prestacion-autonomos-baja-laboral

PRESTACION PARA AUTONOMOS ESTANDO DE BAJA LABORAL.

Los trabajadores autónomos tienen derecho a una prestación por incapacidad temporal (IT). Esta se puede solicitar cuando el autónomo sufre una enfermedad común o profesional o un accidente, sea o no de trabajo, y por tanto está imposibilitado para trabajar y requiere asistencia sanitaria.

Se entenderá como accidente de trabajo a efectos de esta prestación, el que sufra el trabajador autónomo como consecuencia directa del trabajo que realiza por cuenta propia y que determina su inclusión dentro de este Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. No se incluyen los accidentes que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo, los llamados “in itinere» (salvo en el caso de los TRADE: Trabajadores autónomos económicamente dependientes), los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, y los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador.
DURACION
Esta prestación tiene una duración máxima de 12 meses, prorrogables otros 6 cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación.
REQUISITOS

Es requisito que el trabajador autónomo esté al corriente con los pagos de Seguridad Social, al igual que tener un mínimo de 180 días cotizados en los últimos 5 años anteriores a la fecha de la baja, en el caso de enfermedad común. En el caso de accidente y de enfermedad profesional no se exige periodo previo de cotización.
CUANTIA
La Base Reguladora diaria será la base de cotización del trabajador autónomo correspondiente al mes anterior al de la baja médica, dividida entre 30. Para la base mínima actual de 893,19 euros, estaríamos a una base reguladora diaria de 29,77 euros/día.
Para el cálculo de la cuantía de la prestación, se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes a la Base Reguladora diaria:

  • Desde el día primero de baja hasta el tercero, no hay prestación.
  • Desde el día cuarto de baja hasta el vigésimo, la prestación consiste en el 60% de la base reguladora.
  • Desde el día 21 de baja en adelante, la prestación consiste en el 75% de la base reguladora.
  • En el caso de Accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prestación consiste en el 75% de la base reguladora, desde el día siguiente al de la baja.

La cotización de las prestaciones por incapacidad por contingencias comunes tiene carácter obligatorio, por el contrario, la cotización por Contingencias Profesionales es voluntario (excepto para los TRADE y aquellos que estén obligados al desempeñar una actividad con un elevado riesgo de siniestralidad), por lo que, si no se cotiza por las contingencias profesionales, no se podrá acceder a la prestación de incapacidad temporal por Accidente de trabajo o enfermedad profesional, aun así, siempre se puede acceder a la prestación por enfermedad común o accidente no laboral.
El autónomo deberá presentar en un plazo de 15 días desde la baja, la solicitud de esta prestación al INSS o mutua que le corresponda, incluyendo una declaración en la que se indique en qué situación queda la actividad, quién va a gestionar directamente el negocio o, en su caso, el cese temporal o definitivo de la actividad. Se puede designar a un trabajador que tuviera a su cargo el autónomo sin que cambien el régimen de cotización aplicable de este.
Como es natural, se puede dar un gran número de situaciones especiales en este sentido; contacte con nuestro despacho en Murcia para ampliar información si lo necesita.
Emilia Espín
Dpto.Laboral-Jurídico
Aselec consltores, s.l.p.

gastos-deducibles-irpf-agente-comercial-autonomo-2

GASTOS DEDUCIBLES EN EL IRPF PARA UN AGENTE COMERCIAL AUTONOMO

¿Es Usted un Agente comercial autónomo? Si es así, le interesa conocer cuáles son los requisitos para deducir los gastos en su declaración de la Renta, los bienes que puede afectar o relacionar a su actividad, la relación detallada de partidas de gastos deducibles y no deducibles, así como, los criterios aplicados y las características de las partidas con mayor problemática (local o vivienda, teléfono móvil, vehículo, gastos de viajes, etc).

 –>

1.Requisitos para que un gasto sea deducible

La normativa establece los requisitos que con carácter general deben cumplir los gastos para considerarlo fiscalmente deducible:

– Que estén vinculados a la actividad económica desarrollada. Es decir, que sean propios de la actividad.
– Que se encuentren convenientemente justificados. Es decir, que tengamos la documentación que los justifica.
– Que se hallen registrados contablemente en los correspondientes libros-registro.

En cuanto al primero de los requisitos, el autónomo deberá demostrar que el gasto corresponde a su actividad profesional y no a su vida particular. Como por ejemplo, en el caso de que en su vivienda desarrolle la actividad, es necesario determinar el porcentaje de gasto que se puede afectar a la actividad y el que no, justificando los mismos mediante las facturas correspondientes y detallando cada una en el libro de gastos. Lo veremos en este artículo más adelante.
El segundo requisito establece que los gastos relacionados con la actividad deberán estar justificados con su correspondiente documento. Como los tickets o facturas simplificadas no permiten identificar el receptor, la justificación del gasto se hará complementando estos con el pago de los mismos (justificante de tarjeta de crédito, recibo bancario, transferencia, etcétera, no el pago en metálico). Las facturas completas ya identifican al destinatario, y será el documento justificativo habitual.

