Acuerdo final para prorrogar los ERTEs y la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de septiembre
Este II Acuerdo Social en Defensa del Empleo que se aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros extraordinario reúne beneficios en las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, garantías para el mantenimiento del empleo y mecanismos de flexibilidad para que las empresas se adapten a los nuevos escenarios según evolucione la crisis sanitaria.
PRÓRROGA DE LOS ERTES
El acuerdo recoge diferentes exoneraciones para las empresas según su situación, reduciendo la cobertura de las cuotas a la Seguridad Social que el Estado cubre actualmente para los trabajadores afectados por un ERTE; en función del número de trabajadores y de las circunstancias de la empresa, la cobertura iría bajando del 75% al 25% hasta septiembre.
También se añade la opción de los ERTE por fuerza mayor provocados por los rebrotes, fijando condiciones como es que se mantenga una cobertura del 80% en el caso de las compañías con menos de 50 trabajadores y del 70% en el caso de las que tienen más de 50 empleados.
¿Cómo quedan las exenciones?
Para los ERTEs por fuerza mayor parcial y también por causas técnicas, organizativas, económicas y de producción (ETOP), novedad de este acuerdo, las exenciones son:
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Trabajadores en activo
Trabajadores suspendidos
Trabajadores en activo
Trabajadores suspendidos
Trabajadores en activo
Trabajadores suspendidos
Empresas de menos de 50 trabajadores
60%
35%
60%
35%
60%
35%
Empresas de 50 o más trabajadores
40%
25%
40%
25%
40%
25%
Las empresas que actualmente estén en ERTE por fuerza mayor total pasan a un ERTE de transición hasta el 30 de septiembre con las siguientes exenciones:
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Empresas de menos de 50 trabajadores
70
60
35
Empresas de 50 o más trabajadores
50
40
25
Estos ERTE se tramitarán contando con el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y tras haber informado a los representantes legales de los trabajadores, de acuerdo con el art. 47 ET.
También se recogen medidas para aquellas empresas que estén actualmente abiertas pero que, por un rebrote, tengan que cerrar. Estas empresas podrán acogerse a un ERTE de fuerza mayor total, con una exoneración de cuotas para las empresas del 80% si su plantilla es inferior a 50 trabajadores y del 70% si tiene más de 50 trabajadores.
Se sigue manteniendo la obligación para las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de ERTE, de mantener el empleo durante un período de seis meses, es decir, no podrán efectuar despidos y tampoco podrán repartir dividendos. Para las empresas que se beneficien por primera vez de las exoneraciones de cotizaciones asociadas a estos ERTE, el plazo de seis meses en el que estarán obligadas a mantener el empleo se computaría a partir de entra en vigor del nuevo decreto. Quedan fuera del ámbito de aplicación de estos ERTE las empresas radicadas en paraísos fiscales.
Las personas trabajadoras de las empresas que se acojan a estos ERTE no podrán realizar horas extra. No estará permitido que las empresas concierten nuevas contrataciones laborales, directas o a través de ETT, ni que establezcan nuevas externalizaciones, durante la vigencia de los ERTE. Solo se podrá contratar o externalizar tareas si los trabajadores no pueden trabajar por formación, capacitación y otras razones objetivas o justificadas; para ello, la empresa deberá informar previamente a los representantes legales de los trabajadores.
Se refuerza la protección por desempleo de las personas afectadas por cualquier tipo de ERTE, reconociéndoles la prestación aun cuando no acrediten periodo de cotización previo y se les aplicará el contador a 0, salvo las de los fijos discontinuos, que se prolongarán hasta el 31 de diciembre.
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS AUTÓNOMOS
También se ha llegado al consenso de extender esta prestación hasta el 30 de septiembre, la cual finaliza el 30 de junio. En concreto, las medidas incluyen una prórroga de la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria, que incluía una ayuda económica y una exención de las cuotas. Así, estos trabajadores no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre.
Además, los beneficiarios de la prestación extraordinaria podrán solicitar la prestación ordinaria por cese de actividad, siempre que acrediten una reducción de la facturación del 75% del tercer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo de un año antes, entre otros requisitos. Para ello, no necesitarán esperar a que termine el trimestre, sino que pueden solicitar la prestación ordinaria cuando estimen que cumplen los requisitos y acreditarlos documentalmente una vez finalice el trimestre.
Esta prestación también se ha extendido, con carácter retroactivo, a los autónomos de temporada, es decir, los feriantes o músicos, los cuales se suelen dar de alta en abril y por lo tanto, con la anterior normativa quedaron excluidos de ella al no estar dados de alta en la Seguridad Social en el momento de la declaración del estado de alarma.
Esta prestación extraordinaria trata de una exoneración de las cuotas a la Seguridad Social de manera temporal y la prestación es el 70% de la BR, 661 euros si cotizan por la base mínima.
No es necesario un tiempo mínimo de cotización previo, solo es necesario estar de alta en el RETA y estar al corriente del pago de las cotizaciones. También es compatible con otras prestaciones sociales.
Con todo ello, se deja la puerta abierta a que en septiembre se vuelvan a reunir para acordar nuevas medidas para afrontar el último trimestre del año.
https://www.aselecconsultores.com/wp-content/uploads/2020/06/prorroga-de-los-ertes-y-la-prestacion-extraordinaria-por-cese-de-actividad-hasta-el-30-de-septiembre.jpg533800ASELEC asesoría y abogados/wp-content/uploads/2017/05/aselec-asesoria-abogados-murcia-.jpgASELEC asesoría y abogados2020-06-30 12:40:032020-06-30 13:52:37PRÓRROGA DE LOS ERTEs Y LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
El RDL 20/2020 crea un nuevo derecho social, cuyos objetivos son reducir la pobreza de los hogares y fomentar la inclusión social. Entra en vigor el mismo día de su publicación, el 1 de junio de 2020.
Se trata de una prestación no contributiva de carácter subjetivo e intransferible para aquellos hogares que se encuentren en situación de pobreza severa, actualmente agravada por la pandemia del coronavirus. Su pago será mensual y se cobrará en 12 pagas.
Habrá un titular del derecho, pero la prestación se destinará a la “unidad de convivencia”, nuevo concepto para referirse a los miembros del hogar. Se considera que una familia es vulnerable cuando su renta mensual sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia. No se trata de una cuantía fija, sino de un complemento hasta llegar al mínimo establecido.
Qué es el ingreso mínimo vital
Se trata de una prestación no contributiva de carácter subjetivo e instransferible para aquellos hogares que se encuentren en situación de pobreza severa, actualmente agravada por la pandemia del coronavirus (arts. 1, 2 y 3). Su pago será mensual, cobrándose 12 pagas (arts. 9y 11) y se percibirá mientras existan los motivos que llevaron a su concesión (art. 12).
Con este RDL está previsto que unos 850.000 hogares, la mitad de ellos con niños, se vean beneficiados de los 3.000 millones de euros que se tiene previsto dedicar anualmente a esta ayuda.
