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GUIA SOBRE LOS NUEVOS ERTE

Tras la pérdida de vigencia de los ERTES por causa de fuerza mayor el día 30 de septiembre, el Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto con medidas sociales en defensa del empleo.

A continuación, exponemos los puntos más destacados de la nueva normativa.

ERTES FUERZA MAYOR VIGENTES

Los ERTE vigentes y basados en el artículo 22 del RDL 8/2020, estos son los ERTE por fuerza mayor, se prorroga automáticamente hasta 31 de enero de 2021.

Esta prórroga automática establecida en el artículo 1º no da lugar a exoneraciones de cuotas de Seguridad Social.

Únicamente podrán acceder a exoneraciones aquellas empresas que prorroguen su ERTE de forma automática según el artículo 1º del RD 30/2020 y además pertenezcan a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de recuperación y cuya actividad se clasifique en los CNAE 09 previsto en anexo del RD 30/2020, 29 de septiembre.

También pueden acceder a las exoneraciones aquellos negocios que dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas a las que se refiere el apartado anterior, o que formen parte de la cadena de valor de estas.

Para poder acceder a estas a las exoneraciones es necesario presentar la solicitud entre los días 5 y 19 de octubre de 2020 según el procedimiento establecido en el RD.

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NUEVOS ERTES POR IMPEDIMIENTOS O LIMITACIONES

Artículo número 2 del RD regula dos nuevos tipos de ERTE por Fuerza Mayor. ERTE por impedimento: empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas por autoridades a partir del 1 de octubre de 2020. Se tendrá que tramitar un nuevo ERTE por FM derivado de estas nuevas restricciones o medidas de contención adoptadas por las autoridades competentes. Sólo tendrá vigencia por el tiempo que se extiendan estas restricciones. Para estos nuevos ERTE las exoneraciones llegaran al 100% de la aportación empresarial en empresas de menos de 50 trabajadores y del 90% en empresas de más de 50 trabajadores.   ERTE por limitaciones: empresas que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad por consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas. Para este tipo de ERTE las exoneraciones serán las siguientes: En empresa de menos de 50 trabajadores exoneraciones del 100%, 90%, 85% o 80% para los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. En empresa de más de 50 trabajadores exoneraciones del 90%, 80%, 75% o 70% para los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero.  

 ERTES POR CAUSAS ETOP

Artículo 3 regula el procedimiento de suspensión o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativos y de producción vinculadas a la COVID-19. Aquellos ERTE ETOP vinculados a la Covid-19 iniciados tras la entrada en vigor del RD 30/2020, 29 de septiembre y hasta el 31 de enero de 2021, les resultará de aplicación el artículo 23 del RDL 8/2020. Este ERTE ETOP se podrá iniciar mientras esté vigente un ERTE por FM. Igualmente, cuando se inicie tras la finalización de un ERTE FM, la fecha de efectos se retrotraerá a la fecha de finalización de este.    Para los ERTE ETOP ya vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta normativa, seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma, y siendo posible su prórroga.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO

Artículo 7 de la norma reitera que No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere este artículo. Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras. Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

Según el artículo 5 de la norma, empresas cuyes ERTES se regulan según el RD Ley 8/2020, el mantenimiento de empleo sería de 6 meses a contar desde el momento en que reincorporaste al primer trabajador. Si el ERTE se realizó según el RD Ley 24/2020 de 26 de junio, los 6 meses contarían desde la fecha de entrada en vigor de dicha norma. Prorrogar el ERTE con exoneraciones conforme al nuevo RD o aplicar alguna de las especialidades de ERTE por fuerza mayor, la empresa quedaría obligada a mantener el empleo por un nuevo periodo de 6 meses. En total el mantenimiento sería de un total de 12 meses.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA AUTÓNOMOS

El Real Decreto 30/2020 de 29 de septiembre establece una prestación extraordinaria para los autónomos.

    1. Trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividadescomo consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID-19. Los requisitos son:
      • Estar en alta y al corriente en el pago de cotizaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
      • La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización.
      • El derecho a la prestación nacerá desde el dia siguiente a la adopción de la medida de cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último dia del mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. Durante este tiempo el trabajador autónomo estará exonerado de ingreso de las cuotas a Seguridad Social y se extenderá hasta el último dia del mes siguiente a que se levante dicha medida.
      • El percibo de la prestación es incompatible con el trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos por este trabajo sean inferiores a 1,25 veces el importe del S.M.I. También es incompatible con la percepción de ingresos procedentes de una sociedad y con la percepción de una prestación de la Seguridad Social (a no ser que ésta sea compatible con el desempeño de la actividad desarrollada).
    1. Prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria para los trabajadores autónomos que cumplen los siguientes requisitos:
      • Estar en alta y al corriente en el pago de cotizaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
      • No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre del ejercicio 2020 superiores al S.M.I.
      • Sufrir, en el cuarto trimestre del 2020, una reducción en los ingresos de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación a los ingresos habidos en el primer trimestre del 2020
      • La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización.
      • El percibo de la prestación es incompatible con el trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos por este trabajo sean inferiores a 1,25 veces el importe del S.M.I.. También es incompatible con la percepción de ingresos procedentes de una sociedad y con la percepción de una prestación de la Seguridad social (a no ser que ésta sea compatible con el desempeño de la actividad desarrollada).
    1. Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad prevista en el RD 24/2020 de 26 de junio, podrán continuar percibiéndola hasta el 31/01/2021, siempre que en el cuarto trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión.
      • El acceso a esta prórroga exigirá acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros. Asimismo, los rendimientos netos no podrán superar los 1.939,58 euros mensuales.
      • La prestación será del 70% de la base de cotización y podrá percibirse como máximo hasta el 31 de octubre.
      • El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.
      • La mutua colaboradora abonará al trabajador junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna.

La duración de la prestación será de 4 meses (1 de octubre hasta 31 enero de 2021), siempre que la solicitud se presente antes del dia 15 de octubre. En el caso de que se presente después, los efectos serán del primer dia del mes siguiente a la presentación de la solicitud y su duración será como máximo hasta el 31 de enero de 2021

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CÓMO AFECTA EL COVID-19 A LA DECLARACIÓN DE LA RENTA DE 2020

Las distintas medidas aprobadas por el Gobierno para frenar la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus tienen repercusión en el ámbito tributario. Así, los ERTES, la prestación por cese de los trabajadores autónomos, las rebajas o moratorias del alquiler…influyen en el IRPF  o declaración de la Renta de 2020.

Una vez finalizada la campaña de la Declaración de la Renta de 2019, y aún siendo pronto para pensar en la declaración del año que viene, lo cierto es que, y dada la excepcionalidad del año 2020, consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID- 19, es importante centrar la atención en las consecuencias que los rendimientos percibidos a lo largo de este año (ERTES, prestación extraordinaria por cese de actividad…) tendrán en la Declaración de la Renta del ejercicio 2020.

Así, y desde que se declarara el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se han ido aprobando una gran cantidad de normas con incidencia en el ámbito tributario.

A continuación, detallamos la repercusión que estas medidas derivadas de la situación de crisis provocada por el coronavirus, tendrán en la próxima declaración de la renta.

1. Prestaciones percibidas a consecuencia de un ERTE.

Ante la extraordinaria situación de gravedad y con el objetivo de disminuir el impacto negativo que sobre el empleo está teniendo una situación coyuntural como la actual, se flexibilizaron los requisitos para que los trabajadores afectados por un ERTE tuviesen acceso a la prestación contributiva por desempleo.

No obstante, la percepción de dicha prestación no está exenta de tributación en el IRPF, sino que tendría la consideración de rendimiento del trabajo, teniendo importantes consecuencias pues puede afectar a la obligación de presentar la declaración de la Renta de 2020 y ello por cuanto el contribuyente pasa a tener dos pagadores (la empresa y el SEPE), con la consiguiente disminución del límite económico que determina la obligación de declarar. Así, en lugar de los habituales 22.000 euros, dicho importe disminuye a 14.000 euros si se han cobrado más de 1.500 euros del segundo pagador.