2. Relación de gastos deducibles en el IRPF

En este punto detallamos los gastos más habituales que debe considerar un Agente Comercial Autónomo dentro de cada una de las partidas contenidas en la declaración del IRPF:

  • Consumos de explotación. En este concepto se consideran, entre otras, las adquisiciones de mercaderías, materias primas y auxiliares, envases, embalajes, etc. consumidos en el ejercicio. Esta no es una partida habitualmente con contenido en el desarrollo de la actividad de agente comercial, en tanto el Agente intermedia entre comprador y vendedor a cambio de una comisión, y por tanto no compra y distribuye productos. Los gastos de su actividad estarán contenidos principalmente en otras partidas de la declaración.
  • Sueldos y salarios. En general, en esta rúbrica se incluyen los sueldos, pagas extras, dietas y asignaciones para gastos de viajes, etc. satisfechas a los trabajadores a cargo del Agente Comercial Autónomo si los hay. Como es normal, no se pueden incluir aquí remuneraciones del propio agente comercial titular de la actividad.
  • Seguridad social a cargo de la empresa. En esta partida se incluye la Seguridad Social que satisface el autónomo por sus trabajadores, así como las cotizaciones satisfechas por el propio titular de la actividad económica (la cuota de autónomo).
  • Otros gastos de personal. Se pueden incluir dentro de este concepto, en caso de tener personal a cargo del Agente Comercial Autónomo, los gastos de formación, las indemnizaciones satisfechas por rescisión de relaciones laborales con los trabajadores, los seguros de accidente del personal y contribuciones a planes de pensiones o a planes de previsión social empresarial. También, podemos considerar como gasto deducible aquellos que con arreglo a los “usos y costumbres” se efectúen con respecto al personal de la empresa, como por ejemplo, los obsequios, cestas de Navidad…
  • Arrendamientos y cánones. Alquileres, cánones, asistencia técnica, cuotas de arrendamiento financiero (leasing) que tengan por objeto bienes muebles, bienes inmuebles o establecimientos industriales en los que desarrolle la actividad el Agente Comercial.
  • Reparaciones y conservación. Se consideran gastos deducibles los gastos de conservación y reparación de los bienes al servicio de la actividad del Agente Comercial. Pero no se incluyen los gastos que supongan ampliación o mejora de dichos bienes, ya que se deducirán vía amortización.
  • Servicios de profesionales independientes. Dentro de este concepto se incluyen los honorarios de profesionales como economistas, abogados, auditores, notarios, así como las comisiones de otros agentes comerciales.
  • Otros servicios exteriores. Se incluyen en esta rúbrica los servicios de naturaleza diversa, por ejemplo, mensajería, primas de seguros, comisiones bancarias, gasto en publicidad y otros gastos de oficina no incluidos en otras rúbricas (suministros de electricidad, agua y telefonía).
  • Tributos fiscalmente deducibles. Se comprenden los tributos y recargos no estatales, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los inmuebles afectos a la actividad. Respecto al IAE, hay exención del impuesto, así que no hay pago que deducir. Pero no serán deducibles ni las multas y sanciones, ni los recargos de apremio ni el recargo por presentación fuera de plazo de las declaraciones-liquidaciones tributarias.
  • Gastos financieros. Se incluyen en este concepto entre otros, los intereses de préstamos y créditos destinados a financiar la actividad del agente comercial, gastos de descuento de efectos, recargos por aplazamiento de pago de deudas, intereses de demora de aplazamientos tributarios.
  • Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales. Se trata del deterioro de los créditos derivados por insolvencias de deudores siempre que se den determinadas circunstancias en el momento del devengo del IRPF (el 31 de diciembre). La deducción de estas insolvencias de clientes requiere cumplir ciertos requisitos, consulte a nuestro departamento fiscal y le ayudaremos a concretar su caso.
  • Incentivos fiscales al mecenazgo. Las cantidades satisfechas o los gastos realzados a entidades sin fines lucrativos se consideran gastos deducibles cuando éstas utilizan las cantidades percibidas para realizar actividades con fines de interés general establecidos en la Ley 49/2002.
  • Otros gastos fiscalmente deducibles. Además de los comentados, también podrán deducirse otros gastos que no figuren en las anteriores rúbricas, siempre que estén relacionados con la actividad del Agente Comercial, entre otros: la adquisición de libros, suscripción a revistas profesionales, gastos de asistencia a cursos, conferencias, congresos, etc. primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él (con el límite de 500 para cada una de las personas señaladas o 1.500 euros si tiene discapacidad).
  • Provisiones y otros gastos. Lo normal es que el régimen del agente comercial autónomo sea el de estimación directa “simplificada”. Podrán entonces cuantificar como provisiones deducibles y gastos de difícil justificación el porcentaje del 5% sobre el rendimiento neto positivo (la diferencia positiva entre los ingresos y los demás gastos deducibles incluidas las amortizaciones, sin que la cuantía supere los 2.000 euros anuales).
  • Amortizaciones. Son los importes del deterioro de los bienes y derechos afectos a la actividad. Para los contribuyentes del método de estimación directa simplificada, las amortizaciones se calculan linealmente, en función de la tabla de amortizaciones simplificada establecida por Ley, y podrá aplicarse el beneficio fiscal de amortización acelerada. Consúltenos para calcular correctamente el importe deducible por amortización dependiendo de los bienes que tenga afectos a su actividad de agente comercial: vehículo, ordenador, teléfono móvil, dispositivos GPS, local o vivienda, etcétera.

3. Gastos no deducibles

No tienen la consideración de gastos deducibles, entre otras, las siguientes partidas:

  • Multas, sanciones penales o administrativas, los recargos en el periodo ejecutivo o por presentación de declaraciones tributarias fuera de plazo.
  • Los donativos realizados u otras liberalidades.
  • Las pérdidas del juego.
  • Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios calificados como paraísos fiscales.
  • Las aportaciones a mutualidades de previsión social del propio empresario o profesional que den derecho a aplicar la reducción de la base imponible en el IRPF. Es decir, que los planes de pensiones del Agente Comercial no se deducen como gasto en la estimación de su rendimiento, pero sí tienen beneficio fiscal por aplicación de otro tratamiento fiscal en el IRPF.
  • Gastos deducibles “especiales”

Es muy habitual entre los Agentes Comerciales autónomos que una serie de gastos generen ciertas dudas sobre su deducibilidad, debido sobre todo a su grado de “afectación a la actividad”. Vamos a profundizar en algunos de ellos.

