plazo mínimo será de aplicación a los contribuyentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
Los contribuyentes que han renunciado al método de estimación objetiva para el 2020, bien por haber presentado el pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2020 por el método de estimación directa (modelo 130) bien por haber optado por el método de estimación directa en la declaración censal de inicio de actividad a partir de 1 de abril de 2020 , pueden volver a determinar su rendimiento neto por el método de estimación objetiva para el ejercicio 2021 o 2022, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación.
La forma de volver al método de estimación objetiva, en este caso, será:
Revocando la renuncia durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto o, en su caso, en el plazo extraordinario que pudiera establecerse para ello. Para el ejercicio 2021 este plazo es desde el 24 de diciembre de 2020 hasta 31 de enero de 2021.
Presentando el pago fraccionado del primer trimestre correspondiente al ejercicio 2021 en el plazo de declaración (1 a 20 de abril) en la forma establecida para el método de estimación objetiva (modelo 131).
Los contribuyentes que han renunciado al método de estimación objetiva para el 2021, bien por haber renunciado a dicho método durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto, bien por haber presentado el pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 por el método de estimación directa (modelo 130) pueden volver a determinar su rendimiento neto por el método de estimación objetiva, para el ejercicio 2022, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación,
La forma de volver al método de estimación objetiva, en este caso, será:
Revocando la renuncia en el plazo establecido para ello. Para el ejercicio 2022 este plazo será el mes de diciembre de 2021.
Presentando el pago fraccionado del primer trimestre en el plazo de declaración (1 a 20 de abril) en la forma establecida para el método de estimación objetiva (modelo 131) correspondiente al ejercicio 2022.
(Artículo 10 del Real Decreto-ley)
Plazo de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
El plazo para la presentación de las renuncias al método de estimación objetiva del IRPF, así como de las revocaciones de las mismas, que deban surtir efectos para el año 2021 será desde el 24 de diciembre de 2020 hasta 31 de enero de 2021.
Las renuncias y revocaciones presentadas para el año 2021 al método de estimación objetiva del IRPF durante el mes de diciembre de 2020, con anterioridad al inicio del plazo previsto en el párrafo anterior, se entenderán presentadas en período hábil, pudiendo ser modificada la opción realizada en el plazo previsto en el citado párrafo anterior.
(Artículo 12.1 del Real Decreto-ley)
Reducción del plazo para que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro.
Para los ejercicios 2020 y 2021, se ha reducido el plazo a tres meses para que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro de acuerdo con lo que establece el artículo 13. e) del Reglamento del IRPF (con anterioridad dicho plazo era de seis meses).
De acuerdo con dicho artículo, se considerarán incluidos en los gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliarios los saldos de dudoso cobro siempre que esta circunstancia quede suficientemente justificada.
En los ejercicios 2020 y 2021, se entenderá cumplido este requisito cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de tres meses, y no se hubiera producido una renovación de crédito.
(Artículo 15 del Real Decreto-ley)
Incentivo fiscal para fomentar la rebaja de la renta arrendaticia
Para el ejercicio 2021, los arrendadores, distintos de empresa o entidad pública o un gran tenedor, que hubieran suscrito un contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda con un arrendatario que hubiera destinado el inmueble al desarrollo de actividad económica clasificada en la división 6 o en los grupos 755, 969, 972 y 973 de la sección primera de las Tarifas del IAE, podrán computar, para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario ,como gasto deducible la cuantía de la rebaja en la renta del arrendamiento que voluntariamente hubieran acordado a partir de 14 de marzo de 2020 correspondientes a las mensualidades devengadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2021.
El arrendador deberá informar separadamente en su declaración del importe de gasto deducible, consignando asimismo el número de identificación fiscal del arrendatario cuya renta se hubiese rebajado.
(Artículo 13 del Real Decreto-ley)
Rendimiento de trabajo en especie exento
De acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 42 de la LIRPF, estarán exentas las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresas o economatos de carácter social. Tendrán la consideración de entrega de productos a precios rebajados que se realicen en comedores de empresa las fórmulas indirectas de prestación del servicio.
