LOS AUTÓNOMOS SOCIETARIOS PUEDEN ACOGERSE A LA TARIFA PLANA DE LA SS

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La Seguridad Social permitirá a los autónomos societarios acogerse a la tarifa plana tras fijarlo el Supremo.

La Seguridad Social ha cambiado de criterio, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (SSTS 3-12-2019, rec. 5252/2017; 27-2-2020, rec. 1697/2018 y 4-3-2020, rec. 2008/2018) y establece ahora que los autónomos societarios tendrán derecho a solicitar y beneficiarse de la bonificación de cuotas de la tarifa plana, según ha indicado ATA.
Este cambio de criterio figura en una nota emitida por el área de impugnaciones de la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, que ha notificado a los departamentos regionales de impugnación la orden para que se tramiten todas las solicitudes de la tarifa plana, tanto de personas físicas como de autónomos societarios.

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«Teníamos razón y nos la han dado, noticia importante para autónomos societarios», ha celebrado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.
En concreto, el Supremo ha dado la razón a los autónomos que denunciaron que la Seguridad Social les impedía acceder a la tarifa plana para autónomos por su condición de societario en tres sentencias, al resolver que «no puede impedirse la aplicación de los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, a los trabajadores que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles capitalistas».

Asimismo, se han dictado providencias del Alto Tribunal que inadmiten los recursos de casación interpuestos por la Tesorería General sobre este asunto al considerar que la cuestión objeto de debate ya quedó resuelta por la sentencia del 3 de diciembre.

Por ello, al existir ya doctrina jurisprudencial sobre la aplicación de lo dispuesto en el precepto, la Tesorería señala que «procede modificar el criterio que ha venido manteniendo de manera que se permita a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de sociedades limitadas o anónimas, acceder a los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la Ley 2/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo».


En consecuencia, añade, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta cuestión y que estén pendientes de resolver procederá dictar resolución estimatoria.

En cuanto a las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de los incentivos, señala que únicamente procederá su revisión si se insta expresamente por los interesados, cuya tramitación y resolución, en su caso, corresponderá al órgano que dictó el acto originario.

SI NECESITA AYUDA  O ASESORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE SUS OBLIGACIONES, CONTACTE CON NOSOTROS ????TELF 968 909 747.

 

ASELEC, asesoría y abogados

 

 

Fuente: Wolter Kluvers 

 

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¿PUEDO RECLAMAR LA DEVOLUCIÓN DE LA CLÁUSULA SUELO SI YA HE CANCELADO MI HIPOTECA?

En el tema de las cláusulas abusivas y, en concreto de las cláusulas suelo y de la imputación de gastos al cliente, nuestro Ordenamiento Jurídico nos va definiendo y ampliando cada día más, las posibilidades ante la reclamación de dichas cláusulas.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ACERCA DE LA DEVOLUCIÓN DE LA CLÁUSULA SUELO CON LA HIPOTECA CANCELADA

La última nota añadida la ha puesto el Tribunal Supremo mediante la Sentencia   STS 2761/2019, dictada en fecha 12 de diciembre de 2019, en la que se pronunciaba sobre si procedía o no la restitución de las cantidades pagadas de más, cuando la hipoteca ya había sido cancelada. 

Pues bien, el Alto Tribunal ha resuelto esta cuestión en sentido afirmativo, abriendo así una puerta más a la reclamación de dichas cantidades, a aquellos consumidores que hayan cancelado su hipoteca, bien por pago o bien por su extinción, incluyendo, además, procedimientos de ejecución hipotecaria. 

Esta decisión ha sido adoptada en fundamento de que, no existe norma legal alguna para afirmar que la consumación o extinción de un contrato impide el ejercicio de la acción de nulidad. Y ello porque las cantidades cuya devolución se pretende fueron abonadas en aplicación de una cláusula nula y que nunca debió producir efecto, por lo que, el hecho de que ya no exista préstamo hipotecario por las razones que sea, no obsta a que las cantidades que en su momento se pagaron de más sean devueltas.