Local u oficina del Agente Comercial.

  • Si desarrolla la actividad en un local u oficina específico para ello, podrá desgravar todos los gastos asociados a ese local: alquiler, reformas, mantenimiento, luz, agua, teléfono, gastos asociados a la hipoteca o el seguro. También podrá amortizar la inversión realizada si lo hubiese comprado.
  • En cambio, si tiene la oficina en casa de la cual es propietario, lo normal es afectar la parte de la vivienda destinada a la oficina a la actividad y desgravar los gastos asociados a la vivienda en ese mismo porcentaje. En el caso de una vivienda afectada parcialmente a la actividad del agente comercial, los gastos relativos a la titularidad (amortizaciones, intereses que financien su adquisición, Impuesto sobre Bienes Inmuebles IBI, tasa de basuras, comunidad de propietarios, etc.), son deducibles en proporción a los metros cuadrados utilizados en la actividad, mientras que para los suministros (electricidad, agua, gas), el criterio debe ser una combinación de metros utilizados en la actividad junto con días laborables y las horas en las que se ejerce dicha actividad. Así se ha pronunciado la Administración Tributaria sobre este asunto.
  • En caso de que la vivienda sea de alquiler, el criterio es el mismo que para la vivienda en propiedad, aunque el problema que aquí suele ocurrir, es que debemos tener dos facturas diferenciadas, una para el alquiler de la oficina con IVA y retención, y otra para el alquiler para la parte de uso de vivienda, que no llevará IVA ni retención. En muchas ocasiones se suele omitir la deducción por parte del agente comercial debido a su escaso importe en relación con los problemas que se generan con el arrendador.

Teléfono móvil del Agente Comercial.

Será deducible el gasto de teléfono móvil que se justifique relacionado con los ingresos. Si tiene sólo una línea de móvil, será más difícil discriminar las llamadas pertenecientes a la actividad de las llamadas personales. Por tanto, puede ser aconsejable disponer de una segunda línea exclusivamente para la actividad, diferente a la de uso personal.

Vehículo del Agente Comercial y los gastos asociados al mismo.

Una diferencia importante de tratamiento para los Agentes Comerciales, más ventajosa que para otros autónomos. En los agentes comerciales se presupone afectación legal del 100% del vehículo. Por tanto, aunque utilicen el vehículo para fines personales, siempre que ese uso sea de forma accesoria y notoriamente irrelevante, dicha afectación total se continúa presumiendo.

Así, la adquisición y mantenimiento de un vehículo turismo utilizado por un agente comercial dado de alta en el epígrafe 55 de las tarifas del IAE, cuando esté afecto a la actividad profesional, podrán ser objeto de deducción en su totalidad tanto de los gastos de amortización por la adquisición como de los gastos derivados de su uso (ITV, reparaciones, combustible) siempre que estos últimos estén relacionados con el desarrollo de su actividad profesional. Los gastos de utilización (por ejemplo el Combustible) que respondan a necesidades privadas no serán deducibles.

Gastos de viajes y representación del Agente Comercial.

Podrá deducir tanto los gastos de desplazamiento en transporte público (avión, tren o taxis) en caso de no tener un vehículo afecto a la actividad, como los de estancia en hoteles y gastos de manutención (comidas, cenas). Deberá acreditarse el carácter profesional, por lo que la realización de este tipo de gasto en fin de semana es difícil defender ante la Administración.

Con carácter general, serán deducibles aquellos gastos que estén correlacionados con la generación de ingresos y que por tanto estén relacionados con la actividad. Hemos tratado los más habituales, pero pueden darse muchas circunstancias particulares que requieran una opinión profesional específica. Consúltenos y desde ASELEC asesoría y abogados le ayudaremos a resolver sus cuestiones sobre este asunto.

¡ Llámenos ! 968 909 747

También puede escribirnos Contactar

Nerea Montesinos

Dpto. Contable-Fiscal
Aselec consultores, s.l.p.

despido-baja-medica-nulo

¿EL DESPIDO DURANTE LA BAJA MÉDICA ES NULO?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante Sentencia de fecha 1 de diciembre de 2016, ha determinado que el despido efectuado a un trabajador que se encuentra en incapacidad temporal (baja médica) ha de ser calificado como nulo.

Hasta ahora, el despido efectuado a un trabajador durante la baja médica (incapacidad temporal) podía llegar a ser calificado como improcedente según la doctrina aplicable del Tribunal Supremo, pero no se declaraba su nulidad.

Sin embargo, una reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante Sentencia de fecha 1 de diciembre de 2016, ha determinado que el despido efectuado a un trabajador que se encuentra en incapacidad temporal puede llegar a ser calificado como nulo si ésta se alarga en el tiempo.

Dicha Sentencia deriva de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Social nº33 de Barcelona que se encontraba conociendo de un asunto en virtud del cual, un trabajador que estaba de baja médica tras haber sufrido un accidente laboral y cuya duración era indeterminada, había sido despedido, solicitando que se declarara la nulidad del despido, por entender que se había producido una vulneración de su derecho fundamental a la integridad física recogido en el artículo 15 de la Constitución Española puesto en relación con la Directiva Europea 2000/78 que establece la prohibición de discriminación por razón de discapacidad.

La cuestión a dilucidar se basa en resolver si la baja laboral de duración incierta puede ser considerada como una discapacidad.