Con efectos desde 1 de enero de 2020, se modifica la letra a) en el apartado 3 del artículo 42 de la LIRPF de tal forma que, a partir de dicha fecha, la exención señalada será aplicable con independencia de que el servicio se preste en el propio local del establecimiento de hostelería o fuera de éste, previa recogida por el empleado o mediante su entrega en su centro de trabajo o en el lugar elegido por aquel para desarrollar su trabajo en los días en que este se realice a distancia o mediante teletrabajo.
(Disposición final primera del Real Decreto-ley)
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores en empresas de reducida dimensión en los períodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021
Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que cumplan las condiciones del artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en los períodos impositivos que se inicien en el año 2020 y en el año 2021 podrán deducir, en dichos períodos, las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores cuando en el momento del devengo del Impuesto el plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 13 de dicha Ley sea de tres meses .
Se modifica la antigüedad exigida para deducir las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores de forma que los seis meses que se exige que hayan transcurrido entre el vencimiento de la obligación y el devengo del Impuesto se reducen a tres meses para las empresas de reducida dimensión.
(Artículo 14 del Real Decreto-ley)
MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Reducción en 2020 de la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen simplificado
Reducción en un 20 por ciento del importe de las cuotas devengadas por operaciones corrientes, correspondientes a las actividades económicas distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales. Dicha reducción será del 35 por ciento para las actividades de comercio al por menor, hostelería y transporte clasificadas en los siguientes epígrafes de IAE: 653.2, 653.4 y 5, 654.2, 654.5, 654.6, 659.3, 663.1, 671.4, 671.5, 672.1, 2 y 3, 673.1, 673.2, 675, 676, 681, 682, 683 y 721.1 y 3.
(Artículo 9.4 del Real Decreto-ley)
Cálculo de la cantidad a ingresar del ingreso a cuenta correspondiente al primer trimestre del 2021
Los empresarios que realicen las actividades anteriores podrán reducir en la misma proporción de un 20 o 35 por ciento, según el caso, los porcentajes para el cálculo del ingreso a cuenta correspondiente a la primera cuota trimestral del ejercicio 2021, establecidos en el número 3 de las Instrucciones para la aplicación de los índices y módulos en el IVA del Anexo II de la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre.
(Artículo 9.5 del Real Decreto-ley)
Eliminación de la vinculación obligatoria de tres años para la renuncia al método de estimación objetiva del IRPF y a los regímenes simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del IVA
La renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF y la posterior revocación a que se refieren los párrafos siguientes tendrá los mismos efectos respecto de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura del IVA.
Los contribuyentes del IRPF cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al método de estimación directa por haber renunciado para el ejercicio 2020 al método de estimación objetiva podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2021 o 2022, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación y revoquen la renuncia realizada en el plazo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto o mediante la presentación en plazo de la declaración correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 o 2022, según corresponda, en la forma dispuesta para el método de estimación objetiva.
Los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al método de estimación objetiva y renuncien a la aplicación del mismo para el ejercicio 2021, podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2022, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación y revoquen la renuncia en el plazo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto o mediante la presentación en plazo de la declaración correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2022 en la forma dispuesta para el método de estimación objetiva.
(Artículo 10.3 del Real Decreto-ley)
Incidencia de los estados de alarma decretados en 2020 en el cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen simplificado del IVA en dicho período.
A los efectos previstos en los números 8 y 9 de las Instrucciones para la aplicación de los índices y módulos en el IVA del Anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, no se computará, en ningún caso, como período en el que se hubiera ejercido la actividad, los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre de 2020, así como los días del segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado o no el estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.
En particular, para la cuantificación de los módulos “personal asalariado”, “personal no asalariado” y “personal empleado”, no se computarán como horas trabajadas las correspondientes a los días a los que se refiere el párrafo anterior y para la cuantificación de los módulos “distancia recorrida” y “consumo de energía eléctrica” no se computarán los kilómetros recorridos ni los kilovatios/hora que proporcionalmente correspondan a los días a que se refiere el citado párrafo anterior.
