LAS 10 CLAVES DEL REGLAMENTO SOBRE PLANES DE IGUALDAD

Resumimos para usted las 10 CLAVES sobre el nuevo reglamento que amplía las exigencias y contenidos de los PLANES DE IGUALDAD, y que entrará en vigor en enero 2021.

EL PLAN DE IGUALDAD

Un plan de igualdad, en el ámbito de las organizaciones laborales se puede definir como un instrumento para integrar la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres define plan de igualdad en su art. 46 “como un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.”

¿POR QUÉ ES NECESARIO IMPLANTAR UN PLAN DE IGUALDAD?

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• Acabar con los desequilibrios y desigualdades en el acceso, participación y desarrollo de las mujeres y de los hombres en la organización. 

• Asegurar que todos los procesos de gestión (comunicación, calidad, prevención de riesgos, responsabilidad social, entre otros) y los procesos de gestión de recursos humanos, se realizan de acuerdo al principio de igualdad de trato y oportunidades. 

• Alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización, es decir, lograr que mujeres y hombres se encuentren en el mismo punto de partida. 

• Garantizar un adecuado tratamiento de la gestión del talento de su personal, así como una mejora del conocimiento de la organización y con ello, de su funcionamiento.

OBLIGATORIEDAD DE LOS PLANES DE IGUALDAD

Recordar que estos planes de igualdad son OBLIGATORIOS para aquellas empresas que,

  • lo tengan establecido por convenio
  • sean empresas de más de 50 empleados (según Real Decreto ley 6/2019)
  • la autoridad laboral lo hubiera acordado en un procedimiento sancionador.

PRINCIPALES CONTENIDOS DE LOS PLANES DE IGUALDAD

  1. Compromiso de todos en la empresa, dirección y conjunto de plantilla en la elaboración implantación y seguimiento del plan de igualdad 
  2. Fomentar el uso de un lenguaje no sexista 
  3. Áreas a modificar, en el caso de que existan deficiencias:
    1. Acceso al empleo: estableciendo un procedimiento de igualdad de oportunidades, facilitando la incorporación a puestos en los que la mujer este menos representada, así como formación en los procesos de selección y reclutamiento para que no sea sesgados y se favorezca la igualdad de trato.
    2. Condiciones de trabajo: igualdad retributiva, tipo de contratación, número de mujeres en cargos de responsabilidad, clasificación profesional.
    3. Promoción y formación profesional: criterios que den lugar a la igualdad a la hora de promocionar en el trabajo. Formación y sensibilización en igualdad de oportunidades 
    4. Tiempo de trabajo: flexibilización de horario en terminaos de igualdad entre mujeres y hombres o en la adopción de medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar y de corresponsabilidad.
    5. Actuación de prevención y actuación frente al acoso sexual: elaboración y aprobación de un protocolo frente el acoso sexual por razón de sexo, negociado con la representación legal de la plantilla y difundir en el código de buenas prácticas.
    6. Comunicación y lenguaje: uso de un lenguaje no sexista en las acciones dirigidas a la política de imagen de empresa reeducando y previniendo acciones discriminatorias.

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DOS NUEVOS DECRETOS EN MATERIA DE IGUALDAD

El Gobierno ha aprobado dos nuevos decretos -publicados en  el BOE del 14 de octubre- que desarrollan dos de las medidas que ya se avanzaron en marzo de 2019 en el Real Decreto- ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación que amplió el permiso de paternidad, la obligación para las empresas de contar con un registro de salarios (con el objeto de aflorar discriminaciones salariales a las mujeres) y la rebaja de 250 a 50 trabajadores el tamaño a partir del cual es obligatorio aprobar y registrar un plan de igualdad.

Estos decretos incluyen normas sobre cómo se deberán evaluar los puestos de trabajo para decidir qué es un trabajo de igual valor y evitar infravalorar responsabilidades o cualidades tradicionalmente vinculadas a las mujeres y qué componentes debe tener la auditoría retributiva que deberán poner en marcha todas las empresas con más de 50 trabajadores dentro de su plan de igualdad.

Mientras que algunas de las medidas que incluyen estos decretos ya eran obligatorias, ambas normas dan margen a las empresas para adaptarse. Así, el Decreto sobre igualdad retributiva entre hombres y mujeres entra en vigor en seis meses.

En cambio, el decreto que amplía las exigencias y contenidos de los planes de igualdad, del que nos ocupamos hoy, entra en vigor a los tres meses. Además, las empresas con planes de igualdad en vigor, tendrán un año desde entonces para adaptarse; y las que tengan que crear uno nuevo los tiempos establecidos para el proceso de negociación: tres meses máximo para sentarse a la mesa y un año desde el arranque para registrar esos planes de igualdad.

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10 CLAVES DEL REGLAMENTO SOBRE PLANES DE IGUALDAD

Nos ocupamos ya de los 10 principales aspectos que se recogen en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y por el que se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

1 PLAZO PARA ADAPTAR LOS PLANES DE IGUALDAD A LAS CONDICIONES DEL REGLAMENTO

El Real Decreto prevé una entrada en vigor a los tres meses de publicación en el Boletín Oficial del Estado (14 de octubre de 2020). Por tanto, las medidas relativas al plan de igualdad se aplicarán a mediados de enero de 2021 (disp. final 3ª). El Reglamento establece el detalle de la negociación y su registro.

Los planes de igualdad vigentes en el momento de publicación de la norma deberán adaptarse en el plazo previsto para su revisión y, en todo caso, en un máximo de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la nueva norma (disp. trans. única).

2 DURACIÓN Y REVISIÓN

(Art. 9.1 a 4)

El plan de igualdad de las empresas tendrá la duración que las partes decidan pactar, con un máximo de cuatro años.

Es obligatoria su revisión cuando se den determinadas circunstancias establecidas en el art. 9.2, debiéndose actualizar, del mismo modo, el diagnóstico y las medidas. No obstante, se podrán revisar el cualquier momento a lo largo de su vigencia.

3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

(Art. 9.6)

El seguimiento y evaluación se debe realizar de forma periódica, de acuerdo con lo establecido en el calendario de actuaciones recogido en el plan de igualdad o en el reglamento de la comisión encargada del seguimiento. Pero como mínimo se deben hacer dos evaluaciones, una intermedia y otra final.

4 EMPRESAS OBLIGADAS A DISEÑAR UN PLAN DE IGUALDAD

(Art. 2)

Es obligatorio para todas las empresas de 50 o más personas trabajadoras.

El Reglamento no varía el criterio del Real Decreto ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, norma que a su vez modificó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

5 CÓMPUTO DEL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS PARA DETERMINAR LA OBLIGATORIEDAD DE UN PLAN DE IGUALDAD

(Art 3)

Para calcular el número de personas que da lugar a la obligación de elaborar un plan de igualdad, se tendrá en cuenta la plantilla total de la empresa, independientemente del número de centros de trabajo y de la modalidad de contratación laboral (incluidas las personas con contratos fijos discontinuos, con contratos de duración determinada y personas con contratos de puesta a disposición).

6 PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN EL DISEÑO DEL PLAN DE IGUALDAD

(Art. 4)

Por parte de las personas trabajadoras se legitima para la negociación de los planes, incluidos los diagnósticos previos, con carácter general y prioritario, el comité de empresa, los delegados de personal, en su caso, o las secciones sindicales si las hubiere que, en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del comité.

Si no existe tal representación legal, la intervención como interlocutores en la negociación se regirá por lo establecido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores (referido a la comisión negociadora, en periodo de consultas, en caso de modificación sustancial de condiciones de trabajo).

7 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA

(Art. 7)

Previo al plan de igualdad, se debe realizar un análisis de la situación de la empresa en el que se reflejará, mediante indicadores cuantitativos y cualitativos, las posibles desigualdades o diferencias existentes. En el anexo se recogen los criterios a tener en cuenta en la hora de elaborar el diagnóstico.

El informe de diagnóstico, que se anexará al plan de igualdad, debe contener unos mínimos que ya se recogían en el art. 46.2 LO 3/2007, 22 mar., de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, modificado por el RDL 6/2019, 1 mar.

8 CONTENIDO DEL PLAN DE IGUALDAD

(Art. 8)

El contenido obligatorio del plan de igualdad será el siguiente:

La determinación de las partes que los conciertan.

Ámbito personal, territorial y temporal.

Informe del diagnóstico de situación de la empresa.

Resultados de la auditoría retributiva.

Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos.

Definición de medidas concretas y prioridades.

Identificación de los medios y recursos necesarios (tanto materiales como humanos).

Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las medidas del plan de igualdad.

Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica.

Composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del seguimiento, evaluación y revisión periódica de los planes de igualdad.

Procedimiento de modificación, incluyendo el que dirima posibles discrepancias relativas al seguimiento o revisión del plan.