A este respecto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado afirmando que, el concepto de “discapacidad” ha de entenderse referido a una limitación, derivada en particular de dolencias físicas a largo plazo, que puede impedir la participación plena y efectiva de la persona en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores.

Por ello, el hecho de que un trabajador se encuentre de baja médica, cuya duración se desconoce, se puede asimilar a una situación de “discapacidad” habida cuenta de que, efectivamente no se encuentra plenamente capaz para desarrollar su trabajo por lo que, el despido por esta causa sería un despido derivado de su condición de discapacitado.

Así pues, dada cuenta que, la prohibición de discriminación por razón de discapacidad está recogida expresamente en la citada Directiva Europea 2000/78 y además, constituye un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución, el despido efectuado a un trabajador durante la baja médica, al asimilarse a un trabajador discapacitado, puede ser calificado como un despido nulo.

No hay que olvidar las consecuencias que la calificación de tal despido conlleva, cuales son la readmisión inmediata del trabajador y el abono de los salarios dejados de percibir.

A la vista de esta Sentencia se plantea la duda, ¿todos los despidos realizados a un trabajador que se encuentre de baja médica son nulos? No. Lo que ocurre es que, a la luz de lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los despidos efectuados en una situación de incapacidad temporal cuya duración sea indeterminada y cuya causa de despido sea precisamente esa, pueden llegar a ser declarados nulos habida cuenta la equiparación que se hace entre un trabajador que esté de baja médica cuya duración se desconozca y un trabajador discapacitado.

Sin embargo, resulta preciso examinar las circunstancias particulares que concurren en cada caso concreto para determinar con exhaustividad si el despido realizado ha de ser declarado nulo o no.

Estefanía Belchí Poveda

Abogada
Dpto. Jurídico.
Aselec, asesoría y abogados.

ventajas-certificado-digital-aselec-murcia

LAS VENTAJAS DEL CERTIFICADO DIGITAL

¿Qué es el Certificado Digital? Certificados Digitales hay muchos, de diferentes entidades Certificadoras, pero nos vamos a centrar en el Certificado FNMT por ser el más extendido y utilizado en España.

El Certificado Digital es un documento electrónico (un archivo informático) expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) que vincula a su suscriptor con un conjunto de datos de verificación de firma, y con su uso, acreditamos nuestra identidad digital a través de Internet.

¿Cuáles son los tipos de Certificado Digital?
Existen dos tipos de Certificado Digital, los de persona física y los de representante (que sustituyen a los antiguos certificados de Persona Jurídica).
El Certificado Digital de persona física, también conocido como “Certificado de Ciudadano” o “Certificado de Usuario”, es un documento digital que contiene sus datos identificativos. Le permitirá identificarse en Internet e intercambiar información con otras personas y organismos con la garantía de que sólo usted y su interlocutor pueden acceder a ella.
El Certificado Digital de representante tiene tres variantes en función de la entidad a la que se represente:
Para Administrador Único o Solidario.
Los certificados de representante para administradores únicos o solidarios se emiten, para la relación de las personas jurídicas a través de sus representantes legales en sus relaciones con las administraciones públicas o en la contratación de bienes o servicios propios o concernientes a su giro o tráfico ordinario.
Este certificado puede ser obtenido por las sociedades anónimas y limitadas si el representante de la sociedad es administrador único o solidario inscrito correctamente en el Registro Mercantil.
Para Persona Jurídica
Este certificado se expide a las personas físicas como representantes (cuando no se trate de Administradores únicos o solidarios) de las personas jurídicas para su uso en sus relaciones con aquellas Administraciones Públicas, Entidades y Organismos Públicos, vinculados o dependientes de las mismas.
En función de la letra del CIF que tenga pueden solicitar este tipo de certificado las sociedades anónimas y limitadas si el representante de la sociedad es mancomunado, sociedades que tengan como administrador único a otra sociedad, sociedades colectivas, sociedades comanditarias, sociedades cooperativas, asociaciones, fundaciones, sociedades civiles, entre otras.

Para Entidad sin Personalidad Jurídica
Este certificado se expide a las personas físicas como representantes de las entidades sin personalidad jurídica para su uso en sus relaciones con aquellas Administraciones Públicas, Entidades y Organismos Públicos, vinculados o dependientes de las mismas.
En función de la letra del CIF que tenga pueden solicitar este tipo de certificado las comunidades de bienes, herencias yacentes, asociaciones distintas de las reflejadas en el apartado de representante de persona jurídica, comunidades de propietarios, entre otras.

¿Quiénes están obligados a comunicarse con el Certificado Digital?
Con la entrada en vigor, el día 2 de octubre de 2016, de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de la misma fecha, de Régimen jurídico del Sector Público, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo las personas jurídicas, y también algunas personas físicas, como es el caso de los profesionales de colegiación obligatoria (abogados, procuradores, la mayor parte de los ingenieros, arquitectos, médicos, etc.).
Para las personas físicas distintas de las mencionadas anteriormente (o para un colegiado obligatorio pero cuando no actúe en ejercicio de su actividad profesional) el relacionarse electrónicamente con la Administración es un derecho, no una obligación, es decir, será voluntario y podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas mediante papel, o por medios electrónicos.