Beneficiarios del IMV
Habrá un titular del derecho, pero se destinará a la “unidad de convivencia”, nuevo concepto que se recoge en este RDL para referirse a los miembros del hogar, formada por las personas que viven juntas, unidas por vínculo familiar o como pareja de hecho, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. El hecho de vivir juntas implica que algunos gastos se comparten y por eso se adapta la cantidad a cobrar (art. 6).
Se considera que una familia es vulnerable cuando su renta mensual sea inferior, en los términos establecidos en el artículo 18, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los términos del artículo 10 (art. 8).
Requisitos de los titulares de la “unidad de convivencia” (arts. 4, 5 y 7):
– Tener entre 23 y 65 años y llevar al menos tres años constituido como hogar. Se ha puesto el límite en los 65 años porque con esta edad ya se perciben las pensiones no contributivas (462 euros mensuales como mínimo).
– Tener 18 años si el solicitante tiene menores a cargo, constituidos como hogar al menos un año.
– Si los beneficiarios viven solos, deberán encontrarse emancipados desde, al menos, tres años antes.
En los casos en que el titular de esta prestación se halle en situación de desempleo, se le exigirá que esté inscrito como demandante de empleo.
En un mismo domicilio podrá haber un máximo de dos titulares (art. 5.5).
Para todos los tipos de hogar, se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.
También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que hayan abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad (art. 7.2).
Estos colectivos especiales deberán acreditarán esta condición a través de un informe emitido por los servicios que las atienden o por los servicios sociales públicos. Además, en el Reglamento de desarrollo de la Ley se establecerán excepciones al requisito de inscripción como demandante de empleo.
No podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se establezcan reglamentariamente (art. 4.2).
Rentas a tener en cuenta en la concesión del IMV
Las reglas para el cómputo de las rentas que se tienen en cuenta se recogen en el artículo 18.
El ingreso mínimo vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales) hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente.
Se toma como referencia las declaraciones de Hacienda del año anterior (art. 18.2); sin embargo, debido a las consecuencias económicas que ha provocado el covid-19, en la disposición transitoria 3ª se permite el acceso de este colectivo teniendo en cuenta los ingresos proporcionales correspondientes al periodo de tiempo transcurrido de este año.
Se medirán el nivel de renta y el nivel de patrimonio inmobiliario, sin contar la vivienda habitual (art. 18.4) y financiero establecido en el art. 18.5.
Límites de patrimonio en 2019 para acceder a la ayuda en 2020
Esos umbrales están vinculados a los del ingreso mínimo vital y parten de la base de tres veces la pensión contributiva (16.614) con multiplicadores según sean mayores las unidades de convivencia (Anexo II).
Unidades de convivencia
Límites de patrimonio
Un adulto
16.614,00 €
Un adulto y un niño
23.259,60 €
Un adulto y dos niños
29.905,20 €
Un adulto y tres o más niños
36.550,80 €
Dos adultos
23.259,60 €
Dos adultos y un niño
29.905,20 €
Dos adultos y dos niños
36.550,80 €
Dos adultos y tres o más niños
43.196,40 €
Tres adultos
29.905,20 €
Tres adultos y un niño
36.550,80 €
Tres adultos y dos niños
43.196,40 €
Cuatro adultos
36.550,80 €
Cuatro adultos y un niño
43.196,40 €
Otras familias
43.196,40 €
Vemos que el límite de patrimonio aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia. Es de 16.614 euros para una persona que viva sola, y se irá incrementando por cada miembro adicional hasta un máximo de 43.196 euros.
Esta prestación es compatible con ayudas sociales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia y otras similares, y también con las rentas sociales autonómicas. Y respecto al alquiler de la vivienda, el reglamento de la Ley contemplará posibles incrementos de la cantidad a percibir como IMV cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual.
Cuantía de la prestación IMV
El ingreso mínimo vital parte de una amplia tipología de hogares (en función del número de miembros y de si son monoparentales) y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar (0,3 por cada adulto/menor) y un beneficio para los hogares monoparentales (plus 0,22), de acuerdo con la siguiente tabla (art. 10 y Anexo I):
No se trata de una cuantía fija, sino de un complemento hasta llegar al mínimo establecido.
Se establecen 14 tipos de hogar con umbrales distintos de renta con especial atención a las familias monoparentales. Estos son los importes mensuales:
Durante el mes de junio, la Seguridad Social concederá «de oficio» esta prestación para los hogares ya catalogados en pobreza extrema.
A partir del 15 de junio se podrá solicitar a través del portal de la Seguridad Social.
A finales de junio se hará el ingreso a las familias a las que, de oficio, se reconozca esta prestación.
Todas las solicitudes que se cursen desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre se cobrarán con efecto retroactivo a 1 de junio.
Rentas básicas de inserción de las CCAA
La renta mínima nacional será el mínimo; las prestaciones de renta mínima de las comunidades autónomas que ya disponen de la misma serán complementarias y subsidiarias a la nacional. Ello conllevará que las autonomías deban redefinir sus prestaciones partiendo del mínimo estatal garantizado, decidiendo dónde complementan o si se centran en un colectivo que no quede cubierto por el IMV, bien adaptándolo a los diferentes niveles de precios que existen en unos territorios y otros, o bien para complementando, por ejemplo, de vivienda o por otras circunstancias que las CCAA consideren.
La gestión de este ingreso mínimo vital se hará por parte del Gobierno central, a excepción de País Vasco y Navarra: por su régimen foral, serán ellas mismas quienes gestionen esta prestación (disp. adic. 5ª). Cataluña y la Comunitat Valenciana han pedido también su gestión.
Las comunidades autónomas con competencias en asistencia social y que tienen alguna ayuda de este tipo son:
REGLAMENTO DE INGRESO MINIMO DE INSERCION, BOCCE 4.996 DE FECHA 2 NOVIEMBRE DE 2010
La disposición adicional 4ª contempla el estudio por parte del Gobierno de la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación.
Posibilidad de trabajar durante el cobro de esta prestación
Se podrá trabajar siempre y cuando con estos nuevos ingresos, tanto laborales como los obtenidos por las personas autónomas, no se supere el umbral de renta establecido como mínimo para el hogar en cuestión (art. 7.4).
En el supuesto que el titular encuentre trabajo, parte de su salario estará transitoriamente exento en el cálculo de la prestación. Y si el titular ya trabaja y su salario incrementa, la cuantía de la prestación se reducirá en una cuantía inferior. No se incluye en este RDL, pero aclara que se desarrollará en un reglamento posterior.
Itinerarios de empleo y Sello Social
Como ya se ha indicado, uno de los objetivos de este ingreso mínimo vital es que sea una situación transitoria hacia una búsqueda activa de empleo. Por ello, para poder beneficiarse de esta prestación se establece la obligación de cumplir con itinerarios laborales o de inclusión, que se definirán a partir de convenios con autonomías y ayuntamientos.