9 CONTENIDO DEL PLAN DE IGUALDAD EN MATERIA RETRIBUTIVA

(Anexo)

El diagnóstico debe incluir el registro retributivo y la auditoría retributiva.

El registro contará con información retributiva desagregada por sexos de toda la plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos, desglosada y promediada por clasificación profesional y por trabajos de igual valor, e incluyendo salario base, complementos salariales y percepciones extrasalariales.

10 Todas las empresas que elaboren un plan de igualdad deben realizar una auditoría retributiva. La auditoría será previa a la negociación exigida en dichos planes. Por tanto, la obligatoriedad se asocia a los planes de igualdad, que a su vez se vincula al número de personas trabajadoras en plantilla.

 

Si tiene alguna consulta al respecto o necesita ayuda en la elaboración, modificación o implantación de un Plan de Igualdad en su empresa, en ASELEC, asesoría y abogados, ponemos a su disposición nuestra experiencia y profesionalidad para ayudarle en el diagnóstico, articulado y redacción de documento, cada vez con más importancia para las empresas. Contacte con nosotros.

Dpto. Laboral

ASELEC, asesoría y abogados

Fuente: Wolter Kluvers Fotos: Freepick

 

A QUIÉN AFECTA LA NUEVA «TASA GOOGLE» O IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES.

El pasado día 18 de febrero de 2020,  el Consejo de Ministros aprobó los proyectos de ley para la creación de dos nuevos tributos: el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), más conocido como Tasa Google, y el Impuesto sobre transacciones financieras, conocido como Tasa Tobin. Ya entonces adelantábamos en nuestro Blog un análisis para conocer estos nuevos gravámenes:

Finalmente, la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (en adelante LIDSD), y conocido como Tasa Google , ha aprobado el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

Les contamos hoy a quiénes afecta este nuevo impuesto que grava con un 3% los servicios digitales de publicidad en línea, de intermediación en línea y de transmisión de datos, que se declarará de manera trimestral a partir de 2021 y cuya ley contempla infracciones graves por incumplimiento de obligaciones formales.

Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (BOE 16-10-2020)
Materias afectadas:

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

Fecha de entrada en vigor 16-01-2021.

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprobado por la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (en adelante LIDSD), y conocido como Tasa Google es un tributo indirecto que grava las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto.

Hecho imponible y exclusiones

De acuerdo con los artículos 5 y 6 LIDSD, estarán sujetas al impuesto las prestaciones de los servicios digitales realizadas en el territorio de aplicación del mismo efectuadas por los contribuyentes de este impuesto.

No estarán sujetas al impuesto:

  • Las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios, en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario.
  • Las entregas de bienes o servicios subyacentes entre los usuarios, en el marco de un servicio de intermediación en línea.
  • Las prestaciones de servicios de intermediación en línea, cuando la única o principal finalidad de dichos servicios prestados por la entidad que lleve a cabo la puesta a disposición de una interfaz digital sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles servicios de comunicación o servicios de pago.
  • Las prestaciones de servicios financieros regulados por entidades financieras reguladas.
  • Las prestaciones de servicios de transmisión de datos, cuando se realicen por entidades financieras reguladas.
  • Las prestaciones de servicios digitales cuando sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100%.

Los supuestos de no sujeción al impuesto pueden modificarse por LPGE (DF 3ª LIDSD).

Contribuyentes

Son contribuyentes del impuesto las empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere, el primer día del periodo de liquidación, los 750.000.000 € y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los 3.000.000 €, aplicando las reglas de determinación de la base imponible establecidas en el artículo 10 LIDSD.

Durante el período comprendido entre el 16 de enero y el 31 de diciembre de 2021, a efectos de determinar el cumplimiento del umbral de los 3.000.000 €, se tendrá en cuenta el importe total de los ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto desde la entrada en vigor de esta Ley hasta la finalización del plazo de liquidación elevados al año (DT única LIDSD).

En los casos de entidades que formen parte de un grupo, los importes de los umbrales a tener en cuenta serán los del grupo en su conjunto (artículo 8 LIDSD).

Los umbrales cuantitativos que determinan la condición de contribuyente del impuesto pueden modificarse por LPGE (DF 3ª LIDSD).

Devengo

El impuesto se devengará cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.

En las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos (artículo 9 LIDSD).

Tipo impositivo

3% que se aplica a la base imponible para obtener la cuota íntegra del Impuesto (artículos 11 y 12 LIDSD).

El tipo impositivo puede modificarse por LPGE (DF 3ª LIDSD).

Base imponible

La base imponible se determinará a partir de los ingresos obtenidos por la prestación de los siguientes servicios aplicando las reglas definidas en el artículo 10 LIDSD:

  • Servicios de publicidad en línea. Se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de veces que aparezca la publicidad en dispositivos que se encuentren en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de veces que aparezca dicha publicidad en cualquier dispositivo, cualquiera que sea el lugar en que estos se encuentren
  • Servicios de intermediación en línea:

Si existe facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de usuarios que intervengan en ese servicio, cualquiera que sea el lugar en que estén situados.

En los demás servicios de intermediación en línea, por el importe total de los ingresos derivados directamente de los usuarios cuando las cuentas que permitan acceder a la interfaz digital utilizada se hubieran abierto utilizando un dispositivo que se encontrara en el momento de su apertura en el territorio de aplicación del impuesto.

  • Servicios de transmisión de datos. Se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de usuarios que han generado dichos datos que estén situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de usuarios que hayan generado dichos datos, cualquiera que sea el lugar en que estén situados

Para determinar el importe de los ingresos se excluye el IVA o impuestos equivalentes.

En entidades de un mismo grupo, será el valor de mercado.

La base imponible se determinará por el método de estimación directa, sin más excepciones que las establecidas en las normas reguladoras del método de estimación indirecta de las bases imponibles.

Fijación provisional de la base imponible

Si el importe de la base imponible no resultara conocido en el periodo de liquidación, el contribuyente deberá fijarlo provisionalmente aplicando criterios fundados que tengan en cuenta el periodo total en el que van a generarse ingresos derivados de esas prestaciones de servicios digitales, sin perjuicio de su regularización cuando dicho importe fuera conocido, mediante autoliquidación correspondiente a ese periodo de liquidación.

La regularización deberá realizarse como máximo en el plazo de los 4 años siguientes a la fecha de devengo del impuesto correspondiente a la operación (artículo 10.3 LIDSD).

Declaraciones trimestrales

Se liquidará trimestralmente de acuerdo con Orden Ministerial que se aprobará (artículo 14 LIDSD).

Obligaciones formales

El artículo 13 LIDSD establece una serie de obligaciones formales, cuyos requisitos, límites y condiciones se determinarán reglamentariamente:

  1. a) Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades.
  2. b) Solicitar NIF, y comunicarlo y acreditarlo.
  3. c) Llevar los registros.
  4. d) Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, información relativa a sus servicios digitales.
  5. e) Nombrar un representante en caso de contribuyentes no establecidos en la Unión Europea.
  6. f) Conservar, durante el plazo de prescripción previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones. En particular, los medios de prueba que permitan identificar el lugar de prestación del servicio.
  7. g) Traducir al castellano, o a cualquier otra lengua oficial, cuando así lo requiera la Administración tributaria, las facturas, contratos o documentos acreditativos correspondientes a prestaciones de servicios digitales realizadas en el territorio de aplicación del impuesto.
  8. h) Establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto.

Se establecen infracciones graves específicas

Constituye infracción tributaria grave, el incumplimiento de la obligación de establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto, establecida en el artículo 13.1.h) LIDSD.

La sanción por la comisión de la anterior infracción consistirá en multa pecuniaria del 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior, tal y como se establece en el artículo 8 LIDSD, con un mínimo de 15.000 € y un máximo de 400.000 €, por cada año natural en el que se haya producido el incumplimiento. Podrá ser objeto de reducción conforme al artículo 188.3 LGT 2003.

Otras infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la LGT.