¿Para qué sirve el Certificado Digital?
El Certificado Digital de persona física le permitirá realizar trámites de forma segura con la Administración Pública y Entidades Privadas a través de Internet, como por ejemplo, presentación y liquidación de impuestos, presentación de recursos y reclamaciones, cumplimentación de los datos del censo de población y viviendas, consulta e inscripción en el padrón municipal, consulta de multas de circulación, consulta y trámites para solicitud de subvenciones, consulta de asignación de colegios electorales, actuaciones comunicadas, firma electrónica de documentos y formularios oficiales, entre otros.
Por su parte, el Certificado Digital de representante le permitirá, entre otros, agilizar y abaratar gestiones con la Administración Pública, simplificar y automatizar la gestión documental, reducir errores al eliminar procedimientos manuales, favorecer la eliminación de documentos impresos, dar cumplimiento a las obligaciones legales, entre otros.

Silvana Ricci
Dpto. Contable-Fiscal
aselec consultores, s.l.p.

trabajadores-economicamente-dependientes-TRADE1

TRABAJADORES ECONOMICAMENTE DEPENDIENTES (TRADE)

¿ES OBLIGATORIO? ¿TIENE VENTAJAS?

En muchas ocasiones, los autónomos no saben que cumplen con los requisitos para ser un TRADE. Vamos a ayudar a identificarlo y a comentar sus ventajas.
El trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE O TAED) es una figura específica entre los trabajadores autónomos, que cuenta con un régimen jurídico propio y diferenciado, y que se sitúa en la frontera entre el trabajo autónomo y el dependiente, creada como forma de protección de aquellos autónomos que trabajan prácticamente en exclusiva para un solo cliente.

El trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE O TAED) es una figura específica entre los trabajadores autónomos, que cuenta con un régimen jurídico propio y diferenciado, y que se sitúa en la frontera entre el trabajo autónomo y el dependiente.

 
Se creó como forma de protección de aquellos autónomos que trabajan prácticamente en exclusiva para un solo cliente. Es un autónomo con un nivel superior de protección, aunque sin llegar al nivel de los trabajadores por cuenta ajena.
Se define como aquel trabajador autónomo que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que depende económicamente por percibir de él, al menos, el 75 % de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.

Los requisitos que tiene que cumplir el TRADE son:

  • No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena (salvo por temas de conciliación, maternidad, riesgo durante el embarazo y una serie de supuestos tasados por ley en los cuales sí se permite) ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros.
  • No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores del cliente.
  • Disponer de la infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad.
  • Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios.
  • Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo el riesgo de aquélla.

No pueden ser considerados TRADE en ningún caso, los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros profesionales en régimen societario o bajo cualquier forma jurídica admitida en derecho ni los autónomos titulares de locales o establecimientos comerciales e industriales y de oficinas y despachos abiertos al público.

El trabajador que se considere trabajador autónomo económicamente dependiente, deberá comunicar al cliente dicha condición y formalizar un contrato por escrito el cual deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente. El contrato TRADE tendrá la duración que las partes acuerden, pudiendo fijarse una duración determinada o remitirse a la finalización de un servicio determinado. De no ser así, se presumirá, salvo prueba en contrario que se ha pactado por tiempo indefinido. Así mismo se fijarán obligatoriamente en el contrato otros elementos como la interrupción anual de la actividad, el descaso semanal y de los festivos, así como la duración máxima de la jornada de la actividad incluyendo su distribución semanal si ésta se computa por mes o año.

En este sentido, en caso de extinción de la relación contractual sin causa justificada por el cliente, el TRADE tendrá derecho a percibir una indemnización por daños y perjuicios ocasionados. La indemnización a favor del TRADE será fijada en el contrato. Normalmente, se tomará en consideración el tiempo restante previsto de contrato, la gravedad del incumplimiento del cliente, las inversiones y gastos anticipados por el TRADE y el plazo de preaviso otorgado por el cliente sobre la fecha de extinción del contrato.

 

En cuanto a la cotización a la Seguridad Social, la principal característica de los TRADE es que además de cotizar para cubrir la posible Incapacidad Temporal (IT) derivada de Contingencias comunes, tendrá que tener cubierta obligatoriamente la protección de IT por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedad profesional), la cual se deberá llevar a cabo con una Mutua.

 

Pues bien, respecto a la cotización, una diferencia importante respecto a lo que ocurre con la figura del autónomo común es que se considera también accidente de trabajo el que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad, o por causa o consecuencia de la misma, conocido como accidente in itinere. Supone una mayor cobertura por contingencias profesionales respecto al autónomo común.

 

En nuestra opinión, la figura del Autónomo Económicamente Dependiente aporta pocas ventajas significativas respecto al autónomo común. No obstante, todas las ayudas son pocas para este colectivo, que además en este caso se trata de un autónomo que prestan sus servicios casi en exclusiva para un único cliente, de forma que será aconsejable acogerse a esta figura mientras se cumplan los requisitos para ello, aunque las ventajas no tengan una especial trascendencia, ya que dependen de lo pactado por las partes en el contrato. Sí resulta interesante el Registro de dicho contrato en la oficina competente, porque le otorga formalidad a lo pactado que puede ayudar al autónomo en caso de conflicto.

Ana García
Dpto. Laboral-Jurídico
aselec consultores, s.l.p.

como-rectificar-renta-ya-presentada

¿CÓMO RECTIFICAR UNA RENTA YA PRESENTADA?

Al inicio de la campaña de la Renta 2016, les informábamos de los errores más comunes que se pueden cometer a la hora de realizar la declaración de la Renta(http://www.aselecconsultores.com/errores-a-evitar-declaracion-la-renta/) Pero si ha detectado alguna incidencia una vez que  ya ha confirmado el borrador, le interesa conocer la manera de rectificar su declaración.

Si su declaración contiene errores u omisiones que motiven una cantidad a devolver superior o un importe a ingresar inferior al de la autoliquidación presentada, debe presentar la solicitud de rectificación de una autoliquidación del IRPF.