A ello debe sumarse el hecho de que las prestaciones abonadas por el SEPE apenas tienen retención por lo que con toda probabilidad el resultado de la declaración sería a ingresar. Para evitar esto, el trabajador puede solicitar un aumento del tipo de retención bien a su empresa si ya se ha reincorporado a su puesto o al SEPE en caso de continuar en el ERTE.

2. Baja por enfermedad

Nos encontramos ante el mismo problema anterior (dos pagadores) reduciéndose, por tanto, el límite de la obligación de declarar. En estos supuestos, y una vez transcurridos determinados días, la prestación derivada de la baja por enfermedad, ya sea consecuencia del virus o no, deja de abonarla la empresa pasando a pagarla la Seguridad Social.

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3. Deducción por maternidad o paternidad en caso de ERTE

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Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes podrán minorar la cuota diferencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta en 100 euros mensuales por cada hijo menor de tres años, siempre que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad (arts. 81 LIRPF y 60 RIRPF).

De acuerdo con el art. 262.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el caso de expedientes de regulación temporal de empleo en los que se suspenda el contrato de trabajo, el contribuyente se encuentra en situación de desempleo total.

Por tanto, en los casos de suspensión del contrato de trabajo como consecuencia de la aprobación de un expediente de regulación temporal de empleo, deja de realizarse una actividad por cuenta ajena y de cumplirse los requisitos para disfrutar de la deducción por maternidad y el correspondiente abono anticipado.

Solo sería posible realizar un trabajo por cuenta ajena, cuando éste se realizase a tiempo parcial en supuestos temporales de regulación de empleo. En estos casos sí se tendría derecho por esos meses a la deducción por maternidad.

Por tanto, muchas madres acogidas a un ERTE se verán afectadas por esta circunstancia ya que durante los meses que el contrato de trabajo se encuentre en suspenso, no tendrán derecho a la deducción por maternidad ni, por tanto, a su abono anticipado. Este es el criterio que sigue la AEAT en diversas consultas vinculantes (DGT V1955-13 y V1957-13, ambas de 11 de junio de 2013).

4. Arrendamiento de inmuebles

Los propietarios que tengan bienes inmuebles arrendados pueden enfrentarse a tres posibles escenarios:

novedades-contratos-arrendamiento-aselecReducción de la renta: el arrendador reflejará como rendimiento íntegro durante los meses a los que afecte la rebaja en el precio del alquiler los nuevos importes acordados por las partes, cualquiera que sea su importe. Además, debe tener presente que seguirán siendo deducibles los gastos necesarios para el alquiler incurridos durante el período al que afecte la modificación y que no procederá la imputación de rentas inmobiliarias al seguir arrendado el inmueble. A su vez, será aplicable la reducción del 60 % cuando se trate de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a vivienda.

Moratoria de los pagos del alquiler: el arrendador no debe reflejar rendimiento en los meses en los que se ha diferido dicho pago. Al igual que en el supuesto anterior, seguirán siendo deducibles los gastos necesarios para el alquiler incurridos durante el período al que afecte la modificación y que no procederá la imputación de rentas inmobiliarias al seguir arrendado el inmueble. A su vez, será aplicable la reducción del 60 % cuando se trate de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a vivienda.

Condonación de la deuda: el arrendador tiene que imputar renta inmobiliaria. En este sentido se pronuncia la DGT V0985-20 de 21 de abril de 2020.

5. Segundas residencias.

La declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria derivada de COVID-19 no tiene efecto alguno en la imputación de rentas inmobiliarias de los titulares de segundas viviendas, que no están alquiladas ni afectas a actividad económica alguna y que tampoco constituyen la residencia habitual del propietario.

Por ello, y tal y como concluye la DGT V1474-20 de 19 de mayo de 2020: «la imputación de rentas inmobiliarias no tiene en cuenta la utilización efectiva de la segunda vivienda sino su disponibilidad a favor de su titular, sin que la Ley atienda a circunstancias que puedan afectar a dicha utilización, tales como la enfermedad, el trabajo u otras que determinen la imposibilidad de acudir a ella por la limitación de la movilidad consecuencia del Estado de Alarma», procede la imputación de rentas inmobiliarias prevista en el art. 85 de la LIRPF.

6. Rescate de planes de pensiones10-consejos-de-fin-de-ano-para-ahorrar-en-la-renta-de-2019-aselec

Los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos (DA 20 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo y art. 23 del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril):

Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
– Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020.
– Ser trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales, o en régimen de mutualismo alternativo a estas, y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Podrán hacer efectivos sus derechos consolidados hasta los siguientes importes respectivamente:

– Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

– Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público.
– Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Este reembolso de derechos consolidados, podrá solicitarse durante el plazo de seis meses desde el 14 de marzo de 2020 y queda sujeto al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones, esto es, tributan como rendimientos del trabajo imputándose al año en que sean percibidos.

Cabe recordar que se prevé un régimen transitorio (DT 12 LIRPF) para las aportaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2007, consistente en una reducción del 40 % del importe percibido siempre que se rescate en forma de capital. No obstante, es importante valorar el impacto fiscal pues el rescate en forma de capital eleva la base imponible lo que puede llevar a tributar a tipos altos.

7. Rentas en especie: cesión de vehículos.

La declaración del estado de alarma y la consiguiente limitación de circulación derivado del mismo, en nada afecta a la consideración de rendimiento del trabajo en especie por la cesión a los trabajadores del uso de un vehículo por la empresa.

Esta es la conclusión a la que llega la AEAT (DGT V1387-20, de 13 de mayo de 2020), al señalar que el estado de alarma no implica la inmovilización del vehículo, sino la limitación de los desplazamientos a los permitidos en dicho estado; partiendo del concepto de retribución en especie previsto en el artículo 42.1 de la LIRPF, que exige «la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda», debe señalarse que la imputación al contribuyente de la retribución en especie deriva de la obtención del derecho de uso del vehículo, existiendo dicha retribución en la medida en que éste tenga la facultad de disponer del vehículo para usos particulares, con independencia de que exista o no una utilización efectiva para dichos fines, por lo que procede en consecuencia la imputación de un rendimiento de trabajo en especie.

8. Suspensión del cómputo del plazo en supuestos de reinversión de ganancias patrimoniales

8.1 Reinversión en vivienda habitual

El art. 38.1 de la LIRPF regula la exención por reinversión en vivienda habitual cuyo desarrollo reglamentario lo encontramos en el art. 41 del RIRPF.
Conforme con tal regulación, para que la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de la vivienda habitual resulte exenta es necesario reinvertir el importe total obtenido en la adquisición de una nueva vivienda habitual en el plazo de los dos años anteriores o posteriores a contar desde la fecha de enajenación.

No obstante, y en la actual situación se debe mencionar el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que en su disposición adicional novena establece que: «Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria», si bien, posteriormente, la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, extendió hasta el 30 de mayo la vigencia de la suspensión de los plazos.
Por tanto, tal y como establecen los citados Reales Decretos-Ley y como se desprende de las consultas vinculantes DGT V1232-20 de 4 de mayo de 2020, V1115-20, V1117-20 y V 1118-20, todas ellas de 28 de abril de 2020 de , a efectos del plazo de dos años previsto para la reinversión en una nueva vivienda del importe obtenido en la venta de la vivienda antigua, se paraliza el cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020.

8.2. Reinversión en rentas vitalicias

El art. 38.3 de la LIRPF regula la exención de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales por contribuyentes mayores de 65 años, siempre que el importe total obtenido se destine en el plazo de seis meses a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, siendo la cuantía máxima que puede destinarse a constituir dicha renta vitalicia de 240.000 euros.
A efectos del plazo de seis meses resultaría de aplicación lo dispuesto en los Reales Decretos-Ley indicados anteriormente, de modo que se paraliza el cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020. En igual sentido se pronuncia la DGT V2034-2020 de 19 de junio de 2020.