Por tanto, esta Sentencia da un paso más en las posibilidades de reclamar por la inclusión de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios y abre la veda a una nueva ola de demandas de clientes de entidades financieras, que cancelaron su hipoteca y que hasta este momento no habían tenido la posibilidad de reclamar las cantidades pagadas de más.

A esta nueva situación, está a punto de unirse otra, ya que está previsto que, a finales del mes de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la nulidad del tipo de interés I.R.P.H establecido en muchas hipotecas en defecto del Euribor, que sin duda alguna, provocará nuevamente una avalancha de demandas por los consumidores que se vieron afectados por ello. 

Como ya adelantamos en nuestro blog de 26 de septiembre de 2019, el abogado del TJUE se pronunció a favor de declarar la nulidad de dicho tipo de referencia por lo que se espera que la Sentencia que se dicte no diste mucho de lo argumentado por el Letrado. Puede leer este articulo en el siguiente enlace:

[av_button label=’CÓMO RECLAMAR SI MI HIPOTECA TIENE IRPH’ link=’manually,https://www.aselecconsultores.com/como-reclamar-si-mi-hipoteca-tiene-irph/’ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue823′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-ajv64o’]

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[av_button label=’¿QUIÉN DEBE PAGAR EL IMPUESTO AJD AL FIRMAR LA HIPOTECA?’ link=’manually,https://www.aselecconsultores.com/quien-paga-gastos-firma-hipoteca/’ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’left’ icon_select=’yes’ icon=’ue822′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-4s6qw8′]

No obstante, una vez más, queda esperar a que la justicia siga definiendo este abanico de posibilidades sobre la reclamación de los efectos producidos por las cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios. 

Es importante recordar que cada situación es particular, y que antes de iniciar reclamación alguna frente a su banco o entidad financiera, se ha de consultar con un profesional que asesore sobre las posibilidades de éxito del asunto en cuestión.

ASELEC asesoría y abogados cuenta con un equipo de Letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas.

La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le garantizan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

[av_button label=’CONTACTE CON NUESTROS ABOGADOS’ link=’page,316′ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-9d4dk’]

Estefanía Belchí Poveda.

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

Foto: Free pick

 

¿PUEDO PEDIR YA LA DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES POR MATERNIDAD?

Finalmente  la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha publicado la sentencia por la que  parece zanjarse la polémica sobre si la prestación por maternidad está exenta de tributación o no en el IRPF.

PRESTACIÓN POR MATERNIDAD EXENTA O NO

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una Sentencia de fecha 6 de julio de 2016, en la que se establecía que la prestación por maternidad estaba exenta de tributar por el IRPF lo que en, un primer momento, pareció abrir la puerta a miles de reclamaciones para recuperar las retenciones cobradas de más. Puede leer nuestro post acerca de esta resolución aquí:

[av_button label=’LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD NO ESTÁ EXENTA DE IRPF’ link=’manually,https://www.aselecconsultores.com/prestacion-maternidad-no-exenta-irpf/’ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue822′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-2jn51t’]

Sin embargo, a la vista de la cantidad de solicitudes presentadas, el Tribunal Económico Administrativo Central mediante Resolución de 2 de marzo de 2017  manifestó, tras la mencionada sentencia, que las prestaciones por maternidad que el contribuyente recibiera por parte de la Seguridad Social sí estaban sujetas a tributar por el IRPF.

Finalmente la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en la sentencia 1462/2018, zanja esta polémica,  estableciendo como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

La divergencia sobre la exención o no viene originada por quién sea el pagador de la misma, por lo que se ha realizado una exhaustiva interpretación del artículo 7.h) de la LIRPF, que enumera las rentas exentas, a fin de resolver tal conflicto y de determinar, en función de la literalidad de tal artículo qué prestaciones se pueden considerar exentas.

