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NUEVAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS QUE PUEDEN OFRECER LAS MUTUAS

¿ERES TRABAJADOR AUTÓNOMO Y HAS SUFRIDO UN ACCIDENTE DE TRABAJO O PADECES UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL? CONOCE LAS NUEVAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE ASISTENCIA SOCIAL QUE PODRÁN SER OFRECIDAS POR LAS MUTUAS DESDE DE ENERO.

A partir del 1 de enero de 2020 entrará en vigor la resolución publicada el 28 de octubre de 2019 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establece el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias del artículo 96.1 b), del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Se crea el Catálogo de Prestaciones Complementarias de Asistencia Social en casos de Accidente de trabajo (AT) y Enfermedad Profesional (EP), sujetas a presupuesto y autorizadas según el ya nombrado artículo 96.1.b LGSS

Estos beneficios serán concedidos por las mutuas colaboradoras dela Seguridad Social a través de una Comisión de Prestaciones Especiales, que tramitarán un expediente al efecto.

La concesión de estas prestaciones tendrá carácter potestativo, tanto en su reconocimiento como en su cuantía, tratando así de evitar cualquier arbitrariedad en su concesión, otorgando seguridad en su dispensación y en la determinación de los sujetos beneficiarios de las prestaciones.

Las mutuas colaboradoras deberán justificar debidamente la existencia del especial estado o situación de necesidad al determinar el importe de la ayuda concedida a cada beneficiario.

En definitiva, las Mutuas además de cubrir las situaciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional y de controlar las incapacidades temporales por contingencias comunes, también cubren ciertas prestaciones especiales y complementarias.

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BENEFICIARIOS DE ESTAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Como ya hemos comentado, es la Mutua la que tiene la capacidad para conceder o no estas prestaciones. Los principales beneficiarios son:

  • Trabajador, por los daños sufridos como consecuencia de un accidente de trabajo, aunque se produzca la pérdida del empleo, siempre y cuando quede acreditado (mediante informe médico) que estos daños son consecuencia directa del accidente de trabajo o enfermedad profesional.
  • Cónyuge o la pareja de hecho del trabajador aun en los casos en los que no tenga derechos sucesorios del trabajador fallecido y los hijos del trabajador accidentado. Deberá haber una unidad de convivencia con el trabajador.
  • En ausencia de los anteriores: los nietos y si no hay, los padres. Igualmente deberán constituir una unidad de convivencia con el trabajador.
  • Podrá ser beneficiario de la prestación de auxilio por defunción cualquier familiar, cónyuge o pareja de hecho que tenga la condición de derechohabiente y haya hecho frente a los gastos de deceso.

¿CUÁLES SON LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS ?

  • Rehabilitación y recuperación
    • Ayuda para costear el ingreso en un centro socio-sanitario o residencial.
    • Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario de un familiar acompañante o de la persona que cuide al trabajador hospitalizado.
    • Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas.
    • Ayuda para tratamientos médicos o terapias no reglados. Por ejemplo: deporte, terapias para personas con discapacidad, etc.).
  • Reorientación profesional y adaptación del puesto de trabajo
    • Cursos para la formación profesional e inserción socio laboral. Se sufragan los gastos de estos cursos para los trabajadores que han sufrido la pérdida del empleo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
    • Adaptación del local donde el trabajador autónomo desarrolla su actividad. Se trataría de sufragar los gastos para adaptar el lugar en que desarrolla su actividad para adaptarlo a las nuevas necesidades surgidas tras el A.T o la E.P.
  • Ayuda para la adaptación de los medios esenciales para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria
    • Ayuda para la eliminación de barreras en la vivienda habitual.
    • Ayuda para la adquisición de vivienda habitual adaptada.
    • Ayuda para la adaptación de vehículo.
    • Apoyo domiciliario para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.
    • Ayuda para el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, siempre y cuando presenten limitaciones sensoriales o de movilidad importantes.
  • Otras prestaciones
    • Complemento al auxilio por defunción.
    • Ayuda para la formación en el cuidado de personas en situación de Gran Invalidez.
    • Ayuda para el mantenimiento de la posesión o disfrute de la vivienda habitual.