(Artículo 11.1 del Real Decreto-ley)
Plazos para las renuncias y revocaciones a los regímenes simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, para el año 2021.
El plazo de renuncia a que se refiere el artículo 33.2, párrafo segundo, del Reglamento del IVA, Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como la revocación de la misma, que deben surtir efectos para el año 2021, será desde el día 24 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021.
Las renuncias y revocaciones presentadas para el año 2021 a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca durante el mes de diciembre de 2020, con anterioridad al 24 de diciembre de 2020, se entenderán presentadas en período hábil, pudiendo ser modificada la opción realizada en el plazo previsto en el citado párrafo anterior.
(Artículo 12 del Real Decreto-ley)
Tipo aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes y prestaciones de servicios necesarios para combatir los efectos del SARS-COV-2, así como a efectos del régimen del recargo de equivalencia
Con efectos desde el 24 de diciembre de 2020 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, se aplicará el tipo del 0 por ciento a:
Las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de productos sanitarios para diagnóstico in vitro del SARS-COV-2 que sean conformes con los requisitos establecidos en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro o en el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión y el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnósticos “in vitro”.
Las entregas de vacunas contra el SARS-COV-2 autorizadas por la Comisión Europea.
Las prestaciones de servicios de transporte, almacenamiento y distribución relacionados con las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias, previstas en las letras a) y b) anteriores.
Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.
El tipo del recargo de equivalencia aplicable, durante el ámbito temporal mencionado en el primer párrafo, a las entregas de los bienes citados será el 0 por ciento.
Describimos las modalidades de ERTES vigentes desde el 1 de octubre de 2020, y detallamos los plazos y beneficios asociados a estos expedientes de forma esquemática.
El siguiente esquema resume las exoneraciones en las cuotas a favor de las empresas desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021:
A grandes rasgos, veamos las principales novedades relativas a estos expedientes de forma asociada a la tabla anterior:
1. Prórroga de los ERTES por fuerza mayor
El art. 1 RDL 30/2020 prorrogó automáticamente los ERTES de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor hasta el 31 de enero de 2021. Esta medida se refiere a los expedientes regulados en el art. 22 RDL 8/2020.
Como veremos más adelante, el empresario no podrá beneficiarse de exoneraciones de cotización salvo en determinados supuestos: cuando la empresa se adscriba a un sector con elevada tasa de cobertura por ERTE y una reducida tasa de actividad, asociados a determinados códigos CNAE, o bien en los supuestos de empresas integrantes o que formen parte de la cadena de valor de empresas que respondan a dichos códigos.
2. Empresas con elevada tasa de cobertura por ERTE y reducida tasa de actividad (adscritas a ciertos códigos CNAE)
El RDL aportó como novedad los expedientes relativos a empresas afectadas por una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad: mercantiles con ERTES cuya actividad se clasificaba, a fecha 30 de septiembre, en determinados códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), descritos en el Anexo del RDL 30/2020. Se trata de expedientes prorrogados hasta el 31 de enero de 2021.
Los porcentajes y condiciones de las exoneraciones son los siguientes (disp. adic. 1ª RDL 30/2020):
– El 85% de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
– El 75% de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores asimilados a los mismos en situación de alta a 29 de febrero de 2020.
3. Empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor
Hasta la misma fecha, 31 de enero, se extienden las exoneraciones y la prórroga automática de los ERTES a las empresas cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas incluidas en la relación de actividades de la CNAE), o que formen parte de la cadena de valor de las mismas.
Se entiende por empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las citadas empresas aquellas cuya facturación, durante el ejercicio 2019, se haya generado, al menos en un 50%, en operaciones realizadas de forma directa con las empresas incluidas en el Anexo, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por aquellas.
Para acceder a la exoneración (misma del apartado anterior), se requiere transitar desde un ERTE por fuerza mayor a otro por causas ETOP.
4. ERTES por impedimento
El RDL 30/2020, en su art. 2, regula los llamados ERTES por impedimento para empresas y entidades que, a partir del 1 de octubre de 2020, vieran impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas. Se deberá autorizar un nuevo ERTE. Su duración queda restringida a las citadas medidas de impedimento. Se beneficiarán de los siguientes porcentajes de exoneración:
• El 100% de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 31 de enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores o asimilados a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
• Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores o asimilados en alta, la exención alcanzará el 90% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021.