Por un lado, la Administración interpreta tal artículo en el sentido de que, únicamente estarían exentas aquellas que son abonadas por las comunidades autónomas o entes locales. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha interpretado tal precepto sentando doctrina legal, extendiendo dicha exención también a las prestaciones que hayan sido pagadas por la Seguridad Social, entendiendo que la voluntad del legislador es eximir de tributar aquellas rentas que hayan sido percibidas por causa de maternidad independientemente de quién sea el pagador. 

Y AHORA, CÚAL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA RECUPERAR LA RETENCIÓN.

Por tanto, una vez se ha resuelto tal disputa interpretativa en relación a la norma aplicable al caso, lo siguiente es saber qué pasa con las trabajadoras que han sido madres en los últimos años y se les ha practicado dicha retención. 

Pues bien, en principio, la solicitud de un ingreso por parte del contribuyente que no corresponde se solventa mediante la presentación de un escrito de solicitud de ingresos indebidos, debiendo igualmente solicitar la rectificación de su declaración de I.R.P.F en caso de que también se haya presentado pues su resultado podría variar.  Sin embargo, tal es el colapso administrativo que podría causar el fallo de tal sentencia, que la propia AEAT ya ha adelantado que se va a establecer un procedimiento más ágil y sencillo para devolver todas aquellas retenciones que se practicaron de manera incorrecta en los últimos 4 años, que es el plazo de prescripción para reclamar.

Así, son  los propios técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) los que recomiendan  esperar antes de empezar a reclamar las devoluciones. Este  consejo se encamina no sólo a evitar los previsibles  colapsos en las oficinas, sino a que mediante una herramienta dichas devoluciones se puedan acelerar. De ese modo, se prevé que se «calculará a cada contribuyente la cuantía de la devolución y habrá que acordar con la Seguridad Social que el INSS desglose la información correspondiente a la prestación».

En la parte final del proceso, todas los afectados «deberían recibir una notificación, vía SMS o por correo», explicaba Gestha, que les facilite el acceso a su cálculo y les dé la opción de que puedan confirmar la rectificación de su declaración y solicitar la devolución, o no confirmar si desean que no se interrumpa la prescripción.

No obstante, a día de hoy la Administración no ha especificado el procedimiento final para realizar dicha devolución. 

Así pues, desde Aselec instamos a nuestros clientes y lectores a esperar a que se determine el sistema a seguir, a fin de evitar procesos administrativos interminables y recuperar el dinero pagado de más, lo antes posible. No dude en ponerse en manos de un profesional que examine el caso en concreto y le asesore en defensa de sus intereses. Nuestros profesionales del Derecho están a su disposición. Contacte con nosotros.

Estefanía Belchí Poveda. 

Abogada

Aselec, asesoría y abogados.

¿ESTÁ PAGANDO DE MÁS POR USAR SU TARJETA DE CRÉDITO?

LA NECESARIA TRANSPARENCIA DE LOS CONTRATOS

Gracias a las sucesivas reclamaciones y denuncias de las abusivas cláusulas suelo, y a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, se pusieron de manifiesto los requisitos que han de concurrir para que los contratos celebrados con entre las entidades bancarias y los consumidores y usuarios, superen un nivel de transparencia mínimo que permita garantizar los derechos de estos últimos y contratar con pleno conocimiento de las consecuencias económicas que suponen dichos acuerdos.

En consecuencia se declaró la nulidad de cientos de contratos que no superaron el nivel de transparencia requerido y, afortunadamente, no solo en relativo a las cláusulas suelo, sino que, se ha hecho extensiva a los contratos celebrados con entidades bancarias para la concesión de las tarjetas de crédito.

LA TARJETA “REVOLVING”

Concretamente, están siendo objeto de reclamación las denominadas “tarjetas revolving”, suscritas con entidades como Banco Popular, Banco Pastor, Bancopopular.es, Barclaycard, Barclays o Citibank, pertenecientes en la actualidad a WiZink Bank.