También se crea el Sello Social: una acreditación para las empresas privadas que ayuden a los colectivos vulnerables con descuento en compras a través de la tarjeta social digital, que permitan su integración en el mercado de trabajo o que incorporen en sus plantillas a personas beneficiarias de esta prestación. Incluso va a haber incentivos de Seguridad Social para la contratación de los beneficiarios. La disposición adicional 1ª remite la regulación de este Sello Social a su desarrollo reglamentario.
Tarjeta Social Digital
Se crea la Tarjeta Social Digital con el objetivo de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes Administraciones públicas (disp. final 5ª, que modifica la disp. adic. 141ª LPGE/18).
Otras ventajas de cobrar el IMV
El beneficiario/a del IMV tiene derecho a la exención de las tasas universitarias por el estudio de títulos oficiales al menos durante el curso 2020/2021 (disp. trans. 5ª).
Y también a la exención de la aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica ambulatoria (disp. final 3ª que añade la letra f) al art. 102.8 RDLeg 1/2015, texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios).
Suspensión del derecho
El art. 14 recoge las causas por las que se puede suspender el cobro del ingreso mínimo vital, que son:
– Pérdida temporal de algunos de los requisitos establecidos.
– Incumplimiento temporal o indicios de ello por parte del titular del derecho o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, obligaciones recogidas en el art. 33.
– Traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a 90 días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado.
Si las causas de la suspensión persisten durante un año, el derecho a la prestación se extinguirá.
Extinción del derecho
Se dejará de percibir esta prestación (art. 15) por:
– Fallecimiento del titular del derecho. Si otro miembro de la unidad de convivencia cumple con los requisitos para ser titular, se podrá presentación una nueva solicitud en el plazo de tres meses desde el fallecimiento.
– Pérdida definitiva de alguno de los requisitos.
– Resolución de un procedimiento sancionador.
– Salida del territorio nacional sin comunicación (art. 14.2).
– Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia (art. 8.4).
Prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital durante 2020
La disposición transitoria 1ª determina la prestación transitoria del ingreso mínimo vital durante 2020, para los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, que cumplan determinados requisitos y cuya asignación económica sea inferior al importe de la prestación del ingreso mínimo vital. Esta prestación transitoria será incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %: no se podrá cobrar el ingreso mínimo vital si existe el mismo causante o beneficiario. Sin embargo, cabe la posibilidad de opción por una de ellas (art. 16 y disp. trans. 1ª.4).
La disposición transitoria 7ª regula la integración de la prestación por hijo o menor a cargo en la prestación del ingreso mínimo vital. A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, no podrán presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, sin perjuicio de las personas beneficiarias que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital, que podrán ejercer el derecho de opción para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social.
A partir del 31 de diciembre de 2020, los beneficiarios que mantengan los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de la prestación transitoria pasarán a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital (disp. trans. 1ª. 10).
Reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas
El INSS podrá revisar de oficio las prestaciones que se estén percibiendo y declarar o exigir la devolución de los indebidamente percibido en los supuestos que se hayan extinguido las causas que por la que concedió, o cuando el importe a percibir sea inferior al importe percibido (art. 17).
Infracciones y sanciones
El artículo 34 recoge qué infracciones se pueden aplicar a los sujetos responsables: infracciones leves, como no entregar la documentación requerida; infracciones graves, caso de no comunicar posibles cambios en la situación del hogar; o infracciones muy graves, como puede ser actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan.
La sanción va de un simple apercibimiento en el primer caso a la pérdida de la ayuda y el pago de una cuantía equivalente a seis meses (art. 35).
Comisión de seguimiento Consejo Consultivo
El artículo 30 recoge la creación de la Comisión de seguimiento de la aplicación del ingreso mínimo vital y sus correspondientes funciones, la cual estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
También se crea el Consejo Consultivo, como órgano de consulta y participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales (art. 31).
El resultado del ingreso mínimo vital y de las distintas estrategias y políticas de inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), mediante la emisión de la correspondiente opinión (art. 28).
Inclusión en el Registro de Prestaciones Sociales Publicas
La disposición final 4ª modifica distintos artículos de la LGSS para adecuar esta nueva prestación al Sistema General de la Seguridad Social. De entre estas modificaciones, destacamos la del artículo 42.1.c LGSS, para para incluir la prestación del ingreso mínimo dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social y así incorporar las necesarias obligaciones de facilitación de datos para el reconocimiento, gestión y supervisión de la prestación por parte del Ministerio de Hacienda, comunidades autónomas, diputaciones forales, Ministerio del Interior, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Instituto de Mayores y Servicios Sociales y organismos competentes autonómicos.
También se da nueva redacción a los arts. 351, 352 y 353 LGSS, que enumeran las prestaciones familiares no contributivas, la asignación económica de hijo o menor a cargo y sus cuantías.
Futuro Reglamento de aplicación
Con la disposición final 10ª se abre la posibilidad de la redacción de un reglamento que fije las condiciones para situaciones individuales de caídas de ingresos en un año, y para que el afectado no tenga que esperar todo el año.
Sería absolutamente deseable, que nadie estuviera en la terrible situación de tener que solicitar la prestación de la que hoy nos ocupamos, pero en el caso de necesitarla, aquí os proporcionamos la información necesaria para poder solicitarla y en qué consiste dicha prestación. ¡Ánimo!
PRESTACIÓN POR REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE UN MENOR AFECTADO POR UNA ENFERMEDAD GRAVE
El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 37.6, un permiso a la reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario para los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedor permanente para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente. Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se pueda acumular en jornadas completas.
Para compensar la pérdida de ingresos que se produce al solicitar este tipo de reducción de jornada, la acción protectora de la Seguridad Social tiene previsto entre sus prestaciones económicas, una destinada a este tipo de situaciones.
QUIÉN PUEDE SOLICITAR PRESTACIÓN POR REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE UN MENOR ENFERMO
Podrán acceder a esta prestación progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedor permanente,cualquiera que fuera su sexo que sean trabajadores por cuenta ajena o propia y asimilados al alta que tengan a su cargo un hijo menor de 18 años que padezca alguna de las enfermedades incluidas en el listado delanexo del RD 1148/2011, de 29 de julioy que haya solicitado una reducción de jornada para el cuidado directo, continuo y permanente del hijo enfermo.
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PRESTACIÓN POR REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE UN MENOR ENFERMO
Para poder solicitar la prestación es necesario:
Encontrarse en alta en algún régimen del Sistema de la Seguridad Social o tener suscrito un convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social por realizar su actividad laboral en un país con el que no exista el Sistema de Seguridad Social.
Acreditar el periodo de cotización exigido para optar a cualquier prestación de la Seguridad Social.
Encontrarse al corriente en el pago de las cuotas, de las que sean responsables directos los trabajadores, aunque la prestación sea reconocida, como consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones, en un régimen de trabajadores por cuenta ajena.