Las anteriores exoneraciones también se aplican, desde el 1 de octubre de 2020, a los ERTES de rebroteregulados en la disp. adic. 1ª RDL 24/2020, que se mantienen vigentes en función de las correspondientes resoluciones estimatorias (expresas o por silencio).
5. ERTES por limitación de actividad
La norma también contempla ERTES por limitación del desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españoles. También requieren la autorización del expediente, y se acompañan de porcentajes de exoneración específicos:
• Respecto de los trabajadores con actividades suspendidas (y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión): exención de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, del 100%, 90%, 85% y 80%, respectivamente, cuando la empresa tuviera menos de 50 trabajadores o asimilados en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
• En la misma situación, pero en empresas con 50 o más trabajadores o asimilados a 29 de febrero de 2020: exención de los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, del 90%, 80%, 75% y 70%, respectivamente.
6. ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de fuerza mayor (ETOP)
Como sabemos, en los últimos meses se ha favorecido la finalización de ERTES por fuerza mayor y su conversión en ERTES por causas ETOP. Desde el RDL 30/2020 (art. 3), a estos últimos expedientes iniciados tras el 29 de septiembre de 2020 y hasta el 31 de enero de 2021, les será de aplicación el art. 23 RDL 8/2020, con algunas especialidades; asimismo, su tramitación puede iniciarse mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor.
Si el ERTE por causas ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.
La principal diferencia en estos expedientes, en comparación con las medidas adoptadas en el proceso normativo durante el primer estado de alarma (hasta el 21 de junio de 2020), es que en este momento las exoneraciones en las aportaciones empresariales (85% o 75% de la aportación empresarial devengada, según los casos) se limitan a las empresas que transiten de un ERTE por fuerza mayor a uno por causas ETOP entre el pasado 30 de septiembre y el 31 de enero de 2021, con actividad en los códigos CNAE referidos en el Anexo del RDL, así como los expedientes ETOP referidos en el art. 4.2 RDL 24/2020, también clasificada en el mismo Anexo-CNAE.
Por último, recordemos que los ERTES por causas ETOP vigentes a 29 de septiembre seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma; no obstante, cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la vigencia del RDL 30/2020, siempre que se alcance acuerdo para ello en el periodo de consultas.
Una vez más, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) aflora las dudas en torno a las retribuciones percibidas por los administradores mercantiles en la reciente Resolución RG 3156/2019 de 17 de julio de 2020. Pero todo indica que esta vez, la maquinaria de comprobación por parte de la AEAT se va a poner en marcha para la revisión de este asunto.
Cuesta entender cómo este tema constituye, en los últimos años, un objeto de tanto conflicto interpretativo por parte de numerosos operadores jurídicos tales como el propio TEAC, algunos Tribunales de Justicia o la Dirección General de los Registros y el Notariado, donde en diversas Resoluciones interpretaron entre sí la normativa mercantil en sentido opuesto.
En este artículo vamos a remitirnos a la normativa fiscal y mercantil para intentar explicar esta problemática, pero ya anticipamos que, a la vista de esta sentencia, resulta del todo recomendable revisar los estatutos vigentes de su sociedad mercantil, porque el hecho de establecer una retribución “gratuita” de los Administradores puede suponer, a buen seguro, una contingencia fiscal. Deberá determinarse en los estatutos sociales una retribución para los administradores que abarque tanto las tareas deliberativas como las ejecutivas como directivo de la empresa.
Contacte con ASELEC a la mayor brevedad para abordar este asunto, y le ayudaremos a planificar acciones para corregir esta probable contingencia fiscal.
ANTECEDENTES SOBRE LA DEDUCIBILIDAD DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
ANTES DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA MERCANTIL Y TRIBUTARIA DE 2014.