El estado de necesidad de estas ayudas debe ser causa directa del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sufridos por el trabajador, y, para su determinación, se tomarán en consideración los ingresos totales de la unidad de convivencia en la que se encuentre el beneficiario de la prestación y el grado de discapacidad del trabajador.

Además, las mutuas colaboradoras pueden establecer requisitos específicos para la concesión de cada tipo de ayuda.

Para solucionar  cualquier duda acerca de este tema, puede ponerse en contacto con el equipo de asesores del departamento laboral de ASELEC, estará encantado de ayudarle a resolverla. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Emilia Espín Navarro

Graduado Social

Dpto. Laboral

Aselec, asesoría y abogados

Foto: Free pick

 

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¿PUEDEN SER LAS BAJAS LABORALES CONTINUADAS CAUSA DE DESPIDO?

Son muchos los empresarios que se encuentran habitualmente, con trabajadores que no acuden a su puesto de trabajo por encontrarse en situación de incapacidad temporal, lo que se conoce comúnmente como “estar de baja”. No es poco común que dichas “bajas», en ocasiones, aunque estén debidamente justificadas, se repitan de manera frecuente, en un corto periodo de tiempo, con los consiguientes gastos que ello supone para la empresa. 

Ante esta situación, el empresario, amparado en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, podría despedir a este trabajador, un despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, aún cuando éstas estuvieran justificadas con una baja médica por incapacidad temporal. Dicho precepto señala que el contrato de trabajo podrá extinguirse por causas objetivas cuando las faltas de asistencia al trabajo superen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos (siempre que el total de las faltas supere el 5% de las jornadas hábiles en un periodo de doce meses) o el 25% de las jornadas hábiles en cuatro meses no consecutivos dentro de un periodo de doce meses.

Esta acción del empresario, que podría considerarse como un despido improcedente o incluso nulo por una posible vulneración de derechos fundamentales del trabajador, se ha elevado ante el Tribunal Constitucional español,  como una cuestión de inconstitucionalidad por parte de un Juzgado de lo Social de Barcelona,  a fin de que el Alto Tribunal se pronuncie y determine si dichos despidos son conforme a Derecho o no.

Lo que el Tribunal Constitucional ha entrado a valorar es la constitucionalidad del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, cuya redacción es la otorgada por la Ley de 2011, reguladora de la Jurisdicción Social, en vigor desde febrero de 2012.

Así, el Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse sobre si la extinción del contrato por causas objetivas, y concretamente, por faltas de asistencia al trabajo justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de los días laborales en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses no consecutivos, dentro de un periodo de doce, vulnera los derechos fundamentales a la integridad física, el derecho al trabajo y el derecho a la protección de la salud recogidos en la Constitución Española y, por tanto, serían constitutivos de un despido nulo.

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¿CÓMO INTERPRETA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTA NORMA?

En su Sentencia, el Alto Tribunal concluye que, en esos casos, no se está vulnerando ningún derecho fundamental. Dicha decisión, viene justificada por el límite que ha de operar entre el derecho al trabajo y la libertad de empresa y la defensa de la productividad. 

De esta manera, lo que defiende el Tribunal Constitucional es el equilibrio que ha de existir entre el interés de la empresa de paliar la onerosidad de las ausencias al trabajo y la efectiva protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. 

Dicha decisión, que limita en cierta medida el derecho al trabajo, se ha adoptado, y así lo afirman los magistrados en su Sentencia, con el fin de evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas suponen las ausencias al trabajo, ponderando para ello, los derechos e intereses en conflicto. Y, teniendo en cuenta que, en dichos casos, está igualmente reconocido el derecho a una indemnización al trabajador por despido por causas objetivas de 20 días de salario por año trabajado, quedando en última instancia, su impugnación a los tribunales. 

No obstante, el Tribunal Constitucional, al igual que hace el precepto mencionado, ha matizado que, esas ausencias al trabajo por incapacidad temporal, no incluyen dentro de dicho absentismo, las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave, así como tampoco las causadas por razón de maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia o por enfermedades relacionadas con ello.  Tampoco las llevadas a cabo por causa de paternidad, licencias o vacaciones.

Tampoco se computarían como faltas de asistencia a tales efectos, las debidas a huelga legal, por el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo o no laboral, ni las motivadas por causas de violencia de género. 