Esta circunstancia puede darse, entre otros, si:

  • Se declaró indebidamente alguna renta exenta.
  • Se computó importes en cuantía superior a la debida.
  • Se olvidó practicar alguna reducción o deducción a las que tenía derecho.

La solicitud de rectificación de la autoliquidación de IRPF puede presentarse mediante escrito en la Administración de Agencia Tributaria que le corresponda o por vía electrónica. Una vez presentado, la Administración comprobará las circunstancias de la rectificación y si coincide con lo solicitado por el interesado, le notificará la liquidación que se practique. Por el contrario, si no coincide, le notificará una propuesta de liquidación para que en el plazo de 15 pueda efectuar alegaciones.

La Agencia Tributaria permite realizar esta rectificación en el plazo de 4 años a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las declaraciones (30 de junio), o bien, si la declaración se presentó fuera de ese plazo, desde el día siguiente a la presentación.
También podrá presentar autoliquidación complementaria para solicitar una devolución inferior originaria, un ingreso superior o cuando se den las circunstancias que motiven la pérdida del derecho de una reducción o exención ya aplicada en una declaración anterior.
Esta nueva autoliquidación recogerá la totalidad de los datos que deban ser declarados, incorporando, junto a los correctamente reflejados en la autoliquidación originaria, los de nueva inclusión o modificación.
Una vez determinado el resultado de la autoliquidación complementaria, se procederá a efectuar la correspondiente regularización. A tal efecto, se restará del resultado de la autoliquidación complementaria el importe que se ingresó en la autoliquidación originaria, si ésta fue positiva, o bien se le sumará la devolución percibida, si resultó a devolver; el resultado obtenido es la cuota que deberá ser ingresada como consecuencia de la autoliquidación complementaria.

Entre otros supuesto, deberá presentar autoliquidación complementaria:

  • Por percibir atrasos del rendimiento del trabajo.
  • Por la pérdida de la condición de contribuyente por cambio de residencia.
  • Por disposición de derechos consolidados por mutualistas, partícipes o asegurados.
  • Por disposición de bienes o derechos aportados al patrimonio protegido de personas con discapacidad.
  • Por la pérdida de la exención de la indemnización percibida por despido o cese.

Recargos aplicables
Deberá tener en cuenta que, con excepción de los supuestos establecidos por la normativa de IRPF, los ingresos correspondientes a las declaraciones que se presenten voluntariamente después de que finalice el plazo de declaración sin requerimiento previo de la Administración tributaria al respecto, tendrán un recargo de cuantía variable en función del retraso. Los recargos aplicables son los siguientes:

 

Retraso del ingreso

Recargo aplicable

Hasta 3 meses

5%

De 3 meses y un día a seis meses

10%

De 6 meses y un día a 12 meses

15%

Más de 12 meses

20% + intereses de demora

Disponiendo de la declaración del ejercicio que se desea modificar, en ASELEC podemos confeccionar su declaración complementaria en Murcia. ¡Contacte con nosotros!
Nerea Montesinos
Dpto. Contable-Fiscal
Aselec consultores, s.l.p.

suspension-contrato-trabajo-implicacion-empresarial-aselec

LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO

La suspensión del contrato de trabajo es una interrupción temporal de la prestación laboral. Ello no implica la extinción del contrato entre empresa y trabajador, lo que sí implica es el cese temporal de las principales obligaciones de las partes: trabajar y remunerar el trabajo . Vamos a analizar las causas por las cuales puede producirse esta suspensión, así como sus implicaciones empresariales.

Hay distintas clases de suspensión del contrato:
1.- Por mutuo acuerdo de las partes.
En esta clase, las partes acuerdan la suspensión y la duración, así como las condiciones de reincorporación del trabajador.
2.- Por causas consignadas en el contrato.
3.- Por incapacidad temporal del trabajador.
El contrato quedará en suspenso hasta que el trabajador sea dado de alta o sele declare una incapacidad permanente.
En caso de Enfermedad Común o Accidente No Laboral, el empresario se hará cargo de la prestación económica los primeros 15 dias abonando el 60% de la base de cotización por contingencias comunes, siendo a cargo de Seguridad Social a partir del dia 16 de baja.
En caso de Enfermedad Profesional o Accidente de Trabajo, Seguridad Social se hará cargo de la prestación a partir del dia siguiente de la baja.
4.- Incapacidad Permanente.
La empresa podrá extinguir el contrato en este caso, a no ser que el Órgano encargado de emitir la calificación, estime que puede producirse una mejoría. En este caso la suspensión tendrá una duración máxima de 2 años.
5.- Riesgo durante el embarazo.
En este caso la remuneración será a cargo de la Seguridad Social.
6.- Maternidad, paternidad, adopción y acogimiento.
La maternidad tendrá una duración de 16 semanas, ampliable en 2 semanas más en caso de parto múltiple.
La paternidad tendrá una duración de 28 días.
7.- Por cumplimiento de un cargo público representativo.
8.- Privación de libertad del trabajador.
9.- Suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias.
10.- Por el ejercicio del derecho de huelga.

11.- Por excedencia.
Esta puede ser:

  • Forzosa: Su concesión es obligatoria para la empresa que deberá reservar el puesto de trabajo al trabajador. El tiempo de suspensión se considerará como trabajado a efectos del cómputo de antigüedad.
  • Voluntaria: Es necesario una antigüedad de un año como mínimo. Puede solicitarla el trabajador por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. No conlleva derecho de reserva de puesto de trabajo, sino un derecho preferente cuando se produzca alguna vacante y su duración puede oscilar entre 2 y 5 años.
    En el caso solicitar el trabajador una excedencia por cuidado de hijo o familiar: La duración máxima sería de tres años, si se tendría en cuenta a efectos del cómputo de antigüedad.