Acreditar la situación de enfermedad con un informe emitido por médico del Servicio Público de Saludo.
Debe haber solicitado reducir su jornada de trabajo en, al menos, un 50% de su duración. El porcentaje de reducción de jornada se entenderá referido a una jornada de trabajo tiempo completo.
En el supuesto de trabajadores contratados a tiempo parcial, no se tendrá derecho al subsidio cuando la duración efectiva de la jornada a tiempo parcial sea igual o inferior al 25% de una jornada de trabajo de una persona trabajadora a tiempo completo comparable.
Si la persona trabajadora tuviera dos o más contratos a tiempo parcial, se sumarán las jornadas efectivas de trabajo a efectos de determinar el citado límite
SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN POR REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE UN MENOR ENFERMO
La prestación se solicitar por el trabajador, entidad gestora o mutua colaboradora, con la que el trabajador tenga cubiertas las contingencias profesionales.
Junto con la solicitud se presentarán los documentos enumerados en el siguiente enlace.
NACIMIENTO DEL DERECHO DE LA PRESTACIÓN POR REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE UN MENOR ENFERMO
El derecho nace a partir del mismo día en que se inicie la reducción de jornada.
El plazo para solicitar la prestación será de 3 meses desde el día de solicitud de la reducción de la jornada. Si se solicitara después de este plazo, los efectos económicos del subsidio tendrán una retroactividad máxima de 3 meses.
El subsidio se reconocerá por un periodo inicial de 1 mes, prorrogable por periodos de 2 meses durante el tiempo que subsista la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del menor. Cuando la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del menor, según se acredite en la declaración médica emitida al efecto, sea inferior a 2 meses, el subsidio se reconocerá por el período concreto que conste en el informe.
CUANTÍA DE LA PRESTACIÓNPOR REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DE UN MENOR ENFERMO
La prestación cosiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladoraestablecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales o, en su caso, la derivada de contingencias comunes, cuando no se haya optado por la cobertura de las contingencias profesionales y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.
En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, la BR diaria del subsidio será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la reducción de jornada, entre el nº de días naturales de dicho período. A dicha base se aplicará el porcentaje de reducción de jornada que corresponda.
En el caso de trabajadores recién incorporados a la empresa, la base reguladora será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas entre el nº de días naturales comprendido en dicho período. En la situación de pluriempleo, se tendrán en cuenta las bases de cotización correspondientes a cada una de las empresas o actividades, con aplicación del tope máximo establecido a efectos de cotización.
Si necesita ampliar la información o solicitar esta prestación y necesita ayuda para hacerlo, puede ponerse en contacto con los profesionales de ASELEC, que estaremos encantados de atenderle.
Mª Ángeles Hernández Ruiz
Dpto. Laboral
Aselec, asesoría y abogado
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¿SABES QUE, SI ERES AUTÓNOMO, Y TIENES QUE DAR DE BAJA TU ACTIVIDAD, PODRÍAS OPTAR A UNA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD?
Esta prestación es el llamado “paro para autónomos” y para la cual ya están cotizando todos los autónomos obligatoriamente desde el 1/01/2019.
Aunque exista la obligación de cotizar por esta contingencia, no todos los autónomos tienen derecho a recibir esta prestación, ya que se exige el cumplimiento de determinados requisitos.
La finalidad de la prestación por cese de actividad es cubrir las situaciones de finalización de la actividad de las personas trabajadoras autónomas provocadas por una situación involuntaria y que debe ser debidamente justificada para tener acceso a la correspondiente prestación económica.
En la actualidad, son varios, los textos normativos regulan esta protección por cese:
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL «PARO PARA AUTÓNOMOS»?
Ser trabajador autónomo comprendido en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, incluyendo a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y a los trabajadores económicamente dependientes, o bien ser Trabajador por Cuenta Propia incluido en el Régimen Especial de los trabajadores del Mar.
Estar afiliado y en situación de alta en Seguridad Social, tener cubierta la contingencia por cese de actividad (obligada desde el 1/01/2019) y estar al corriente en el pago de las cuotas de Seguridad Social.
Contar con un periodo mínimo de cotización por cese de actividad de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores al cese.
Suscribir el compromiso de actividad para el mantenimiento de la prestación. Esto implica la asistencia a actividades formativas, de orientación profesional y de promoción que convoque el SEPE.
No haber alcanzado la edad de jubilación.
Que no concurra ninguna de las incompatibilidades previstas en el art. 342 de la Ley General de la Seguridad Social.
Además se ha de demostrar que la actividad ha finalizado por alguna de las causas establecidas.
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS PARA LA CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN?
Por causas objetivas (económicas, técnicas, productivas u organizativas):
Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en 12 meses que supongan un porcentaje superior al 10% de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluyendo el primer año de inicio de actividad.
Ejecuciones judiciales o administrativas que comporten al menos el 30% de los ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior.
La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad.
Por fuerza mayor.
Por pérdida de la licencia administrativa.
Por violencia de género.
Por divorcio o separación matrimonial en los supuestos en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su ex cónyuge o de la persona de la que se ha separado.
No se consideraría situación legal de cese de actividad cuando ésta cese de forma voluntaria o en el caso de los trabajadores dependientes cuando, tras recibir esta prestación, vuelvan a contratar con el mismo cliente en el plazo de un año desde que se extinguió la prestación.
¿Dónde se presenta la solicitud?
Deberá solicitarse a la misma mutua colaboradora de la Seguridad Social a la que se encuentre adherido el trabajador autónomo o el Instituto social de la Marina, si es la entidad que cubre dicha contingencia.
¿Cuánto dura esta prestación?
Depende de los periodos cotizados por el trabajador autónomo.
PERÍODO DE COTIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN
MESES
COTIZADOS
DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN
De 12 a 17 meses
4 meses
De 18 a 23 meses
6 meses
De 24 a 29 meses
8 meses
De 30 a 35 meses
10 meses
De 36 a 42 meses
12 meses
De 43 a 47 meses
16 meses
Con 48 meses
24 meses
¿Y cuál es la cuantía a percibir?
La base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese.
La cuantía de la prestación durante todo el periodo que corresponda se determinará aplicando el 70% a la base reguladora.
Según la situación familiar del trabajador autónomo se establecerán la cuantías máximas y mínimas de la prestación.
También existe la opción de solicitar el PAGO UNICO DEL CESE DE ACTIVIDAD, siempre que reste por percibir de la prestación al menos seis meses.