En conclusión, aunque dicha Sentencia ha tenido cuatro votos particulares, lo cierto es que, este Alto Tribunal avala que, cuando el trabajador se ausente de manera reiterada en el trabajo, aun cuando dichas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, procede la extinción del contrato por causas objetivas.

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EN FEBRERO 2020

Al hilo de los planteamientos del Tribunal Constitucional en esta Sentencia, pero sobre fundamentado en el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 18 de enero de 2018, asunto Ruiz Conejero), el 18 de febrero de 2020, el nuevo Gobierno cierra las puertas a la posibilidad de este tipo de despido, mediante la publicación de un nuevo Real Decreto, por el que queda derogado el despido objetivo por falta de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52 apartado D, del Estatuto de los Trabajadores.

En el fallo de la sentencia dictada en el asunto Ruiz Conejero se establece lo siguiente: «El artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite al empresario despedir a un trabajador debido a las faltas de asistencia de éste al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, cuando tales ausencias sean consecuencia de enfermedades atribuibles a la discapacidad de ese trabajador, salvo que dicha normativa tenga la finalidad legítima de combatir el absentismo y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad, lo cual corresponde evaluar al órgano jurisdiccional remitente». En esta sentencia el TJUE establece la inadecuación del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores a la Directiva 2000/78, por considerar que su formulación puede ser constitutiva de discriminación por razón de discapacidad, a menos que existan cauces de control de adecuación (finalidad de combatir el absentismo) y proporcionalidad (que no vaya más allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad).

Puede leer nuestro análisis de la nueva normativa aquí:

No obstante, y como ya hemos comentado, siempre existen las excepciones, por lo que, antes de plantear el despido de un trabajador, es pertinente y recomendable, consultar con un profesional del derecho laboral, que examine el caso en cuestión, a fin de orientarle jurídicamente sobre las posibilidades de extinguir el contrato conforme a Ley. Para cualquier duda acerca de este tema, el equipo de asesores del Departamento Jurídico-Laboral de ASELEC, estará encantado de ayudarle a resolverla.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados.

 

 

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BAJA POR INCAPACIDAD TEMPORAL ¿QUIEN PAGA?

Cuando un trabajador incurre en baja por Incapacidad Temporal nacen las dudas acerca de si seguirá cobrando durante el tiempo que dure esta situación de inactividad laboral, y en el caso de que así sea, quién o qué organismo realizarán el pago de dicho salario.

Nos ocuparemos hoy de intentar aclarar estas dudas y detallar los puntos clave que esta situación de Incapacidad Temporal genera.

CUANDO HABLAMOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL

Antes de nada, comenzaremos determinando en qué consiste la situación de incapacidad temporal del trabajador.

La situación de baja por Incapacidad Temporal de un trabajador, no es más que una baja laboral dictada por un médico motivada por una causa justificada de origen físico o psicológico y que, a efectos de Seguridad Social, se deberá clasificar dentro de alguno de los siguientes supuestos:

  • enfermedad común,
  • accidente no laboral,
  • enfermedad profesional o
  • accidente laboral.

Durante el tiempo que dure esta situación el trabajador tiene derecho a cobrar una prestación diaria para cubrir la pérdida de rentas que se produce cuando este no puede trabajar al encontrarse enfermo. Dicha prestación puede llegar a ser equivalente al salario que venía percibiendo en el desarrollo de su actividad laboral,  a causa de la regularización del convenio colectivo de aplicación a la empresa en concreto.

Para determinar la cantidad final a la que tendrán derecho los trabajadores en esta situación, en primer lugar hay que diferenciar entre contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral) y contingencias profesionales (accidente laboral y enfermedad profesional), puesto que unas u otras tienen un tratamiento diferente.

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INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

Cuando un trabajador se encuentra de baja debido a enfermedad común o accidente no laboral, tendrá derecho a un subsidio económico siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos:

  • Estar afiliado y en alta o situación asimilada en alta
  • Tener cubierto un periodo de cotización de 180 días en los 5 años anteriores.

Y, ¿en qué consistirá dicho subsidio?

