Protección del trabajo autónomo en el RDL 30/2020:Se publica un criterio para flexibilizar el acceso a la prestación extraordinaria por suspensión a actividad a favor de algunos autónomos del sector de la hostelería. Resumimos dicho criterio y recordamos todas las medidas introducidas por el citado RDL.
1. Criterio para trabajadores autónomos del sector de hostelería
En definitiva, los hosteleros autónomos que NO presten los citados servicios podrán acceder:
— A la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, mediante solicitud a la mutua y aportando declaración responsable.
— A la prestación compatible con la actividad si estiman que su facturación ha caído un 75% respecto al último trimestre del año pasado.
En cuanto a los hosteleros que SÍ realicen ese servicio de reparto a domicilio o recogida en local, podrán acceder a la prestación compatible, con la estimación de facturación señalada anteriormente.
La ampliación a estos supuestos se produce después de que en algunos territorios se haya suspendido la actividad de la restauración, salvo en el servicio a domicilio, con el objetivo de mitigar la propagación del COVID-19.
La medida se ha adoptado tras diversas quejas de las principales asociaciones de trabajadores autónomos, que denunciaron la desprotección de este sector a pesar de que la Seguridad Social abonó el pasado 30 de octubre 234,21 millones de euros a más de 256.000 trabajadores autónomos a los que les fue reconocida alguna de las prestaciones puestas en marcha para paliar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. De ellos, casi 15.000 fueron beneficiarios de la prestación por suspensión temporal de la actividad. En ese mes, se registraron de media 3,265 millones de afiliados a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos, 1.816 más que en septiembre.
Recordemos que el citado RLD 30/2020 vino a complementar las medidas a favor de los autónomos que finalizaban el 30 de septiembre: la exención en la cotización regulada en el art. 8 RDL 24/2020, así como la prestación especial por cese de actividad prevista en el artículo 9 de la misma norma.
Recordemos estas medidas, agrupadas en el Título II del RDL.
2. Nueva prestación extraordinaria por cese de actividad
El mencionado artículo 13 de la norma regula, desde el pasado 1 de octubre, una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad, de forma similar a la introducida por el artículo 17 RDL 8/2020 para su aplicación durante el primer estado de alarma (finalizado el 21 de junio de 2020), a favor de aquellos autónomos que se vean obligados a suspender totalmente sus actividades en virtud de la resolución que se adopte por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del COVID-19.
La prestación se mantendrá desde el desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de la actividad hasta el último día del mes siguiente en que se acuerde el levantamiento de la misma, y se introduce la posibilidad de acceder a esta prestación a aquellos trabajadores autónomos que, no siendo afectado por el cierre de su actividad, vean reducido sus ingresos y no tuvieran acceso a la prestación de cese de actividad regulada en la LGSS.
El RDL distingue, por tanto, dos grupos de beneficiarios y dos cuantías en las prestaciones:
3. Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores de temporada
El artículo 14 RDL 30/2020 establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada, siguiendo la línea marcada en el art. 10 RDL 24/2020 en la protección de este colectivo.
Entre los elementos comunes a esta prestación y a la relativa al cese de actividad por suspensión total, cabe destacar los siguientes:
— El trabajador permanece en situación de alta en su régimen especial, desapareciendo su obligación de cotizar.
— Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho, en las mismas condiciones, a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos que prevé la norma.
— La gestión de la prestación corresponde a las mutuas colaboradoras con la Seguridad o al Instituto Social de la Marina, según los casos.
Otros requisitos, en cambio, se asemejan a la prestación extraordinaria por reducción de facturación(devengo, duración, etc.)
En los siguientes esquemas se detallan las principales características de esta prestación:
4. Prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad ex RDL 24/2020
La disp. adic. 4ª RDL 30/2020 regula una prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo del artículo 9 RDL 24/2020, hasta el 31 de enero de 2021, para aquellos autónomos que la hayan percibido en el tercer trimestre de 2020 y mantengan las condiciones para su percepción en el cuarto trimestre.
Asimismo, se facilita el acceso a la misma prestación a aquellos otros autónomos que, habiendo percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de junio, no percibieron la citada prestación ex art. 9 RDL 24/2020, pero acreditan en el cuarto trimestre las condiciones exigidas por dicho artículo para obtener el derecho a la misma. La prestación también en este caso se podrá percibir hasta el 31 de enero de 2021.