Este Pago Único pueden solicitarlo aquellas personas beneficiarias que quieran incorporarse como socio trabajador en cooperativas o sociedades laborales o mercantiles (o constituirlas), o aquellas que desean desarrollar una nueva actividad como trabajador autónomo.
https://www.aselecconsultores.com/wp-content/uploads/2019/11/17295.jpg534800ASELEC asesoría y abogados/wp-content/uploads/2017/05/aselec-asesoria-abogados-murcia-.jpgASELEC asesoría y abogados2019-11-28 10:05:042019-11-28 10:11:22PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DEL AUTÓNOMO
Las empresas familiares suponen, a día de hoy, una importante representación del sector empresarial en nuestro país. Ello supone que muchos cónyuges e hijos, además de la relación personal, mantienen una relación laboral entre ellos, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva.
Sin embargo, cuando esta relación se extingue, puede surgir en el trabajador, que es también familiar del empresario, la siguiente duda: ¿existe el derecho a desempleo cuando eres un familiar en la empresa? Veamos.
DERECHO A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
Con carácter general, tiene derecho al desempleo todo trabajador por cuenta ajena que haya finalizado la prestación de sus servicios en una relación laboral, siendo precisamente la nota de ajeneidad uno de los requisitos que hace nacer el derecho a tal prestación.
RELACIÓN LABORAL FAMILIAR Y REAL
Si bien, cuando el trabajador sea, además, familiar del empleador, para saber si se tiene derecho a la prestación por desempleo habrá que diferenciar entre relación laboral familiar y relación laboral real:
Se entiende por relación laboral familiar, la relación laboral mantenida entre el empresario y su cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes por consaguinidad o afinidad hasta el segundo grado que convivan con éste. En este caso, se entiende que el resultado del trabajo beneficia al núcleo familiar completo incluido empresario y trabajador por lo que el trabajador no tendría derecho a desempleo.
Por el contrario, la relación laboral real es aquella que efectivamente se desarrolla y que viene marcada por esa nota de ajeneidad, por lo que en este caso, el trabajador sí tendría derecho a prestación por desempleo.
Sin embargo, aunque el caso de las relaciones laborales familiares con carácter general no ha lugar al nacimiento de la prestación, como hemos visto se establece una excepción y es que, cuando se acredite que dicha relación sí es una relación real marcada por esa nota de ajeneidad si habrá lugar a obtener la prestación por desempleo.
Es decir que, cuando un trabajador sea familiar del empresario, la regla general es que no habrá desempleo, salvo prueba en contra que demuestre la efectiva prestación de los servicios.
ACREDITACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON AJENEIDAD
Para ello, basta con acreditar la recepción del salario real, el tiempo que lleva trabajando, la cotización, las funciones reales y efectivas que ostenta en su puesto de trabajo, la cotización a la Seguridad Social, registro de jornada, y todo aquello a través del cual quede demostrado que el trabajo realizado por el trabajador, a pesar de su vínculo familiar con el empresario, venía marcado por una nota de ajeneidad que correspondía a una real relación laboral que a su extinción, daría lugar al nacimiento de la prestación por desempleo.
No obstante, muy frecuentemente el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiende a denegar dichas solicitudes por entender que la relación laboral era familiar y que el trabajador debía haber ostentado la condición de autónomo colaborador, sin embargo, como decimos, dicha conclusión puede ser contrariada presentado los medios de prueba suficientes que acrediten que la relación laboral era real.
Si le ha sido denegada la prestación por desempleo o tiene dudas acerca de si tiene derecho a solicitarla, le recomendamos solicitar el asesoramiento profesional a fin de obtener los mayores beneficios y salvaguardando siempre sus intereses.
ASELEC, asesoría y abogados cuenta con un equipo de Letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas.
La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le garantizan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.
Los Abogados de ASELEC asesoría y abogados se coordinan con el equipo de Asesores, lo que implica un conocimiento y tratamiento completo de los asuntos. Por ello, conseguimos ofrecer un asesoramiento integral con los mejores resultados.
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El pasado mes de junio, el Tribunal Constitucional declaró nulo e inconstitucional el mecanismo de cálculo de aquellas jubilaciones de trabajadores que a lo largo de su vida laboral han realizado trabajos a tiempo parcial. Se alude también a una discriminación indirecta por razón de sexo.Puede consultar la sentencia aquí
Este proceso se inicia por la demanda de un profesor de universidad que venía prestando relación laboral a tiempo parcial durante su vida laboral, y al realizar los cálculos pertinentes para la jubilación, ésta se veía reducida de un total de 37 años y 10 meses, a 33 años y 4 meses, con un porcentaje del 95.06% de la base reguladora.
Según esta norma, las bases reguladoras para estas prestaciones se calculan conforme a la regla general, pero para calcular los años y el porcentaje de aplicación a la base reguladora se aplica un coeficiente de 1.5, que hace que se vea reducida la cantidad de la prestación.
PORQUÉ SE CALIFICA EL CÁLCULO COMO DISCRIMINATORIO
En primer lugar, porque afecta a una parte de la población mayoritaria con empleos a tiempo parcial y segundo lugar, porque esta mayoría pertenece al colectivo femenino, como se puede observar en el gráfico “porcentaje de los trabajadores a tiempo parcial en el empleo total según periodo” extraído del INE, a lo largo de los años, la mayoría de contratos a tiempo parcial, son mujeres, por eso que, de una manera indirecta, es contrario a nuestro artículo 14 de la Constitución Española, el cual establece que; “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”
Incluso el TJUE establece definición de discriminación indirecta por razón de sexo, “aquellas medidas que, aunque redactadas de forma neutra, perjudicas a un porcentaje muy superior de mujeres que de hombres: tales medidas están prohibidas salvo que estén justificadas por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo”, en este caso al colectivo femenino.
Por todo lo anterior, en Aselec estamos a la espera de se desarrolle el método para el cálculo de la jubilación, para aquellos que vienen prestando relación laboral a tiempo parcial, de modo que sea igual para todos los trabajadores, independientemente de si a lo largo de su vida laboral han prestado relación laboral a tiempo completo o tiempo parcial. Esto será también de aplicación a las prestaciones de incapacidad permanente.
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Cuando un trabajador incurre en baja por Incapacidad Temporal nacen las dudas acerca de si seguirá cobrando durante el tiempo que dure esta situación de inactividad laboral, y en el caso de que así sea, quién o qué organismo realizarán el pago de dicho salario.
Nos ocuparemos hoy de intentar aclarar estas dudas y detallar los puntos clave que esta situación de Incapacidad Temporal genera.
CUANDO HABLAMOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL
Antes de nada, comenzaremos determinando en qué consiste la situación de incapacidad temporal del trabajador.
La situación de baja por Incapacidad Temporal de un trabajador, no es más que una baja laboral dictada por un médico motivada por una causa justificada de origen físico o psicológico y que, a efectos de Seguridad Social, se deberá clasificar dentro de alguno de los siguientes supuestos:
enfermedad común,
accidente no laboral,
enfermedad profesional o
accidente laboral.
Durante el tiempo que dure esta situación el trabajador tiene derecho a cobrar una prestación diaria para cubrir la pérdida de rentas que se produce cuando este no puede trabajar al encontrarse enfermo. Dicha prestación puede llegar a ser equivalente al salario que venía percibiendo en el desarrollo de su actividad laboral, a causa de la regularización del convenio colectivo de aplicación a la empresa en concreto.