9. Moratoria de las hipotecas

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La deducción por inversión en vivienda habitual regulada en la disposición transitoria decimoctava de la LIRPF y que se aplica a aquellos contribuyentes que la hubiesen adquirido con anterioridad a 1 de enero de 2013 o que hubieran satisfecho cantidades por obras de rehabilitación o ampliación o bien para la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de discapacitados, puede verse afectada.
La situación de emergencia provocada por el COVID-19 ha llevado a que muchas personas tengan problemas de liquidez que les permita afrontar, entre otros, el pago del préstamo hipotecario. En esta tesitura, y con el objetivo de asegurar la protección de los deudores hipotecarios, se aprobó el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, que adoptó como medida el acceso a una moratoria en el pago de sus hipotecas, regulación que ha sido modificada por el Real Decreto-Ley 11/2020,de 31 de marzo.

En consecuencia, y en caso de haberse acogido a la moratoria, conllevaría un menor gasto en el préstamo hipotecario de la vivienda y, por tanto, una menor desgravación por ella, siempre y cuando se cumplan los restantes requisitos y se tenga derecho a dicha deducción.

10. Mejora en la deducibilidad de los donativos

Se ha incrementado el porcentaje de deducción de los donativos efectuados a las entidades beneficiarias del mecenazgo. Así, los primeros 150 euros darán derecho a una deducción del 80 % (antes del 75 %); el importe que supere esa cuantía tendrá derecho a una desgravación adicional del 35% (antes del 30 %), y, con el objetivo de premiar la habitualidad, quien haya donado durante los dos años anteriores a la misma entidad un importe igual o superior, al del año anterior, que exceda de 150 euros anuales, se beneficia de una deducción del 40% (antes del 35 %).

11. Prestación extraordinaria por cese de la actividad de los autónomos.

También los autónomos, a la hora de hacer la declaración de la renta, tienen que tener en cuenta la repercusión de haber percibido la prestación extraordinaria por cese de la actividad. A efectos del IRPF tributará como rendimiento del trabajo, salvo que se perciba en la modalidad de pago único en cuyo caso quedará exenta.

12. Régimen de estimación objetiva (módulos).

Como excepción a la regla general, y a consecuencia de la situación de crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19, se ha eliminado para el ejercicio 2020, la vinculación obligatoria que durante tres años se establece legalmente para la renuncia al método de estimación objetiva, de modo que quienes hayan renunciado a la aplicación de dicho método en el plazo para la presentación del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del 2020, podrán volver a aplicar el referido método en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos normativos para su aplicación y revoquen la renuncia al método de estimación objetiva durante el mes de diciembre de 2020 o mediante la presentación en plazo de la declaración correspondiente al pago fraccionado del ejercicio 2021 (art. 10 Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril).

13. Residencia fiscal

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La DGT analiza el supuesto de un matrimonio con residencia fiscal en El Líbano, quienes llegaron a España en enero de 2020 para un viaje de 3 meses pero que, debido al estado de alarma, no han podido regresar (DGT V1983-20, de 17 de junio de 2020).
La DGT en la referida consulta concluye que «los días pasados en España por el matrimonio, debido al estado de alarma, se computarían, por lo que si permanecieran más de 183 días en territorio español en el año 2020, serían considerados contribuyentes del IRPF».

Para llegar a tal conclusión parte de la regulación contenida en el art. 9 de la LIRPF. Según el mencionado precepto, una persona física será considerada residente fiscal en España en la medida en que concurra alguno de los siguientes criterios:

permanencia de más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país.
que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Asimismo, la LIRPF establece una presunción, que admite prueba en contrario, de que el contribuyente tiene su residencia fiscal en España cuando, de conformidad con los criterios anteriores, resida habitualmente en España su cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél.

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ASELEC, asesoría y abogados

Fuente: Wolters Kluwer Foto: Freepick

 

DEROGADO EL REAL DECRETO-LEY 27/2020 Y SUS MEDIDAS FISCALES

El Real Decreto-ley 27/2020 incluyó novedades en IVA, ITP y AJD, Tributos sobre el Juego y estableció un régimen fiscal específico para la “UEFA Women’s Champions League 2020”

Recordemos cuales son las medidas fiscales que se adoptaron mediante dicho RD-ley 27/2020 y que dejan de ser aplicables debido a la derogación de la norma que las aprobó:

  • Prórroga del tipo cero de IVA aplicable al material sanitario para combatir el COVID-19 hasta el 31 de octubre en las importaciones entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, así como actualización de bienes a los que es aplicable esta medida. No obstante, en este punto debe tenerse en cuenta laDecisión (UE) 2020/1101 de la Comisión de 23 de julio de 2020que mantiene hasta 31 de octubre la exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19.
  • Exención de actos jurídicos documentados de las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico, y para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús.
  • Atribución al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la competencia para que determine por Orden Ministerial, las condiciones y requisitos técnicos aplicables a la verificación de la identidad, cuando se articulen fórmulas alternativas para acreditar la identidad distintas de la personación física en oficinas de registro.
  • Atribución de competencias relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas derivadas de la gestión administrativa del juego a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
  • Régimen fiscal específico en los Impuestos sobre Sociedades, Renta de no Residentes e IVA para la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020».

En este artículo puede leer con más detalle toda la información relativa a la normativa ahora derogada:

El Gobierno recupera parcialmente las medidas fiscales no convalidadas

REAL DECRETO-LEY 28/2020 (BOE 23-09-2020)

El RD-ley 28/2020 recupera medidas fiscales como el tipo impositivo del 0% del IVA aplicable al material sanitario hasta 31 de octubre y el régimen fiscal específico para la «UEFA Women’s Champions League 2020» que ya contempló el RDL 27/2020 y que habían sido derogadas

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia (BOE 23-09-2020).
Materias afectadas:

  • Tipos impositivos en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Régimen específico “UEFA Women’s Champions League 2020”en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
  • Firma electrónica.
  • Tasas derivadas de la gestión administrativa del juego.
Fecha de entrada en vigor general: 13-10-2020.

Otras fechas de entrada en vigor: El régimen fiscal de la final de la UEFA y el precepto sobre firma electrónica entran en vigor el 23-09-2020

Fechas de efectos Tipo 0 de IVA: De 23-04-2020 a 31-10-2020.

Prórroga del tipo cero de IVA aplicable al material sanitario para combatir el COVID-19

El artículo 8 del RD-ley 15/2020, estableció la aplicación, desde el 23 de abril y hasta el 31 de julio de 2020, del tipo impositivo del 0% del IVA a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en su Anexo, cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social del art. 20.Tres de la LIVA.

La disposición adicional séptima del RD-ley 28/2020, con efectos desde el 23 de abril de 2020:

  • Mantiene hasta el 31 de octubre de 2020 la aplicación del tipo impositivo del 0 por ciento a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social.
  • Actualiza la relación de bienes a los que es de aplicación esta medida. Anexo del RD-ley 28/2020

Se recuerda que estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.

A estos efectos, los sujetos pasivos efectuarán, en su caso, conforme a la normativa del Impuesto, la rectificación del IVA repercutido o satisfecho con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Firma electrónica

La Disposición final quinta del RD-ley 28/2020 incorpora una medida sobre la acreditación de la identidad para obtener certificados electrónicos, por lo que modifica el artículo 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Se atribuye al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la competencia para que determine por Orden Ministerial, las condiciones y requisitos técnicos aplicables a la verificación de la identidad y, si procede, otros atributos específicos de la persona solicitante de un certificado cualificado, mediante otros métodos de identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física.

El Reglamento (UE) 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, en el ámbito de la identificación de solicitantes de certificados electrónicos cualificados, contempla en su artículo 24.1 d) la posibilidad de que tal verificación se realice utilizando otros métodos de identificación reconocidos a escala nacional que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física.

Con el fin de articular y habilitar otros métodos de identificación reconocidos, se atribuye al Ministerio de Transformación Digital la competencia para que determine por Orden Ministerial las condiciones y requisitos aplicables a la verificación de la identidad, cuando se articulen fórmulas alternativas para acreditar la identidad distintas de la personación física en oficinas de registro.