Para acceder a la prórroga, o a la propia prestación, en su caso, se exige acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de, al menos, el 75% en relación con el mismo periodo de 2019, así como no haber obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.
Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de enero de 2021 aquellos trabajadores autónomos que, a 31 de octubre, vinieran percibiendo la prestación de cese de actividad conforme al citado RDL 24/2020 y vean agotado su derecho al cese antes del 31 de diciembre de 2020, siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto.
A partir del 31 de enero de 2021 solo se podrá continuar percibiendo la prestación de cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la Seguridad Social.
Por último, el RDL posibilita la compatibilidad de la prestación con el trabajo por cuenta ajena, cuando los ingresos por esta vía no sean superiores a 2,2 veces el SMI. En este caso, la cuantía de la prestación será del 50% de la base de cotización mínima en función de la actividad.
5. Resumen: cómo afecta la ampliación de las ayudas a los trabajadores autónomos
Basándonos en fuentes del propio Ministerio de Trabajo, veamos de forma esquemática cómo afecta la extensión hasta enero de 2021 de los citados beneficios por COVID-19 a los trabajadores autónomos:
6. Aclaración sobre alta en el IAE durante la prestación extraordinaria
Concluimos con una aclaración de interés, detallada en la Consulta Vinculante V1815/2020, de la Dirección General de Tributos, que recuerda que, cuando un trabajador autónomo cese temporalmente en su actividad por motivo asociado al COVID-19 y accede a la prestación extraordinaria por cese de actividad, además de cumplir los requisitos ordinarios, debe continuar con su alta en el IAE. La baja en este impuesto solo debe realizarse en caso de un cese total y definitivo de la actividad.
Entre las medidas adoptadas por el RDL 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, cabe destacar las prestaciones extraordinarias para trabajadores autónomos, incluyendo los de temporada.
1. Nueva prestación extraordinaria por cese de actividad
El artículo 13 de la norma regula, a partir del 1 de octubre, una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad, de forma similar a la introducida por el artículo 17 RDL 8/2020 para su aplicación durante el estado de alarma, a favor de aquellos autónomos que se vean obligados a suspender totalmente sus actividades en virtud de la resolución que se adopte por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del COVID-19.
La prestación se mantendrá desde el desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de la actividad hasta el último día del mes siguiente en que se acuerde el levantamiento de la misma, y se introduce la posibilidad de acceder a esta prestación a aquellos trabajadores autónomos que, no siendo afectado por el cierre de su actividad, vean reducido sus ingresos y no tuvieran acceso a la prestación de cese de actividad regulada en la LGSS. El RDL distingue, por tanto, dos grupos de beneficiarios y dos cuantías en las prestaciones:
2. Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores de temporada
El artículo 14 RDL 30/2020 establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada, siguiendo la línea marcada en el art. 10 RDL 24/2020 en la protección de este colectivo. Entre los elementos comunes a esta prestación y a la relativa al cese de actividad por suspensión total, cabe destacar los siguientes: — El trabajador permanece en situación de alta en su régimen especial, desapareciendo su obligación de cotizar. — Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho, en las mismas condiciones, a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos que prevé la norma. — La gestión de la prestación corresponde a las mutuas colaboradoras con la Seguridad o al Instituto Social de la Marina, según los casos. Otros requisitos, en cambio, se asemejan a la prestación extraordinaria por reducción de facturación(devengo, duración, etc.) En los siguientes esquemas se detallan las principales características de esta prestación: También le puede interesar:
3. Prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad ex RDL 24/2020
La disp. adic. 4ª RDL 30/2020 regula una prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo del artículo 9 RDL 24/2020, hasta el 31 de enero de 2021, para aquellos autónomos que la hayan percibido en el tercer trimestre de 2020 y mantengan las condiciones para su percepción en el cuarto trimestre. Asimismo, se facilita el acceso a la misma prestación a aquellos otros autónomos que, habiendo percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de junio, no percibieron la citada prestación ex art. 9 RDL 24/2020, pero acreditan en el cuarto trimestre las condiciones exigidas por dicho artículo para obtener el derecho a la misma. La prestación también en este caso se podrá percibir hasta el 31 de enero de 2021.