La ley aclara una serie de conceptos y definiciones

El artículo 4 LIDSD precisa que a efectos de esta Ley, se entenderá por:

  • Contenidos digitales: los datos suministrados en formato digital, como programas de ordenador, aplicaciones, música, vídeos, textos, juegos y cualquier otro programa informático, distintos de los datos representativos de la propia interfaz digital.
  • Dirección de Protocolo de Internet (IP): código que se asigna a los dispositivos interconectados para posibilitar su comunicación a través de Internet.
  • Grupo: conjunto de entidades en el que una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
  • Interfaz digital: cualquier programa, incluidos los sitios web o partes de los mismos, o aplicación, incluidas las aplicaciones móviles, o cualquier otro medio, accesible a los usuarios, que posibilite la comunicación digital.
  • Servicios digitales: se considerarán como tales exclusivamente los de publicidad en línea, los de intermediación en línea y los de transmisión de datos.
  • Servicios de publicidad en línea: los consistentes en la inclusión en una interfaz digital, propia o de terceros, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz. Cuando la entidad que incluya la publicidad no sea propietaria de la interfaz digital, se considerará proveedora del servicio de publicidad a dicha entidad, y no a la entidad propietaria de la interfaz.
  • Servicios de intermediación en línea: los de puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética (que permita interactuar con distintos usuarios de forma concurrente) que facilite la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, o que les permita localizar a otros usuarios e interactuar con ellos.
  • Servicios de transmisión de datos: los de transmisión con contraprestación, incluidas la venta o cesión, de aquellos recopilados acerca de los usuarios, que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.
  • Usuario: cualquier persona o entidad que utilice una interfaz digital.
  • Publicidad dirigida: cualquier forma de comunicación digital comercial con la finalidad de promocionar un producto, servicio o marca, dirigida a los usuarios de una interfaz digital basada en los datos recopilados de ellos. Se considerará que toda la publicidad es «publicidad dirigida», salvo prueba en contrario.
  • Servicios financieros regulados: servicios financieros para cuya prestación está autorizada una entidad financiera regulada.
  • Entidad financiera regulada: prestador de servicios financieros que está sujeto a autorización, o registro, y supervisión en aplicación de cualquier norma nacional o medida de armonización para la regulación de los servicios financieros adoptada por la Unión Europea, incluidos aquellos prestadores de servicios financieros sujetos a supervisión de acuerdo con normativa no dictada por la Unión Europea que, en virtud de un acto jurídico de la Unión Europea se considere equivalente a las medidas de la Unión Europea.

Lugar de realización de las prestaciones de servicios digitales

El artículo 7 LIDSD establece que las prestaciones de servicios digitales se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando algún usuario esté situado en ese ámbito territorial, con independencia de que el usuario haya satisfecho alguna contraprestación que contribuya a la generación de los ingresos derivados del servicio.

Se detalla en qué casos se entiende que un usuario está situado en el territorio de aplicación del impuesto para cada uno de los supuestos gravados (artículo 7.2 y 7.3 LIDSD).

Se presumirá que un dispositivo se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo prueba en contrario para lo que pueden utilizarse otros instrumentos de geolocalización.

Los datos que pueden recopilarse de los usuarios con el fin de aplicar esta Ley, se limitan a aquellos que permitan la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto.

Para más información puede contactar con los profesionales del Dpto.Fiscal de Aselec, asesoría y abogados. Si necesita ayuda o asesoramiento, no lo dude y contacte con nosotros.

ASELEC, asesoría y abogados

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wolter Kluvers Fotos: Freepick

 

¿CONOCES LA DEDUCCIÓN POR PATINETE ELÉCTRICO EN IRPF E IVA?

Los profesionales podrán deducir en IRPF e IVA la compra de un patinete para su actividad, según se deduce de la Consulta DGT V1690-20 de 29 Mayo.

Hay que atender a la normativa en materia de tráfico para determinar si el patinete tiene o no la consideración de vehículo de turismo y la afectación total o parcial a la actividad.

Consulta Vinculante V1690-20, de 29 de Mayo de 2020, de la SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

Normativa

LIRPF, Ley 35/2006. Artículo 29

LIVA, Ley 37/1992. Artículos 93 y ss.

RIRPF, Real Decreto 439/2007. Artículo 22

Cuestión

– A efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido deducción de las cuotas soportadas en su adquisición.

– Posibilidad de deducir en el IRPF los gastos derivados de la adquisición y utilización del mismo.

Descripción

El consultante en el ejercicio de su actividad económica tiene intención de adquirir un vehículo de movilidad personal (patinete).

Resolución de la consulta 

La adquisición de un patinete eléctrico para el desarrollo de la actividad profesional, para que genere el derecho a la deducción de cuotas soportadas por la adquisición en el IVA, precisa de una afectación a la actividad empresarial directa y exclusiva; pero si se trata de vehículos automóviles de turismo, ciclomotores o motocicletas, una vez acreditado que se encuentran, al menos, parcialmente afectos a la actividad empresarial o profesional de sujeto pasivo, se presume que el grado de afectación es del 50 por ciento, salvo que se trate de alguno de los vehículos incluidos en la lista tasada del art. 95 LIVA.

Para acreditar el grado de afectación es válido cualquier medio admitido en Derecho, pero no será prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el propio sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial, sin perjuicio de que esta anotación sea otra condición necesaria para poder ejercitar el derecho a la deducción.

En el caso, tratándose de un vehículo de movilidad personal (MVP) y en cuanto a su posible equiparación a un vehículo de turismo, ciclomotor o motocicleta a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, deberá tenerse en cuenta lo establecido por la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior en la Instrucción de 3 de diciembre de 2019 en cuanto a las características para que sea posible la equiparación.

Le interesa

 

En el IRPF, para la deducción de los gastos derivados de la adquisición (el gasto se deducirá a través de las amortizaciones), mantenimiento o utilización de los vehículos, se exige que éste tenga la consideración de elemento patrimonial afecto a la actividad, y nuevamente debe estarse a la Instrucción de la Dirección General de Tráfico para determinar si se trata de un vehículo afecto a la actividad a los efectos de la deducción de los gastos derivados de su adquisición y utilización.

Le interesa

Si tiene alguna duda al respecto o necesita cualquier tipo de asesoramiento para su actividad, ya sea de tipo fiscal, contable o laboral, o se está planteando emprender un nuevo proyecto empresarial, en ASELEC contamos con un amplio equipo de Economistas y Abogados que le ayudarán a resolver todas sus cuestiones.

Recuerde, Aselec, Asesoría y Abogados se creó con la idea de satisfacer sus necesidades de asesoramiento empresarial y legal y siempre estamos conectados a sus objetivos.

Si necesita ayuda o asesoramiento, no lo dude y contacte con nosotros.

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Fuente: WoltersKluvers Fotos: Freepick

 

NUEVAS PRESTACIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Entre las medidas adoptadas por el RDL 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, cabe destacar las prestaciones extraordinarias para trabajadores autónomos, incluyendo los de temporada.

El pasado 30 de septiembre se publicó el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. La norma viene a complementar las medidas a favor de los autónomos que finalizaban el 30 de septiembre: la exención en la cotización regulada en el art. 8 RDL 24/2020, así como la prestación especial por cese de actividad prevista en el artículo 9 de la misma norma.

Puede revisar nuestro artículo acerca del RDL 24/2020 aquí:

Veamos cuáles son esas nuevas medidas que regulan prestaciones extraordinarias para trabajadores autónomos y que están agrupadas en el Título II del RDL.

1. Nueva prestación extraordinaria por cese de actividad

El artículo 13 de la norma regula, a partir del 1 de octubre, una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad, de forma similar a la introducida por el artículo 17 RDL 8/2020 para su aplicación durante el estado de alarma, a favor de aquellos autónomos que se vean obligados a suspender totalmente sus actividades en virtud de la resolución que se adopte por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del COVID-19.

La prestación se mantendrá desde el desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de la actividad hasta el último día del mes siguiente en que se acuerde el levantamiento de la misma, y se introduce la posibilidad de acceder a esta prestación a aquellos trabajadores autónomos que, no siendo afectado por el cierre de su actividad, vean reducido sus ingresos y no tuvieran acceso a la prestación de cese de actividad regulada en la LGSS. El RDL distingue, por tanto, dos grupos de beneficiarios y dos cuantías en las prestaciones:

 

 

2. Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores de temporada

El artículo 14 RDL 30/2020 establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada, siguiendo la línea marcada en el art. 10 RDL 24/2020 en la protección de este colectivo. Entre los elementos comunes a esta prestación y a la relativa al cese de actividad por suspensión total, cabe destacar los siguientes: El trabajador permanece en situación de alta en su régimen especial, desapareciendo su obligación de cotizar. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho, en las mismas condiciones, a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos que prevé la norma. La gestión de la prestación corresponde a las mutuas colaboradoras con la Seguridad o al Instituto Social de la Marina, según los casos. Otros requisitos, en cambio, se asemejan a la prestación extraordinaria por reducción de facturación(devengo, duración, etc.) En los siguientes esquemas se detallan las principales características de esta prestación:    

También le puede interesar:

 
 

 

3. Prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad ex RDL 24/2020

La disp. adic. 4ª RDL 30/2020 regula una prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo del artículo 9 RDL 24/2020, hasta el 31 de enero de 2021, para aquellos autónomos que la hayan percibido en el tercer trimestre de 2020 y mantengan las condiciones para su percepción en el cuarto trimestre. Asimismo, se facilita el acceso a la misma prestación a aquellos otros autónomos que, habiendo percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de junio, no percibieron la citada prestación ex art. 9 RDL 24/2020, pero acreditan en el cuarto trimestre las condiciones exigidas por dicho artículo para obtener el derecho a la misma. La prestación también en este caso se podrá percibir hasta el 31 de enero de 2021.

