CÓMO EXTINGUIR LA TITULARIDAD A MEDIAS DE UN INMUEBLE

Es muy habitual el hecho de compartir la propiedad de inmuebles en situación de proindiviso, ya sea con familiares, socios, amigos o parejas, a consecuencia de una relación sentimental, de una herencia o de un negocio.

Existe proindiviso cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece a varias personas. También se denomina proindiviso a la comunidad de bienes, condominio o copropiedad.

¿Qué pasa cuándo queremos ponerle fin a ese proindiviso? ¿Cómo se disuelve y qué efectos tiene dicha separación?

LA DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN O EXTINCIÓN DE CONDOMINIO

Una de las formas de poner fin a las titularidades de inmuebles a medias, se conoce en derecho como la división de la cosa común o extinción de condominio y viene regulado en el artículo 1.062 del Código Civil. 

De esta manera, se adjudica a uno de los propietarios la totalidad del bien, compensando al otro por su valor. Este acto, no es una transmisión patrimonial en sí, sino una especificación o concreción de los derechos del bien. 

Sin embargo, aunque materialmente sí se realice una transmisión, ésta carece de efectos jurídicos y fiscales, ya que, paradójicamente la única forma de dividir un bien indivisible como es una vivienda o un local, es precisamente no dividirlo y concretarlo en uno solo de los dueños.

Esta acción de extinción de condominio se puede realizar de manera judicial o extrajudicial, pudiendo ésta última realizarla en cualquier notaría. 

Así pues, esta operación en modo alguno puede estar sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales puesto que, como venimos diciendo, no es tal. Pero ello, no quiere decir que dicha acción esté exenta de tributación, pues el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados grava cualquier operación contenida en documento notarial y, si optamos por la vía extrajudicial, estaremos sometidos a este gravamen, que no es otro que la aplicación del 1,5 % sobre el valor del bien. 

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¿CUÁL ES LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO?

Ahora bien, la controversia surge a la hora de determinar la base imponible del impuesto, en cuanto a si ha de calcularse sobre el valor total del bien o sobre el 50 % que es lo que efectivamente se “transmite”.

Y ello porque el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados reguladora del impuesto, únicamente hace referencia en su artículo a que “servirá de base el valor declarado” sin hacer ninguna especificación más. 

Dicha cuestión, ha sido resuelta por el Tribunal Supremo que ha sentado doctrina en cuanto a la interpretación de dicho artículo determinando que la base imponible del IAD será la del 50 % del valor del inmueble cuyo proindiviso se extingue, y se fundamenta en que el otro 50 % ya era propiedad del adquirente y no ha lugar a que se vuelva a tributar. 

Así lo han declarado las Sentencias del Alto Tribunal más recientes, de 9 de octubre de 2018, de 14 de marzo y de 9 de julio de 2019.

¡NO SE OLVIDE DEL IRPF!

Igualmente, a la hora de proceder a extinguir el condominio de un inmueble que compartamos con una o más personas, se ha de tener en cuenta la posible ganancia de patrimonio en el I.R.P.F del transmitente, así como los excesos de adjudicación, en caso de que el valor a compensar a éste no corresponda exactamente con el valor del bien que se adjudica al otro cotitular. 

Como decíamos, aunque en puridad, no estamos ante una transmisión que conlleve efectos jurídicos ni fiscales, es una operación que ha de ser cuidadosamente preparada y prevenida pues cualquier movimiento patrimonial realizado de manera incorrecta puede traer consecuencias económicas muy perjudiciales, por lo que, lo mejor es asesorarse con un profesional que respalde tal operación. CONTACTE CON NOSOTROS.

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Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Aselec, ASESORÍA Y ABOGADOS

Foto: Free pick

 

¿EXISTE EL DERECHO A DESEMPLEO EN LA EMPRESA FAMILIAR?

Las empresas familiares suponen, a día de hoy, una importante representación del sector empresarial en nuestro país. Ello supone que muchos cónyuges e hijos, además de la relación personal, mantienen una relación laboral entre ellos, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva. 

Sin embargo, cuando esta relación se extingue, puede surgir en el trabajador, que es también familiar del empresario, la siguiente duda: ¿existe el derecho a desempleo cuando eres un familiar en la empresa? Veamos.

DERECHO A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Con carácter general, tiene derecho al desempleo todo trabajador por cuenta ajena que haya finalizado la prestación de sus servicios en una relación laboral, siendo precisamente la nota de ajeneidad uno de los requisitos que hace nacer el derecho a tal prestación.