Para determinar la cantidad final a la que tendrán derecho los trabajadores en esta situación, en primer lugar hay que diferenciar entre contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral) y contingencias profesionales (accidente laboral y enfermedad profesional), puesto que unas u otras tienen un tratamiento diferente.
Cuando un trabajador se encuentra de baja debido a enfermedad común o accidente no laboral, tendrá derecho a un subsidio económico siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos:
Estar afiliado y en alta o situación asimilada en alta
Tener cubierto un periodo de cotización de 180 días en los 5 años anteriores.
Y, ¿en qué consistirá dicho subsidio?
Hay que diferenciar tres tramos:
Los tres primeros días no tiene derecho a percibir ningún salario.
Del 4ª al 20ª día de la baja: el trabajador percibe el 60% de su base reguladora.
A partir del día 21ª de la baja: el trabajador percibirá el 75% de su base reguladora.
¿Quién asume el coste de dicha prestación económica durante la baja?
Del 4ª al 15ª día de baja el coste es para la empresa.
A partir del 16º día el coste será a cargo Instituto Nacional de la Seguridad Social o para la Mutua mediante pago delegado, esto es, que aunque en un primer momento la empresa se hará cargo de dicha prestación, posteriormente se lo descontará en sus cotizaciones, por lo que el cargo finalmente será para el INSS o la Mutua.
En la siguiente imagen podemos ver los tramos expuestos:
Ejemplo práctico:
Supongamos que un trabajador contratado mediante un contrato a jornada completa tiene un bruto mensual todos los meses de 1.000 euros y coge la baja por Incapacidad Temporal por enfermedad común – contingencias comunes- del 01/12/2018 al 31/12/2018. Su base reguladora es de 33,33 euros al día (base de cotización del mes anterior a la baja dividida entre 30: 1.000/30=33,33 euros). ¿Qué cobraría?
Los tres primeros días no cobraría nada.
Del día 4 al 20 el 60% de la Base Reguladora: 60% de 33,33 = 20 €/día
20 €/día x 17 días = 340 euros
A partir del día 21º el 75% de la Base Reguladora: 25€/día
25 €/día x 11 días = 275 euros
Por lo tanto, la prestación correspondiente al mes de diciembre será de 615 euros.
Y, ¿quién los asumirá?
Los tres primeros días no se cobra nada.
Del día 4º al 15º día a CARGO DE LA EMPRESA: en el caso del ejemplo será del 4 al 15 diciembre, es decir, se tratará de 12 días cobrando el 60% de la base reguladora diaria:
12 días x 20 euros = 240 euros
A partir del día 16ª a CARGO DEL INSS. Habrá que diferenciar dos tramos en función de la cuantía a cobrar:
Del día 16 al 20 de diciembre: 5 días x 20 euros =100 euros.
Del 21 al 31 de diciembre:11 días x 25 = 275 euros.
En resumen, de los 615 euros de prestación que le corresponden al trabajador 240 euros irán a cargo de la empresa y 375 euros será a cargo del INSS, no obstante, aunque en un primer momento será la empresa la que abone esos 375 euros al trabajador posteriormente le serán compensados a través de las cotizaciones a Seguridad Social que es lo que se conoce como el anteriormente mencionado “pago delegado”.
Hay que destacar que, independientemente de la regulación general, el convenio colectivo de aplicación al trabajador puede mejorar dichas condiciones, mediante el establecimiento de complementos salariales durante determinados periodos en los que el trabajador se encuentre de baja, pudiendo llegar a percibir durante la situación de Incapacidad Temporal, la totalidad del salario que viniera percibiendo el trabajador.
Dichos complementos establecidos en convenio irán siempre a cargo de la empresa.
INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
En este caso se trata de trabajadores que se encuentren en situación de Incapacidad Temporal debido a un accidente de trabajo o enfermedad profesional, es decir, se trata de una situación provocada en el trabajo o a causa del mismo.
Aquí los requisitos varían respecto a las contingencias comunes, puesto que, aunque se sigue necesitando que el trabajador se encuentre en alta o situación asimilada al alta, no será necesario que cuente con ningún día cotizado anterior a la baja para tener derecho a la prestación.
Además, los tramos de la cuantía de la prestación también varían, siendo en el caso de enfermedad profesional o accidente de trabajo, del 75% de la base reguladora desde el día siguiente de la baja, y, además, será la MUTUA la que se hará cargo del mismo desde el principio a través del ya mencionado “pago delegado” para posteriormente compensarlo en los seguros sociales mensuales.
Veámoslo reflejado en un gráfico:
Y ahora supongamos el ejemplo arriba del trabajador contratado a jornada completa cobra 1.000 euros brutos todos los meses y entra en baja por Incapacidad Temporal desde el 01/12/2018 hasta al 31/12/2018 pero esta vez debido a un accidente de trabajo.
Recordemos que la base reguladora era 33,33 euros al día
¿Qué cobrará entonces? ¿Quién asumirá el pago?
El día 1 de diciembre, día en el que empieza la baja, contará como día trabajado por lo que se hará cargo la empresa como un día cualquiera.
Desde el día 2 de diciembre cobrará el 75% de la base reguladora, es decir, 25 euros al día de los que se hará cargo la Mutua a través de pago delegado.
De este modo vemos, que la empresa deberá de pagarle el día 1 trabajado como si fuera un día normal y 750 euros a cargo de la Mutua, que se le descontará a la empresa en sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Si tiene más dudas o cuestiones acerca de esta situación de Baja por Incapacidad Temporal y el coste que supondría para su empresa, en ASELEC asesoría y abogados, estaremos encantados de ayudarle y asesorarle siempre en busca de la opción más ventajosa y eficaz para usted. Contacte con nosotros.
Ana García
Graduado Social
Dpto. Jurídico-Laboral
Aselec, asesoria y abogados
https://www.aselecconsultores.com/wp-content/uploads/2018/12/baja-por-incapacidad-temporal-quien-paga-aselec.jpg478800ASELEC asesoría y abogados/wp-content/uploads/2017/05/aselec-asesoria-abogados-murcia-.jpgASELEC asesoría y abogados2018-12-18 10:28:432018-12-18 10:42:16BAJA POR INCAPACIDAD TEMPORAL ¿QUIEN PAGA?
LA CAPITALIZACION DEL PARO Y RECIBIR ALGUNAS SUBVENCIONES, PUEDEN SER UNA OPORTUNIDAD PARA EMPRENDER TU PROPIO NEGOCIO.
Si te has quedado sin trabajo, quieres emprender un negocio y tienes derecho a la prestación por desempleo contributiva, puedes optar a él mediante un PAGO ÚNICO con la finalidad de iniciar tu propio negocio ya sea como autónomo, como socio de una sociedad limitada o como socio trabajador de una cooperativa o sociedad laboral.