 

Emilia Espin
Dpto.Laboral-Jurídico
Aselec consltores, s.l.p.

renta-conviene-declaracion-conjunta 2

¿ME CONVIENE HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CONJUNTA?

Con carácter general, la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se presenta de forma individual. No obstante, las personas integradas en una unidad familiar, pueden optar, si así lo desean, por declarar de forma conjunta, siempre que todos sus miembros sean contribuyentes por este impuesto.

¿Cuándo optar por la declaración conjunta?
Para poder optar por la declaración conjunta, los contribuyentes deben formar parte de una unidad familiar, es decir, deben estar casados, tener hijos, o que ocurran ambos casos. Se considera unidad familiar a efectos del IRPF el matrimonio y sus hijos menores con los que convivan, si los hubiera, o bien, en defecto de matrimonio o en caso de separación legal, la unidad monoparental formada por un progenitor y los hijos menores con los que conviva. La determinación de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente a 31 de diciembre de cada año.
La opción de tributación conjunta se manifiesta al presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio respecto del cual se opta, y no vincula a la unidad familiar para ejercicios sucesivos.
Abarca obligatoriamente a todos los miembros de la unidad familiar, por lo que si uno cualquiera de los miembros de la unidad familiar presenta declaración individual, los restantes miembros deberán utilizar este mismo régimen de tributación, ya no se podrá hacer la declaración conjunta.
Las rentas de cualquier tipo obtenidas por todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar se someterán a gravamen acumuladamente, y se aplican las mismas escalas de gravamen (general y autonómica o complementaria) que para la tributación individual.
¿A quién le interesa realizar la declaración conjunta?
Como norma general, interesará la declaración conjunta a los matrimonios en los que uno de los cónyuges no recibe ingresos o, si los recibe, son muy bajos y no superan el importe de 3.400 euros (reducción por tributación conjunta). También resulta recomendable para las familias monoparentales, cuando los hijos no perciben rentas.
Cabe destacar que la declaración conjunta permite compensar pérdidas con ganancias, de modo que las ganancias obtenidas por un cónyuge pueden compensarse con las pérdidas obtenidas por el otro cónyuge. En este caso puede, o no ser preferible la conjunta, porque dependerá del nivel de rentas de ambos cónyuges.
Reglas aplicables a la declaración conjunta:
La cuantía del “mínimo por contribuyente” será de 5.550 euros anuales, con independencia del número de miembros integrados en la unidad familiar. No obstante, para la cuantificación por edad y discapacidad se tendrán en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los cónyuges.
Se establece una reducción en la base imponible de 3.400 euros anuales por tributación conjunta en la modalidad de unidad familiar compuesta por matrimonios no separados legalmente.
En el caso de unidades familiares compuestas por el padre o madre no casado, viudo o separado legalmente con los hijos menores, o mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, que convivan con él o con ella,  se establece una reducción de 2.150 euros anuales (no será aplicable si el contribuyente convive con el padre o la madre de alguno de los hijos de la unidad familiar).
¿Cómo influyen los hijos en la declaración conjunta?
Como regla general, la reducción del mínimo por descendientes es la misma en tributación conjunta y en tributación individual. En este último caso, el mínimo por descendientes se prorratea entre ambos cónyuges.
¿Y el estado civil?
Las parejas de hecho sin hijos no pueden optar por la tributación conjunta. En el caso de las parejas de hecho con hijos sólo uno de sus miembros (padre o madre) puede formar unidad familiar con los hijos que reúnan los requisitos anteriormente comentados y, en consecuencia, optar por la tributación conjunta. El otro miembro de la pareja debe declarar de forma individual.

En los supuestos de separación legal, la declaración conjunta la podrán presentar el padre o la madre, con la totalidad de los hijos menores con los que conviva siempre que ostente su guardia y custodia.
¿Y si tienen una vivienda en común?
Si el matrimonio tiene una hipoteca a medias sobre la vivienda habitual con derecho a deducción (adquirida con anterioridad al 31/12/2012), resulta más conveniente hacer la declaración por separado, ya que la base máxima de la deducción es por declaración. Cada uno de los cónyuges que tenga derecho podrá aplicar una deducción máxima del 15% de 9.040 euros para cada uno.
En ASELEC destacamos la importancia de comprobar la opción que resulta más conveniente en cada caso para sacar el máximo provecho de los beneficios fiscales existentes en cada ejercicio. Por ello, le recomendamos que confíe siempre en profesionales a la hora de confeccionar su declaración de la renta.
Silvana Ricci
Dpto. Contable-Fiscal
aselec consultores, s.l.p.

ventajas-contratar-personas-discapacidad

VENTAJAS DE CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La contratación de personas con discapacidad conlleva una serie de ventajas para las empresas, tanto económicas como sociales. Tomar conciencia de esta realidad, ha derivado en un notable incremento de su contratación en los últimos tres años.

Sin embargo, este aumento sigue siendo insuficiente ya que sólo tiene trabajo (o está en su búsqueda) el 36% de este colectivo. Con el objetivo de aumentar la tasa de actividad este colectivo y favorecer así su integración social y laboral, existen una serie de ventajas económicas de las que se pueden beneficiar las empresas al contratar trabajadores con discapacidad.