 

 

   Para acceder a la prórroga, o a la propia prestación, en su caso, se exige acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de, al menos, el 75% en relación con el mismo periodo de 2019, así como no haber obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros. Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de enero de 2021 aquellos trabajadores autónomos que, a 31 de octubre, vinieran percibiendo la prestación de cese de actividad conforme al citado RDL 24/2020 y vean agotado su derecho al cese antes del 31 de diciembre de 2020, siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto. A partir del 31 de enero de 2021 solo se podrá continuar percibiendo la prestación de cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la Seguridad Social. Por último, el RDL posibilita la compatibilidad de la prestación con el trabajo por cuenta ajena, cuando los ingresos por esta vía no sean superiores a 2,2 veces el SMI. En este caso, la cuantía de la prestación será del 50% de la base de cotización mínima en función de la actividad.

4. Resumen: cómo afecta la ampliación de las ayudas a los trabajadores autónomos

Basándonos en fuentes del propio Ministerio de Trabajo, veamos de forma esquemática cómo afecta la extensión hasta enero de 2021 de los citados beneficios por COVID-19 a los trabajadores autónomos:  

5. Aclaración sobre alta en el IAE durante la prestación extraordinaria

Concluimos con una aclaración de interés, detallada en la Consulta Vinculante V1815/2020, de la Dirección General de Tributos, que recuerda que, cuando un trabajador autónomo cese temporalmente en su actividad por motivo asociado al COVID-19 y accede a la prestación extraordinaria por cese de actividad, además de cumplir los requisitos ordinarios, debe continuar con su alta en el IAE. La baja en este impuesto solo debe realizarse en caso de un cese total y definitivo de la actividad.

Para más información puede contactar con los profesionales del Dpto. Laboral de Aselec, asesoría y abogados. Si necesita ayuda o asesoramiento, no lo dude y contacte con nosotros.

ASELEC, asesoría y abogados

 
Fuente: WoltersKluvers Fotos: Freepick

 

AYUDAS REINICIA MURCIA Autónomos y Micropymes

En nuestro despacho ubicado en la ciudad de Murcia, son muchos los clientes que se han interesado por las ayudas del Ayuntamiento de Murcia destinadas a subvencionar los gastos de la reapertura de los negocios tras la declaración del Estado de Alarma, y a quienes les hemos ayudado en la solicitud y obtención de dichas ayudas. He aquí un breve resumen que hemos redactado para informar acerca de estas nuevas oportunidades que ofrece el ayuntamiento de nuestra ciudad. El plazo para su solicitud vencía el 30/09/2020 pero ha sido ampliado hasta el 30/10/2020, de modo que aún estamos a tiempo...¿Te interesa solicitarlo? ¡Ponte en contacto con nosotros!!!  

AYUDAS REINICIA Autónomos y Micropymes

BENEFICIARIOS

-Personas físicas, – Empresario individual, – Autónomo – Comunidad de bienes – Personas jurídicas, – Sociedad mercantil, – Sociedad laboral, cooperativas, incluidas las sociedades mercantiles especiales,   Que ejerzan su actividad económica en local situado en el término municipal de Murcia.  La persona beneficiaria deberá ser titular de la preceptiva licencia de actividad municipal y deberá estar dadas de alta, como persona trabajadora por cuenta propia  y/o micro pyme.   Excluidas: asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y cualquier agrupación de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad jurídica.

ACTIVIDAD ECONÓMICA SUBVENCIONABLE

Se podrán beneficiar de las ayudas reiniciar, exclusivamente las actividades afectadas por la suspensión de  apertura al público decretada en el artículo 10 del  RD 463/2020 de 14 de marzo, en el ámbito de:

  • Actividad comercial;
  • Equipamientos culturales,
  • Establecimientos y actividades recreativas;
  • Actividades de hostelería y restauración
  • Otras adicionales.

Excepto: establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. También se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

REQUISITOS Y EXCLUSIONES BENEFICIARIOS

Los beneficiarios podrán optar a estas ayudas cuando, al tiempo de presentar su solicitud, cumplan con los siguientes requisitos:

  1. a)            Las personas jurídicas deberán tener la condición de micropyme (Inferior a 10 trabajadores y volumen de negocio balance inferior a 2 millones)
  2. b)           Estar dados de alta en el IAE, y en la Seguridad Social.
  3. c)            Desarrollar actividad en un local afecto a la misma que esté situado en el Municipio de Murcia, que cuente con la preceptiva licencia municipal para ello
  4. d)           Cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiario, establecidos en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  5. e)           Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT, obligaciones con la Seguridad Social y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Ayuntamiento de Murcia
  6. f)            El solicitante deberá declarar todas las ayudas o subvenciones que haya solicitado u obtenido, tanto al iniciarse el expediente administrativo como en cualquier momento del procedimiento en que ello se produzca, para lo que se estará a lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del Reglamento General de Subvenciones.
  7. g)            No haber sido objetos de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por haber ejercido o tolerado prácticas discriminatorias por razón de se

  Quedan excluidas aquellas personas que no sean titulares de la actividad económica. No ser el solicitante titular de la actividad económica bien por ser “autónomo colaborador” (cónyuge y familiares hasta el segundo grado inclusive por consanguinidad, afinidad y adopción, que colaboren con el trabajador autónomo de forma personal, habitual y directa y no tengan la condición de asalariados), bien por ser gerente o administrador de una sociedad mercantil, o pariente de éste, en los términos exigidos por la normativa de Seguridad Social.  

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PLAZO DE SOLICITUD

Como hemos dicho, el plazo para su solicitud vencía el 30/09/2020 pero ha sido ampliado hasta el 30/10/2020siempre y cuando quede presupuesto disponible pues, en caso de que se agotarse antes de dicha fecha, no se podrán seguir presentando solicitudes. Este hecho, según se establecen en los Criterios de adjudicación, será publicado en la página web del Ayto. de Murcia.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Las ayudas se destinan a cubrir los gastos fijos (excluido el IVA) derivados del re-inicio de la actividad económica. Dichos gastos deberán alcanzar el importe de la Ayuda concedida. Tendrán la consideración del gastos subvencionables,

  •  las rentas del alquiler del local en el que se presta directamente  la actividad, que deberá contar con la  preceptiva licencia municipal para el ejercicio de la misma,
  • sus gastos de luz,
  • de agua,
  • de conexión a internet,
  • leasing, renting
  • y además, los  gastos ordinarios ocasionados para dar cumplimiento a las medidas sanitarias y de prevención de riesgos laborales que se tienen que implementar para re-iniciar la actividad, entre las que se incluyen, la desinfección de locales, compra de mamparas, de material higiénico (guantes, mascarillas, gel hidroalcohol), aparatos de higienización, adhesivos y elementos de señalización.

Dichos gastos tienen que ser justificados durante el periodo del 1 de enero a 31 de marzo de 2021. Los gastos fijos referidos, deberán corresponderse con el periodo comprendido entre el momento en el que se reinicia la actividad y el 31 de diciembre de 2020.  

CUANTÍA

  La cuantía máxima de la ayuda por beneficiario será:d  

  • 1.000 € para las personas  trabajadoras autónomas por cuenta propia o micropymes sin trabajadores  o que tengan  hasta 3 trabajadores/as.
  • 1.500€  para personas trabajadoras autónomas por cuenta propia o micropymes que tengan cuatro o mas trabajadores/as* (Máximo 9 trabajadores/as para tener la condición de micropyme).

  Deberán acreditar, dentro del periodo de justificación establecido para las ayudas REINICIA, el alta de las personas trabajadoras mediante la correspondiente certificación de la T.G.S.S. La persona interesada deberán  indicar en su instancia  el importe de la Ayuda que solicita, conforme a los límites máximos anteriormente señalados, en función de la estimación de los “gastos subvencionables” susceptibles de poder ser justificados dentro del periodo establecido.  