BENEFICIARIOS DEL PAGO ÚNICO
Veamos, ¿quién puede beneficiarse de esta medida? Como ya hemos dicho, se trata de una opción que se ofrece al titular del derecho a la prestación por desempleo contributiva debido al cese definitivo en su actividady que tiene como finalidad ayudar a iniciar una actividad laboral, por tanto, el primer requisito que se ha de cumplir es que se pretenda realizar una actividad económica dentro de alguna de las siguientes situaciones:
Iniciar una actividad como trabajador por cuenta ajena o autónomo, quedando excluidos los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
Constituir una cooperativa o incorporarse a una ya constituida como socio trabajador de carácter estable.
Constituir una sociedad laboral o incorporarse a una ya constituida como socio trabajador de carácter estable.
Incorporarse a una sociedad mercantil de nueva creación o que se haya constituido en los 12 meses anteriores a la fecha de la aportación siempre que:
Se posea el control efectivo de la misma
Se ejerza en ella una actividad profesional
Y se dé de alta en el RETA ( o si procede en el de los trabajadores del Mar)
No existe vínculo laboral previo inmediatamente antes de la situación legal de desempleo con la propia mercantil u otra del grupo. (No se incluirá en este supuesto quien se constituya como trabajador autónomo económicamente dependiente suscribiendo un contrato con una empresa con la que hubiera mantenido un vínculo contractual previo inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo o perteneciente al mismo grupo empresarial de aquella.)
REQUISITOS DEL PAGO ÚNICO
Pero además de la finalidad de emprender es necesario cumplir los siguientes requisitos:
Tener pendiente de recibir, al menos, tres mensualidades de la prestación de desempleo a fecha de la solicitud de la capitalización. En el caso de trabajadores por cuenta propia que tengan reconocido el derecho a la prestación por cese de actividad será necesario tener pendiente, al menos, un período de seis meses
No haberse beneficiado de otro pago único en los cuatro años inmediatamente anteriores.
Una vez concedido el pago único, la efectividad de la resolución estará condicionada a la presentación por el trabajador, en el plazo de un mes, de la documentación que corresponda según la actividad que inicia y las modalidades de pago único que se haya concedido. En el caso de no haberse iniciado la actividad con anterioridad (que siempre deberá ser después de haber solicitado la capitalización), en este mes debe dar comienzo la actividad económica y darse de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social.
En los casos en que se haya impugnado el despido que dio lugar a la situación de desempleo no se podrá solicitar la capitalización del paro hasta que no se haya resuelto el expediente de impugnación.
MODALIDADES DE PAGO ÚNICO
Existen tres alternativas para acceder al pago único:
1.- PAGOS MENSUALES: Se podrá solicitar y obtener exclusivamente el importe total de la prestación pendiente de percibir para la subvención de las cuotas mensuales a la Seguridad Social.
2.- PAGO ÚNICO:
a) En el caso de los trabajadores autónomos pueden obtener mediante un pago único la cantidad que justifique como inversión necesaria para iniciar la actividad
b)En el caso de los trabajadores autónomos de una sociedad mercantil tienen la opción de solicitar y obtener la aportación de capital social necesario para acceder a la sociedad.
(En ambos casos con el límite máximo del 100% del importe de la prestación por desempleo pendiente de recibir).
c) En el caso de un socio trabajador de carácter estable en una cooperativa existente o de nueva creación podrá solicitar y obtener mediante pago único tanto la cuota de ingreso como el resto de aportaciones obligatorias o voluntarias suscritas efectivamente desembolsadas que acredite.
d) En el caso de socios de trabajo de carácter estable en una sociedad laboral existente o de nueva creación podrá solicitar y obtener mediante un pago único la cantidad necesaria de aportación para adquirir la condición de socio en concepto de acciones o participaciones del capital social de la sociedad.
3– PAGO MIXTO: En el caso de no percibir de un solo pago el 100% de la cantidad pendiente de recibir se puede solicitar, a la misma vez, el abono del importe restante para financiar el importe de las cuotas mensuales de la Seguridad Social durante el transcurso de la actividad iniciada.
En las tres modalidades de pago único podrán utilizar hasta el 15 % de la cuantía de la prestación capitalizada al pago de servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad que va a iniciar
En cualquier caso se descontará el interés legal del dinero fijado en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado.
Es importante destacar que tanto la solicitud de la prestación de desempleo como la de la capitalización de la prestación por desempleo siempre ha de ser anterior a la fecha de inicio de la actividad que se va a desarrollar considerando que dicha fecha coincide con el alta del trabajador en Seguridad Social.
Quedan excluidos de la posibilidad de percibir la capitalización del pago único quienes hayan compatibilizado el trabajo por cuenta propia con la prestación por desempleo en los anteriores 24 meses a la solicitud.
A NIVEL FISCAL también cabe destacar que la capitalización del desempleo se encuentra exenta en el IRPF siempre que la actividad iniciada se mantenga durante al menos cinco años.
SUBVENCIONES DEL SEF COMO AYUDA AL EMPRENDIMIENTO
Pero esto no es todo, ¿qué pasa si con la obtención de la capitalización agotas toda tu prestación por desempleo? Sabemos que los inicios cuestan, y por eso, existen también subvenciones del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) que tienen como objetivo constituir una ayuda para el emprendimiento.
DESTINATARIOS DE LAS SUBVENCIONES
¿Quiénes son sus destinatarios?
Personas perceptoras de la prestación por desempleo, en su modalidad de pago único, que se encuentren en alguno de estos casos:
1) Trabajador autónomo o trabajador autónomo socio de una sociedad mercantil.
2) Socio trabajador de carácter estable en una cooperativa existente o de nueva creación.
3) Socio de trabajo de carácter estable en una sociedad laboral existente o de nueva creación.
El requisito fundamental para acceder a estas subvenciones es haber percibido la totalidad de la prestación por desempleo en la modalidad de pago único.
Pero no es el único, además es necesario:
1.- Haber iniciado la actividad, dentro del mes siguiente a la percepción de la prestación de pago único o encontrarse en fase de iniciación.
2.- Estar dado de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social.
CONTENIDO DE LA SUBVENCIÓN
¿Y en qué consiste dicha subvención?
Va a depender del Régimen de la Seguridad Social en el que te encuentres encuadrado:
Si estás en el Régimen General consistirá en el 100% de la aportación del trabajador en el correspondiente régimen.
Si perteneces al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) consistirá en el 50% de la cuota correspondiente calculada sobre la base mínima de cotización.
DURACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
¿Y durante cuánto tiempo?
Durante el tiempo en el que el trabajador hubiera estado percibiendo la prestación por desempleo de no haberse percibido en su modalidad de pago único.
Contacta con nosotrosy te ayudaremos a poner en marcha tu proyecto, y a realizar los trámites necesarios para obtener la capitalización del paro y las ayudas y subvenciones a las que tengas derecho.