Este tipo de tarjetas de crédito son aquellas que nos permiten, o bien pagar en un solo plazo el capital del que dispongamos ese mes, o bien aplazar la deuda e ir pagándola poco a poco. Y es con esta segunda opción donde encontramos la trampa, puesto que el pago de la misma va a consistir en un porcentaje del capital dispuesto, más el interés pactado.

Ese porcentaje de la deuda, generalmente suele ser del 1% y el interés suele rondar el 24,27 % T.A.E. De esta manera, mes a mes, no habremos amortizado ni tan siquiera el 1% del capital dispuesto, y en cambio, lo que habremos pagado serán intereses en su mayor parte, generando así una deuda de capital pendiente de pago para el mes siguiente, que se acumulará consecutivamente, haciendo interminable el pago de la deuda generada, salvo que se deje de disponer del crédito, puesto que siempre será superior el capital dispuesto al amortizado.

Lo vemos en un ejemplo: si nuestra tarjeta tenía un crédito de 8.000 €, es probable que después de años pagando, ya hayamos abonado una cantidad que puede ascender a 12.000 €, pero aún estén pendientes de pago otros 4.000 €.

La causa es que mes a mes se amortizan casi en su totalidad los intereses, pero no el capital dispuesto, de modo que si el mes siguiente volvemos a utilizar nuestra tarjeta y disponer de crédito, éste se acumula al mes siguiente y la deuda será cada vez mayor pues nunca se amortiza más de lo que se dispone.
En resumen, el elevado tipo de interés pactado, unido a la forma aplazada del pago, conlleva que la amortización se base, casi de manera exclusiva, en el pago de intereses, de manera que mes a mes se va acumulando capital a devolver, y nunca se pueda terminar de amortizar la deuda.

Es evidente que nadie firmaría tales condiciones de manera consciente, puesto que resultan del todo abusivas, así pues, se entiende que el contrato de la tarjeta no cumple con los requisitos de transparencia exigidos por la jurisprudencia anteriormente mencionados.

En relación a la falta de transparencia de dichos contratos, resultó pionera la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, en las que se están apoyando los Juzgados y Tribunales de nuestro país para estimar las pretensiones de los consumidores. Dicha Sentencia considera de aplicación la Ley de la Represión y la Usura, habida cuenta del desproporcionado tipo de interés “pactado” y concluye que para que un interés pueda considerarse usurario es suficiente con que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso, sin necesidad expresa de que concurran los demás requisitos que marca dicha Ley.

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RECLAME SUS DERECHOS Y RECUPERE SU DINERO

Nuestros Tribunales ya están empezando a declarar nulos los contratos que contemplen este tipo de condiciones, obligando a la entidad bancaria a devolver las cantidades pagadas de más, en casos evidentes de falta de transparencia y el consecuente abuso de las condiciones pactadas en cuanto al tipo de interés.

Si lleva años pagando cuotas mensuales de tarjetas de crédito y aún no ha terminado de amortizar la deuda, puede que tenga una tarjeta de las de tipo “revolving” y que adolezca de una posible nulidad por falta de transparencia en la fijación de sus condiciones.

No dude en ponerse en manos de un profesional que examine el caso en concreto y le asesore en defensa de sus intereses. Nuestros profesionales del Derecho están a su disposición. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda
Abogada
Aselec, asesoría y abogados.

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, ¿TENGO QUE RECIBIRLAS?

Actualmente, el uso del correo electrónico y, en general, de   para comunicarnos en nuestra rutina diaria, está a la orden del día, hasta tal punto que las Administraciones Públicas, y en concreto, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ha querido sumarse a esta revolución tecnológica y adaptarse al momento que vive hoy en día la sociedad a fin de facilitar los trámites administrativos, ahorrar tiempo y agilizar el procedimiento que el ciudadano necesite realizar, a través del envío de notificaciones electrónicas.

Así pues, entre una multitud de normativa desarrollada a tal efecto, encontramos el Real Decreto 1363/2010, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que es el que nos da la respuesta clave a quienes están obligados y en qué supuestos a recibir notificaciones y comunicaciones electrónicas de la Administración Tributaria a través de la que se ha denominado Dirección Electrónica Habilitada.