Hasta ese momento, cuando un administrador cuyo cargo era gratuito percibía remuneraciones por la prestación de servicios de dirección o gerencia, dichas cuantías tenían la consideración de gastos no deducibles en el impuesto sobre sociedades en virtud del artículo 14.1.e) del TRLIS por considerarse una liberalidad, siempre y cuando las tareas realizadas con carácter laboral fueran de una actividad específica y distintas de las tareas propias del cargo de administrador.
Inicialmente cuando un Administrador percibía claramente retribuciones acordes a su prestación de servicios como cualquier otro trabajador de la empresa, era normal que se estableciera la retribución correspondiente a su cargo de Administrador como gratuita. Por ejemplo, el socio de una sociedad cuya única actividad es un Bar, en el que el empresario es a la vez camarero o cocinero…
El problema surge cuando el motivo de la retribución a esos administradores o consejeros es por la realización de funciones de dirección o gerencia de la sociedad que pueden haberse reflejado en unos contratos laborales que regulen la prestación de tales funciones; con lo que tendrán un doble vínculo con la sociedad: uno laboral para prestar esas funciones de dirección, gerencia o similares y otro mercantil por ser administradores o consejeros.
Para estos supuestos, la Jurisprudencia creó la llamada «teoría del vínculo», teoría según la cual, esas funciones de gestión y administración o de alta dirección de una sociedad prestadas en el marco de unas relaciones laborales por quienes, a su vez, son administradores o consejeros de la misma, quedan subsumidas y absorbidas por las que esas personas han de prestar por sus obligaciones mercantiles como administradores o consejeros de tal sociedad.
En este sentido, se considera entonces que las funciones de ejecutivas y de dirección, quedan incluidas dentro de las propias del cargo de Administrador, y por tanto, no se distingue entre funciones laborales y mercantiles, sino que todas son mercantiles.
Todo ello basado en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el R.D. Leg. 1/2010 que indica en su artículo 209 que:
«Es competencia de los administradores la gestión y la representación de la sociedad en los términos establecidos en esta ley.»
Por tanto, si una sociedad, cuyos estatutos recogían que sus administradores eran cargos gratuitos, le pagaba a unos directivos con funciones de dirección o gerencia, que fueran además administradores o consejeros, como la relación que predominaba y absorbía a la otra era la mercantil, esa sociedad habría pagado a esos directivos contraviniendo lo dispuesto en la específica normativa mercantil atinente a la materia, y ello naturalmente salvo que entrara en juego esa excepción antes largamente expuesta. La inmediata consecuencia fiscal de que tales pagos no serían deducibles en el Impuesto sobre Sociedades.
CON LA NUEVA LEY 27/2014 DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y LA LEY 31/2014 QUE MODIFICO LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.
Con la redacción de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, parecía haberse superado la anterior “teoría del vínculo” pues trajo una importante novedad relativa a la materia que nos ocupa, y es que el art. 15, que lleva el mismo título que el 14 del derogado T.R., «Gastos no deducibles», en su letra e) dispone que:
«No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:
e) Los donativos y liberalidades.
No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.
No obstante, los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con el límite del 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo.
Tampoco se entenderán comprendidos en esta letra e) las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad.»
Además, como indicaba al inicio, la mayoría de la doctrina mercantil y la Dirección General de los Registros y el Notariado, entendían que las funciones ejecutivas realizadas por los administradores, es decir, las realizadas al margen de su condición de administrador, no debían figurar en los estatutos y era suficiente con que el Consejo de Administración acordara dicha remuneración, cumpliendo claro está con las formalidades reguladas por la Ley de Sociedades de Capital.
Pues bien, una sentencia del Tribunal Supremo del 26 de febrero de 2018 modificó dicha interpretación y, por tanto, el criterio vigente hasta ahora, sosteniendo que el concepto retributivo de los administradores incluye tanto las funciones propias el cargo como las de carácter ejecutivo, siendo por tanto necesario que la Junta General apruebe todas las retribuciones.
No obstante, desde el punto de vista fiscal, existía doctrina tributaria que entendía este gasto como deducible en el IS (véase DGT V3104-16) siempre que cumpliera las condiciones legalmente establecidas, en los términos de inscripción contables, imputación con arreglo a devengo y justificación, en la medida en que dichos gastos constituyeran la contraprestación de las funciones desempeñadas por los socios, distintas de las correspondientes a los de administrador, según regulación del artículo 15.e) anteriormente expuesto.