Ana García
Graduado Social
Dpto. Laboral-Jurídico
ASELEC asesoría y abogados
https://www.aselecconsultores.com/wp-content/uploads/2017/09/pago-unico-oportunidad-emprender-propio-negocio-aselec3.jpg533800Asesoría Laboral Aselec/wp-content/uploads/2017/05/aselec-asesoria-abogados-murcia-.jpgAsesoría Laboral Aselec2017-09-14 10:28:592017-09-14 11:08:47PAGO ÚNICO: OPORTUNIDAD PARA EMPRENDER TU PROPIO NEGOCIO.
Los trabajadores autónomos tienen derecho a una prestación por incapacidad temporal (IT). Esta se puede solicitar cuando el autónomo sufre una enfermedad común o profesional o un accidente, sea o no de trabajo, y por tanto está imposibilitado para trabajar y requiere asistencia sanitaria.
Se entenderá como accidente de trabajo a efectos de esta prestación, el que sufra el trabajador autónomo como consecuencia directa del trabajo que realiza por cuenta propia y que determina su inclusión dentro de este Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. No se incluyen los accidentes que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo, los llamados “in itinere» (salvo en el caso de los TRADE: Trabajadores autónomos económicamente dependientes), los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, y los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador. DURACION
Esta prestación tiene una duración máxima de 12 meses, prorrogables otros 6 cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación. REQUISITOS
Es requisito que el trabajador autónomo esté al corriente con los pagos de Seguridad Social, al igual que tener un mínimo de 180 días cotizados en los últimos 5 años anteriores a la fecha de la baja, en el caso de enfermedad común. En el caso de accidente y de enfermedad profesional no se exige periodo previo de cotización. CUANTIA
La Base Reguladora diaria será la base de cotización del trabajador autónomo correspondiente al mes anterior al de la baja médica, dividida entre 30. Para la base mínima actual de 893,19 euros, estaríamos a una base reguladora diaria de 29,77 euros/día.
Para el cálculo de la cuantía de la prestación, se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes a la Base Reguladora diaria:
Desde el día primero de baja hasta el tercero, no hay prestación.
Desde el día cuarto de baja hasta el vigésimo, la prestación consiste en el 60% de la base reguladora.
Desde el día 21 de baja en adelante, la prestación consiste en el 75% de la base reguladora.
En el caso de Accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prestación consiste en el 75% de la base reguladora, desde el día siguiente al de la baja.
La cotización de las prestaciones por incapacidad por contingencias comunes tiene carácter obligatorio, por el contrario, la cotización por Contingencias Profesionales es voluntario (excepto para los TRADE y aquellos que estén obligados al desempeñar una actividad con un elevado riesgo de siniestralidad), por lo que, si no se cotiza por las contingencias profesionales, no se podrá acceder a la prestación de incapacidad temporal por Accidente de trabajo o enfermedad profesional, aun así, siempre se puede acceder a la prestación por enfermedad común o accidente no laboral.
El autónomo deberá presentar en un plazo de 15 días desde la baja, la solicitud de esta prestación al INSS o mutua que le corresponda, incluyendo una declaración en la que se indique en qué situación queda la actividad, quién va a gestionar directamente el negocio o, en su caso, el cese temporal o definitivo de la actividad. Se puede designar a un trabajador que tuviera a su cargo el autónomo sin que cambien el régimen de cotización aplicable de este.
Como es natural, se puede dar un gran número de situaciones especiales en este sentido; contacte con nuestro despacho en Murcia para ampliar información si lo necesita.
Emilia Espín
Dpto.Laboral-Jurídico
Aselec consltores, s.l.p.
https://www.aselecconsultores.com/wp-content/uploads/2017/05/prestacion-autonomos-baja-laboral.jpg637835Asesoría Laboral Aselec/wp-content/uploads/2017/05/aselec-asesoria-abogados-murcia-.jpgAsesoría Laboral Aselec2017-05-25 09:00:452017-05-25 09:31:51PRESTACION PARA AUTONOMOS ESTANDO DE BAJA LABORAL.
La AEAT manifiesta que la prestación por maternidad NO está exenta de IRPF.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una Sentencia de fecha 6 de julio de 2016, en la que se establecía que la prestación por maternidad estaba exenta de tributar por el IRPF lo que en, un primer momento, pareció abrir la puerta a miles de reclamaciones para recuperar las retenciones cobradas de más.
Sin embargo, a la vista de la cantidad de solicitudes presentadas, el Tribunal Económico Administrativo Central mediante Resolución de 2 de marzo de 2017 ha manifestado, tras la mencionada sentencia, que las prestaciones por maternidad que el contribuyente reciba por parte de la Seguridad Social sí están sujetas a tributar por el IRPF.
La Resolución del TEAC examina el articulo 7.h) de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, donde se recogen las rentas exentas, y cuya exención va a depender de quien sea el pagador de la prestación.
Así, estarían exentas:
Las prestaciones familiares a cargo de la Seguridad Social reguladas en el Capítulo IX del Título II del Texto Refundido de la Seguridad Social, es decir, las prestaciones por riesgo durante la lactancia natural.
También estarían exentas, las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto, adopción, hijos a cargo y orfandad, es decir, cualquier otra prestación que se reciba por este concepto y cuyo pagador no sea la Seguridad Social.
Y por último, las prestaciones públicas por maternidad que estén a cargo de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales.
De esta manera, la exención de tributar en el IRPF va a depender de quien sea el pagador de la prestación, siendo tajante el mencionado artículo al dejar exentas las rentas percibidas a cargo de la Seguridad Social única y exclusivamente cuando se refiera a prestaciones por riesgo durante la lactancia natural.
Solamente las prestaciones de baja por maternidad recibidas por parte de las Comunidades Autónomas o Entes Locales quedarían exentas en el IRPF, y ello porque las prestaciones recibidas a cargo de la Seguridad Social sustituyen a la retribución normal que el contribuyente obtiene por su trabajo normal y que sí está sujeta al IRPF, y en cambio, las que se encuentran a cargo de las CC.AA o EE.LL se consideran liberalidades a favor del beneficiario consecuencia de una situación de especial protección.
Con esta resolución se escribe un capítulo más entre las posturas contrarias sostenidas entre la AEAT y lo determinado en la Sentencia referida al inicio, mostrando claramente la postura de la primera ante las reclamaciones que se están efectuando.
Estefanía Belchí Poveda
Dpto. Jurídico
aselec consultores, s.l.p.
https://www.aselecconsultores.com/wp-content/uploads/2017/03/prestacion-maternidad-no-exenta-IRPF.jpg479852Asesoría Jurídica Aselec/wp-content/uploads/2017/05/aselec-asesoria-abogados-murcia-.jpgAsesoría Jurídica Aselec2017-03-23 08:30:432017-03-23 08:38:52LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD NO ESTA EXENTA DE IRPF
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