Los requisitos que debe reunir el trabajador con discapacidad son, entre otras:

  • Discapacidad igual o superior al 33% reconocido como tal por el Organismo correspondiente, normalmente dependiente de las Comunidades Autónomas.
  • Estar inscrito en el Servicio Público de Empleo.
  • No puede haber tenido un vínculo con la empresa en los 24 meses anteriores por un contrato similar

La contratación de personas con discapacidad ES UNA APUESTA RENTABLE para la empresa, ya que proporciona bonificaciones a la cuota de la Seguridad Social, beneficios fiscales y subvenciones.
Bonificaciones a la contratación:
Las bonificaciones en la cuota de Seguridad Social van desde los 3500€ anuales y pueden ascender hasta más de 6000€, dependiendo del grado de discapacidad, sexo y edad del trabajador, además del tipo de contrato y jornada laboral.
El contrato que se realice puede ser temporal o indefinido.
Contratos temporales
En el caso de contrato temporal, la duración ha de ser entre doce meses y tres años. Las prórrogas nunca podrán ser de duración inferior a doce meses.
Si el contrato se celebra a tiempo completo, la empresa tendrá derecho a las siguientes bonificaciones:
Trabajadores sin discapacidad severa:

Hombres

Mujeres

Menores de 45 años

3500€/año

4100€/año

Mayores de 45 años

4100€/año

4700€/año

Trabajadores con discapacidad severa:

Hombres

Mujeres

Menores de 45 años

4100€/año

4700€/año

Mayores de 45 años

4700€/año

5300€/año

Contratos indefinidos
Si el contrato se celebra a tiempo completo, la empresa tendrá derecho a las siguientes bonificaciones:
Trabajadores sin discapacidad severa:

Hombres

Mujeres

Menores de 45 años

   4500€/año

5350€/año

Mayores de 45 años

   5700€/año

5700€/año

Trabajadores con discapacidad severa:

Hombres

Mujeres

Menores de 45 años

5100€/año

5950€/año

Mayores de 45 años

6300€/año

6300€/año

Otros incentivos:

  • Subvención de 3.907€ por cada contrato celebrado a tiempo completo (se reducirá proporcionalmente si se contrata a tiempo parcial).
  • Deducción del Impuesto de Sociedades de 9.000€ en la cuota íntegra por cada persona contratada.
  • Subvención de hasta 901,52€ para la adaptación del puesto de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas para el discapacitado.

 

Por último, recordar que la integración laboral de personas con discapacidad es sin duda, rentable para una empresa en términos económicos, pero también lo es como muestra de su compromiso activo con la sociedad. Al tomar esta decisión su empresa está dando a conocer sus valores de respeto, diversidad y meritocracia.
Emilia Espin
Dpto.Laboral-Jurídico
Aselec consltores, s.l.p.

PRORROGA-MODIFICACION-PROGRAMA-ACTIVACION-EMPLEO

PRORROGA DEL PROGRAMA DE ACTIVACION PARA EL EMPLEO (PAE)

Hace poco informábamos de los tres tipos de ayuda que existían para los parados de larga duración que tienen carencia de rentas, una vez agotados todos los subsidios y prestaciones ordinarios ( http://www.aselecconsultores.com/nuevas-subvenciones-sef/) y que consistían en la Renta Activa de Reinserción (RAI), el Plan PREPARA y el Programa de Activación para el Empleo (PAE), que finalizaba el 15/04/2017.

Por suerte, el pasado 29 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo (PAE). Recordando brevemente en qué consistía dicho Programa, se trata de un programa específico y extraordinario de carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de larga duración que comprende políticas activas de empleo e intermediación laboral, gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo, con la finalidad de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo y que ofrece una ayuda económica de acompañamiento gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal, vinculada a la participación en las mencionadas políticas de activación para el empleo.

 

Ahora bien, las modificaciones practicadas por el Real Decreto-ley en aras de a facilitar y fomentar el acceso de las personas desempleadas a los servicios de los Servicios Públicos de Empleo persiguen tres objetivos esenciales:

  • Ampliar el colectivo de personas que pueden beneficiarse de este programa ya que tras la publicación del Real Decreto-ley se permite el acceso al PAE a cualquier desempleado que haya agotado cualquier prestación por desempleo, y no únicamente tras haber agotado el Programa de Recualificación Profesional de las Personas que agoten su Protección por Desempleo, el Programa Temporal de Protección e Inserción o la Renta Activa de Inserción. De esta manera, se incluyen dentro del colectivo de posibles beneficiarios a las personas que hayan agotado una prestación contributiva o un subsidio por desempleo. No se considerará agotamiento la extinción derivada de una sanción o baja en el derecho por causa imputable al beneficiario.
  • Agilizar y facilitar el acceso al programa de los posibles beneficiarios reduciendo el plazo de espera para solicitarlo desde que se ha agotado cualquier prestación se seis meses a un mes, así como también la reducción del plazo de inscripción como demandante de empleo de 360 días a 270 días dentro de los 18 meses anteriores a la solicitud.
  • Ampliar un año más la duración de la medida por lo que se amplía el plazo de solicitud desde el 1 de mayo de 2017 hasta el 30 de abril de 2018.

Las citadas modificaciones se aplican también a los desempleados que cumplan los nuevos requisitos y que no estando inscritos a la fecha de entrada en vigor de esta norma lo hubieran estado el 1 de diciembre de 2014 o el 1 de abril de 2016. Este requisito se entenderá cumplido en los supuestos en que el trabajador, aún no estando inscrito como demandante de empleo en alguna de dichas fechas, tenga interrumpida la inscripción debido a la realización de un trabajo por cuenta ajena, siempre que la duración del contrato haya sido por tiempo inferior a 90 días.
Si desea alguna aclaración, tiene dudas o quiere ampliar esta información, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de poder ayudarle.
Ana García
Dpto. Laboral-Jurídico
aselec consultores, s.l.p.