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CONVENIO PROPIO PARA MI EMPRESA ¿CUMPLE LOS REQUISITOS?

La negociación colectiva, y por ende también el tema de los convenios colectivos, ha sido una de las materias que más en profundidad han sido objeto de modificación en los últimos años, con una clara vocación de flexibilizar un campo que había quedado un tanto anticuado en cuanto a sus planteamientos dentro de un mundo laboral cada vez más cambiante.

MARCO LEGAL DEL CONVENIO COLECTIVO

Ya el RD 7/2011 iniciaba esta senda de modernización, en materias como los contenidos mínimos que los convenios debían recoger, estructura de la negociación colectiva (convenios de ámbito estatal y autonómico) y en los procedimientos para la resolución de conflictos, entre otras.

Sin embargo, el cambio más sustancial y el que afecta directamente a la cuestión que hoy nos ocupa vendría posteriormente con la Ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

En esta norma se introducían modificaciones en artículos del Capítulo I del Título III (relativo a la negociación colectiva) del Estatuto de los Trabajadores en vigor en aquel momento, intentando facilitar la adaptación de las condiciones laborales a las realidades de las empresas, encuadradas necesariamente hasta aquel momento en unas condiciones marcadas por convenios de ámbito superior.

La novedad estrella y que sin duda marcaba un antes y un después en esta materia sería el establecimiento de la prevalencia del convenio colectivo de empresa sobre el convenio colectivo sectorial, en concreto en lo relativo al art. 84 ET.

Este cambio de criterio puso en el mapa las negociaciones de convenios colectivos a nivel de empresa, que iban a permitir buscar un marco laboral propio, siempre acordado entre la empresa y los trabajadores o representantes sindicales.

Así, los convenios colectivos de empresa pueden incluir modificaciones sobre el de ámbito superior en materias tales como cuantías salariales, abono de horas extraordinarias, horarios y distribución de las jornadas, clasificaciones profesionales propias…etc.

Estas materias podrán llegar a límites incluso por debajo del convenio de aplicación en el sector, sin que por ello no siga siendo de aplicación el principio general de que jamás se podrá pactar por debajo de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores.

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REQUISITOS PARA NEGOCIAR EL CONVENIO

El requisito previo para poder plantear esta cuestión sería que la empresa tenga mínimo seis trabajadores, que es también el número mínimo establecido para que los trabajadores puedan elegir un delegado sindical, si están de acuerdo.

Su creación está sujeta a un proceso de negociación, y a la posterior aceptación del convenio acordado por parte de la Autoridad laboral. Ésta dependerá en gran medida de que estas negociaciones estén ajustadas a los plazos legalmente establecidos, así como a la válida constitución de la mesa negociadora, que iniciará un periodo de consultas.

Esta mesa estará compuesta por el empresario y por una representación sindical hasta un máximo de trece personas. En las empresas o centros de trabajo donde no haya representación sindical, se estará a lo previsto en el art. 41.4 del ET y así los trabajadores tendrán que elegir democráticamente una comisión negociadora que tendrá como máximo tres miembros.

Los acuerdos tendrán que quedar siempre plasmados por escrito y deberán ser remitidos a la Autoridad Laboral, que podrá hacer todas las comprobaciones que considere oportunas en cuanto a contenido mínimo y representatividad de la comisión negociadora.

Son muchos los convenios declarados nulos por defectos en este sentido, ya que habiendo varios centros de trabajo, todos deben estar válidamente representados, sin ser válida la presencia en la negociación de sólo los centros donde haya representación sindical.

Una vez pasado ese filtro, el convenio será registrado y finalmente publicado.

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UNA HERRAMIENTA PARA EL EMPRESARIO

En definitiva, es importante que los empresarios conozcan esta posibilidad que la ley puso a su alcance, en tanto en cuanto da acceso a la posibilidad de modificar las condiciones laborales establecidas por el convenio sectorial, que en determinados casos puedan estar dificultando la flexibilidad productiva necesaria antes determinadas situaciones de mercado o encareciendo costes laborales ante una situación de especial dificultad económica.

Es posible en estos casos, mediante el proceso de negociación iniciado válidamente, llevado a cabo en el marco de la buena fe y con la observancia de todos los requisitos, llegar a nuevos marcos colaboración entre sindicatos y empresa, que den viabilidad a proyectos empresariales en dificultades o encaminados a despidos colectivos o incluso su desaparición.

En Aselec, asesoría y abogados, les asesoraremos en este y otros aspectos que puedan afectar a las condiciones laborales de aplicación en su empresa, siempre en la búsqueda de entornos laborales adaptados a la legalidad, pero en condiciones de la máxima eficiencia. Contacte con nosotros sin compromiso.

 

 

Fuensanta Nicolás

Dpto. Laboral

Aselec, asesoría y abogados

 

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ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES PARA 2019

ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES PARA 2019

El pasado 28 de diciembre se aprobó el Real Decreto-Ley 27/2018, que recoge los nuevos coeficientes de actualización de los valores catastrales para el 2019.

Para saber si sus inmuebles se ven afectados por dicha actualización, debe consultar la Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, que establece la relación de municipios a los que resultan de aplicación los nuevos coeficientes aprobados en el Real Decreto-Ley 27/2018.

Anualmente y para aquellos Ayuntamientos que lo soliciten, las Leyes Generales del Estado incluyen los coeficientes de actualización de los valores catastrales. Así venía ocurriendo desde 2013, pero debido a que la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 va a ser posterior al calendario habitual, dicha actualización se ha tenido que aprobar a través del Real Decreto mencionado antes de que finalizara 2018, por la repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se devenga el 1 de enero de cada año natural.

La finalidad de solicitar los coeficientes de actualización de los valores catastrales por parte de los Ayuntamientos, es aproximar todo lo posible, los datos del Catastro a los valores reales de mercado de los inmuebles.

Los Ayuntamientos pueden solicitar la aplicación de los coeficientes de actualización en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio, para los inmuebles urbanos de un mismo municipio, cuando concurran los siguientes requisitos:

  • Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el año 2019 requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2014.
  • Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.
  • Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los coeficientes.

Pero finalmente es el Ministerio de Hacienda es quien debe apreciar la concurrencia de los requisitos, mediante Orden Ministerial que debe ser publicada en el BOE con anterioridad al 30 de septiembre de cada ejercicio, en la que se establece la relación de municipios concretos en los que resultarán de aplicación los coeficientes que, en su caso, establezca la LPGE para el ejercicio siguiente. 