OBLIGACIONES

 

  • Mantenimiento de la actividad económica;
  • Mantenimiento de una media del 50 % de su plantilla de trabajadores por cuenta ajena existente a 13 marzo hasta 31 diciembre 2020.
  • Permanecer en el Régimen Especial de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta propia hasta el 31/12/2020.
  • No se contabilizarán aquellos trabajadores que estén en ERTE.
  • Es necesario disponer de Certificado electrónico

 

DOCUMENTACION A APORTAR

  • Documentación que acredite la representación legal.
  • Certificado titularidad bancaria.
  • Certificado acreditativo de estar al corriente de pago con la AEAT.
  • Certificado acreditativo de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
  • Certificado acreditativo de estar al corriente de pago con el Ayto. de Murcia.Si está interesado en ampliar información sobre estas u otras ayudas, o necesita asesoramiento para solicitarlas, no dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento jurídico, que se encargará de asesorarle y encontrar la mejor opción para su empresa y trabajadores. Aselec, asesoría y abogados

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  Estefanía Belchí Abogada estefania@aselecconsultores.com ASELEC asesoría y abogados

 

GUIA SOBRE LOS NUEVOS ERTE

Tras la pérdida de vigencia de los ERTES por causa de fuerza mayor el día 30 de septiembre, el Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto con medidas sociales en defensa del empleo.

A continuación, exponemos los puntos más destacados de la nueva normativa.

ERTES FUERZA MAYOR VIGENTES

Los ERTE vigentes y basados en el artículo 22 del RDL 8/2020, estos son los ERTE por fuerza mayor, se prorroga automáticamente hasta 31 de enero de 2021.

Esta prórroga automática establecida en el artículo 1º no da lugar a exoneraciones de cuotas de Seguridad Social.

Únicamente podrán acceder a exoneraciones aquellas empresas que prorroguen su ERTE de forma automática según el artículo 1º del RD 30/2020 y además pertenezcan a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de recuperación y cuya actividad se clasifique en los CNAE 09 previsto en anexo del RD 30/2020, 29 de septiembre.

También pueden acceder a las exoneraciones aquellos negocios que dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas a las que se refiere el apartado anterior, o que formen parte de la cadena de valor de estas.

Para poder acceder a estas a las exoneraciones es necesario presentar la solicitud entre los días 5 y 19 de octubre de 2020 según el procedimiento establecido en el RD.

Ver también 

NUEVOS ERTES POR IMPEDIMIENTOS O LIMITACIONES

Artículo número 2 del RD regula dos nuevos tipos de ERTE por Fuerza Mayor. ERTE por impedimento: empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas por autoridades a partir del 1 de octubre de 2020. Se tendrá que tramitar un nuevo ERTE por FM derivado de estas nuevas restricciones o medidas de contención adoptadas por las autoridades competentes. Sólo tendrá vigencia por el tiempo que se extiendan estas restricciones. Para estos nuevos ERTE las exoneraciones llegaran al 100% de la aportación empresarial en empresas de menos de 50 trabajadores y del 90% en empresas de más de 50 trabajadores.   ERTE por limitaciones: empresas que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad por consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas. Para este tipo de ERTE las exoneraciones serán las siguientes: En empresa de menos de 50 trabajadores exoneraciones del 100%, 90%, 85% o 80% para los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. En empresa de más de 50 trabajadores exoneraciones del 90%, 80%, 75% o 70% para los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero.  

 ERTES POR CAUSAS ETOP

Artículo 3 regula el procedimiento de suspensión o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativos y de producción vinculadas a la COVID-19. Aquellos ERTE ETOP vinculados a la Covid-19 iniciados tras la entrada en vigor del RD 30/2020, 29 de septiembre y hasta el 31 de enero de 2021, les resultará de aplicación el artículo 23 del RDL 8/2020. Este ERTE ETOP se podrá iniciar mientras esté vigente un ERTE por FM. Igualmente, cuando se inicie tras la finalización de un ERTE FM, la fecha de efectos se retrotraerá a la fecha de finalización de este.    Para los ERTE ETOP ya vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta normativa, seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma, y siendo posible su prórroga.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO

Artículo 7 de la norma reitera que No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere este artículo. Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras. Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

Según el artículo 5 de la norma, empresas cuyes ERTES se regulan según el RD Ley 8/2020, el mantenimiento de empleo sería de 6 meses a contar desde el momento en que reincorporaste al primer trabajador. Si el ERTE se realizó según el RD Ley 24/2020 de 26 de junio, los 6 meses contarían desde la fecha de entrada en vigor de dicha norma. Prorrogar el ERTE con exoneraciones conforme al nuevo RD o aplicar alguna de las especialidades de ERTE por fuerza mayor, la empresa quedaría obligada a mantener el empleo por un nuevo periodo de 6 meses. En total el mantenimiento sería de un total de 12 meses.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA AUTÓNOMOS

El Real Decreto 30/2020 de 29 de septiembre establece una prestación extraordinaria para los autónomos.

    1. Trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividadescomo consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID-19. Los requisitos son:
      • Estar en alta y al corriente en el pago de cotizaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
      • La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización.
      • El derecho a la prestación nacerá desde el dia siguiente a la adopción de la medida de cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último dia del mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante este tiempo el trabajador autónomo estará exonerado de ingreso de las cuotas a Seguridad Social y se extenderá hasta el último dia del mes siguiente a que se levante dicha medida.
      • El percibo de la prestación es incompatible con el trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos por este trabajo sean inferiores a 1,25 veces el importe del S.M.I. También es incompatible con la percepción de ingresos procedentes de una sociedad y con la percepción de una prestación de la Seguridad Social (a no ser que ésta sea compatible con el desempeño de la actividad desarrollada).
    1. Prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria para los trabajadores autónomos que cumplen los siguientes requisitos:
      • Estar en alta y al corriente en el pago de cotizaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
      • No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre del ejercicio 2020 superiores al S.M.I.
      • Sufrir, en el cuarto trimestre del 2020, una reducción en los ingresos de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación a los ingresos habidos en el primer trimestre del 2020
      • La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización.
      • El percibo de la prestación es incompatible con el trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos por este trabajo sean inferiores a 1,25 veces el importe del S.M.I.. También es incompatible con la percepción de ingresos procedentes de una sociedad y con la percepción de una prestación de la Seguridad social (a no ser que ésta sea compatible con el desempeño de la actividad desarrollada).
    1. Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad prevista en el RD 24/2020 de 26 de junio, podrán continuar percibiéndola hasta el 31/01/2021, siempre que en el cuarto trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión.
      • El acceso a esta prórroga exigirá acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros. Asimismo, los rendimientos netos no podrán superar los 1.939,58 euros mensuales.
      • La prestación será del 70% de la base de cotización y podrá percibirse como máximo hasta el 31 de octubre.
      • El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.
      • La mutua colaboradora abonará al trabajador junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna.

La duración de la prestación será de 4 meses (1 de octubre hasta 31 enero de 2021), siempre que la solicitud se presente antes del dia 15 de octubre. En el caso de que se presente después, los efectos serán del primer dia del mes siguiente a la presentación de la solicitud y su duración será como máximo hasta el 31 de enero de 2021

  Para más información puede contactar con los profesionales de nuestro despacho.

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PUBLICADO EL LISTADO DE DEUDORES A LA HACIENDA PÚBLICA

La Agencia Tributaria apura la prórroga por COVID-19 para la publicación del Listado de Deudores con la Hacienda Pública

ACUERDO DE PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE DEUDORES ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA (AEAT 01-10-2020)

En la página web de la AEAT se ha publicado el listado de deudores con la Hacienda Pública el 1 de octubre de 2020, último día al que se prorrogó la fecha de publicación de este listado, como consecuencia de la situación de pandemia provocada por la COVID-19 y declaración del estado de alarma, de acuerdo con lo previsto en el art. 95 bis de la Ley General Tributaria y teniendo en cuenta la disp. adic. tercera del RD-Ley 19/2020 (Medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19).

Este listado comprende la relación de los deudores a la Hacienda Pública por deudas y sanciones pendientes de pago, que superan el importe de 1.000.000 € y no se encuentran ni suspendidas ni aplazadas, obrantes en el Sistema de Información de la AEAT a fecha de referencia 31 de diciembre de 2019.

 

Acuerdo de publicación del listado de deudores. Artículo 95 bis de la Ley General Tributaria (AEAT 01-10-2020)
Materias afectadas:

  • Colaboración social en la aplicación de los tributos.
  • Publicidad del incumplimiento de las obligaciones tributarias.

El artículo único.18 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, introdujo en la Ley General Tributaria un nuevo artículo 95 bis relativo a la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.

En dicho precepto se determina que la Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:

— Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso supere el importe de 1.000.000 de euros.

— Que dichas deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario.

En cambio, no se incluyen las deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas.

Le interesa:

La información que se refleja en dichos listados consiste en lo siguiente:

— Identificación de los deudores:

· Personas Físicas: nombre apellidos y NIF.

· Personas Jurídicas y entidades del artículo 35.4 LGT: razón o denominación social completa y NIF.

— El importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes de pago tenidas en cuenta a efectos de la publicación.