Hay que diferenciar tres tramos:

  1. Los tres primeros días no tiene derecho a percibir ningún salario.
  2. Del 4ª al 20ª día de la baja: el trabajador percibe el 60% de su base reguladora.
  3. A partir del día 21ª de la baja: el trabajador percibirá el 75% de su base reguladora.

¿Quién asume el coste de dicha prestación económica durante la baja?

  1. Del 4ª al 15ª día de baja el coste es para la empresa.
  2. A partir del 16º día el coste será a cargo Instituto Nacional de la Seguridad Social o para la Mutua mediante pago delegado, esto es, que  aunque en un primer momento la empresa se hará cargo de dicha prestación, posteriormente se lo descontará en sus cotizaciones, por lo que el cargo finalmente será para el INSS o la Mutua.

En la siguiente imagen podemos ver los tramos expuestos:

GRAFICO C.COMUNES

 

Ejemplo práctico:

Supongamos que un trabajador contratado mediante un contrato a jornada completa tiene un bruto mensual todos los meses de 1.000 euros y coge la baja por Incapacidad Temporal por enfermedad común – contingencias comunes- del 01/12/2018 al 31/12/2018. Su base reguladora es de 33,33 euros al día (base de cotización del mes anterior a la baja dividida entre 30: 1.000/30=33,33 euros). ¿Qué cobraría?

  • Los tres primeros días no cobraría nada.
  • Del día 4 al 20 el 60% de la Base Reguladora: 60% de 33,33 = 20 €/día

                       20 €/día x 17 días = 340 euros

  • A partir del día 21º el 75% de la Base Reguladora: 25€/día

                                     25 €/día x 11 días = 275 euros

Por lo tanto, la prestación correspondiente al mes de diciembre será de 615 euros.

Y, ¿quién los asumirá?

  • Los tres primeros días no se cobra nada.
  • Del día 4º al 15º día a CARGO DE LA EMPRESA: en el caso del ejemplo será del 4 al 15 diciembre, es decir, se tratará de 12 días cobrando el 60% de la base reguladora diaria:

12 días x 20 euros = 240 euros

  • A partir del día 16ª a CARGO DEL INSS. Habrá que diferenciar dos tramos en función de la cuantía a cobrar:
    • Del día 16 al 20 de diciembre: 5 días x 20 euros =100 euros.
    • Del 21 al 31 de diciembre:  11 días x 25 = 275 euros.

 

EJEMPLO C.COMUNES-aselec

En resumen,  de los 615 euros de prestación que le corresponden al trabajador 240 euros irán a cargo de la empresa y 375 euros será a cargo del INSS, no obstante, aunque en un primer momento será la empresa la que abone esos 375 euros al trabajador posteriormente le serán compensados a través de las cotizaciones a Seguridad Social que es lo que se conoce como el anteriormente mencionado “pago delegado”.

Hay que destacar que, independientemente de la regulación general, el convenio colectivo de aplicación al trabajador puede mejorar dichas condiciones, mediante el establecimiento de complementos salariales durante determinados periodos en los que el trabajador se encuentre de baja, pudiendo llegar a percibir durante la situación de Incapacidad Temporal,  la totalidad del salario que viniera percibiendo el trabajador.

Dichos complementos establecidos en convenio irán siempre a cargo de la empresa.

INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

En este caso se trata de trabajadores que se encuentren en situación de Incapacidad Temporal debido a un accidente de trabajo o enfermedad profesional, es decir, se trata de una situación provocada en el trabajo o a causa del mismo.

Aquí los requisitos varían respecto a las contingencias comunes, puesto que, aunque se sigue necesitando que el trabajador se encuentre en alta o situación asimilada al alta, no será necesario que cuente con ningún día cotizado anterior a la baja para tener derecho a la prestación.

Además, los tramos de la cuantía de la prestación también varían,  siendo en el caso de enfermedad profesional o accidente de trabajo,  del 75% de la base reguladora desde el día siguiente de la baja, y, además, será la MUTUA la que se hará cargo del mismo desde el principio a través del ya mencionado “pago delegado” para posteriormente compensarlo en los seguros sociales mensuales.

Veámoslo reflejado en un gráfico:

GRAFICO C.PROFESIONALES-aselec

Y ahora supongamos el ejemplo arriba del trabajador contratado a jornada completa cobra 1.000 euros brutos todos los meses y entra en  baja por Incapacidad Temporal desde el  01/12/2018 hasta al 31/12/2018 pero esta vez debido a un accidente de trabajo.