Para este año 2019 será El Real Decreto-Ley 27/2018, de 28 de diciembre, quien establece los diferentes coeficientes en función del año de entrada en vigor de los valores catastrales resultantes de un procedimiento de valoración colectiva, que serán aplicados a aquellos municipios que han acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y que están incluidos en la Orden mencionada.

Pero no siembre la actualización de valores catastrales va a suponer un aumento del valor, sino que la revisión puede tornar en subida o bajada, dependiendo del año en el que se actualizara la última vez el valor catastral, según la tabla siguiente:

Año de entrada en vigor ponencia de valores Coeficiente de actualización
1984, 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989 1,05
1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 1,03
2001, 2002 y 2003 1,02
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011 0,97
2012 y 2013 0,93

Las valoraciones anteriores a 2005 sufrirán un incremento este año. Las que han sido posteriores, muchos casos durante la época de la burbuja inmobiliaria, reducirán sus valores.

IMPLICACIONES FISCALES DE LA SUBIDA DEL VALOR CATASTRAL

Como hemos comentado anteriormente, el valor catastral es un dato fundamental para determinar lo que hay que pagar por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tributo que grava la propiedad, el usufructo, el derecho de superficie o la concesión administrativa de inmuebles y cuya base imponible se determina en función del valor catastral. Este Impuesto representa un porcentaje muy alto de los ingresos que obtienen los ayuntamientos.

Pero el IBI no es el único impuesto que se ve afectado por el incremento del valor catastral, sino que también repercute en los impuestos siguientes:

  En el IRPF donde se deberá realizar una imputación de rentas por viviendas o locales vacíos, en función de su valor catastral, que será del 2% o bien del 1,1% para valores revisados y que hayan entrado en vigor en el período impositivo o en los diez períodos impositivos anteriores.

– En el Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que grava el incremento de valor que se produce en el suelo desde la adquisición del inmueble hasta la fecha de su transmisión, la base imponible se calcula con el valor catastral del suelo.

– En relación al Impuesto sobre el Patrimonio, los bienes inmuebles se computan por el mayor valor de los tres siguientes: valor catastral, valor comprobado por la Administración a efectos de otros tributos y el precio, contraprestación o valor de la adquisición. Por ello, si el valor catastral es superior a los otros dos valores, sería ese el que habría que tenerse en cuenta para determinar la base imponible del impuesto.

– En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuando la transmisión se refiera a bienes inmuebles, para calcular este impuesto, se toma como referencia el valor real del inmueble, no el catastral, pero en ocasiones se utiliza el valor mínimo de referencia de la comunidad autónoma, al ser un impuesto cedido a dicho ámbito, para cuyo cálculo se utiliza como referencia el valor catastral y la antigüedad.

– En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuando la transmisión se refiera a bienes inmuebles, para calcular este impuesto, también se toma como referencia el valor real del inmueble, no el catastral, pero en ocasiones se utiliza el valor mínimo de referencia de la comunidad autónoma, al ser un impuesto cedido a dicho ámbito, para cuyo cálculo se utiliza como referencia el valor catastral y la antigüedad.

Si tiene dudas a la hora de valorar sus inmuebles en las próximas declaraciones fiscales, en ASELEC Asesoría y Abogados contamos con un experto equipo de profesionales dispuesto a ayudarle. Contáctenos sin compromiso.

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Inma Teruel

Economista

Dpto. Fiscal-Contable

ASELEC, asesoría y abogados. 

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¿AGOBIADO CON LAS DEUDAS A LA SEGURIDAD SOCIAL?

Las circunstancias de las personas y las empresas varían a lo largo del tiempo, siendo habitual sufrir altibajos en la economía empresarial. Puede suceder entonces que, haya meses en las que los gastos superen a los ingresos y el pago de deudas a la Seguridad Social, tales como cuotas, recargos o sanciones, se convierta en un problema.

Ante una situación de morosidad, la administración envía un documento de reclamación del pago, donde advierte que existe un plazo de 15 días para hacer efectiva la deuda, en caso contrario, se pasará automáticamente a vía ejecutiva con el consiguiente embargo de cuentas y bienes del afectado.

Si no pagamos, la Seguridad Social aplicará un recargo del 20% sobre las cuotas impagadas, aunque solo nos hayamos retrasado un día en hacer el pago.

Además, si pasado este plazo sigue sin saldarse la deuda, la Seguridad Social, reclamará también el abono de intereses de demora.

Pero, no se alarme, porque afortunadamente  la  Seguridad Social nos ofrece un mecanismo para aquellos casos en que al deudor le resulte imposible afrontar el pago de una deuda contraída a su favor.

 Así, si usted o su empresa está atravesando un pequeño bache financiero, y no puede afrontar un pago pendiente con Seguridad Social, ésta pone a su disposición la posibilidad del aplazamiento de la misma.

QUÉ DEUDAS PUEDEN APLAZARSE

La solicitud del aplazamiento de la deuda se puede pedir de forma presencial o telemática si se cuenta con un certificado digital, mediante un modelo de solicitud específico al que se le adjuntará también un modelo de reconocimiento de deuda.

Lo primero que debemos de hacer es diferenciar entre las cuotas que son aplazables y aquellas cuotas que son inaplazables.

Así pues ¿cuáles son las cuotas que no se pueden aplazar bajo ningún concepto?

  • por un lado, las cuotas correspondientes a la cotización del trabajador a la Seguridad Social, es decir, la denominada “cuota obrera”.
  • y por otro, las cuotas derivadas de la cotización por contingencias profesionales, es decir, accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Veamos mediante un supuesto, qué se consideraría aplazable y que no.

Supongamos el caso de una empresa con trabajadores a su cargo que tiene que afrontar un seguro social por un importe total de 5000 euros, pero que, debido a las circunstancias en ese momento no puede pagarlo. El seguro social está compuesto por una pequeña parte correspondiente de la cotización de los trabajadores a la Seguridad Social (que en este caso ascendería a 800 euros) y otra parte, de la cotización de la empresa a Seguridad Social, siendo ésta la mayor parte, y que en el ejemplo descrito supondría el importe restante, es decir, 4.200 euros. 

Como resultado, en este ejemplo la cuota inaplazable serían los 800 euros, y la parte susceptible de aplazamiento, los restantes 4.200 euros.