Esta modificación entrará en vigor el día 23 de septiembre de 2020.

Ley del Juego

La disposición final sexta del Real Decreto-ley 28/2020 modifica la Disposición transitoria primera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del Juego, para indicar que las competencias relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas derivadas de la gestión administrativa del juego serán ejercidas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Esta modificación entrará en vigor el día 13 de octubre de 2020.

UEFA Women’s Champions League 2020

La Disposición adicional sexta del RD-ley 28/2020 establece un régimen fiscal específico. Esta disposición adicional sexta entra en vigor el 23 de septiembre de 2020.

En relación con el Impuesto sobre Sociedades:

Las personas jurídicas residentes en territorio español constituidas con motivo de la final de la “UEFA Women’s Champions League 2020” por la entidad organizadora o por los equipos participantes estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por las rentas obtenidas durante la celebración del acontecimiento y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en él.

En relación con el Impuesto sobre la renta de no Residentes:

Se aplicará igualmente la exención en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes a los establecimientos permanentes que la entidad organizadora de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» o los equipos participantes constituyan en España con motivo del acontecimiento por las rentas obtenidas durante su celebración y en la medida que estén directamente relacionadas con su participación en él.

Estarán exentas las rentas obtenidas sin establecimiento permanente por la entidad organizadora de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» o los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en aquella.

No se considerarán obtenidas en España las rentas que perciban las personas físicas que no sean residentes en España, por los servicios que presten a la entidad organizadora o a los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en aquella.

Las personas físicas que adquieran la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de su desplazamiento a territorio español con motivo de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido:

  • Devolución de cuotas soportadas como consecuencia de la realización de operaciones relacionadas con la celebración de este evento:a) Empresarios no establecidos en la Comunidad: no se exigirá el requisito de reciprocidad previsto en el artículo 119 bis de la Ley 37/1992.

    b) Entidad organizadora, equipos participantes, personas jurídicas constituidas por ambos con motivo de este evento y empresarios no establecidos en Península y Baleares:

    Cuando tengan la condición de sujetos pasivos, tendrán derecho a la devolución de las cuotas soportadas con motivo de este evento al término de cada periodo de liquidación. El período de liquidación coincidirá con el mes natural, debiendo presentar sus declaraciones-liquidaciones durante los 20 primeros días naturales del mes siguiente al periodo de liquidación, salvo el último período del año que se presentará durante los treinta primeros días naturales del mes de enero.

    Estos empresarios no quedarán obligados a la llevanza de los Libros Registro del Impuesto a través de la Sede Electrónica de la AEAT (SII).

    En el caso de empresarios o profesionales no establecidos en los que concurran los requisitos previstos en los artículos 119 o 119 bis de la Ley 37/1992, la devolución de las cuotas soportadas se efectuará conforme al procedimiento establecido en dichos artículos y en los artículos 31 y 31 bis del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 1624/1992.

  • Representante fiscalCuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que existan instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad, no será necesario que nombren un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales relativas al IVA (excepción a lo establecido en el artículo 164.Uno.7º LIVA).
  • Importación temporal de bienes con exención total de derechosLa importación de bienes utilizados temporalmente en el desarrollo de este evento estará exenta del IVA. El plazo máximo de 24 meses para su utilización previsto en el artículo 9.3º.g) de la LIVA expirará, a más tardar, el 31 de diciembre del año siguiente al de la finalización de este acontecimiento deportivo.
  • Localización de servicios: regla de uso efectivoLa regla establecida en el artículo 70.Dos de la LIVA, conforme a la cual determinados servicios localizados fuera de la UE tributan en el territorio de aplicación del IVA español si su utilización efectiva se produce en este territorio, no resultará aplicable cuando los servicios sean prestados por las personas jurídicas residentes en España constituidas con motivo de este evento por la entidad organizadora o por los equipos participantes y estén en relación con la organización, la promoción o el apoyo de dicho acontecimiento. De esta forma, servicios como la publicidad del evento, prestados por estas entidades a empresarios establecidos fuera de la UE, estarán no sujetos a IVA.

Régimen aduanero y tributario

Asimismo, se regula el régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen para afectarlas al desarrollo y celebración de la final de la “UEFA Women’s Champions League 2020”.

No se recupera la modificación de la exención en AJD de las escrituras de formalización de las moratorias hipotecarias que realizó el RD-ley 27/2020

La única medida fiscal no recuperada por este RD-ley 28/2020 y que recogía la disposición final segunda del derogado RDL 27/2020 es la referida a la exención de actos jurídicos documentados de las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico, y para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús.

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10 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS POR LA CRISIS DEL COVID-19

COVID-19 AMPLIACIÓN DE LA PROTECCIÓN POR IT

Resumimos las principales medidas en el marco laboral del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

El Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, sin perjuicio de lo establecido en su disposición adicional cuarta, de la que ya nos ocupamos en el post relativo al tipo impositivo aplicable del Impuesto del Valor añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, supone una continuación de los dos grupos de medidas adoptadas por el Gobierno: por un lado, de carácter sanitario y de protección de la seguridad de las personas, y, por otro, de índole económico, en las que, a partir de las actuaciones y compromisos de las instituciones europeas se está definiendo un marco de ayudas estatales y de reactivación de la actividad económica y social.

CONSECUENCIAS PARA EL EMPLEO DEL REAL DECRETO-LEY 27/2020, de 4 de agosto

Muchas de las medidas adoptadas en su articulado tendrán consecuencias en el empleo: así, hasta la fecha de su publicación se habían dictado normas para la utilización del superávit de las entidades locales en determinados ámbitos que, debido a la actual situación de crisis sanitaria, económica y social, se habían considerado prioritarios, sin que el gasto financiado con aquel recurso computara en la regla de gasto, dentro del marco de la normativa de estabilidad presupuestaria y reguladora de haciendas locales.

El nuevo RDL cierra la aplicación de las reglas del destino del superávit de 2019, permitiendo de forma necesaria y urgente la plena utilización de dicho recurso en 2020. Incluso, en relación con la ejecución de proyectos de inversiones financieramente sostenibles financiados con el superávit de 2018, cabe posibilitar que, aunque inicialmente debería concluir en 2020, se amplíe a 2021, debido a la suspensión de la actividad económica durante el período de vigencia de la declaración del estado de alarma, y a la incidencia que está teniendo la crisis derivada de la situación de emergencia sanitaria en la ejecución de los contratos que, con la legislación que los regula, fueron suscritos con anterioridad por las entidades locales; también se amplía el margen de maniobra financiero de ayuntamientos con problemas o situaciones de riesgo, y regula la participación de las entidades locales en los tributos del Estado.

MARCO LABORAL DEL REAL DECRETO-LEY 27/2020, de 4 de agosto

Aparte de la citada relación con el empleo, nos centramos ahora en las disposiciones vinculadas de forma directa con el ámbito laboral.

Consideración como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas trabajadoras como consecuencia del COVID-19

Según la disposición final décima del RDL, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocados por el virus COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo.

Con el mismo carácter excepcional, con efectos desde el inicio de la situación de restricción de la salida o entrada a un municipio, y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores que se vean obligados a desplazarse de localidad para prestar servicios en las actividades no afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siempre que por la autoridad competente se haya acordado restringir la salida, o la entrada, de personas del municipio donde dichos trabajadores tengan su domicilio, o donde la empresa tenga su centro de trabajo en el caso de que el trabajador tenga su domicilio en otro municipio, y les haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no puedan realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestan sus servicios o al propio trabajador y no tengan derecho a percibir ninguna otra prestación pública.

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La acreditación del acuerdo de restricción de la población donde el trabajador tiene su domicilio o la empresa su centro de trabajo, y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio o, en su caso, por el del centro de trabajo afectado por la restricción ante el correspondiente órgano del servicio público de salud. De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio público de salud.

En el supuesto de trabajadores por cuenta ajena que tuvieran el domicilio en distinto municipio al del centro de trabajo, además de lo previsto en el párrafo anterior, se requerirá acreditar: el domicilio del trabajador mediante el correspondiente certificado de empadronamiento; que el trabajador desarrolla su trabajo en el centro sito en el municipio afectado por la restricción, mediante la correspondiente certificación de la empresa; que la empresa no ha procedido al cierre del centro de trabajo, mediante la correspondiente certificación de la empresa.

La duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja y la correspondiente alta.

Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.

La fecha hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento, restricción o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.

Consideración de las enfermedades padecidas por el personal sanitario por contagio del COVID-19

La disposición adicional octava del RDL prorroga el artículo 9 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

Así, la consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2, se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, acreditando el contagio mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo, que deberá haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia.

Recordemos que desde la entrada en vigor del citado RDL 19/2020, las prestaciones de Seguridad que causa el citado personal, tras haber contraído el virus en el ejercicio de su profesión durante cualquier fase de la epidemia, si así se acredita por los servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral, se consideran derivadas de accidente de trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (LGSS).

El citado precepto considera accidente de trabajo la enfermedad no profesional que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que aquella tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.

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Antes del nuevo RDL, la previsión únicamente se aplicaba a los contagios producidos hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma (que tuvo lugar el pasado 21 de junio), acreditados mediante el oportuno parte de accidente de trabajo.En cualquier caso, los casos de fallecimiento, se considera que la causa es accidente de trabajo siempre que el óbito se haya producido dentro de los cinco años siguientes al contagio de la enfermedad y derivado de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217.2 LGSS.

Si está interesado en ampliar información sobre esta normativa, o necesita ayuda para aplicarla en su empresa, no dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento laboral, que se encargará de asesorarle y encontrar la mejor opción para su empresa y trabajadores.

Dpto. Laboral

ASELEC, asesoría y abogados

Fuente: Wolters Kluwer

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APLICACIÓN DEL TIPO CERO DE IVA EN MATERIAL SANITARIO HASTA 31 OCTUBRE Y NUEVAS EXENCIONES EN AJD

MUY IMPORTANTE: ESTE REAL DECRETO-LEY 27/2020

HA SIDO DEROGADO

Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

Lee nuestro artículo acerca de esta derogación aquí:

 

REAL DECRETO-LEY 27/2020 (BOE 05-08-2020)

El Real Decreto-ley 27/2020 incluye novedades en IVA, ITP y AJD, Tributos sobre el Juego, y establece un régimen fiscal específico para la “UEFA Women’s Champions League 2020”

Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales (BOE 5-8-2020).
Materias afectadas:• Tipos impositivos en el Impuesto sobre el Valor Añadido.• Exenciones en el Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.• Régimen específico “UEFA Women’s Champions League 2020”en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.• Firma electrónica.• Tasas derivadas de la gestión administrativa del juego.
Fecha de entrada en vigor: 05-08-2020.Fechas de efectos Tipo 0 de IVA: De 23-04-2020 a 31-10-2020.

Prórroga del tipo cero de IVA aplicable al material sanitario para combatir el COVID-19

El artículo 8 del RD-ley 15/2020, estableció la aplicación, desde el 23 de abril y hasta el 31 de julio de 2020, del tipo impositivo del 0% del IVA a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en su Anexo, cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social del art. 20.Tres de la LIVA.

La disposición adicional cuarta del RD-ley 27/2020, con efectos desde el 23 de abril de 2020:

  • • Mantiene hasta el 31 de octubre de 2020 la aplicación del tipo impositivo del cero por ciento a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios.
  • • Actualiza la relación de bienes a los que es de aplicación esta medida. Anexo del RD-ley 27/2020

Los empresarios que hayan repercutido o satisfecho IVA por operaciones efectuadas con anterioridad al 5 de agosto a las que el Real Decreto-ley 27/2020 aplique el tipo cero, efectuarán la rectificación del impuesto conforme al artículo 89 LIVA.

Se recuerda que estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.

Modificación de la exención en AJD de las escrituras de formalización de las moratorias hipotecarias

La disposición final segunda del RD-ley 27/2020, modifica el artículo 45.I.B).30 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Declara exentas de actos jurídicos documentados las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación:

  • • De la moratoria hipotecaria para el sector turístico, regulada en los artículos 3 a 9 del RD-ley 25/2020, y
  • • De la moratoria para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús, regulada en los artículos 18 al 23 del RD-ley 26/2020.

Firma electrónica

La Disposición final cuarta del RD-ley 27/2020 modifica el artículo 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Se atribuye al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la competencia para que determine por Orden Ministerial, las condiciones y requisitos técnicos aplicables a la verificación de la identidad, cuando se articulen fórmulas alternativas para acreditar la identidad distintas de la personación física en oficinas de registro.

Ley del Juego

El Real Decreto-ley 27/2020 modifica la Disposición transitoria primera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del Juego, para indicar que las competencias relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas derivadas de la gestión administrativa del juego serán ejercidas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Hasta la aprobación de la norma reglamentaria correspondiente, la autoliquidación de la tasa por la gestión administrativa del juego regulada en el artículo 49 de la Ley 13/2011, se continuará realizando en la Sede de la Dirección General de Ordenación del Juego, a través del siguiente enlace

Pago de tasas por la gestión administrativa de juegohttps://sede.ordenacionjuego.gob.es/convocatoria=28

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UEFA Women’s Champions League 2020

La Disposición adicional tercera del RD-ley 27/2020 establece un régimen fiscal específico:

En relación con el Impuesto sobre Sociedades:

Las personas jurídicas residentes en territorio español constituidas con motivo de la final de la “UEFA Women’s Champions League 2020” por la entidad organizadora o por los equipos participantes estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por las rentas obtenidas durante la celebración del acontecimiento y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en él.

En relación con el Impuesto sobre la renta de no Residentes:

Se aplicará igualmente la exención en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes a los establecimientos permanentes que la entidad organizadora de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» o los equipos participantes constituyan en España con motivo del acontecimiento por las rentas obtenidas durante su celebración y en la medida que estén directamente relacionadas con su participación en él.

Estarán exentas las rentas obtenidas sin establecimiento permanente por la entidad organizadora de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» o los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en aquella.

No se considerarán obtenidas en España las rentas que perciban las personas físicas que no sean residentes en España, por los servicios que presten a la entidad organizadora o a los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en aquella.

Las personas físicas que adquieran la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de su desplazamiento a territorio español con motivo de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido:

  • • Devolución de cuotas soportadas como consecuencia de la realización de operaciones relacionadas con la celebración de este evento:

a) Empresarios no establecidos en la Comunidad: no se exigirá el requisito de reciprocidad previsto en el artículo 119 bis de la Ley 37/1992.

b) Entidad organizadora, equipos participantes, personas jurídicas constituidas por ambos con motivo de este evento y empresarios no establecidos en Península y Baleares:

Cuando tengan la condición de sujetos pasivos, tendrán derecho a la devolución de las cuotas soportadas con motivo de este evento al término de cada periodo de liquidación. El período de liquidación coincidirá con el mes natural, debiendo presentar sus declaraciones-liquidaciones durante los 20 primeros días naturales del mes siguiente al periodo de liquidación, salvo el último período del año que se presentará durante los treinta primeros días naturales del mes de enero.

Estos empresarios no quedarán obligados a la llevanza de los Libros Registro del Impuesto a través de la Sede Electrónica de la AEAT (SII).

En el caso de empresarios o profesionales no establecidos en los que concurran los requisitos previstos en los artículos 119 o 119 bis de la Ley 37/1992, la devolución de las cuotas soportadas se efectuará conforme al procedimiento establecido en dichos artículos y en los artículos 31 y 31 bis del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 1624/1992.

  • • Representante fiscal

Cuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que existan instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad, no será necesario que nombren un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales relativas al IVA (excepción a lo establecido en el artículo 164.Uno.7º LIVA).

  • • Importación temporal de bienes con exención total de derechos

La importación de bienes utilizados temporalmente en el desarrollo de este evento estará exenta del IVA. El plazo máximo de 24 meses para su utilización previsto en el artículo 9.3º.g) de la LIVA expirará, a más tardar, el 31 de diciembre del año siguiente al de la finalización de este acontecimiento deportivo.