Recordemos que la base reguladora era 33,33 euros al día

¿Qué cobrará entonces? ¿Quién asumirá el pago?

  • El día 1 de diciembre, día en el que empieza la baja, contará como día trabajado por lo que se hará cargo la empresa como un día cualquiera.
  • Desde el día 2 de diciembre cobrará el 75% de la base reguladora, es decir, 25 euros al día de los que se hará cargo la Mutua a través de pago delegado.

EJEMPLO C.profesionales-aselec

De este modo vemos, que la empresa deberá de pagarle el día 1 trabajado como si fuera un día normal y 750 euros a cargo de la Mutua, que se le descontará a la empresa en sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Si tiene más dudas o cuestiones acerca de esta situación de Baja por Incapacidad Temporal y el coste que supondría para su empresa, en ASELEC asesoría y abogados, estaremos encantados de ayudarle y asesorarle siempre en busca de la opción más ventajosa y eficaz para usted. Contacte con nosotros.

 

Ana García

Graduado Social

Dpto. Jurídico-Laboral

Aselec, asesoria y abogados

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BAJA POR MATERNIDAD: DE COSTE A AHORRO PARA LA EMPRESA

Existe la falsa creencia entre los empresarios de que, si un trabajador o trabajadora solicita  la baja por maternidad (así como adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural), dicha baja conllevará grandes costes para la empresa.

Sin embargo, lo cierto es que actualmente existen incentivos y bonificaciones que no sólo reducen estos temidos costes, sino que pueden llegar a suponer un ahorro para la empresa, durante los mencionados periodos de inactividad laboral.

Cuando un trabajador disfruta de una baja por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la empresa deja de hacerse cargo del pago de su salario, y éste pasa a ser por cuenta del INSS.

No obstante, la empresa tiene aún la obligación de seguir cotizando por el trabajador, durante el tiempo en el  que éste se encuentre de baja.

Así pues, desde la perspectiva de la empresa,  además de no poder contar con los servicios de un trabajador durante un tiempo, éste sigue suponiendo un coste para la empresa. No hay contraprestación del trabajador, pero persiste su coste.

LA SOLUCIÓN IDÓNEA: EL CONTRATO DE INTERINIDAD

¿Qué opción tiene la empresa en este caso, a fin de evitar esta situación desventajosa? La solución idónea viene de la mano del contrato de interinidad. 

Se trata de uno de los contratos temporales recogidos en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, cuyo objeto es la sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, como es precisamente el caso a que nos referimos de la baja por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

Este tipo de contrato de interinidad viene acompañado de una serie de incentivos y bonificaciones, que tratan de evitar que las situaciones de inactividad de los trabajadores, puedan acarrear perjuicios para la empresa. 

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LOS INCENTIVOS PARA LA EMPRESA EN LOS CONTRATOS DE INTERINIDAD.

¿Cuáles son los incentivos para la empresa?

La empresa que contrate a una persona desempleada e inscrita como demandante de empleo, para sustituir a la trabajadora que se encuentra de baja por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, obtendrá los siguientes beneficios:

  • Bonificación del 100% de la cotización del trabajador SUSTITUTO.
  • Y una bonificación del 100% de la cotización del trabajador SUSTITUIDO.

Será suficiente con que el trabajador que vaya a ser contratado, se encuentre inscrito como demandante de empleo durante al menos un día.

Estas bonificaciones estarán vigentes durante toda la vigencia del contrato el cual finalizará una vez acabada la causa que originó la sustitución del trabajador, es decir, cuando el trabajador sustituido se reincorpore a su puesto de trabajo.

Veamos lo expuesto a través de un ejemplo: 

Supongamos que nos encontramos ante una tienda de ropa que tiene contratada a una dependienta. El coste que supone para la empresa lo podemos resumir de la siguiente forma.