Para acceder a la prórroga, o a la propia prestación, en su caso, se exige acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de, al menos, el 75% en relación con el mismo periodo de 2019, así como no haber obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros. Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de enero de 2021 aquellos trabajadores autónomos que, a 31 de octubre, vinieran percibiendo la prestación de cese de actividad conforme al citado RDL 24/2020 y vean agotado su derecho al cese antes del 31 de diciembre de 2020, siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto. A partir del 31 de enero de 2021 solo se podrá continuar percibiendo la prestación de cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la Seguridad Social. Por último, el RDL posibilita la compatibilidad de la prestación con el trabajo por cuenta ajena, cuando los ingresos por esta vía no sean superiores a 2,2 veces el SMI. En este caso, la cuantía de la prestación será del 50% de la base de cotización mínima en función de la actividad.
4. Resumen: cómo afecta la ampliación de las ayudas a los trabajadores autónomos
Basándonos en fuentes del propio Ministerio de Trabajo, veamos de forma esquemática cómo afecta la extensión hasta enero de 2021 de los citados beneficios por COVID-19 a los trabajadores autónomos:
5. Aclaración sobre alta en el IAE durante la prestación extraordinaria
Concluimos con una aclaración de interés, detallada en la Consulta Vinculante V1815/2020, de la Dirección General de Tributos, que recuerda que, cuando un trabajador autónomo cese temporalmente en su actividad por motivo asociado al COVID-19 y accede a la prestación extraordinaria por cese de actividad, además de cumplir los requisitos ordinarios, debe continuar con su alta en el IAE. La baja en este impuesto solo debe realizarse en caso de un cese total y definitivo de la actividad.
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Acuerdo final para prorrogar los ERTEs y la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de septiembre
Este II Acuerdo Social en Defensa del Empleo que se aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros extraordinario reúne beneficios en las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, garantías para el mantenimiento del empleo y mecanismos de flexibilidad para que las empresas se adapten a los nuevos escenarios según evolucione la crisis sanitaria.
PRÓRROGA DE LOS ERTES
El acuerdo recoge diferentes exoneraciones para las empresas según su situación, reduciendo la cobertura de las cuotas a la Seguridad Social que el Estado cubre actualmente para los trabajadores afectados por un ERTE; en función del número de trabajadores y de las circunstancias de la empresa, la cobertura iría bajando del 75% al 25% hasta septiembre.
También se añade la opción de los ERTE por fuerza mayor provocados por los rebrotes, fijando condiciones como es que se mantenga una cobertura del 80% en el caso de las compañías con menos de 50 trabajadores y del 70% en el caso de las que tienen más de 50 empleados.
¿Cómo quedan las exenciones?
Para los ERTEs por fuerza mayor parcial y también por causas técnicas, organizativas, económicas y de producción (ETOP), novedad de este acuerdo, las exenciones son:
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Trabajadores en activo
Trabajadores suspendidos
Trabajadores en activo
Trabajadores suspendidos
Trabajadores en activo
Trabajadores suspendidos
Empresas de menos de 50 trabajadores
60%
35%
60%
35%
60%
35%
Empresas de 50 o más trabajadores
40%
25%
40%
25%
40%
25%
Las empresas que actualmente estén en ERTE por fuerza mayor total pasan a un ERTE de transición hasta el 30 de septiembre con las siguientes exenciones:
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Empresas de menos de 50 trabajadores
70
60
35
Empresas de 50 o más trabajadores
50
40
25
Estos ERTE se tramitarán contando con el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y tras haber informado a los representantes legales de los trabajadores, de acuerdo con el art. 47 ET.
También se recogen medidas para aquellas empresas que estén actualmente abiertas pero que, por un rebrote, tengan que cerrar. Estas empresas podrán acogerse a un ERTE de fuerza mayor total, con una exoneración de cuotas para las empresas del 80% si su plantilla es inferior a 50 trabajadores y del 70% si tiene más de 50 trabajadores.
Se sigue manteniendo la obligación para las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de ERTE, de mantener el empleo durante un período de seis meses, es decir, no podrán efectuar despidos y tampoco podrán repartir dividendos. Para las empresas que se beneficien por primera vez de las exoneraciones de cotizaciones asociadas a estos ERTE, el plazo de seis meses en el que estarán obligadas a mantener el empleo se computaría a partir de entra en vigor del nuevo decreto. Quedan fuera del ámbito de aplicación de estos ERTE las empresas radicadas en paraísos fiscales.