¿Qué sucede con el importe que no se puede aplazar? Pues bien, el importe correspondiente a las cuotas inaplazables se debe de ingresar en el plazo de un mes desde la fecha en que aprueban la concesión del aplazamiento para que éste tenga validez.

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LÍMITES AL APLAZAMIENTO

Hay que tener en cuenta que existe un límite para que se conceda el aplazamiento, y está vinculado al importe de las cuotas aplazables. Así pues, para que concedan la aprobación del aplazamiento, la cantidad correspondiente a la cantidad aplazable debe de superar el doble del Salario Mínimo Interprofesional.

En el ejemplo anterior, al tratarse de un importe de 4.200 euros, dicha cantidad estaría por encima del límite fijado, y por tanto, si podría ser susceptible de aplazamiento.

Y, ¿cuándo se puede solicitar el aplazamiento? Se puede solicitar cuando el importe pendiente de pago se encuentre tanto en vía voluntaria como en ejecutiva.

Si bien dicha solicitud debe ser siempre antes de que se inicie la enajenación de bienes embargados, por lo que puede hacerlo tanto desde el mismo momento en que finalice el plazo máximo para el ingreso del importe que tenga pendiente con Seguridad Social (vía voluntaria) hasta en el momento en que la Seguridad Social notifique la existencia de la deuda ya generada mediante providencia de apremio (vía ejecutiva), momento en el que tendremos 15 días a partir de la notificación para solicitar el aplazamiento.

INTERSES DEVENGADOS

No obstante, no hay que olvidar que la concesión de un aplazamiento con Seguridad Social lleva aparejado el devengo de intereses, que serán exigibles desde el momento de la concesión hasta la fecha de pago, y, cuya cuantía será conforme al interés legal del dinero que se encuentre vigente durante el tiempo que dure el aplazamiento.

VENTAJAS DEL APLAZAMIENTO

Como principales ventajas de la concesión de un aplazamiento con Seguridad Social habría que destacar en primer lugar que, pese a que el sujeto tenga una deuda contraída con Seguridad Social, desde el momento en el que el aplazamiento haya sido concedido, el interesado pasará a estar al corriente de pago en sus obligaciones con Seguridad Social, lo cual puede ser interesante de cara a diversas acciones como la concesión de un préstamo, el acceso o mantenimiento de  bonificaciones, etc…

Por otro lado,  la concesión de un aplazamiento paraliza el proceso ejecutorio de la deuda aplazada, lo que significa que no se iniciará procedimiento de embargo.

INCUMPLIMIENTO DEL APLAZAMIENTO

Por último, el aplazamiento se considerará incumplido si no se ingresa el importe de la cuota inaplazable en el plazo para ello, tal y como hemos señalado anteriormente, pero también en los casos en los que, una vez concedido, se produzca el impago de alguno de los plazos concedidos, o bien se generen nuevas deudas posteriores. Esto tendría como principal consecuencia, el inicio del procedimiento de apremio por el importe de la deuda restante.

Es decir, volviendo al ejemplo, si la empresa una vez concedido el aplazamiento no pagara una de las cuotas del mismo, o bien, volviera a incurrir en el impago de un seguro social posterior, se consideraría incumplido el aplazamiento, y se continuaría con el proceso ejecutorio.

Si se está planteando la opción de solicitar un aplazamiento, no dude en contactar con el Departamento Laboral de ASELEC. Estaremos encantados de ayudarle a resolver todas sus dudas y gestionar los trámites necesarios. Contacte con nosotros para concertar una cita.

 

Ana García

Graduado Social

Dpto. Jurídico-Laboral

ASELEC, asesoría y abogados

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NOVEDADES EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

¿Tienes una vivienda arrendada y no sabes cúales son las novedades que afectan a los contratos?

El pasado mes de diciembre entró en vigor el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que modificaba algunas normas relativas a los contratos de arrendamiento, entre otras, la Ley de Arrendamientos Urbanos. Las variaciones afectan principalmente a los siguientes elementos del contrato: (*VER NOTA ACLARATORIA AL FINAL DE ESTE ARTICULO ACERCA DE LA VIGENCIA DE ESTE REAL DECRETO)

  • DURACIÓN

Hasta ahora, la duración del arrendamiento podía ser fijada libremente por las partes, si bien, se establecía que, si ésta era inferior a 3 años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogaría automáticamente por plazos anuales hasta alcanzar la duración mínima de 3 años.

Sin embargo, con la modificación operada, dicho periodo mínimo se ha fijado en 5 años, o en 7 si el arrendador es persona jurídica, de manera que, si la duración del contrato es inferior a dichos plazos, al vencimiento de éste se prorrogará automáticamente por plazos anuales hasta alcanzar los periodos mínimos de 5 y 7 años expuestos.

  • ACTUALIZACIÓN DE RENTAS

Por otro lado, también ha sufrido una variación la regulación en cuanto a la actualización de rentas que, hasta el pasado mes de diciembre, en defecto de pacto expreso por las partes fijado en el contrato, la renta se actualizaba automáticamente aplicando a la renta la variación experimentada por el I.P.C. 

No obstante, la nueva Ley únicamente contempla la actualización de renta si así lo han pactado las partes expresamente en el contrato, en caso contrario, no se podrá revisar. 

  • GASTOS GESTIÓN INMOBILIARIA

Otra novedad introducida por el citado Real Decreto Ley, resulta la imputación de los gastos de gestión inmobiliaria al arrendador cuando sea persona jurídica, con la única excepción de que los asumirá el arrendatario cuando hayan sido contratados directamente por él. 

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  • FIANZA Y GARANTÍAS ADICIONALES

En cuanto a la fianza y garantías prestadas por el arrendatario, se mantiene la cantidad equivalente a una mensualidad de renta para la primera, si bien, en cuanto a las garantías prestadas adicionalmente, se introduce la reducción de que dicha garantía no puede exceder de dos mensualidades de renta. 

Por tanto, como decimos, desde el pasado día 18 de diciembre, los contratos de arrendamientos que se confeccionen se han de redactar teniendo en cuenta las modificaciones expuestas a fin de redactar un contrato conforme a Ley. Si bien, estos cambios no afectan a contratos que fueran suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 

Para evitar sorpresas, a la hora de suscribir un contrato de arrendamiento, lo mejor es buscar asesoramiento profesional a fin de asegurar que nuestro contrato cumple con todos y cada uno de los requisitos legales y que protege nuestros intereses por completo. Contacta con nosotros para concertar una cita.