  • • Localización de servicios: regla de uso efectivo

La regla establecida en el artículo 70.Dos de la LIVA, conforme a la cual determinados servicios localizados fuera de la UE tributan en el territorio de aplicación del IVA español si su utilización efectiva se produce en este territorio, no resultará aplicable cuando los servicios sean prestados por las personas jurídicas residentes en España constituidas con motivo de este evento por la entidad organizadora o por los equipos participantes y estén en relación con la organización, la promoción o el apoyo de dicho acontecimiento. De esta forma, servicios como la publicidad del evento, prestados por estas entidades a empresarios establecidos fuera de la UE, estarán no sujetos a IVA.

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SUBVENCIONES QUE LE INTERESAN EN MURCIA

SUBVENCIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA: Convocatorias abiertas Septiembre 2020

Innovación

BORM – 29/7/2020

PLAZO: 10 de septiembre de 2020

Extracto de la Orden de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se realiza la convocatoria 2020, de ayudas a proyectos de innovación y digitalización, modalidad A2, presentados por Micropymes y autónomos para paliar los efectos de la crisis del COVID-19 y contribuir a su reactivación e incorporación al ecosistema innovador de la Región de Murcia.

Más información

Orden de 25 de junio, de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se regulan las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de innovación y digitalización presentados por microempresas y autónomos para paliar los efectos de la crisis del COVID-19 y contribuir a su reactivación e incorporación al ecosistema innovador de la Región de Murcia. 

COVID-19: Medidas excepcionales. Contratación de personas desempleadas del Programa Empleaverde

BORM – 20/8/2020

PLAZO: 30 de septiembre de 2021

La Fundación Biodiversidad, hoy parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publicó el pasado 20 de agosto, una nueva convocatoria de subvenciones dotada con 5 millones de euros para la contratación de personas desempleadas  en el ámbito de la economía verde y/o azul.

Esta convocatoria, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, se enmarca dentro del Programa empleaverde, que busca impulsar la sostenibilidad y la ecoinnovación de las actividades económicas en todos los sectores, como una oportunidad para contribuir a superar los retos de la crisis generada por el COVID-19, promoviendo la transición ecológica y  justa hacia una economía baja en carbono y circular.

Estas subvenciones están dirigidas a entidades vinculadas, directa o indirectamente, con la economía verde y/o azul o entidades que, no estando vinculadas, generen empleo que contribuya a una línea de negocio sostenible o a la gestión de una mejora ambiental en la entidad. Apoyarán contratos a tiempo completo y por un periodo mínimo de 6 meses destinados a personas desempleadas.

Como novedad, este año podrán optar a estas ayudas tanto entidades privadas con o sin ánimo de lucro como personas físicas que actúen como empleadoras. Ambas figuras deben tener su sede en España. Además, en esta ocasión el importe máximo de subvención por empleo generado podrá alcanzar los 4.300 euros en casos en los que la persona contratada pertenezca a alguno de los colectivos prioritarios (mujer, joven hasta 35 años, mayores de 45 años, personas inmigrantes, con discapacidad o residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales) aplicando el porcentaje de cofinanciación del Fondo Social Europeo correspondiente a la región donde se ubique el centro de trabajo de la contratación (Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla, Murcia, Asturias, Ceuta y Galicia, el 80 %, el resto de comunidades, el 50 %).

Las solicitudes podrán presentarse desde el 20 de febrero hasta el 15 de marzo de 2021 para contratos iniciados entre 5 de mayo de 2019 y el 15 de septiembre de 2020.

Extracto de la Resolución 6 de agosto de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de personas desempleadas del Programa Empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014 – 2020.

Más información

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publican las bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones por la Fundación Biodiversidad, F.S.P. 

Agricultura

BOE – 14/5/2020

PLAZO: Tres meses

Extracto del Real Decreto 507/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales, que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020.

Más información

Real Decreto 507/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales, que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020.

Si está interesado en ampliar información sobre estas u otras subvenciones, o necesita ayuda para solicitarlas, no dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento laboral, que se encargará de asesorarle y encontrar la mejor opción para su empresa y trabajadores.

Aselec, asesoría y abogados

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VACACIONES TRAS FINALIZAR EL ESTADO DE ALARMA

Finalizado el estado de alarma, muchos trabajadores que se reincorporaron tras un Expediente de Regulación Temporal de Empleo han visto reducidos sus días de vacaciones, debido a la exclusión del cómputo por suspensión de sus contratos. Analizamos esta y otras situaciones problemáticas.

¿SE PUEDEN SUSTITUIR LAS VACACIONES POR UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA? ¿HAY QUE LIQUIDAR VACACIONES CUANDO UN TRABAJADOR DEJA LA EMPRESA POR UNA  BAJA VOLUNTARIA? ¿SE PUEDEN DISFRUTAR LAS VACACIONES MÁS ALLÁ DEL AÑO NATURAL?

Estas y otras preguntas surgen continuamente  acerca de las vacaciones en la empresa. Con anterioridad, dedicamos un articulo de nuestro blog respondiendo a las PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS VACACIONES EN LA EMPRESA.

También puede consultar en nuestro blog el artículo que dedicamos a la legalidad del pacto entre trabajador y empresa acerca de una posible compensación económica a cambio de no disfrutar de todos los días de vacaciones. Puede leerlo en el siguiente enlace:

¿ES LEGAL PAGAR A CAMBIO DE LOS DÍAS DE VACACIONES?

No obstante, este no es el único tema que genera dudas o controversias alrededor de los días de descanso necesario de los empleados en la empresa, más ahora con las diversas situaciones generadas por la crisis sanitaria del COVID 19 .

Las vacaciones constituyen uno de los derechos más importantes que tienen los trabajadores, y existe una gran cantidad de normativa reguladora, que desarrolla lo establecido en el articulo 38 del Estatuto de los Trabajadores y que podemos encontrar en otros textos legales, así como Convenios Colectivos, contratos, jurisprudencia, etc. Vamos a verlo aquí.

LAS VACACIONES SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE

En virtud del artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, el periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a 30 días naturales.

El periodo o periodos de su disfrute se fija de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido, en su caso, en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones.

En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción social fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El procedimiento es sumario y preferente, como se señalará más adelante.

En cuanto al calendario de vacaciones, se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas que le correspondan 2 meses antes, al menos, del comienzo del disfrute. Cuando el periodo de vacaciones fijado en este calendario de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

Además, en el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por otras contingencias que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.

DUDAS FRECUENTES A LA HORA DE DISFRUTAR LAS VACACIONES

A grandes rasgos, previo al disfrute de las vacaciones estivales surgen recurrentemente algunas cuestiones, que podemos resumir:

— El ET establece un mínimo de 30 días naturales, que puede ampliarse por convenio colectivo o contrato. Algunos convenios instituyen las vacaciones en días laborables (excluyendo sábados domingos y festivos) y otros naturales: en este último caso, se generan 2,5 días de vacaciones por mes trabajado: si obliga a 22 días laborables, por ejemplo, se generan 1,8 días por mes trabajado. El inicio tendrá lugar en día laborable (no en festivo o inhábil).

— A los trabajadores a tiempo parcial o con jornada reducida les corresponden los mismos días que a los trabajadores a tiempo completo, de forma proporcional.

— Es nulo todo pacto por el que el trabajador renuncie al disfrute de las vacaciones a cambio de una compensación económica, si bien puede pactarse que las vacaciones no disfrutadas durante el año en curso se puedan materializar en fechas específicas del año siguiente. La no compensación tiene algunas excepciones (cuando la relación laboral finaliza antes del disfrute, o excepcionalmente por causas ajenas a la voluntad del trabajador, teniendo en cuenta la condición más beneficiosa, en situaciones de incapacidad temporal, etc.). El TJUE ha señalado que, en caso de fallecimiento del trabajador sin haber disfrutado de la totalidad de las vacaciones, los herederos pueden reclamar una compensación económica.