Las personas trabajadoras de las empresas que se acojan a estos ERTE no podrán realizar horas extra. No estará permitido que las empresas concierten nuevas contrataciones laborales, directas o a través de ETT, ni que establezcan nuevas externalizaciones, durante la vigencia de los ERTE. Solo se podrá contratar o externalizar tareas si los trabajadores no pueden trabajar por formación, capacitación y otras razones objetivas o justificadas; para ello, la empresa deberá informar previamente a los representantes legales de los trabajadores.
Se refuerza la protección por desempleo de las personas afectadas por cualquier tipo de ERTE, reconociéndoles la prestación aun cuando no acrediten periodo de cotización previo y se les aplicará el contador a 0, salvo las de los fijos discontinuos, que se prolongarán hasta el 31 de diciembre.
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS AUTÓNOMOS
También se ha llegado al consenso de extender esta prestación hasta el 30 de septiembre, la cual finaliza el 30 de junio. En concreto, las medidas incluyen una prórroga de la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria, que incluía una ayuda económica y una exención de las cuotas. Así, estos trabajadores no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre.
Además, los beneficiarios de la prestación extraordinaria podrán solicitar la prestación ordinaria por cese de actividad, siempre que acrediten una reducción de la facturación del 75% del tercer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo de un año antes, entre otros requisitos. Para ello, no necesitarán esperar a que termine el trimestre, sino que pueden solicitar la prestación ordinaria cuando estimen que cumplen los requisitos y acreditarlos documentalmente una vez finalice el trimestre.
Esta prestación también se ha extendido, con carácter retroactivo, a los autónomos de temporada, es decir, los feriantes o músicos, los cuales se suelen dar de alta en abril y por lo tanto, con la anterior normativa quedaron excluidos de ella al no estar dados de alta en la Seguridad Social en el momento de la declaración del estado de alarma.
Esta prestación extraordinaria trata de una exoneración de las cuotas a la Seguridad Social de manera temporal y la prestación es el 70% de la BR, 661 euros si cotizan por la base mínima.
No es necesario un tiempo mínimo de cotización previo, solo es necesario estar de alta en el RETA y estar al corriente del pago de las cotizaciones. También es compatible con otras prestaciones sociales.
Con todo ello, se deja la puerta abierta a que en septiembre se vuelvan a reunir para acordar nuevas medidas para afrontar el último trimestre del año.
El RDL 20/2020 crea un nuevo derecho social, cuyos objetivos son reducir la pobreza de los hogares y fomentar la inclusión social. Entra en vigor el mismo día de su publicación, el 1 de junio de 2020.
Se trata de una prestación no contributiva de carácter subjetivo e intransferible para aquellos hogares que se encuentren en situación de pobreza severa, actualmente agravada por la pandemia del coronavirus. Su pago será mensual y se cobrará en 12 pagas.
Habrá un titular del derecho, pero la prestación se destinará a la “unidad de convivencia”, nuevo concepto para referirse a los miembros del hogar. Se considera que una familia es vulnerable cuando su renta mensual sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia. No se trata de una cuantía fija, sino de un complemento hasta llegar al mínimo establecido.
Qué es el ingreso mínimo vital
Se trata de una prestación no contributiva de carácter subjetivo e instransferible para aquellos hogares que se encuentren en situación de pobreza severa, actualmente agravada por la pandemia del coronavirus (arts. 1, 2 y 3). Su pago será mensual, cobrándose 12 pagas (arts. 9y 11) y se percibirá mientras existan los motivos que llevaron a su concesión (art. 12).
Con este RDL está previsto que unos 850.000 hogares, la mitad de ellos con niños, se vean beneficiados de los 3.000 millones de euros que se tiene previsto dedicar anualmente a esta ayuda.
Beneficiarios del IMV
Habrá un titular del derecho, pero se destinará a la “unidad de convivencia”, nuevo concepto que se recoge en este RDL para referirse a los miembros del hogar, formada por las personas que viven juntas, unidas por vínculo familiar o como pareja de hecho, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. El hecho de vivir juntas implica que algunos gastos se comparten y por eso se adapta la cantidad a cobrar (art. 6).
Se considera que una familia es vulnerable cuando su renta mensual sea inferior, en los términos establecidos en el artículo 18, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los términos del artículo 10 (art. 8).
Requisitos de los titulares de la “unidad de convivencia” (arts. 4, 5 y 7):
– Tener entre 23 y 65 años y llevar al menos tres años constituido como hogar. Se ha puesto el límite en los 65 años porque con esta edad ya se perciben las pensiones no contributivas (462 euros mensuales como mínimo).