*NOTA ACLARATORIA ACERCA DE LA NORMATIVA APLICABLE A LOS CONTRATOS ARRENDAMIENTO

El pasado 14 de enero, publicabamos este artículo referente a las novedades de los contratos de arrendamientos introducidas por el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que modificaba principalmente la duración de los mismos, además de lo relativo a actualización de rentas y fianzas y gastos de gestión inmobiliaria. 

Tal norma, entraba en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE, esto es, el 18 de diciembre, a expensas de su aprobación por el Congreso de los Diputados en los siguientes 30 días.

Dicha aprobación finalmente no ha sido posible habida cuenta de que dicha reforma no ha contado con los votos de los grupos parlamentarios suficientes para salir adelante. De esta manera, el Real Decreto queda derogado, volviendo a ser de aplicación la Ley de Arrendamientos Urbanos que estaba vigente anteriormente. 

No obstante, la gran duda ahora es, ¿qué pasa con los contratos celebrados entre el 19 de diciembre y el día de ayer? Pues bien, que una norma finalmente haya de ser aprobada por el Congreso de los Diputados, no evita que su aplicación durante el tiempo que estuvo en vigor haya causado plenos y lícitos efectos jurídicos. 

Por tanto, los contratos de arrendamiento que se celebraran durante este mes escaso que ha durado la reforma de la LAU, quedan inalterados y protegidos por este Real Decreto que le será de aplicación aún a pesar de su no convalidación, mientras que, los que se celebren en adelante, volverán a estar bajo la premisa de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 con las reformas introducidas en el año 2013. 

23 de enero  de 2019

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados.

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POR QUÉ TU NEGOCIO NECESITA UNA ASESORÍA Y QUÉ DEBE OFRECERTE

Tanto en el comienzo del proceso de creación de una empresa, como en el desarrollo de la misma, el emprendedor se enfrenta a aspectos legales, contables, jurídicos, que no siempre será capaz de resolver por sí mismo. La figura de una asesoría puede ser vital para el futuro de tu negocio. Porque el camino es largo y exigente, y necesita de toda tu ilusión para llevar a cabo tu proyecto, pero también de consejos expertos que te orienten en temas técnicos que desconoces. 

La asesoría o gestoría, nos centrará para empezar, en el marco jurídico idóneo en el que nuestra empresa se va a desenvolver. 

Ordenando tus ideas, les darán forma en un Plan de Negocio que te ayude a valorar la inversión, la financiación y los resultados estimados. En el proceso de creación de tu pyme, la figura de la asesoría será fundamental a la hora de no cometer errores legales, o jurídicos. Además debe guiarte en cuanto a los trámites, ayudas y subvenciones y financiación del proyecto. Para todo esto, la presencia de un asesor competente ya es básica, pero, a una asesoría le debemos pedir mucho más.

Imagina que buscas asesoría en Murcia, propuestas hay muchas, pero deberías centrarte a la hora de elegir aquella que más te ofrezca. 

Para empezar, debería ser capaz de resolver todos esos problemas legales a los que hacíamos referencia anteriormente, pero, también de ofrecer un ámbito de servicios integrales básicos para el desarrollo correcto de tu labor profesional.

Comprueba en primer lugar que se te ofrezca una asesoría fiscal y contable lo más profesional posible. Que incluya tanto la propia asesoría fiscal como la gestión de impuestos, la gestión contable, o solucionar a tu favor una posible inspección fiscal. Una buena Planificación Fiscal personalizada, será la herramienta básica para minimizar el pago de impuestos: estudiar las repercusiones fiscales de los hechos económicos antes de que estos se produzcan, y revisar periódicamente para actualizar la Planificación inicial.

Otro apartado muy importante es el de la asesoría laboral, en la que delega la gestión y administración de tus nóminas, pero también, la confección de contratos laborales y registro en los Servicios Públicos de Empleo, selecciones de personal, documentación y tramitación de liquidaciones y finiquitos, así como asesoramiento en los posibles conflictos laborales, despidos, o ante inspecciones de trabajo.

Otra cosa que no debe faltar, es la asesoría legal y mercantil. Que nos permita acceder no sólo a la propia constitución de una sociedad, o a inscripción de documentos notariales, sino que sea capaz de ofrecernos consultoría en operaciones societarias, constitución de sociedades y procesos de fusión, absorción y extinción. Situaciones de insolvencia., concursos voluntarios y necesarios, elaboración de convenios y liquidación. Y por último, y cada vez más relevante, asesoría relacionada con la LOPD. 

Como vemos, a la hora de elegir una buena asesoría, ésta debe cumplir requisitos amplios, profesionales y exigentes. Así en Murcia, entre las diferentes propuestas encontramos Aselec, asesoría y abogados, como una sólida apuesta para ayudarnos en la gestión de nuestra empresa o negocio.

Llámanos al 968 909 747Contacta con nosotros para concertar una cita, resolveremos tus dudas y estudiaremos tu caso particular para aconsejarte en tu negocio y ponerlo en marcha. 

 

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NOVEDADES IMPORTANTES EN EL REGLAMENTO DEL IRPF

El pasado mes diciembre, el Gobierno aprobó la última modificación del reglamento del IRPF, mediante la publicación del Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de deducciones en la cuota diferencial por circunstancias familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y obligaciones registrales.

A continuación, resumimos los aspectos más relevantes de esta última modificación del reglamento del IRPF, que ya entraron en vigor el pasado día 23 de diciembre de 2018.

Incremento de la deducción por maternidad

En el  nuevo RD, se incrementa el importe de la deducción por maternidad en 1.000 euros cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma haya satisfecho en el periodo impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

El referido incremento tendrá como límite anual para cada hijo el menor de:

  • Las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades de carácter alternativo devengadas en cada período impositivo con posterioridad al nacimiento, adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o acogimiento.
  • El importe anual total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho en dicho período a la guardería o centro educativo en relación con ese hijo, sea o no por meses completos.