Por otro lado, la propuesta de inclusión en el listado debe ser comunicada al deudor afectado, que podrá formular alegaciones en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de recepción de la comunicación. A estos efectos será suficiente para entender realizada dicha comunicación, la acreditación por parte de la Administración Tributaria de haber realizado un intento de notificación de la misma que contenga el texto íntegro de su contenido en el domicilio fiscal del interesado.

Respecto a las alegaciones, estas habrán de referirse exclusivamente a la existencia de errores materiales, de hecho o aritméticos, aunque las posibles rectificaciones también podrán ser acordadas de oficio.

La publicación del listado de deudores debe efectuarse por medios electrónicos, debiendo adoptarse las medidas necesarias para impedir la indexación de su contenido a través de motores de búsqueda en Internet y los listados dejarán de ser accesibles una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación.

Este año, como consecuencia de la situación de pandemia provocada y la consiguiente declaración del Estado de Alarma, la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, estableció la extensión del plazo de publicación del listado de deudores a la Hacienda Pública hasta el 1 de octubre de 2020.

SI NECESITA AYUDA EN SU PLANIFICACIÓN FISCAL, O ASESORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONTACTE CON NOSOTROS 📲TELF 968 909 747.

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Fuente: Wolters Kluwer Foto: Freepick

 

 

CALENDARIO FISCAL OCTUBRE 2020

COMIENZA OCTUBRE Y COMO CADA MES, EN ASELEC LES DETALLAMOS EN NUESTRO CALENDARIO FISCAL OCTUBRE 2020, LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES, A LAS QUE ESTÁN VINCULADAS, AUNQUE CON LOS APLAZAMIENTOS A LOS QUE YA NOS REFERIMOS, DERIVADAS DE LA SITUACIÓN ORIGINADA POR EL COVID-19:

Con el fin de ayudar en la planificación de las citas fiscales de este mes, les ofrecemos nuestro DESCARGABLE GRATUITO CON EL CALENDARIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL MES, de acuerdo con el Calendario del contribuyente 2020 que la Agencia Tributaria publica para los interesados.

En el mes de OCTUBRE, las citas fiscales son las siguientes:

Hasta el 20 de octubre

    • Renta y Sociedades
    • IVA
    • Impuesto sobre las Primas de Seguros
    • Impuestos Especiales de Fabricación
    • Impuesto Especial sobre la Electricidad
    • Impuestos Medioambientales
    • Impuesto Especial sobre el Carbón

Hasta el 30 de octubre

    • IVA

Veamos estas obligaciones fiscales con más detalle:

Hasta el 20 de octubre

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Septiembre 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Tercer trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagos fraccionados Renta

  • Tercer trimestre 2020:
    • Estimación directa: 130
    • Estimación objetiva: 131

Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no Residentes

  • Ejercicio en curso:
    • Régimen general: 202
    • Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): 222

IVA

  • Septiembre 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
  • Septiembre 2020. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
  • Tercer trimestre 2020. Autoliquidación: 303
  • Tercer trimestre 2020. Declaración-liquidación no periódica: 309
  • Tercer trimestre 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
  • Tercer trimestre 2020. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación: 368
  • Tercer trimestre 2020. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
  • Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: 308
  • Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: 341

Le interesa

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Septiembre 2020: 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Julio 2020. Grandes empresas: 561, 562, 563
  • Septiembre 2020: 548, 566, 581
  • Tercer trimestre 2020: 521, 522, 547
  • Tercer trimestre 2020. Actividades V1, V2, V7, F1, F2: 553 -establecimientos autorizados para la llevanza de la contabilidad en soporte papel-
  • Tercer trimestre 2020. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572
  • Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados: 510

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD

  • Septiembre 2020. Grandes empresas: 560
  • Tercer trimestre 2020. Excepto grandes empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Tercer trimestre 2020. Pago fraccionado: 585
  • Pago fraccionado 2020: 589

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN

  • Tercer trimestre 2020: 595

Hasta el 30 de octubre

IVA

  • Septiembre 2020. Autoliquidación: 303
  • Septiembre 2020. Grupo de entidades, modelo individual: 322
  • Septiembre 2020. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

 

 

El equipo de profesionales asesores fiscales de Aselec, fundamenta el asesoramiento en la Planificación Fiscal personalizada, como herramienta básica para minimizar el pago de impuestos y de esta manera conseguimos estar conectados a sus objetivosContacte con nosotros.

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CALENDARIO FISCAL OCTUBRE 2020 ASELEC

 

 

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CÓMO AFECTA EL COVID-19 A LA DECLARACIÓN DE LA RENTA DE 2020

Las distintas medidas aprobadas por el Gobierno para frenar la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus tienen repercusión en el ámbito tributario. Así, los ERTES, la prestación por cese de los trabajadores autónomos, las rebajas o moratorias del alquiler…influyen en el IRPF  o declaración de la Renta de 2020.

Una vez finalizada la campaña de la Declaración de la Renta de 2019, y aún siendo pronto para pensar en la declaración del año que viene, lo cierto es que, y dada la excepcionalidad del año 2020, consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID- 19, es importante centrar la atención en las consecuencias que los rendimientos percibidos a lo largo de este año (ERTES, prestación extraordinaria por cese de actividad…) tendrán en la Declaración de la Renta del ejercicio 2020.

Así, y desde que se declarara el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se han ido aprobando una gran cantidad de normas con incidencia en el ámbito tributario.

A continuación, detallamos la repercusión que estas medidas derivadas de la situación de crisis provocada por el coronavirus, tendrán en la próxima declaración de la renta.

1. Prestaciones percibidas a consecuencia de un ERTE.

Ante la extraordinaria situación de gravedad y con el objetivo de disminuir el impacto negativo que sobre el empleo está teniendo una situación coyuntural como la actual, se flexibilizaron los requisitos para que los trabajadores afectados por un ERTE tuviesen acceso a la prestación contributiva por desempleo.

No obstante, la percepción de dicha prestación no está exenta de tributación en el IRPF, sino que tendría la consideración de rendimiento del trabajo, teniendo importantes consecuencias pues puede afectar a la obligación de presentar la declaración de la Renta de 2020 y ello por cuanto el contribuyente pasa a tener dos pagadores (la empresa y el SEPE), con la consiguiente disminución del límite económico que determina la obligación de declarar. Así, en lugar de los habituales 22.000 euros, dicho importe disminuye a 14.000 euros si se han cobrado más de 1.500 euros del segundo pagador.

A ello debe sumarse el hecho de que las prestaciones abonadas por el SEPE apenas tienen retención por lo que con toda probabilidad el resultado de la declaración sería a ingresar. Para evitar esto, el trabajador puede solicitar un aumento del tipo de retención bien a su empresa si ya se ha reincorporado a su puesto o al SEPE en caso de continuar en el ERTE.

2. Baja por enfermedad

Nos encontramos ante el mismo problema anterior (dos pagadores) reduciéndose, por tanto, el límite de la obligación de declarar. En estos supuestos, y una vez transcurridos determinados días, la prestación derivada de la baja por enfermedad, ya sea consecuencia del virus o no, deja de abonarla la empresa pasando a pagarla la Seguridad Social.

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3. Deducción por maternidad o paternidad en caso de ERTE

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Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes podrán minorar la cuota diferencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta en 100 euros mensuales por cada hijo menor de tres años, siempre que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad (arts. 81 LIRPF y 60 RIRPF).

De acuerdo con el art. 262.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el caso de expedientes de regulación temporal de empleo en los que se suspenda el contrato de trabajo, el contribuyente se encuentra en situación de desempleo total.

Por tanto, en los casos de suspensión del contrato de trabajo como consecuencia de la aprobación de un expediente de regulación temporal de empleo, deja de realizarse una actividad por cuenta ajena y de cumplirse los requisitos para disfrutar de la deducción por maternidad y el correspondiente abono anticipado.

Solo sería posible realizar un trabajo por cuenta ajena, cuando éste se realizase a tiempo parcial en supuestos temporales de regulación de empleo. En estos casos sí se tendría derecho por esos meses a la deducción por maternidad.

Por tanto, muchas madres acogidas a un ERTE se verán afectadas por esta circunstancia ya que durante los meses que el contrato de trabajo se encuentre en suspenso, no tendrán derecho a la deducción por maternidad ni, por tanto, a su abono anticipado. Este es el criterio que sigue la AEAT en diversas consultas vinculantes (DGT V1955-13 y V1957-13, ambas de 11 de junio de 2013).

4. Arrendamiento de inmuebles

Los propietarios que tengan bienes inmuebles arrendados pueden enfrentarse a tres posibles escenarios:

novedades-contratos-arrendamiento-aselecReducción de la renta: el arrendador reflejará como rendimiento íntegro durante los meses a los que afecte la rebaja en el precio del alquiler los nuevos importes acordados por las partes, cualquiera que sea su importe. Además, debe tener presente que seguirán siendo deducibles los gastos necesarios para el alquiler incurridos durante el período al que afecte la modificación y que no procederá la imputación de rentas inmobiliarias al seguir arrendado el inmueble. A su vez, será aplicable la reducción del 60 % cuando se trate de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a vivienda.