— Por tanto, la regla general es el disfrute de las vacaciones durante el año natural, por lo que por regla general y sin perjuicio de acuerdo, el 31 de diciembre caduca el derecho. No obstante, cuando el periodo de vacaciones coincida con una situación de incapacidad temporal, se tendrá derecho a disfrutarlas en fecha distinta al finalizar el periodo de suspensión (aunque haya terminado dicho año natural).

— La planificación y el método de elección de vacaciones no pueden alterarse de modo unilateral.

— No pueden prestarse servicios laborales para el mismo empresario durante el periodo vacacional (esto no es incompatible con el pluriempleo, aceptado por nuestro ordenamiento).

— El Convenio 132 de la OIT prevé que la retribución a percibir por el trabajador durante el periodo de vacaciones debe ser la normal o media, incluyendo el importe en efectivo de la parte proporcional que se abone en especie y calculada según las directrices de la autoridad competente de cada país. En cuanto al ET, no establece reglas para determinar los conceptos salariales incluidos y excluidos del cómputo económico, si bien puede desprenderse que el trabajador ha de mantener su retribución habitual (existe numerosa jurisprudencia estatal y europea al efecto).

NUEVAS CONSULTAS ACERCA DE LAS VACACIONES TRAS LA CRISIS DEL COVID-19

Desde el inicio de la crisis sanitaria han surgido algunas dudas en relación con este régimen de vacaciones. Así, fue pregunta frecuente si podía obligarse a un trabajador a que consumiera en el periodo de estado de alarma sus vacaciones. La respuesta estaba clara: la empresa no puede imponer unilateralmente el periodo de vacaciones. Otra cosa es que, a efectos prácticos, en determinadas circunstancias pudo ser la mejor solución para ambas partes, pero la decisión debió consensuarse, como exige el ET. Por tanto, si la empresa trató de obligar al trabajador, este pudo demandar al empleador ante la jurisdicción social. En estos supuestos, la jurisdicción social fijará la fecha que corresponda para el disfrute y su decisión será irrecurrible. El procedimiento es sumario y preferente.

Otra cuestión vinculada al periodo vacacional en este periodo se asocia a la desconexión digital (art. 20 bis ET) a la que tiene derecho el trabajador fuera del horario laboral, con independencia de si está o no de vacaciones. La proliferación del teletrabajo durante estos meses ha puesto sobre la mesa de nuevo esta consulta. El empresario no puede obligar a tener el móvil o el ordenador portátil operativo fuera de la jornada laboral, ni por tanto durante las vacaciones, del mismo modo que no puede exigir la comunicación del número de teléfono o dirección de correo personal.

VACACIONES EN SITUACIÓN DE ERTE

Por otra parte, es necesario aludir a las vacaciones vinculadas a una situación de ERTE. Durante esta situación (artículos 22 y 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo), el trabajador puede haber visto suspendido su contrato o reducida su jornada:

— En un ERTE de suspensión de la relación laboral, al encontrarse suspendido el contrato no se devengan vacaciones para el trabajador, por lo que a su reincorporación verá mermado el número de días a disfrutar. Por ejemplo, si un empleado se ve afectado por una suspensión de 60 días, teniendo en cuenta la regla general del ET verá reducidas sus vacaciones en 5 días (no devengados), por lo que si contamos todo el año natural podrá exigir un total de 25.

— En un ERTE de reducción de jornada, aplicaríamos las normas generales: así, no se reduciría el número de días de vacaciones, pero teniendo en cuenta que el salario a percibir durante las mismas (salario bruto anual dividido entre 365), verá reducido el importe de su nómina en el periodo vacacional en función de los días afectados. En cualquier caso, en el momento de la reincorporación el trabajador vuelve a percibir su salario íntegro y el que corresponde para el cómputo diario de sus vacaciones.

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Fuente: Wolters Kluwer

PRÓRROGA DE LOS ERTEs Y LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Acuerdo final para prorrogar los ERTEs y la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de septiembre

Este II Acuerdo Social en Defensa del Empleo que se aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros extraordinario reúne beneficios en las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, garantías para el mantenimiento del empleo y mecanismos de flexibilidad para que las empresas se adapten a los nuevos escenarios según evolucione la crisis sanitaria.

PRÓRROGA DE LOS ERTES

El acuerdo recoge diferentes exoneraciones para las empresas según su situación, reduciendo la cobertura de las cuotas a la Seguridad Social que el Estado cubre actualmente para los trabajadores afectados por un ERTE; en función del número de trabajadores y de las circunstancias de la empresa, la cobertura iría bajando del 75% al 25% hasta septiembre.

También se añade la opción de los ERTE por fuerza mayor provocados por los rebrotes, fijando condiciones como es que se mantenga una cobertura del 80% en el caso de las compañías con menos de 50 trabajadores y del 70% en el caso de las que tienen más de 50 empleados.

¿Cómo quedan las exenciones?

Para los ERTEs por fuerza mayor parcial y también por causas técnicas, organizativas, económicas y de producción (ETOP), novedad de este acuerdo, las exenciones son:

JULIOAGOSTOSEPTIEMBRE
Trabajadores en activoTrabajadores suspendidosTrabajadores en activoTrabajadores suspendidosTrabajadores en activoTrabajadores suspendidos
Empresas de menos de 50 trabajadores60%35%60%35%60%35%
Empresas de 50 o más trabajadores40%25%40%25%40%25%

Las empresas que actualmente estén en ERTE por fuerza mayor total pasan a un ERTE de transición hasta el 30 de septiembre con las siguientes exenciones:

JULIOAGOSTOSEPTIEMBRE
Empresas de menos de 50 trabajadores706035
Empresas de 50 o más trabajadores504025

Estos ERTE se tramitarán contando con el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y tras haber informado a los representantes legales de los trabajadores, de acuerdo con el art. 47 ET.

También se recogen medidas para aquellas empresas que estén actualmente abiertas pero que, por un rebrote, tengan que cerrar. Estas empresas podrán acogerse a un ERTE de fuerza mayor total, con una exoneración de cuotas para las empresas del 80% si su plantilla es inferior a 50 trabajadores y del 70% si tiene más de 50 trabajadores.

Se sigue manteniendo la obligación para las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de ERTE, de mantener el empleo durante un período de seis meses, es decir, no podrán efectuar despidos y tampoco podrán repartir dividendos. Para las empresas que se beneficien por primera vez de las exoneraciones de cotizaciones asociadas a estos ERTE, el plazo de seis meses en el que estarán obligadas a mantener el empleo se computaría a partir de entra en vigor del nuevo decreto. Quedan fuera del ámbito de aplicación de estos ERTE las empresas radicadas en paraísos fiscales.

Las personas trabajadoras de las empresas que se acojan a estos ERTE no podrán realizar horas extraNo estará permitido que las empresas concierten nuevas contrataciones laborales, directas o a través de ETT, ni que establezcan nuevas externalizaciones, durante la vigencia de los ERTE. Solo se podrá contratar o externalizar tareas si los trabajadores no pueden trabajar por formación, capacitación y otras razones objetivas o justificadas; para ello, la empresa deberá informar previamente a los representantes legales de los trabajadores.

Se refuerza la protección por desempleo de las personas afectadas por cualquier tipo de ERTE, reconociéndoles la prestación aun cuando no acrediten periodo de cotización previo y se les aplicará el contador a 0, salvo las de los fijos discontinuos, que se prolongarán hasta el 31 de diciembre.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS AUTÓNOMOS

También se ha llegado al consenso de extender esta prestación hasta el 30 de septiembre, la cual finaliza el 30 de junio. En concreto, las medidas incluyen una prórroga de la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria, que incluía una ayuda económica y una exención de las cuotas. Así, estos trabajadores no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre.

Además, los beneficiarios de la prestación extraordinaria podrán solicitar la prestación ordinaria por cese de actividad, siempre que acrediten una reducción de la facturación del 75% del tercer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo de un año antes, entre otros requisitos. Para ello, no necesitarán esperar a que termine el trimestre, sino que pueden solicitar la prestación ordinaria cuando estimen que cumplen los requisitos y acreditarlos documentalmente una vez finalice el trimestre.