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Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados

Otra novedad que incluye la última modificación del reglamento del IRPF es que, a raíz del incremento de la deducción por maternidad, se concreta el contenido de la nueva declaración informativa a presentar por las guarderías o centros de educación infantil autorizados, en el mes de enero de cada año en relación con la información correspondiente al año inmediato anterior. En dicha declaración, además de sus datos de identificación y los correspondientes a la autorización del centro expedida por la administración educativa competente, debe constar el nombre y apellidos del menor y en su caso, NIF; nombre, apellidos y NIF de los progenitores, tutor o persona que tiene al menor en acogimiento; meses en los que el menor haya estado inscrito en dicha guardería o centro autorizado por mes completo; gastos anuales pagados a la guardería o centro de educación infantil autorizado en relación con el menor e importes subvencionados correspondientes a dichos gastos.

Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo

Se modifica el Reglamento del IRPF para adaptarlo a los cambios introducidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 en la Ley del IRPF y dar nueva redacción al artículo referido al procedimiento para la práctica de las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo y su pago anticipado. Esta modificación consiste básicamente en la supresión de algunos de los límites que operaban para poder practicar dichas deducciones y, por tanto, favorece su aplicación a un mayor número de contribuyentes.

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Nuevos límites en la obligación de declarar

Se adapta el artículo del Reglamento referido a la obligación de declarar a los nuevos límites modificados por de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Este cambio, que entra en vigor el 1 de enero de 2019, eleva de 12.000 euros a 14.000 euros el límite establecido para los perceptores de rendimientos del trabajo que procedan de más de un pagador, para el caso de que el pagador no esté obligado a retener y para cuando se perciban rendimientos sujetos a tipo fijo de retención, o pensiones compensatorias o anualidades por alimentos no exentas. Asimismo, se exime de la obligación de declarar en la obtención de ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas de reducida cuantía (menos de 1.000 euros anuales junto con rendimientos derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas protegidas o de precio tasado).

Obligación de llevanza de libros registros

Con efectos del 1 de enero de 2019, se suprime la dispensa de la obligación de llevanza de libros registros a los contribuyentes que lleven la contabilidad ajustada al Código de Comercio sin exigírselo la regulación del impuesto, con el objeto de facilitar el control tributario. 

Tipo de retención y deducción aplicable a las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla

Debido al incremento de la deducción por las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla se reduce en un 60% el tipo de retención aplicable a los rendimientos de trabajo, rendimientos de capital mobiliario, rendimientos de actividades económicas y rendimientos por arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles, asimismo, se reduce en un 60% el importe de los pagos a cuenta cuando se beneficien de la citada deducción. Asimismo, el tipo mínimo de retención aplicable a contratos o relaciones de duración inferior al año cuando se trate de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que se beneficien de la deducción pasa del 1% con carácter general y del 8% para relaciones laborales especiales de carácter dependiente al 0,8% y al 6% y también se rebaja del 23% al 18% el tipo máximo en el caso de regularización del tipo de retención cuando la totalidad de los rendimientos del trabajo se hubiesen obtenido en Ceuta y Melilla. Estas modificaciones entran en vigor el 1 de enero de 2019.

Obligación de retener

Se establecen nuevos límites cuantitativos excluyentes de la obligación de retener aplicables a partir del 1 de enero de 2019 adaptando su contenido a las nuevas cuantías introducidas en la Ley en relación con la reducción por obtención de rendimientos del trabajo.

Situación del contribuyente N.º de hijos y otros descendientes
0 1 2 o más
1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente 15.947 17.100
2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas 15.456 16.481 17.634
3.ª Otras situaciones  14.000 14.516 15.093

Rentas vitalicias aseguradas

Se especifican los requisitos para la aplicación de determinados beneficios fiscales en los casos de constitución de rentas vitalicias aseguradas en las que existen mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento. Ahora bien, esta nueva disposición no será de aplicación a los contratos de seguros de vida cuya prestación se perciba en forma de renta vitalicia asegurada celebrada con anterioridad al 1 de abril de 2019.

En el departamento fiscal de ASELEC Asesoría y Abogados contamos con profesionales que le asesorarán en materia de IRPF para sacar el máximo provecho a los nuevos beneficios fiscales derivados de la reciente modificación reglamentaria. No dude en contactar con nosotros.

 

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Silvana Ricci

Economista

Dpto. Fiscal-Contable

ASELEC, asesoría y abogados. 

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PRINCIPALES NOVEDADES PARA LOS AUTÓNOMOS EN 2019

¿Qué repercusión tiene para los autónomos en 2019 el recién publicado Real Decreto para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo?

El Real Decreto 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, nos trae, entre otras medidas, la regulación que afecta directamente a los trabajadores autónomos.

La principal novedad es la obligatoriedad de la cobertura de todas las contingencias: comunes y profesionales, cese de actividad, con la excepción del Sistema Especial para trabajadores por cuenta Propia Agrarios (SETA).

En cuanto al cese de actividad, cabe indicar que se duplica su periodo de duración, están es, en vez de durar 12 meses, durará 24 meses.

Además los trabajadores por cuenta propia podrán acceder a la formación continua y al reciclaje profesional.

Se cobrará la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día en que se curse la baja y se dejará de pagar cuota de autónomo a partir del segundo mes de baja médica y hasta el momento de alta.

Variaciones en la cotización de los autónomos para el año 2019

En relación a las aportaciones de los autónomos para el año recién estrenado, se establece un incremento del 1,25% en la base mínima de cotización,  que pasa de 932,70 euros a 944,40 euros. La subida es de casi cinco euros mensuales en concepto de cuota de autónomo que se sitúa en 283,3 euros al mes.

Para los autónomos societarios, cuya base mínima se sitúa en 1.214,08 euros a partir de ahora, la cuota sube 7,22 euros mensuales, siendo de 364,22 euros.

El tipo de cotización se establece en el 30% en 2019, el 30,3% en 2020, 30,6% en 2021 y 31% en 2022.

Es importante destacar que este régimen de cotización de los trabajadores tiene un carácter provisional, y está previsto sustituirlo el próximo año por un sistema basado en ingresos reales que fija varios tramos de cotización en función del beneficio neto y en el que los más beneficiados serán aquellos que ingresen cifras por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Variaciones en la “tarifa plana”

  • Durante los 12 primeros meses, si se cotiza por la base mínima, la cuota será de 60 euros. Si se cotiza por encima de la base mínima, reduce la cuota por contingencia común un 80%.
  • A partir del mes  13 al 24: se aplican reducciones sobre la cuota que correspondería.
  • Se amplía también la tarifa plana de los trabajadores encuadrados en el sistema especial agrario.
  • Las mujeres autónomas dentro de los dos años siguientes a la baja por maternidad podrán obtener una tarifa plana de 60 euros durante 12 meses.