OBLIGADOS A RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

En cuanto a las personas y entidades obligadas encontramos las siguientes:

  • Sociedades Anónimas, 
  • Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
  • Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española, 
  • Uniones Temporales de Empresas, 
  • Entidades cuyo N.I.F empiece por la letra V y se corresponda con una agrupación de interés económico, agrupación de interés económico europeo, fondo de pensiones, fondo de capital riesgo, fondo de inversiones, fondo de titulización de activos, fondo de regularización del mercado hipotecario, fonde de titulización hipotecaria o fondo de garantía de inversiones. 

También están obligados, las personas y entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Que estuvieran inscritas en el Registro de grandes empresas,
  • Que hayan optado por la tributación en el régimen de consolidación fiscal, 
  • Que hayan optado por la tributación en el Régimen especial del grupo de entidades, 
  • Que estuvieran inscritas en el Registro de devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Que tengan la condición de representantes aduaneros o presenten declaraciones aduaneras por vía electrónica.

Dichas notificaciones electrónicas serán las derivadas de las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en sus procedimientos tributarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y en la gestión recaudatoria de los recursos de otros Entes y Administraciones Públicas. 

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SUPUESTOS EN LOS QUE NO SE REALIZAN NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

No obstante, se contemplan igualmente una serie de supuestos en los que, en ningún caso, se va a practicar por medios electrónicos cualquier comunicación o notificación y que, por su importancia, podemos destacar:

  • Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico
  •  Las que deban practicarse personalmente según normativa específica
  • Las que se efectúen en relación a reclamaciones económico administrativas
  • Las que contengan medios de pago a favor de los obligados
  • Las realizadas con ocasión de procedimientos iniciados a solicitud del interesado en los que haya señalado un lugar para notificaciones distinto de la dirección electrónica habilitada, salvo que la notificaciones en dicho lugar sean infructuosas pues , la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá entonces practicar la notificación en la dirección electrónica habilitada.

CÚANDO SE CONSIDERAN EFECTUADAS LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Teniendo en cuenta los supuestos y sujetos obligados y exentos a fin de recibir por medios electrónicos las notificaciones que nos envíe la Agencia Tributaria, éstas se consideraran efectuadas en el momento en el que dicha comunicación se abra o, pasados 10 días si ello no ocurre, contados desde el día siguiente de la puesta a disposición por parte de la Administración en nuestro correo electrónico.

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¿VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CIUDADANO?

Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos y, aunque a priori parece un sistema mucho más cómodo para el ciudadano a la hora de comunicarse con la Administración, se ha puesto en entre dicho su constitucionalidad por la posible vulneración del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva que recoge nuestra Constitución, habida cuenta de que, este sistema obliga a una revisión del correo continua, derivando un posible olvido en la efectividad de una notificación y, pudiendo incluso perder el plazo para la realización de cualquier trámite para el que se nos haya dado traslado con los perjuicios que ello le pueden ocasionar al administrado.

No obstante, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en varias ocasiones cerrando de manera tajante el debate y concluyendo que dichas notificaciones resultan del todo conforme a la Constitución Española sin vulnerar ningún derecho fundamental puesto que, no hay que olvidar que se contemplan una serie de supuestos en los que, en ningún caso se va a proceder a la práctica electrónica de comunicaciones y que son esos, precisamente, los casos en los que se podría perder el derecho de defensa del ciudadano. 

Ante tanto galimatías normativo, pocos son los que conocen realmente si se encuentran dentro del ámbito de aplicación de las notificaciones electrónicas y las consecuencias que ello supone por lo que, lo mejor es pedir asesoramiento profesional a fin de conocer en profundidad este sistema. Si tiene alguna duda o pregunta acerca de este tema, no dude en ponerse en contacto con nosotros. En Aselec, asesoría y abogados, estaremos encantados de ayudarle.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico. 

Aselec, asesoría y abogados

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