Esta prestación también se ha extendido, con carácter retroactivo, a los autónomos de temporada, es decir, los feriantes o músicos, los cuales se suelen dar de alta en abril y por lo tanto, con la anterior normativa quedaron excluidos de ella al no estar dados de alta en la Seguridad Social en el momento de la declaración del estado de alarma.

Esta prestación extraordinaria trata de una exoneración de las cuotas a la Seguridad Social de manera temporal y la prestación es el 70% de la BR, 661 euros si cotizan por la base mínima.

No es necesario un tiempo mínimo de cotización previo, solo es necesario estar de alta en el RETA y estar al corriente del pago de las cotizaciones. También es compatible con otras prestaciones sociales.

Con todo ello, se deja la puerta abierta a que en septiembre se vuelvan a reunir para acordar nuevas medidas para afrontar el último trimestre del año.

covid-19-pautas-y-recomendaciones-sanitarias-para-ejercer-la-actividad-comercial

COVID-19 PAUTAS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS PARA EJERCER LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, sobre pautas y recomendaciones sanitarias para ejercer la actividad comercial

BOE 23 Junio 2020

La Conferencia Sectorial de Comercio Interior, en su reunión de 10 de junio de 2020, adoptó por asentimiento un acuerdo de medidas, como recomendaciones o pautas, a tener en cuenta por las comunidades y ciudades autónomas, en relación a las condiciones sanitarias para ejercer la actividad comercial en sus regiones alcanzada la situación de nueva normalidad, una vez que haya dejado de estar vigente el estado de alarma decretado mediante el  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Se trata de las medidas que se han venido poniendo en práctica durante toda la crisis del coronavirus y que han demostrado su eficacia y han resultado indispensables para garantizar la higiene y la seguridad en la actividad comercial y en el proceso de compra por el consumidor.

ANEXO 
ACUERDO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE COMERCIO INTERIOR DE 10 DE JUNIO DE 2020

El acuerdo concreta la intención de las administraciones competentes de aplicar al sector del comercio interior buenas prácticas, con el fin de mantener, superado el estado de alarma, un marco común, proporcionado y previsible, que contribuya a la recuperación del sector con las máximas garantías.

De esta forma, se garantiza cierta homogeneidad en las medidas de seguridad que deben implementarse en todos los comercios cualquiera que sea su ubicación, al aplicarse medidas consensuadas y proporcionales, acordadas por las autoridades competentes, en aras de facilitar la actividad empresarial del sector del comercio en todo el territorio del Estado y de transmitir un mensaje sólido y consistente al consumidor, incrementando su confianza.

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en materia sanitaria unas bases mínimas relativas a distanciamiento interpersonal y de seguridad personal, correspondiendo a las comunidades y ciudades autónomas adoptar las medidas que consideren más oportunas para controlar la expansión del coronavirus y asegurar la higiene en los establecimientos comerciales y garantizar la seguridad sanitaria de sus trabajadores y de los consumidores. En lo que respecta al sector comercial, y siguiendo la línea del trabajo realizado en los últimos meses, se considera conveniente acordar un marco adicional de medidas que permitirán garantizar en todo el territorio y para todo el sector la armonía y homogeneidad necesaria.

En su virtud, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acuerdan considerar las siguientes medidas como recomendaciones o pautas a tener en cuenta por las mismas en relación a las condiciones sanitarias de los comercios. Se trata, de las medidas que se han venido poniendo en práctica durante toda la crisis del coronavirus y que han demostrado su eficacia y han resultado indispensables para garantizar la higiene y la seguridad en la actividad comercial y en el proceso de compra por el consumidor.

Con este acuerdo, se pretende que las comunidades y ciudades autónomas sigan ciertos principios comunes, lo que redundará en beneficio de los comerciantes (especialmente aquellos que tengan presencia en más de una comunidad autónoma) y también, en beneficio de trabajadores y consumidores:

Locales comerciales y seguridad de los clientes:

  • Exigir a los locales comerciales que aseguren el distanciamiento social de 1,5 m, lo que podrá implicar para garantizar su aplicación efectiva la limitación del aforo en el porcentaje necesario para mantener la citada distancia y el control del acceso de clientes. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
  • Poner a disposición del cliente gel hidroalcohólico en la entrada del local.
  • Se establecerán medidas especiales para el control de aforo en centros comerciales y espacios de venta ambulante de forma que se garantice la distancia de seguridad.
  • Recomendar, cuando sea posible, sentidos de circulación de clientes en las zonas de mayor confluencia, diferenciando ambos sentidos mediante balizas, cintas de separación y/o vinilo adhesivo en el pavimento.
  • Mantener medidas de higiene del local, mínimo dos veces al día, y siendo una de ellas necesariamente entre la finalización de la jornada y el inicio de la siguiente, poniendo máxima atención en los elementos de uso común. Se utilizarán productos con actividad virucida demostrada.
  • Exigencia de especiales condiciones de higiene en aseos, zonas de uso común del personal, así como de áreas de descanso y de lactancia en centros comerciales.
  • Limitar el uso de ascensores a lo que permita el distanciamiento social de 1,5 m, con la posibilidad de ampliarse si todos los usuarios emplean mascarilla y el centro o establecimiento emplea los medios adecuados para su control.
  • Facilitar formas de pago y recepción del producto sin contacto.
  • Mantener medidas de desinfección de productos devueltos o probados.
  • Podrá prohibirse el uso de productos de prueba por parte del consumidor, asegurando el control por personal del establecimiento de su utilización o el uso de monodosis desechables tras cada uso.
  • Establecer la exigencia de higienización de la ropa de trabajo.
  • Ejercer un control sobre las actividades en ejes comerciales y centros comerciales que puedan generar aglomeraciones.
  • Limpieza de probadores frecuente, preferiblemente tras cada uso.
  • Protección de los productos para prueba individualizada en caso de sofás, camas, calzado, joyería o similar.
  • Los clientes deberán hacer uso de mascarillas, y en su caso, de guantes desechables para la manipulación de productos no empaquetados en autoservicio.

En cuanto a los trabajadores:

  • Se tendrán en cuenta y se respetarán los planes de protección que ya han establecido y están aplicando las empresas y los acuerdos alcanzados por las mismas con los sindicatos, de forma que el esfuerzo realizado por las empresas y empresarios se vea reforzado.
  • Los trabajadores deben contar con EPIS adecuados al nivel de riesgo, pudiendo establecerse adicionalmente otras medidas de protección física (uso de mamparas entre otros) cuando no sea posible garantizar una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros, de acuerdo con las recomendaciones de los servicios de prevención de riesgos laborales.
  • Instalación de papeleras preferentemente con apertura automática o pedal, para depositar guantes, pañuelos y mascarillas.
  • Mantener la gestión de los turnos laborales del personal trabajador para escalar la entrada de trabajadores, incorporando, de ser posible, flexibilización en los horarios de trabajo.
  • Mantener la exigencia de higienización del puesto y elementos de uso tras cada cambio de turno.

Medidas adicionales específicas para venta no sedentaria:

  • Los espacios no cubiertos habilitados para la celebración de mercados no sedentarios, podrán estar totalmente delimitados con cinta de obra, vallas, o con cualquier otro medio que permita marcar, de forma clara, los límites del espacio, y así, evitar una aglomeración de clientes.
  • Poner a disposición del cliente gel hidroalcohólico en cada puesto.
  • Recomendar muy especialmente, que en la venta no sedentaria se sustituyan el autoservicio y el contacto directo por el consumidor con los productos expuestos a la venta por el servicio por parte de un empleado.
  • Limpieza y desinfección de los puestos antes y después de su montaje; así como de los vehículos de carga.
  • Ampliar la distancia entre puestos, ampliando el espacio del mercadillo, pudiendo habilitar nuevos días de celebración, crear nuevos espacios de venta ambulante, ampliar horarios u otras medidas de efecto similar.
  • No manipular dinero por la misma persona que manipula el producto o exigir higiene de manos en cada transacción.

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Fuente: Wolters Kluwer Foto: Freepick