Moratoria de los pagos del alquiler: el arrendador no debe reflejar rendimiento en los meses en los que se ha diferido dicho pago. Al igual que en el supuesto anterior, seguirán siendo deducibles los gastos necesarios para el alquiler incurridos durante el período al que afecte la modificación y que no procederá la imputación de rentas inmobiliarias al seguir arrendado el inmueble. A su vez, será aplicable la reducción del 60 % cuando se trate de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a vivienda.

Condonación de la deuda: el arrendador tiene que imputar renta inmobiliaria. En este sentido se pronuncia la DGT V0985-20 de 21 de abril de 2020.

5. Segundas residencias.

La declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria derivada de COVID-19 no tiene efecto alguno en la imputación de rentas inmobiliarias de los titulares de segundas viviendas, que no están alquiladas ni afectas a actividad económica alguna y que tampoco constituyen la residencia habitual del propietario.

Por ello, y tal y como concluye la DGT V1474-20 de 19 de mayo de 2020: «la imputación de rentas inmobiliarias no tiene en cuenta la utilización efectiva de la segunda vivienda sino su disponibilidad a favor de su titular, sin que la Ley atienda a circunstancias que puedan afectar a dicha utilización, tales como la enfermedad, el trabajo u otras que determinen la imposibilidad de acudir a ella por la limitación de la movilidad consecuencia del Estado de Alarma», procede la imputación de rentas inmobiliarias prevista en el art. 85 de la LIRPF.

6. Rescate de planes de pensiones10-consejos-de-fin-de-ano-para-ahorrar-en-la-renta-de-2019-aselec

Los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos (DA 20 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo y art. 23 del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril):

Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
– Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020.
– Ser trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales, o en régimen de mutualismo alternativo a estas, y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Podrán hacer efectivos sus derechos consolidados hasta los siguientes importes respectivamente:

– Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

– Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público.
– Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Este reembolso de derechos consolidados, podrá solicitarse durante el plazo de seis meses desde el 14 de marzo de 2020 y queda sujeto al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones, esto es, tributan como rendimientos del trabajo imputándose al año en que sean percibidos.

Cabe recordar que se prevé un régimen transitorio (DT 12 LIRPF) para las aportaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2007, consistente en una reducción del 40 % del importe percibido siempre que se rescate en forma de capital. No obstante, es importante valorar el impacto fiscal pues el rescate en forma de capital eleva la base imponible lo que puede llevar a tributar a tipos altos.

7. Rentas en especie: cesión de vehículos.

La declaración del estado de alarma y la consiguiente limitación de circulación derivado del mismo, en nada afecta a la consideración de rendimiento del trabajo en especie por la cesión a los trabajadores del uso de un vehículo por la empresa.

Esta es la conclusión a la que llega la AEAT (DGT V1387-20, de 13 de mayo de 2020), al señalar que el estado de alarma no implica la inmovilización del vehículo, sino la limitación de los desplazamientos a los permitidos en dicho estado; partiendo del concepto de retribución en especie previsto en el artículo 42.1 de la LIRPF, que exige «la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda», debe señalarse que la imputación al contribuyente de la retribución en especie deriva de la obtención del derecho de uso del vehículo, existiendo dicha retribución en la medida en que éste tenga la facultad de disponer del vehículo para usos particulares, con independencia de que exista o no una utilización efectiva para dichos fines, por lo que procede en consecuencia la imputación de un rendimiento de trabajo en especie.

8. Suspensión del cómputo del plazo en supuestos de reinversión de ganancias patrimoniales

8.1 Reinversión en vivienda habitual

El art. 38.1 de la LIRPF regula la exención por reinversión en vivienda habitual cuyo desarrollo reglamentario lo encontramos en el art. 41 del RIRPF.
Conforme con tal regulación, para que la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de la vivienda habitual resulte exenta es necesario reinvertir el importe total obtenido en la adquisición de una nueva vivienda habitual en el plazo de los dos años anteriores o posteriores a contar desde la fecha de enajenación.

No obstante, y en la actual situación se debe mencionar el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que en su disposición adicional novena establece que: «Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria», si bien, posteriormente, la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, extendió hasta el 30 de mayo la vigencia de la suspensión de los plazos.
Por tanto, tal y como establecen los citados Reales Decretos-Ley y como se desprende de las consultas vinculantes DGT V1232-20 de 4 de mayo de 2020, V1115-20, V1117-20 y V 1118-20, todas ellas de 28 de abril de 2020 de , a efectos del plazo de dos años previsto para la reinversión en una nueva vivienda del importe obtenido en la venta de la vivienda antigua, se paraliza el cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020.

8.2. Reinversión en rentas vitalicias

El art. 38.3 de la LIRPF regula la exención de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales por contribuyentes mayores de 65 años, siempre que el importe total obtenido se destine en el plazo de seis meses a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, siendo la cuantía máxima que puede destinarse a constituir dicha renta vitalicia de 240.000 euros.
A efectos del plazo de seis meses resultaría de aplicación lo dispuesto en los Reales Decretos-Ley indicados anteriormente, de modo que se paraliza el cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020. En igual sentido se pronuncia la DGT V2034-2020 de 19 de junio de 2020.

9. Moratoria de las hipotecas

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La deducción por inversión en vivienda habitual regulada en la disposición transitoria decimoctava de la LIRPF y que se aplica a aquellos contribuyentes que la hubiesen adquirido con anterioridad a 1 de enero de 2013 o que hubieran satisfecho cantidades por obras de rehabilitación o ampliación o bien para la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de discapacitados, puede verse afectada.
La situación de emergencia provocada por el COVID-19 ha llevado a que muchas personas tengan problemas de liquidez que les permita afrontar, entre otros, el pago del préstamo hipotecario. En esta tesitura, y con el objetivo de asegurar la protección de los deudores hipotecarios, se aprobó el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, que adoptó como medida el acceso a una moratoria en el pago de sus hipotecas, regulación que ha sido modificada por el Real Decreto-Ley 11/2020,de 31 de marzo.

En consecuencia, y en caso de haberse acogido a la moratoria, conllevaría un menor gasto en el préstamo hipotecario de la vivienda y, por tanto, una menor desgravación por ella, siempre y cuando se cumplan los restantes requisitos y se tenga derecho a dicha deducción.

10. Mejora en la deducibilidad de los donativos

Se ha incrementado el porcentaje de deducción de los donativos efectuados a las entidades beneficiarias del mecenazgo. Así, los primeros 150 euros darán derecho a una deducción del 80 % (antes del 75 %); el importe que supere esa cuantía tendrá derecho a una desgravación adicional del 35% (antes del 30 %), y, con el objetivo de premiar la habitualidad, quien haya donado durante los dos años anteriores a la misma entidad un importe igual o superior, al del año anterior, que exceda de 150 euros anuales, se beneficia de una deducción del 40% (antes del 35 %).

11. Prestación extraordinaria por cese de la actividad de los autónomos.

También los autónomos, a la hora de hacer la declaración de la renta, tienen que tener en cuenta la repercusión de haber percibido la prestación extraordinaria por cese de la actividad. A efectos del IRPF tributará como rendimiento del trabajo, salvo que se perciba en la modalidad de pago único en cuyo caso quedará exenta.

12. Régimen de estimación objetiva (módulos).

Como excepción a la regla general, y a consecuencia de la situación de crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19, se ha eliminado para el ejercicio 2020, la vinculación obligatoria que durante tres años se establece legalmente para la renuncia al método de estimación objetiva, de modo que quienes hayan renunciado a la aplicación de dicho método en el plazo para la presentación del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del 2020, podrán volver a aplicar el referido método en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos normativos para su aplicación y revoquen la renuncia al método de estimación objetiva durante el mes de diciembre de 2020 o mediante la presentación en plazo de la declaración correspondiente al pago fraccionado del ejercicio 2021 (art. 10 Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril).

13. Residencia fiscal

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La DGT analiza el supuesto de un matrimonio con residencia fiscal en El Líbano, quienes llegaron a España en enero de 2020 para un viaje de 3 meses pero que, debido al estado de alarma, no han podido regresar (DGT V1983-20, de 17 de junio de 2020).
La DGT en la referida consulta concluye que «los días pasados en España por el matrimonio, debido al estado de alarma, se computarían, por lo que si permanecieran más de 183 días en territorio español en el año 2020, serían considerados contribuyentes del IRPF».