NUEVO CRITERIO SOBRE LA DEDUCIBILIDAD DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
INTERPRETACIÓN EN LA RESOLUCIÓN TEAC DE 17-07-2020, RG 3156/2019
Ahora, el TEAC se pronuncia en esta resolución sobre la retribución de los administradores y niega la deducibilidad en el Impuesto de Sociedades de la retribución abonada a los administradores cuando éstos desarrollan también funciones de dirección o gerencia para la misma y los estatutos reflejan la gratuidad del cargo.
Todo ello ahora en base en la interpretación de la modificación mercantil de la Ley de Sociedades de Capital que regula la retribución de los administradores.
Tras su modificación por la Ley 31/2014, el art. 217 «Remuneración de los administradores» pasó a disponer que:
«1. El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.
2. El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes:
a) … «
y también modificó el artículo 249 referido a la Delegación de facultades del consejo de administración, viniendo a interpretar que si los estatutos recogen que los cargos de los administradores son «gratuitos», las retribuciones de los Consejeros Delegados y de los Consejeros ejecutivos tampoco serán fiscalmente deducibles ya que se consideraría un pacto contrario al ordenamiento jurídico que nunca podrá ser deducible por la letra f) del artículo 15 de la LIS:
«No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles: f) Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.»
Por tanto, la deducibilidad fiscal de las retribuciones de los administradores exige inexcusablemente que las mismas cumplan la normativa mercantil, una normativa que lo primero que exige es que debe constar en los estatutos la posibilidad de que los cargos de los administradores o consejeros puedan ser retribuidos.
En definitiva, esta nueva interpretación jurídica no deja muchas posibilidades de defensa como podían plantearse en situaciones anteriores, pues simplemente declara que las retribuciones de los administradores no son deducibles en el Impuesto de sociedades por ser “ilegales” al ir en contra de los propios estatutos de la sociedad que los había considerado con cargo Gratuito. La solución no puede ser otra que modificar los estatutos sociales, y la consecuencia es que ahora el Administrador cobrará por su cargo por desempeñar tanto las funciones deliberativas como las funciones directivas y ejecutivas, y todo ello será rendimientos del trabajo para el mismo, pero en concepto de rendimientos por el cargo de administrador en el IRPF, y estando sometidos a una retención fiscal diferente.
El Gobierno ha adoptado una batería de normas con las que pretende reforzar el capital de pequeñas y medianas empresas que eran rentables y viables antes del coronavirus, y que previsiblemente volverán a serlo cuando se supere la pandemia, pero que corren el riesgo de desaparecer por los graves problemas que atraviesan para hacer frente al pago de sus deudas.
Por medio de la aprobación del Real Decreto ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, publicado el 18 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado, el Ejecutivo autoriza prórrogas para los avales ICO, moratorias para las declaraciones de concursos, y más tiempo para poder celebrar juntas telemáticas sin constancia estatutaria; incentiva la participación en mercados de financiación alternativa y protege, aún más, a los sectores estratégicos nacionales.
Avales ICO
Los beneficiarios de créditos avalados por el ICO dispondrán de tres años más para devolverlos.
El Real Decreto-ley 34/2020 incluye la ampliación de los préstamos ICO y la posibilidad de prolongar el vencimiento y la carencia para los deudores. Se trata de una medida que, tal y como comentamos hace unos días en el artículo titulado «Ampliación del período de carencia de los avales ICO» estaba siendo negociada por la Vicepresidencia tercera con la Comisión Europea y que ha recibido el visto bueno de Bruselas.
El plazo máximo de vencimiento se extenderá tres años, con un tope de ocho, y se añadirá un año adicional de carencia en los pagos, hasta un total de dos ejercicios.
El importe avalado por el Gobierno con los créditos ICO ha llegado a los 81.787 millones de euros y en total ha movilizado unos 107.600 millones con la firma de 876.000 operaciones, el 98% de estas con pymes y autónomos.