Nueva infracción laboral

La norma instaura un nuevo tipo de infracción grave para prevenir la posible utilización de la figura del falso autónomo cuando deberían ser trabajadores asalariados, contratados por la empresa. En este sentido, la multa podría alcanzar entre 3.126 y 10.000 euros.

Pondremos un ejemplo de cómo quedarían las cuotas de autónomo en este año 2019 para una mujer menor de 35 años que no haya estado nunca de alta como autónoma:

  • Primeros 12 meses: 60 euros
  • Del mes 13 al 18: 141,65 euros
  • Del mes 19 al 36: 198,3 euros

En ASELEC, asesoría y abogados le ayudamos a estar continuamente actualizado acerca de las novedades que puedan ser de interés para usted y su empresa con el fin de ofrecerle la opción más adecuada y eficiente para sus intereses. Contacte con nosotros.

 

Emilia Espín Navarro

Dpto. Laboral

Aselec, asesoría y abogados

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DEDUCCIÓN 100% DE LAS CUOTAS DE IVA EN LA COMPRA DE VEHICULOS DE EMPRESA

¿ES USTED EMPRESARIO Y HA COMPRADO VEHICULOS DE EMPRESA? ENTONCES LE INTERESARÁ SABER QUE PUEDE APLICAR LA DEDUCCIÓN POR EL 100% DE LAS CUOTAS PAGADAS DE IVA.

Recientemente, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha modificado el criterio de la Agencia Tributaria, permitiendo la deducibilidad del 100% de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido pagadas en la compra de vehículos de empresa. Esta nueva interpretación de la normativa permite que dicha deducción sea aplicable a los vehículos comerciales utilizados por trabajadores por cuenta ajena y no sólo para los trabajadores por cuenta propia, como ocurría hasta ahora. Lo explicamos a continuación.

LA ANTIGUA INTERPRETACIÓN DEL ART. 95 DE LA LEY DEL IVA.

Según el artículo 95.Uno de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, “los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.

Además, el apartado tres del mismo artículo indica que “las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas:

1.ª Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los comprendidos en la regla siguiente, en la medida en que dichos bienes vayan a utilizarse previsiblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.

2.ª Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 por 100.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los vehículos que se relacionan a continuación se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 100 por 100:

a) Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.

b) Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.

c) Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.

d) Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas.

e) Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.

f) Los utilizados en servicios de vigilancia.

Hasta ahora, y según lo indicado anteriormente, cuando una empresa adquiría vehículos turismo,  aún estando afectos al desarrollo de su actividad económica por ser utilizados por sus empleados para el desarrollo de tareas comerciales, sólo se le presumía una deducción del 50% de las cuotas pagadas de IVA, por aplicación de la regla segunda del apartado 3 del artículo 95 LIVA indicado anteriormente. 

Para aplicar un porcentaje superior de deducción de las cuotas de IVA, el contribuyente debía justificar, por cualquier medio de prueba admitido en derecho, que la afectación a la actividad económica de dichos vehículos se producía en dicho porcentaje superior, cuestión que, en la mayoría de los casos, se convertía en un procedimiento bastante complejo de acreditar por parte del contribuyente.

Para aplicar este criterio, la Administración se ha basado en que, la letra e) del último párrafo de la mencionada regla 2ª que presume la deducción del 100% de las cuotas de IVA para “los vehículos utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales”, sólo está referida a quienes realizan actividades como profesionales independientes, y no a los trabajadores por cuenta ajena de una empresa.

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LA NUEVA INTERPRETACIÓN DEL ART. 95 DE LA LEY DEL IVA.

La nueva interpretación de la normativa aclarada por el Tribunal Supremo discrepa del criterio aplicado por la Administración, ya que permite que la presunción de deducción del 100% de las cuotas de IVA para los vehículos “utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales” tambien es aplicable a los trabajadores contratados por cuenta ajena y no sólo a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

La Sentencia 1347/2018 de 19 de julio de 2018 del Tribunal Supremo, se basa en que la redacción de dicho artículo 95.tres de la Ley de IVA no exige que los representantes o agentes comerciales que utilizan los vehículos para desplazamientos profesionales tengan que actuar necesariamente como trabajadores por cuenta propia (autónomos) y que, además, el propósito del legislador asumiendo la presunción de una afectación del 100% es aceptar que dichos desplazamientos que conllevan las actividades comerciales tienen carácter de necesariedad y permanencia. 

Por tanto, siempre que dichos desplazamientos permanentes sean necesarios para el desarrollo de tareas comerciales, independientemente de que sean realizados por trabajadores por cuenta propia o empleados por cuenta ajena, se debe permitir la aplicación de dicho beneficio fiscal.

Desde el departamento fiscal de ASELEC asesoría y abogados, nos ponemos a su disposición para analizar su caso concreto y ayudarle a tomar una decisión que minimice el coste fiscal de sus operaciones. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

 

 

Marga Velasco.

Dpto. Fiscal-Contable

ASELEC asesoría y abogados

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LA SUBIDA DEL SMI PARA 2019 ¿CÓMO NOS AFECTA?

La subida del SMI para el año 2019, ha sido desde el último cambio de Gobierno, una de las principales medidas abanderadas por el mismo, entendiéndola como una mejora sustancial en las condiciones laborales de los trabajadores y por tanto como un gran avance social.

Estando ya prevista una subida del Salario Mínimo Interprofesional en los últimos presupuestos del ejecutivo de Mariano Rajoy, ésta estaba condicionada a la situación económica existente y se preveía en dos tramos. De esta forma, sólo en un marco de incremento real del PIB y de la afiliación a Seguridad Social, hubiera llegado a 850 euros mensuales para el año 2020.

Una vez abandonada de forma fehaciente la contención en el gasto que venía exhibiendo el Gobierno anterior, tan ampliamente contestada por algunos actores sociales, llegamos a esta nueva situación prevista para 2019 mediante el RD 1462/2018 de 21 de diciembre. En el mismo y con fecha de entrada en vigor 1 de enero de 2019, se fija una cuantía 900 euros mensuales para 14 pagas y 1.050 euros para doce pagas, si las dos pagas extra a las que cada trabajador tiene derecho como mínimo estuvieran incluidas en la nómina mensual. 