RELACIÓN LABORAL FAMILIAR Y REAL

Si bien, cuando el trabajador sea, además, familiar del empleador, para saber si se tiene derecho a la prestación por desempleo habrá que diferenciar entre relación laboral familiar y relación laboral real:

  • Se entiende por relación laboral familiar, la relación laboral mantenida entre el empresario y su cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes por consaguinidad o afinidad hasta el segundo grado que convivan con éste. En este caso, se entiende que el resultado del trabajo beneficia al núcleo familiar completo incluido empresario y trabajador por lo que el trabajador no tendría derecho a desempleo. 
  • Por el contrario, la relación laboral real es aquella que efectivamente se desarrolla y que viene marcada por esa nota de ajeneidad, por lo que en este caso, el trabajador sí tendría derecho a prestación por desempleo. 

Sin embargo, aunque el caso de las relaciones laborales familiares con carácter general no ha lugar al nacimiento de la prestación, como hemos visto se establece una excepción y es que, cuando se acredite que dicha relación sí es una relación real marcada por esa nota de ajeneidad si habrá lugar a obtener la prestación por desempleo.

Es decir que, cuando un trabajador sea familiar del empresario, la regla general es que no habrá desempleo, salvo prueba en contra que demuestre la efectiva prestación de los servicios. 

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ACREDITACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON AJENEIDAD

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Para ello, basta con acreditar la recepción del salario real, el tiempo que lleva trabajando, la cotización, las funciones reales y efectivas que ostenta en su puesto de trabajo, la cotización a la Seguridad Social, registro de jornada, y todo aquello a través del cual quede demostrado que el trabajo realizado por el trabajador, a pesar de su vínculo familiar con el empresario, venía marcado por una nota de ajeneidad que correspondía a una real relación laboral que a su extinción, daría lugar al nacimiento de la prestación por desempleo. 

No obstante, muy frecuentemente el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiende a denegar dichas solicitudes por entender que la relación laboral era familiar y que el trabajador debía haber ostentado la condición de autónomo colaborador, sin embargo, como decimos, dicha conclusión puede ser contrariada presentado los medios de prueba suficientes que acrediten que la relación laboral era real. 

Si le ha sido denegada la prestación por desempleo o tiene dudas acerca de si tiene derecho a solicitarla, le recomendamos solicitar el asesoramiento profesional a fin de obtener los mayores beneficios y salvaguardando siempre sus intereses.

ASELEC, asesoría y abogados cuenta con un equipo de Letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas.

La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le garantizan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Los Abogados de ASELEC asesoría y abogados se coordinan con el equipo de Asesores, lo que implica un conocimiento y tratamiento completo de los asuntos. Por ello, conseguimos ofrecer un asesoramiento integral con los mejores resultados.

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Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

 

 

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PAGARÉ IMPAGADO, ¿QUÉ PUEDO HACER?

En el tráfico mercantil, es muy habitual que, como medio de pago, el deudor expida un pagaré a nombre del acreedor, con una fecha concreta en la que poder hacer efectivo el pago, conocida como fecha de vencimiento. 

Sin embargo, es probable que, presentado en la entidad bancaria, nos lo devuelvan por no tener fondos. ¿Qué opciones tenemos ante esta situación?

OPCIONES ANTE EL IMPAGO DE UNA DEUDA

Ante el impago de una deuda, el acreedor tiene varias opciones frente al deudor, puesto que, si la reclamación extrajudicial no resulta exitosa, se pueden interponer acciones judiciales por medio del procedimiento verbal u ordinario en función de la cuantía reclamada.

No obstante, ante uno u otro, casi con total seguridad deberemos esperar a la vía ejecutiva para hacer efectivo el pago, lo que supone la interposición de dos procesos judiciales, el ordinario y el ejecutivo.

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PAGARÉ COMO MEDIO DE PAGO

Sin embargo, el hecho de que el pago se haya realizado mediante la expedición de un pagaré, otorga una mayor seguridad y eficacia al acreedor a la hora de cobrarlo y es que, un pagaré es un título ejecutivo que cuenta con un procedimiento judicial específico para hacer directamente efectivos los pagos que se hagan por medio de los mismos. 

EL PROCEDIMIENTO CAMBIARIO DEL PAGARÉ IMPAGADO

El procedimiento cambiario se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil como un proceso sumario y especial para este tipo de situaciones en las que presentado el pagaré impagado directamente se le da traslado al deudor para que pague en el plazo de 10 días o se oponga. Si bien, la importancia que reviste este procedimiento, además, es que las causas de oposición están tasadas por Ley, siendo además muy concretas. 

El deudor solo podrá alegar como causas de oposición las siguientes:

1º.- Inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma. 

2º.- Falta de legitimación del tenedor o de las formalidades del pagaré. 