– Tener 18 años si el solicitante tiene menores a cargo, constituidos como hogar al menos un año.
– Si los beneficiarios viven solos, deberán encontrarse emancipados desde, al menos, tres años antes.
En los casos en que el titular de esta prestación se halle en situación de desempleo, se le exigirá que esté inscrito como demandante de empleo.
En un mismo domicilio podrá haber un máximo de dos titulares (art. 5.5).
Para todos los tipos de hogar, se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.
También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que hayan abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad (art. 7.2).
Estos colectivos especiales deberán acreditarán esta condición a través de un informe emitido por los servicios que las atienden o por los servicios sociales públicos. Además, en el Reglamento de desarrollo de la Ley se establecerán excepciones al requisito de inscripción como demandante de empleo.
No podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se establezcan reglamentariamente (art. 4.2).
Rentas a tener en cuenta en la concesión del IMV
Las reglas para el cómputo de las rentas que se tienen en cuenta se recogen en el artículo 18.
El ingreso mínimo vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales) hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente.
Se toma como referencia las declaraciones de Hacienda del año anterior (art. 18.2); sin embargo, debido a las consecuencias económicas que ha provocado el covid-19, en la disposición transitoria 3ª se permite el acceso de este colectivo teniendo en cuenta los ingresos proporcionales correspondientes al periodo de tiempo transcurrido de este año.
Se medirán el nivel de renta y el nivel de patrimonio inmobiliario, sin contar la vivienda habitual (art. 18.4) y financiero establecido en el art. 18.5.
Límites de patrimonio en 2019 para acceder a la ayuda en 2020
Esos umbrales están vinculados a los del ingreso mínimo vital y parten de la base de tres veces la pensión contributiva (16.614) con multiplicadores según sean mayores las unidades de convivencia (Anexo II).
Unidades de convivencia
Límites de patrimonio
Un adulto
16.614,00 €
Un adulto y un niño
23.259,60 €
Un adulto y dos niños
29.905,20 €
Un adulto y tres o más niños
36.550,80 €
Dos adultos
23.259,60 €
Dos adultos y un niño
29.905,20 €
Dos adultos y dos niños
36.550,80 €
Dos adultos y tres o más niños
43.196,40 €
Tres adultos
29.905,20 €
Tres adultos y un niño
36.550,80 €
Tres adultos y dos niños
43.196,40 €
Cuatro adultos
36.550,80 €
Cuatro adultos y un niño
43.196,40 €
Otras familias
43.196,40 €
Vemos que el límite de patrimonio aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia. Es de 16.614 euros para una persona que viva sola, y se irá incrementando por cada miembro adicional hasta un máximo de 43.196 euros.
Esta prestación es compatible con ayudas sociales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia y otras similares, y también con las rentas sociales autonómicas. Y respecto al alquiler de la vivienda, el reglamento de la Ley contemplará posibles incrementos de la cantidad a percibir como IMV cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual.
Cuantía de la prestación IMV
El ingreso mínimo vital parte de una amplia tipología de hogares (en función del número de miembros y de si son monoparentales) y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar (0,3 por cada adulto/menor) y un beneficio para los hogares monoparentales (plus 0,22), de acuerdo con la siguiente tabla (art. 10 y Anexo I):
No se trata de una cuantía fija, sino de un complemento hasta llegar al mínimo establecido.
Se establecen 14 tipos de hogar con umbrales distintos de renta con especial atención a las familias monoparentales. Estos son los importes mensuales:
Durante el mes de junio, la Seguridad Social concederá «de oficio» esta prestación para los hogares ya catalogados en pobreza extrema.
A partir del 15 de junio se podrá solicitar a través del portal de la Seguridad Social.
A finales de junio se hará el ingreso a las familias a las que, de oficio, se reconozca esta prestación.
Todas las solicitudes que se cursen desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre se cobrarán con efecto retroactivo a 1 de junio.
Rentas básicas de inserción de las CCAA
La renta mínima nacional será el mínimo; las prestaciones de renta mínima de las comunidades autónomas que ya disponen de la misma serán complementarias y subsidiarias a la nacional. Ello conllevará que las autonomías deban redefinir sus prestaciones partiendo del mínimo estatal garantizado, decidiendo dónde complementan o si se centran en un colectivo que no quede cubierto por el IMV, bien adaptándolo a los diferentes niveles de precios que existen en unos territorios y otros, o bien para complementando, por ejemplo, de vivienda o por otras circunstancias que las CCAA consideren.