Una subida, la mayor desde 1977, que supone un 22,3 por ciento más sobre los 735,90 euros de aplicación en 2018.

Esta medida tomada por la “vía rápida” en un contexto de inestabilidad política y económica, es justificada por el Gobierno en la breve introducción al Decreto en la “necesidad de prevenir la pobreza” y “fomentar el crecimiento salarial” así como el en reconocer el “derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente”, entre otras afirmaciones en la línea de “dignificar” el salario de los trabajadores y de acercarnos más a las directrices europeas al respecto.

PERJUDICIAL PARA LOS EMPRESARIOS AUTÓNOMOS

Es fácil suponer que estos días está habiendo una fuerte contestación por parte de las organizaciones empresariales, argumentando que la subida prevista y acordada con el anterior ejecutivo era gradual, y no suponía un incremento tan gravoso para las empresas, a asumir en tan corto periodo de tiempo. En este sentido cabría poner el foco en los pequeños autónomos, empresarios con unos márgenes de negocio por definición ya muy reducidos.

En el caso de los autónomos acogidos a la base mínima, habría que añadir además el coste que podía suponer la subida del SMI sobre esta base, a traducir en un fuerte incremento en las cuotas. El Gobierno y las asociaciones de autónomos han llegado esta semana a un acuerdo “provisional” según palabras de la propia Ministra, con el objetivo de frenar este impacto mediante un incremento de sólo el 1,25% en sus bases de cotización mínimas, traducido en una cuota de 5,36 euros más para los autónomos persona física (6,89 euros para los societarios).

VALORACIÓN POSITIVA DE LOS SINDICATOS

Los sindicatos por su parte han valorado esta medida como positiva, incidiendo en que no cuestiona la viabilidad de ninguna empresa según UGT, ya que la situación económica actual permitiría en su opinión esta subida. CCOO incide en el cambio de tendencia, en aras de acercar las políticas retributivas en España a las directrices marcadas por el Comité europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa.

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INCUMPLE EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Más allá de posturas más o menos previsibles, cabría destacar que todos los actores sociales han expresado su desacuerdo en la vía adoptada por el Gobierno para tomar esta medida, ya que según los empresarios el hecho de que no se haya contado con la patronal rompe el “diálogo social”. CC.OO. va más allá y señala que esta subida incumple el art. 27.1 del Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta a la necesidad de la apertura de un periodo de consultas “exhaustivo” con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Al parecer todas las partes coinciden en que medidas de tanto calado y con tanto coste económico no deberían ser tomadas sin tener en cuenta todos los puntos de vista, y sin valorar todas las posibles consecuencias. Por el contrario, el hacerlo por la vía del Real Decreto posibilita que el Gobierno se asegure sacar adelante esta medida aunque el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado no fuera finalmente aprobado.

¿CÓMO AFECTA LA SUBIDA DEL SMI A EMPRESAS Y TRABAJADORES?

Una vez comentada la incidencia que va a tener sobre el sector de los autónomos, incógnita despejada de forma transitoria y cuyas posibles repercusiones futuras son inciertas, cabría detallar la que tendrá sobre empresarios y trabajadores.

Para las empresas supondrá un incremento en los costes, si bien es necesario poner las cosas en su justa medida y señalar que los únicos salarios afectados van a ser los de los trabajadores que no estén adscritos a ningún convenio (empleados del hogar, por ejemplo) o aquellos que estén cobrando por debajo del SMI, que en cómputo anual nunca podrá ser menos de los 12.600 euros (1.050 X 12 pagas)

Normalmente, las mesas negociadoras de cada convenio prevén las subidas del SMI que se puedan hacer efectivas, siendo inusual el encontrar una tabla salarial que haya quedado por debajo del mismo, máxime si está negociada recientemente. En cambio, para 2019, esta subida tan importante abre un escenario distinto, en el que previsiblemente en los casos de los trabajadores con categorías asociadas a tareas sencillas, el salario quedará por debajo de los 900 euros, sobre todo en sectores como la hostelería y el comercio, tradicionalmente con niveles salariales bajos y escasamente revalorizados en los últimos años.

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En estos casos, las empresas tendrán que adecuar los salarios al límite establecido, por lo que los trabajadores deberán ver incrementada su nómina sin necesidad de que se publiquen nuevas tablas salariales, siempre y cuando no haya conceptos susceptibles de ser absorbidos.

Para el cómputo del límite se tendrá en cuenta:

  1. El salario (no podrá estar minorado en ningún caso por la retribución en especie).
  2. Los complementos salariales a los que se refiere el art. 26.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Tal como establece el Real Decreto, en su art. 3.1, el salario mínimo que se tomará como cantidad para comprobar si se supera el límite de los 12.600 euros anuales será el resultante de adicionar ambos puntos.

Quedan excluidos del cómputo para obtener este dato los conceptos extra salariales (plus transporte, cualquier incentivo puntual motivado por una situación determinada y acordado de forma particular entre empresario y trabajador, o cualquier otro que retribuya gastos ocasionados por el trabajo y no el trabajo en sí…etc.) y la parte proporcional de las pagas extras.

Por encima de las cuestiones meramente salariales, señalar que todos los trabajadores se verán afectados por este cambio en mayor o menor medida, ya que el SMI sirve de parámetro para muchas otras variables tales como el cálculo de la parte inembargable de salario ante un embargo, los límites a las indemnizaciones por despido pagadas por el Estado y los cálculos de prestaciones mínimas estatales asociados a este dato.

Eso sí, en la Disposición Adicional Única y al objeto de minimizar otras repercusiones, excluye expresamente de aplicación a las normas de las CCAA Y Administración local, relativas a prestaciones o ayudas que puedan tener como indicador del nivel de renta al SMI.

En Aselec, asesoría y abogados,  estamos estudiando en profundidad estas otras medidas, para valorar cómo afectan a nuestros clientes. Si tiene alguna duda de cómo esta subida afecta a sus costes, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

 

Fuensanta Nicolás

Graduado Social

Dpto. Jurídico-Laboral

ASELEC, Asesoría y Abogados

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OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN 2019

PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO JOVEN 2019 – 2021.

El pasado 7 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019 – 2021. Los principales objetivos que se pretenden conseguir a través de dicho Plan son reducir la tasa de paro juvenil, aumentar la tasa de actividad de los jóvenes, incrementar el número de contrataciones indefinidas de éstos en aras de mejorar la calidad del empleo, así como dotar de la formación necesaria para facilitar su acceso al mundo laboral.