En lo que llevamos de año, el Ministerio ha aprobado dos programas para hacer llegar más liquidez a pymes y autónomos:
Uno de 100.000 millones de euros, colocado en su totalidad y concedido por un plazo de cinco años, con uno de carencia; y
Un segundo por 40.000 millones, todavía abierto a la contratación con una disposición más reducida por parte de empresas y autónomos. Para este plan se prorroga el periodo de solicitud hasta el 30 de junio.
Las entidades financieras deberán garantizar que no se produzcan incrementos injustificados en los tipos de interés, ni se exija la contratación de productos vinculados.
Asimismo, se prevé una rebaja de hasta el 50% de los aranceles notariales y registrales correspondientes a las operaciones relativas a la extensión de los plazos.
Concursos
Con la finalidad de evitar una avalancha de concursos a partir del 1 de enero, las empresas no estarán obligadas a solicitar el concurso voluntario hasta el 14 de marzo, ni los acreedores podrán instarlo antes de esa fecha.
Además, los tribunales deberán suspender hasta el 31 de enero los incidentes por incumplimiento de convenios de resolución de deudas vinculados a concursos de acreedores previos, si esos incumplimientos de obligaciones de pago tienen que ver con dificultades derivadas de la pandemia.
En el caso de que se hubieran empezado a tramitar solicitudes de incumplimiento entre el 31 de octubre (límite temporal anterior) y el 19 de noviembre, el juez deberá suspender su tramitación.
El Banco de España ya advirtió la semana pasada que, a falta de prórrogas, a partir de enero se produciría un «repunte significativo» de las solicitudes de concursos necesarios, a instancia de los acreedores. Igualmente, el órgano Supervisor lleva tiempo pidiendo que además de la «extensión temporal» de esta moratoria, se inicie un «análisis riguroso y rápido del procedimiento concursal que permita una verdadera reestructuración de la deuda agilizando la desaparición de las sociedades no viables».
Inversiones extranjeras
Tal y como ocurre desde el mes de marzo con las inversiones extranjeras procedentes de países extracomunitarios, a partir de ahora y hasta el próximo 30 de junio las inversiones procedentes de la Unión Europea también requerirán autorización previa del Gobierno. Se trata de inversiones que bien, se destinen a empresas cotizadas, o bien sean superiores a 500 millones y se dirijan a empresas estratégicas no cotizadas. Para el caso de las inversiones de origen extracomunitario, el control previo se mantiene ‘sine die’.
De esta forma, el Gobierno suspenderá las operaciones cuando el inversor, extracomunitario o también comunitario, pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de una sociedad española que opere en un sector estratégico, o cuando debido a la operación societaria, acto o negocio jurídico, se tome el control de la misma.
Financiación Alternativa
Se eleva de 500 a 1.000 millones de euros el umbral de capitalización recogido en la Ley del Mercado de Valores a partir del cual una empresa está obligada a solicitar que la negociación de sus acciones pase de realizarse exclusivamente en un mercado de Pyme en expansión a hacerlo en un mercado regulatorio. De este modo se incentiva el desarrollo de los mercados de financiación alternativa.
Juntas generales
Se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.
Se mantiene el requisito de que el secretario reconozca la identidad de los socios o asociados, y así lo exprese en el acta y, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, se continúa permitiendo la celebración de la junta general en cualquier lugar del territorio nacional. Igualmente, y por las mismas razones, se prorroga, para el año 2021, la posibilidad de celebrar por medios telemáticos las reuniones del patronato de las fundaciones.
Plan de rescate a hostelería y turismo
El Gobierno, también contempla con preocupación cómo la segunda ola del Covid está afectando con especial virulencia a los sectores de hostelería y turismo por ser los más perjudicados con las restricciones de movilidad.
Según fuentes autorizadas, sobre la mesa de negociaciones en este momento hay varias opciones que probablemente verán la luz próximamente. Desde la exoneración, aplazamiento o bonificación de cotizaciones, hasta una moratoria fiscal, una nueva renegociación de alquileres e, incluso, un plan de ayudas directas al estilo alemán.
Aquí puede informarse de alguna de estas ayudas al sector de la hostelería y el turismo:
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