La gestión de este ingreso mínimo vital se hará por parte del Gobierno central, a excepción de País Vasco y Navarra: por su régimen foral, serán ellas mismas quienes gestionen esta prestación (disp. adic. 5ª). Cataluña y la Comunitat Valenciana han pedido también su gestión.
Las comunidades autónomas con competencias en asistencia social y que tienen alguna ayuda de este tipo son:
REGLAMENTO DE INGRESO MINIMO DE INSERCION, BOCCE 4.996 DE FECHA 2 NOVIEMBRE DE 2010
La disposición adicional 4ª contempla el estudio por parte del Gobierno de la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación.
Posibilidad de trabajar durante el cobro de esta prestación
Se podrá trabajar siempre y cuando con estos nuevos ingresos, tanto laborales como los obtenidos por las personas autónomas, no se supere el umbral de renta establecido como mínimo para el hogar en cuestión (art. 7.4).
En el supuesto que el titular encuentre trabajo, parte de su salario estará transitoriamente exento en el cálculo de la prestación. Y si el titular ya trabaja y su salario incrementa, la cuantía de la prestación se reducirá en una cuantía inferior. No se incluye en este RDL, pero aclara que se desarrollará en un reglamento posterior.
Itinerarios de empleo y Sello Social
Como ya se ha indicado, uno de los objetivos de este ingreso mínimo vital es que sea una situación transitoria hacia una búsqueda activa de empleo. Por ello, para poder beneficiarse de esta prestación se establece la obligación de cumplir con itinerarios laborales o de inclusión, que se definirán a partir de convenios con autonomías y ayuntamientos.
También se crea el Sello Social: una acreditación para las empresas privadas que ayuden a los colectivos vulnerables con descuento en compras a través de la tarjeta social digital, que permitan su integración en el mercado de trabajo o que incorporen en sus plantillas a personas beneficiarias de esta prestación. Incluso va a haber incentivos de Seguridad Social para la contratación de los beneficiarios. La disposición adicional 1ª remite la regulación de este Sello Social a su desarrollo reglamentario.
Tarjeta Social Digital
Se crea la Tarjeta Social Digital con el objetivo de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes Administraciones públicas (disp. final 5ª, que modifica la disp. adic. 141ª LPGE/18).
Otras ventajas de cobrar el IMV
El beneficiario/a del IMV tiene derecho a la exención de las tasas universitarias por el estudio de títulos oficiales al menos durante el curso 2020/2021 (disp. trans. 5ª).
Y también a la exención de la aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica ambulatoria (disp. final 3ª que añade la letra f) al art. 102.8 RDLeg 1/2015, texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios).
Suspensión del derecho
El art. 14 recoge las causas por las que se puede suspender el cobro del ingreso mínimo vital, que son:
– Pérdida temporal de algunos de los requisitos establecidos.
– Incumplimiento temporal o indicios de ello por parte del titular del derecho o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, obligaciones recogidas en el art. 33.
– Traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a 90 días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado.
Si las causas de la suspensión persisten durante un año, el derecho a la prestación se extinguirá.
Extinción del derecho
Se dejará de percibir esta prestación (art. 15) por:
– Fallecimiento del titular del derecho. Si otro miembro de la unidad de convivencia cumple con los requisitos para ser titular, se podrá presentación una nueva solicitud en el plazo de tres meses desde el fallecimiento.
– Pérdida definitiva de alguno de los requisitos.
– Resolución de un procedimiento sancionador.
– Salida del territorio nacional sin comunicación (art. 14.2).
– Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia (art. 8.4).
Prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital durante 2020
La disposición transitoria 1ª determina la prestación transitoria del ingreso mínimo vital durante 2020, para los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, que cumplan determinados requisitos y cuya asignación económica sea inferior al importe de la prestación del ingreso mínimo vital. Esta prestación transitoria será incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %: no se podrá cobrar el ingreso mínimo vital si existe el mismo causante o beneficiario. Sin embargo, cabe la posibilidad de opción por una de ellas (art. 16 y disp. trans. 1ª.4).
La disposición transitoria 7ª regula la integración de la prestación por hijo o menor a cargo en la prestación del ingreso mínimo vital. A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, no podrán presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, sin perjuicio de las personas beneficiarias que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital, que podrán ejercer el derecho de opción para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social.