Para llegar a tal conclusión parte de la regulación contenida en el art. 9 de la LIRPF. Según el mencionado precepto, una persona física será considerada residente fiscal en España en la medida en que concurra alguno de los siguientes criterios:

permanencia de más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país.
que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Asimismo, la LIRPF establece una presunción, que admite prueba en contrario, de que el contribuyente tiene su residencia fiscal en España cuando, de conformidad con los criterios anteriores, resida habitualmente en España su cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél.

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Fuente: Wolters Kluwer Foto: Freepick

 

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TODO LO QUE QUIERES SABER DE LA NUEVA LEY DEL TELETRABAJO

Tras un largo proceso de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales , el RDL 28/2020, de 22 de septiembre, regula la Ley de Trabajo a Distancia , el llamado»Teletrabajo», que entrará en vigor a los 20 días de su publicación, es decir, el 13 de octubre de 2020.

Una vez publicada esta norma, y finalizada la prórroga de tres meses desde la finalización del estado de alarma, desde el pasado 21 de septiembre ha desaparecido el carácter preferente del trabajo a distancia que en su día estableció en el artículo 5 del RDL 8/2020, de 17 de marzo.

PRINCIPALES NOVEDADES DEL REAL DECRETO-LEY 28/2020 DE TRABAJO A DISTANCIA  O TELETRABAJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora sí, procedemos a desarrollar las principales novedades que incorpora el Real Decreto-Ley 28/2020 de la Ley de Trabajo a Distancia:

¿Qué se entiende por trabajo a distancia?

Relaciones de trabajo que se desarrollen a distancia con carácter regular. Entendiendo por regularidad en un período de referencia de 3 meses, un mínimo del 30%.

Limitaciones:  En el trabajo a distancia para contratos celebrados con menores y en las relaciones en prácticas y para la formación y el aprendizaje se deberá garantizar que un mínimo del 50% de prestación de servicios tiene carácter presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático de la formación teórica.

 

 Descripción Conceptos básicos

Trabajo a distancia: cuando la actividad laboral se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.

Teletrabajo:  es el trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

Trabajo presencial: se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

 

Obligatoriedad de Acuerdo de Trabajo a Distancia (ATD)

Regular esta situación por escrito antes de iniciar el trabajo a distancia.

Registrar este acuerdo antes la Oficina de Empleo.

Cambio en las condiciones de la prestación del servicio reflejadas en este pacto requiere nuevo acuerdo por escrito entre la Empresa y personas trabajadora.

La empresa entregara copia a los representantes de los trabajadores de los ATD y de sus modificaciones, en un plazo no superior a 10 días desde su formalización.

Contenido mínimo obligatorio del Acuerdo Trabajo a Distancia (ATD)

  1. a) Inventario de los medios, equipos y herramientas —incluidos consumibles y elementos muebles—, así como su vida útil o período máximo para su renovación;
  2. b) Enumeración de los gastos, forma de cuantificación y momento y forma de abono —esta se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en convenio o acuerdo colectivo—;
  3. c) Horario de trabajo y reglas de disponibilidad;
  4. d) Porcentaje y distribución entre trabajo de presencia y trabajo a distancia —en su caso—;
  5. e) Centro de trabajo de la empresa donde queda adscrita la persona trabajadora;
  6. f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora;
  7. g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de reversibilidad;
  8. h) Medios de control empresarial de la actividad;
  9. i) Procedimiento a seguir en caso de dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia;
  10. j) Instrucciones dictadas por la Empresa, con la participación de la Representación Legal Trabajadores, para la protección de datos
  11. k) Instrucciones sobre seguridad de la información, específicamente aplicables al trabajo a distancia
  12. l) Duración del acuerdo o de la prestación de servicios a distancia.

 

Derechos de los trabajadores a distancia

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Derechos relacionados con la carrera profesional. Garantizar la participación efectiva, en las acciones formativas, de las personas que trabajan a distancia y garantizar la promoción profesional de aquellos trabajadores que prestan servicios presenciales.

Derechos de contenido económico. Derecho a una dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa, de todos los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Garantizar la atención necesaria en el caso de dificultades técnicas, particularmente para el teletrabajo.

Derechos vinculados con el tiempo de trabajo. El horario que debe constar en el ATD puede ser alterado por la persona trabajadora dentro de los límites fijados en el propio acuerdo. La presunción es favorable a la flexibilidad horaria en beneficio del teletrabajador. Existe la obligación de registro horario que debe reflejar fielmente la jornada de trabajo, y, deberá incluir el momento de inicio y finalización de la jornada.

Derechos relacionados con la prevención de riesgos laborales. Protección adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se deberá realizar una evaluación de riesgos y una planificación de la actividad preventiva, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos.

Derechos relacionados con el uso de medios digitales. Se garantiza expresamente el derecho a la intimidaddel teletrabajador y establece que los mecanismos de control que pudieran existir deberán ser idóneos, necesarios y proporcionados.

Derecho desconexión digital fuera del horario de trabajo. Garantizar una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y trabajo durante los períodos de descanso.

Derechos colectivos. Se reconoce ese derecho a las personas trabajadoras a distancia con el mismo contenido y alcance que para el resto de las personas trabajadoras —presenciales.

 

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Se establecen las facultades de organización, dirección y control empresarial para el trabajo a distancia.

Las personas trabajadoras a distancia deberán:

✓ Cumplir con las instrucciones sobre protección de datos establecidas por la Empresa.

✓ Cumplir con las instrucciones sobre seguridad de la información fijadas por la empresa.

✓ Cumplir con las condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos informáticos establecidos en la empresa, dentro de los términos pactados, en su caso, por la negociación colectiva.

Por su parte, la Empresa podrá adoptar las medidas que estime oportunas de vigilancia y control, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.

Información relevante

El trabajo a distancia será voluntario para ambas partes.

El ejercicio de reversibilidad (posibilidad de variar la decisión de pasar de trabajo presencial a trabajo a distancia y viceversa). Será posible tanto para la persona trabajadora como para la Empresa en los términos establecidos en la negociación colectiva o en los fijados en el ATD.

No serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de condiciones de trabajo:

  1. La negativa de la persona trabajadora a esta modalidad de prestación de servicios.
  2. El uso de la reversibilidad al trabajo presencial.
  3. las dificultades para el desarrollo adecuado de la prestación que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia.

✓ En caso de puestos de trabajo vacantes con carácter presencial, preferencia de acceso al trabajo presencial—total o parcial— de aquellas personas que realicen trabajo a distancia durante la totalidad de su jornada.

Disposición transitoria tercera: MUY IMPORTANTE: La LTD no será de aplicación, y por lo tanto no se deberán formalizar ATD con aquellos trabajadores que presten actividades no presenciales, si este trabajo a distancia, inexistente con anterioridad en la empresa, ha venido forzado por la actual situación de la pandemia y mientras la misma se mantenga; la LTD no puede instrumentalizarse para mermar derechos reconocidos a los que ya «teletrabajaban» antes de su publicación.

Por otro lado en la disposición adicional tercera, se prorroga el artículo 6 del RDL 8/2020 de 17 de marzo, en el que se regula el Plan MECUIDA, que permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2021.

Se especifica que se considerará Infracción Grave en materia de relaciones laborales, el «no formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito sea exigible o lo haya solicitado la persona trabajadora, o no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los términos y con los requisitos legalmente previstos.» (artículo 7.1 LISOS).

 

Otros temas tratados en el RDL 28/2020, de 22 de septiembre.

Como ya viene siendo habitual, se utiliza este RDL para introducir cuestiones tan diversas, a través de estas disposiciones, como el régimen fiscal aplicable a la final femenina de la UEFA Champions League 2020, el tipo impositivo aplicable al IVA de bienes necesarios para combatir el COVID-19, modificaciones en normativa del sector ferroviario. Incluso se trata de perfeccionar y reordenar los requisitos para la tramitación y petición del denominado Ingreso Mínimo Vital ante los problemas que han surgido desde que esa nueva prestación fue aprobada.

Como ya se refleja en el cuerpo normativo y destacábamos al inicio, la negociación colectiva (convenio o acuerdos colectivos) tiene un papel muy relevante en la LTD. Y así se acentúa en la disposición adicional primera, donde le concede la posibilidad de establecer la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las condiciones de acceso al mismo, el desarrollo de la actividad, una duración máxima, contenidos adicionales en el ATD y otras cuestiones que se consideren necesarias de regular; pudiendo también desarrollar una jornada mínima presencial, el ejercicio de reversibilidad, un porcentaje o período de referencia inferiores a los fijados en esta Ley como carácter regular(7) , un porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos diferente al previsto (50%) (8) , así como circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión.

Si necesita ayuda o asesoramiento en la gestión del trabajo a distancia con su plantilla contacte con nosotros.

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Fuente e infografía: Wolters Kluwer Fotos: Freepick