DEPENDIENTA EN ALTA
SALARIO 1.200
COTIZACION 400
COSTE TOTAL PARA LA EMPRESA 1600

    Dicha trabajadora inicia  baja por maternidad y mientras que ésta no sea sustituida el coste para el empresario será el siguiente:

DEPENDIENTA BAJA MATERNIDAD
SALARIO 0
COTIZACION 400
COSTE TOTAL PARA LA EMPRESA 400

Pero, ¿entonces qué ocurre si el empresario contrata a alguien durante este periodo para sustituir a la trabajadora que se encuentra de baja? En este caso los costes pasarían a ser los siguientes para la empresa:

DEPENDIENTA EN BAJA 
 SALARIO 0
COTIZACION 0
COSTE TOTAL PARA LA EMPRESA 0
TRABAJADORA SUSTITUTA
SALARIO 1.200
COTIZACION 0
COSTE TOTAL PARA LA EMPRESA  1.200

De esta forma el coste de la trabajadora que se encuentra de baja por maternidad sería cero, y, a cambio, la empresa cuenta con otro trabajador desarrollando sus tareas, cuyo único coste  sería su salario, ya que su cotización se encontraría bonificada al 100%. 

Así, finalmente, podemos extraer dos conclusiones:

  • Que el coste total de contratar a alguien para sustituir al trabajador que se encuentra de baja por maternidad o riesgo durante el embarazo (coste = 1.200 entre sustituido y sustituto) es MENOR que el coste total del trabajador sustituido, antes de cogerse la baja (coste = 1.600).
  • Que, aunque el coste de no sustituir al trabajador que se encuentra de baja (coste = 400) es menor que si contrata a alguien para sustituirlo (coste = 1.200 ), la ventaja radica en que tiene a un trabajador desarrollando los servicios del trabajador inactivo.

REINCORPORACIÓN A LA EMPRESA DEL TRABAJADOR

Por último, analicemos que ocurre una vez que se reincorpora el trabajador que se encontraba de baja.

Aquí nos encontramos también con una serie de ventajas para el empresario, puesto que al reincorporarse el trabajador sustituido, el contrato del interino automáticamente vence, al no existir ya la causa que lo fundamentó.

Además,  no existe obligación de abonar ningún tipo de indemnización, sino únicamente los días de vacaciones que tenga pendiente disfrutar.

 

De lo anterior extraemos la importancia de contar con un grupo de expertos asesores, que nos ofrezcan soluciones profesionales y eficaces  para revertir  o reducir costes para la empresa, y a veces incluso  convertirlos en un ahorro para la misma.

En ASELEC, el departamento  laboral profesional está dispuesto a orientarle en su gestión empresarial, ayudando a encontrar  la mejor opción para usted y su negocio en cada situación que se le plantee. Contacte aquí con nosotros.

 

Ana García

Dpto. Jurídico-Laboral

Aselec, asesoria y abogados

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CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR LAS MUTUAS

¿QUÉ SE ENTIENDE POR INCAPACIDAD TEMPORAL?

Hablamos de Incapacidad Temporal cuando un trabajador no puede trabajar y necesita asistencia sanitaria. Dependiendo del origen de la Incapacidad Temporal, podremos hablar de:

  • Contingencia Común, cuando no se produce un accidente laboral o se padece una enfermedad no relacionada con el trabajo.
  • Contingencia Profesional, cuando se origina dentro del ámbito laboral. Aquí se distingue entre accidente laboral y enfermedad profesional.

El trabajador deberá entregar los partes (baja, confirmación o alta) que le haya entregado el médico el plazo de 3 días hábiles desde la fecha de emisión de estos. Para el parte de alta el plazo es de 24 horas.

A partir de la aprobación del Real Decreto 625/2014 las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales han cobrado un importante papel en el proceso de control de las incapacidades temporales.

¿QUÉ SON LAS MUTUAS?

Las mutuas colaboran en la gestión de la Seguridad Social y se definen como “Asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada”.

Las mutuas gestionan las siguientes prestaciones:

  • Prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
  • Prestación económica y asistencia sanitaria de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
  • Prestación por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
  • Prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
  • Prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia.

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CÓMO REALIZAN LAS MUTUAS EL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL

En el caso de una Enfermedad Profesional, la mutua será la encargada de emitir los partes de baja, confirmación y alta. La prestación del trabajador le corresponde a la mutua y la cuantía será del 75% de la base reguladora. En este caso, el control de la mutua es total, ya que es ella la que realizará los controles médicos y emitirá los partes.