A partir del 31 de diciembre de 2020, los beneficiarios que mantengan los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de la prestación transitoria pasarán a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital (disp. trans. 1ª. 10).
Reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas
El INSS podrá revisar de oficio las prestaciones que se estén percibiendo y declarar o exigir la devolución de los indebidamente percibido en los supuestos que se hayan extinguido las causas que por la que concedió, o cuando el importe a percibir sea inferior al importe percibido (art. 17).
Infracciones y sanciones
El artículo 34 recoge qué infracciones se pueden aplicar a los sujetos responsables: infracciones leves, como no entregar la documentación requerida; infracciones graves, caso de no comunicar posibles cambios en la situación del hogar; o infracciones muy graves, como puede ser actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan.
La sanción va de un simple apercibimiento en el primer caso a la pérdida de la ayuda y el pago de una cuantía equivalente a seis meses (art. 35).
Comisión de seguimiento Consejo Consultivo
El artículo 30 recoge la creación de la Comisión de seguimiento de la aplicación del ingreso mínimo vital y sus correspondientes funciones, la cual estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
También se crea el Consejo Consultivo, como órgano de consulta y participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales (art. 31).
El resultado del ingreso mínimo vital y de las distintas estrategias y políticas de inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), mediante la emisión de la correspondiente opinión (art. 28).
Inclusión en el Registro de Prestaciones Sociales Publicas
La disposición final 4ª modifica distintos artículos de la LGSS para adecuar esta nueva prestación al Sistema General de la Seguridad Social. De entre estas modificaciones, destacamos la del artículo 42.1.c LGSS, para para incluir la prestación del ingreso mínimo dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social y así incorporar las necesarias obligaciones de facilitación de datos para el reconocimiento, gestión y supervisión de la prestación por parte del Ministerio de Hacienda, comunidades autónomas, diputaciones forales, Ministerio del Interior, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Instituto de Mayores y Servicios Sociales y organismos competentes autonómicos.
También se da nueva redacción a los arts. 351, 352 y 353 LGSS, que enumeran las prestaciones familiares no contributivas, la asignación económica de hijo o menor a cargo y sus cuantías.
Futuro Reglamento de aplicación
Con la disposición final 10ª se abre la posibilidad de la redacción de un reglamento que fije las condiciones para situaciones individuales de caídas de ingresos en un año, y para que el afectado no tenga que esperar todo el año.
Se declara exento en el IRPF el ingreso mínimo vital; se amplía el crédito para dar un cumplimiento urgente a sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado; y se amplía en 1 año los plazos para efectuar la materialización de la reserva para inversiones en Canarias (RIC).
Materias afectadas:• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Fecha de entrada en vigor: 30-12-2020
La situación de emergencia económica y social ocasionada por la pandemia sigue exigiendo la adopción de medidas sociales y económicas de apoyo para poder seguir atendiendo las circunstancias de urgencia. Así, este nuevo Real Decreto-ley 39/2020 adopta estas nuevas medidas fiscales:
Modificación del art. 7, y) LIRPF: exención del ingreso mínimo vital (artículo 1)
Se modifica el artículo 7, letra y de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, declarando exento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el ingreso mínimo vital en iguales condiciones que las demás prestaciones públicas sociales establecidas por las CCAA y otras entidades locales para atender a colectivos en riesgo de exclusión social.
Tanto el ingreso mínimo vital como estas otras ayudas quedan exentas hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples.
Ampliación de crédito al Ministerio de Hacienda (artículo 2)
Se amplía el crédito por importe de 638.000.000 de euros con cargo a la deuda pública, para dar un cumplimiento urgente a la sentencia del Tribunal Supremo 1404/2020 y otras sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado, de obligada ejecución en plazo.
Inclusión de una nueva DT 8ª en la Ley 19/1994, de 6 de julio (Disposición final segunda)
Se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con la inclusión de una nueva Disposición Transitoria 8ª para ampliar en 1 año los plazos para efectuar la materialización de la reserva para inversiones en Canarias (RIC) dotada con beneficios obtenidos en períodos impositivos iniciados en el 2016 y para las inversiones anticipadas realizadas en 2017.
Sería absolutamente deseable, que nadie estuviera en la terrible situación de tener que solicitar la prestación de la que hoy nos ocupamos, pero en el caso de necesitarla, aquí os proporcionamos la información necesaria para poder solicitarla y en qué consiste dicha prestación. ¡Ánimo!