Dicho Plan se crea en torno a 6 ejes de actuación que a su vez se dividen en objetivos estructurándose de la siguiente forma:

  • Eje 1 ORIENTACIÓN
  • Eje 2 FORMACIÓN
  • Eje 3 OPORTUNIDADES DE EMPLEO
  • Eje 4 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO
  • Eje 5 EMPRENDIMIENTO
  • Eje 6 MEJORA DEL MARCO INSTITUCIONAL

En este artículo nos vamos a centrar en el EJE 3 OPORTUNIDADES DE EMPLEO que tiene como objetivo crear un marco de contratación laboral para dotar de mayor calidad las relaciones laborales, es decir, comprende todas las medidas e incentivos con los que se pretende incentivar tanto la contratación como el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como la creación de empleo, incidiendo especialmente en aquellos colectivos que tienen mayores dificultades como pueden ser los jóvenes.

Para la consecución de dicho objetivo se han establecido una serie de medidas entre las que podemos destacar la creación del Estatuto de las prácticas no laborables y la creación de programas de retorno del talento y apoyo a la movilidad.

A continuación, detallamos brevemente las medidas más interesantes:

Medida 1.- Estatuto de las prácticas no laborables

El colectivo de personas que se encuentran realizando prácticas no laborables hasta ahora tenían una escasa regularización de sus derechos y obligaciones, de hecho, actualmente la realización de prácticas no laborables no supone ningún tipo de relación laboral entre quien las realiza y la empresa, y, a consecuencia de ello, no existe ni contrato de trabajo ni obligación de cotizar por desempleo así como tampoco por el FOGASA, ni por Formación Profesional, sino que, simplemente se cotizará por contingencias comunes y profesionales todos los meses por la misma base de cotización. 

En cuanto al tema económico simplemente existe una beca de apoyo con el importe mínimo del 80% del IPREM en vigor, siendo para 2018 de 430,27.

Por ello, en el Plan de Choque una de las medidas que se prevé es la creación de un estatuto de las prácticas no laborables para desarrollar sus aspectos más básicos y fundamentalmente garantizar el carácter formativa de dichas prácticas, la protección social necesaria, así como la regularización de las posibles ayudas económicas que puedan percibir.

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Medida 2.- Programas de retorno de talento y de apoyo a la movilidad

Se establecerán programas destinados a incentivar el retorno de la gente que emigró fuera de España por falta de ocasiones laborales aquí, promoviendo medidas de apoyo a la contratación, al autoempleo, así como la creación de ayudas para los gastos de desplazamiento de primer alojamiento.

Además, se constituirán redes apoyo y acompañamiento para personas que se encuentren en esta situación, y a través de las mismas se fomentará la participación de las empresas interesadas en contratar a gente de estas características a través de ofertas de empleo de calidad con el fin de atraer el talento.

Medida 3.- Reforzar la causalidad de la contratación temporal y del contrato a tiempo parcial

Se incrementará el control del abuso de la contratación temporal y para ello se fomentará el uso de la contratación indefinida. Para ello, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social –ITSS- pondrá especial hincapié en evitar la contratación irregular de los contratos a tiempo parcial de personas jóvenes.

Medida 4.- Programas mixtos de Empleo y Formación

Se potencian las Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, así como otros programas de formación en alternancia, respondiendo a las exigencias actuales de modo que permitan compaginar la formación con la práctica profesional desarrollada en el puesto de trabajo, pero lo más destacable quizás sea que este tipo de contratos para la formación cotizarán por desempleo a diferencia de lo que ocurría hasta ahora.

Medida 5.-  Atención reforzada y especializada para personas jóvenes especialmente vulnerables

Se apoyará a los jóvenes en riesgo de exclusión social en su incorporación a las empresas de inserción, así como las personas con discapacidad a los Centros Especiales de Empleo, y en ambos casos, se apoyará su transición del empleo protegido al mercado laboral ordinario.

Además, se establecerán ayudas económicas (incentivos o becas) para los jóvenes con cargas familiares o en familias con rentas bajas para facilitar su participación en acciones formativas, entre otras acciones.

Medida 6.- Impulso de los Programas de Formación y Transmisión de conocimiento a través del contrato de relevo:

Se prevé una reforma del contrato de relevo con el fin de que este tipo de contrato se use con el fin de traspasar los conocimientos y habilidades del trabajador que se encuentra en jubilación parcial hacia la persona contratada, destinando parte de la jornada de trabajo de ambos al traspaso de formación.

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Por último, enumerar el resto de medidas comprendidas dentro del eje 3 OPORTUNIDADES DE EMPLEO del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019 – 2021:

Medida 7.- Potenciar la Formación Profesional dual por medio del contrato para la formación y el aprendizaje.

Medida 8.- Portal de empleo único para los contratos formativos.

Medida 9.- Oportunidades de contratación y emprendimiento para jóvenes

Medida 10.- Programas piloto para favorecer el partenariado en la inserción laboral y la constitución de redes de apoyo y acompañamiento en el proceso de búsqueda de empleo de las personas jóvenes.

Medida 11.- Programas de economía circular

Medida 12.- Programas de primera experiencia profesional

Medida 13.- Medidas contempladas en programas integrales de empleo aprobados para territorios en los que las especiales condiciones sociolaborales, económicas o geográficas no permitan una efectiva integración social de los jóvenes

Medida 14.- Impulso de convenios de formación en distintas pymes y micropymes

Puede consultar el Acuerdo integro a través del BOE de 8 de diciembre: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16793

Dicho Plan tendrá una vigencia de 3 años de 2019 a 2021, implantándose las medidas contempladas en el mismo a lo largo de dicho periodo. Además, será sometido a una evaluación a los 18 meses de funcionamiento, en la que se determinará de manera individualizada el impacto de cada una de las medidas llevadas a cabo en términos de eficacia, eficiencia, pertinencia, cobertura y satisfacción de los usuarios.

En ASELEC, asesoría y abogados le ayudamos a estar continuamente actualizado sobre todas las novedades que puedan ser de interés para usted y para su empresa en busca siempre de ofrecerle la opción más adecuada y eficiente para sus intereses.

 

Ana García

Graduada Social

Dpto. Jurídico-Laboral

ASELEC, asesoría y abogados.