En el caso de una Enfermedad Común, aunque la encargada de la gestión sea la mutua, el trabajador puede acudir al Servicio Público de Salud donde su médico de la Seguridad Social emitirá los partes de baja, confirmación y alta. En este caso, la mutua puede requerir al trabajador para pasar reconocimientos médicos y puede realizar una propuesta de alta médica que comunicará tanto al trabajador como a la Inspección médica en el caso de que considere que el trabajador es APTO para trabajar. La Inspección médica dispondrá un plazo de 5 días para contestar y en el caso de no emitir respuesta alguna, la mutua puede solicitar el alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social que tendrá un plazo de 4 días para contestar.

Las mutuas ya pueden intervenir tanto en las bajas por incapacidad profesional como en bajas por incapacidad temporal desde el primer día, pudiendo acceder incluso al historial médico del trabajador.

Para cualquier duda acerca de este tema, el equipo de asesores del departamento laboral de ASELEC, estará encantado de ayudarle a resolverla. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

 

 

Emilia Espin

Dpto.Laboral-Jurídico

ASELEC asesoría y abogados.

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PRESTACION PARA AUTONOMOS ESTANDO DE BAJA LABORAL.

Los trabajadores autónomos tienen derecho a una prestación por incapacidad temporal (IT). Esta se puede solicitar cuando el autónomo sufre una enfermedad común o profesional o un accidente, sea o no de trabajo, y por tanto está imposibilitado para trabajar y requiere asistencia sanitaria.

Se entenderá como accidente de trabajo a efectos de esta prestación, el que sufra el trabajador autónomo como consecuencia directa del trabajo que realiza por cuenta propia y que determina su inclusión dentro de este Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. No se incluyen los accidentes que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo, los llamados “in itinere» (salvo en el caso de los TRADE: Trabajadores autónomos económicamente dependientes), los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, y los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador.
DURACION
Esta prestación tiene una duración máxima de 12 meses, prorrogables otros 6 cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación.
REQUISITOS

Es requisito que el trabajador autónomo esté al corriente con los pagos de Seguridad Social, al igual que tener un mínimo de 180 días cotizados en los últimos 5 años anteriores a la fecha de la baja, en el caso de enfermedad común. En el caso de accidente y de enfermedad profesional no se exige periodo previo de cotización.
CUANTIA
La Base Reguladora diaria será la base de cotización del trabajador autónomo correspondiente al mes anterior al de la baja médica, dividida entre 30. Para la base mínima actual de 893,19 euros, estaríamos a una base reguladora diaria de 29,77 euros/día.
Para el cálculo de la cuantía de la prestación, se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes a la Base Reguladora diaria:

  • Desde el día primero de baja hasta el tercero, no hay prestación.
  • Desde el día cuarto de baja hasta el vigésimo, la prestación consiste en el 60% de la base reguladora.
  • Desde el día 21 de baja en adelante, la prestación consiste en el 75% de la base reguladora.
  • En el caso de Accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prestación consiste en el 75% de la base reguladora, desde el día siguiente al de la baja.

La cotización de las prestaciones por incapacidad por contingencias comunes tiene carácter obligatorio, por el contrario, la cotización por Contingencias Profesionales es voluntario (excepto para los TRADE y aquellos que estén obligados al desempeñar una actividad con un elevado riesgo de siniestralidad), por lo que, si no se cotiza por las contingencias profesionales, no se podrá acceder a la prestación de incapacidad temporal por Accidente de trabajo o enfermedad profesional, aun así, siempre se puede acceder a la prestación por enfermedad común o accidente no laboral.
El autónomo deberá presentar en un plazo de 15 días desde la baja, la solicitud de esta prestación al INSS o mutua que le corresponda, incluyendo una declaración en la que se indique en qué situación queda la actividad, quién va a gestionar directamente el negocio o, en su caso, el cese temporal o definitivo de la actividad. Se puede designar a un trabajador que tuviera a su cargo el autónomo sin que cambien el régimen de cotización aplicable de este.
Como es natural, se puede dar un gran número de situaciones especiales en este sentido; contacte con nuestro despacho en Murcia para ampliar información si lo necesita.
Emilia Espín
Dpto.Laboral-Jurídico
Aselec consltores, s.l.p.