PRESTACIÓN POR REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE UN MENOR AFECTADO POR UNA ENFERMEDAD GRAVE
El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 37.6, un permiso a la reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario para los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedor permanente para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente. Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se pueda acumular en jornadas completas.
Para compensar la pérdida de ingresos que se produce al solicitar este tipo de reducción de jornada, la acción protectora de la Seguridad Social tiene previsto entre sus prestaciones económicas, una destinada a este tipo de situaciones.
QUIÉN PUEDE SOLICITAR PRESTACIÓN POR REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE UN MENOR ENFERMO
Podrán acceder a esta prestación progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedor permanente,cualquiera que fuera su sexo que sean trabajadores por cuenta ajena o propia y asimilados al alta que tengan a su cargo un hijo menor de 18 años que padezca alguna de las enfermedades incluidas en el listado delanexo del RD 1148/2011, de 29 de julioy que haya solicitado una reducción de jornada para el cuidado directo, continuo y permanente del hijo enfermo.
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REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PRESTACIÓN POR REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE UN MENOR ENFERMO
Para poder solicitar la prestación es necesario:
Encontrarse en alta en algún régimen del Sistema de la Seguridad Social o tener suscrito un convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social por realizar su actividad laboral en un país con el que no exista el Sistema de Seguridad Social.
Acreditar el periodo de cotización exigido para optar a cualquier prestación de la Seguridad Social.
Encontrarse al corriente en el pago de las cuotas, de las que sean responsables directos los trabajadores, aunque la prestación sea reconocida, como consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones, en un régimen de trabajadores por cuenta ajena.
Acreditar la situación de enfermedad con un informe emitido por médico del Servicio Público de Saludo.
Debe haber solicitado reducir su jornada de trabajo en, al menos, un 50% de su duración. El porcentaje de reducción de jornada se entenderá referido a una jornada de trabajo tiempo completo.
En el supuesto de trabajadores contratados a tiempo parcial, no se tendrá derecho al subsidio cuando la duración efectiva de la jornada a tiempo parcial sea igual o inferior al 25% de una jornada de trabajo de una persona trabajadora a tiempo completo comparable.
Si la persona trabajadora tuviera dos o más contratos a tiempo parcial, se sumarán las jornadas efectivas de trabajo a efectos de determinar el citado límite
SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN POR REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE UN MENOR ENFERMO
La prestación se solicitar por el trabajador, entidad gestora o mutua colaboradora, con la que el trabajador tenga cubiertas las contingencias profesionales.
Junto con la solicitud se presentarán los documentos enumerados en el siguiente enlace.
NACIMIENTO DEL DERECHO DE LA PRESTACIÓN POR REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE UN MENOR ENFERMO
El derecho nace a partir del mismo día en que se inicie la reducción de jornada.
El plazo para solicitar la prestación será de 3 meses desde el día de solicitud de la reducción de la jornada. Si se solicitara después de este plazo, los efectos económicos del subsidio tendrán una retroactividad máxima de 3 meses.
El subsidio se reconocerá por un periodo inicial de 1 mes, prorrogable por periodos de 2 meses durante el tiempo que subsista la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del menor. Cuando la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del menor, según se acredite en la declaración médica emitida al efecto, sea inferior a 2 meses, el subsidio se reconocerá por el período concreto que conste en el informe.
CUANTÍA DE LA PRESTACIÓNPOR REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE UN MENOR ENFERMO
La prestación cosiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladoraestablecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales o, en su caso, la derivada de contingencias comunes, cuando no se haya optado por la cobertura de las contingencias profesionales y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.
En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, la BR diaria del subsidio será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la reducción de jornada, entre el nº de días naturales de dicho período. A dicha base se aplicará el porcentaje de reducción de jornada que corresponda.
En el caso de trabajadores recién incorporados a la empresa, la base reguladora será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas entre el nº de días naturales comprendido en dicho período. En la situación de pluriempleo, se tendrán en cuenta las bases de cotización correspondientes a cada una de las empresas o actividades, con aplicación del tope máximo establecido a efectos de cotización.
Si necesita ampliar la información o solicitar esta prestación y necesita ayuda para hacerlo, puede ponerse en contacto con los profesionales de ASELEC, que estaremos encantados de atenderle.
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