3º.- Extinción del crédito. 

Fuera de dichas causas, el deudor únicamente podrá proceder al pago. En caso contrario, se procederá directamente a despachar ejecución, para lo cual se realizará investigación patrimonial del deudor procediendo a los embargos de los bienes que sean necesarios para cubrir la deuda. 

En caso de oposición, se resolverá directamente el Tribunal, salvo que las partes pidan la celebración de una vista en cuyo caso se resolverá posteriormente. 

El plazo para interponer el procedimiento es de 4 años. 

No obstante, ante una situación de impago, lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional a fin de examinar el caso concreto y las soluciones más apropiadas para ello.

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El abogado de la empresa juega un papel fundamental en los casos de reclamación de facturas impagadas, pues su intervención no solamente queda reducida al requerimiento extrajudicial o procedimiento judicial en caso de que se desatienda la solución amistosa, si no que aún interpuesta la demanda de juicio monitorio, el abogado seguirá trabajando a fin de llegar finalmente a un acuerdo frente al deudor, realizando negociaciones con éste o con su abogado en su caso, a efectos de conseguir un acuerdo transaccional y solucionar el asunto de la manera más beneficiosa para la empresa, reduciendo una vez más, tiempo y gastos.

Si no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

HAN RESUELTO MI CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN ¿PUEDO RECLAMAR?

El contrato de distribución y su regulación.

El contrato de distribución es aquel en el que el productor o fabricante acuerda con el distribuidor la entrega de bienes para su comercialización, actuando en nombre propio y obteniendo como beneficio el margen ganado en la reventa. Estos contratos son denominados atípicos debido a su falta de regulación normativa, aunque dicha carencia ha ido siendo suplida doctrinal y jurisprudencialmente, ayudada por la aplicación analógica de la Ley del Contrato de Agencia.

La problemática surge cuando, debido precisamente a esa ausencia normativa, de manera unilateral y sin preaviso, el productor o fabricante decide resolver el contrato al distribuidor.

¿Tiene derecho el distribuidor a algún tipo de indemnización? ¿Qué conceptos puede reclamar? ¿Cómo se calculan? ¿Qué plazo tiene para reclamar?

La Ley del Contrato de Agencia, en sus artículos 25, 28 y 29 contempla los conceptos indemnizatorios a reclamar en caso de resolución del contrato y que se vienen aplicando analógicamente al contrato de distribución, si bien, dicha aplicación ha sido matizada por la jurisprudencia, habiendo establecido que no tendrán lugar en todo caso si no, siempre y cuando se acrediten los requisitos exigibles para ello, pudiendo reclamar la falta de preaviso, la indemnización por clientela y daños y perjuicios sufridos.

En cuanto a la falta de preaviso, en primer lugar, habrá de estarse a lo pactado en el contrato suscrito por las partes y, a falta de pronunciamiento expreso sobre ello, habrá de estarse a lo establecido en el artículo 25 de la LCA, que dispone que será de un mes por cada año de vigencia del contrato, con un máximo de seis.

En caso de incumplimiento, el distribuidor tendrá derecho a la indemnización de la ganancia que el distribuidor esperaba obtener y que se ha visto frustrada de manera repentina y sin margen de maniobra para reorientar su negocio.

¿Cómo se calcula? Se calculará acudiendo al beneficio medio mensual obtenido durante los últimos 5 años y proyectado sobre los meses que debían haber concurrido de preaviso.

El nacimiento de la indemnización por clientela exige la concurrencia de tres requisitos:

1º.- Que el distribuidor haya incrementado sensiblemente la clientela preexistente o aportado nuevos clientes;
2º.- Que de ello se deriven ventajas sustanciales para el empresario en la medida en que pueda aprovecharse de la cartera de clientes creada por el distribuidor;
3º.- Que la indemnización resulte equitativamente procedente por las circunstancias que concurran.

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Si se acredita el cumplimiento de estos aspectos, el distribuidor debido a la sorpresiva resolución de su contrato, puede solicitar una indemnización por ello.

¿Cómo se calcula? Se calculará atendiendo al importe medio anual de las remuneraciones percibidas en los últimos cinco años, efectuando dicho cálculo sobre los beneficios netos obtenidos por el distribuidor una vez descontados los gastos y los impuestos.

Por último, se podrá reclamar también una indemnización por los daños y perjuicios que contemplarán todos aquellos que la resolución del contrato le ha causado tales como los gastos de promoción, inversión, publicidad o personal que haya realizado el distribuidor y que no puedan ser amortizados.

Y, ¿cuánto tiempo tengo para reclamar?

Retomando la atipicidad de este contrato, no se existe un plazo especial para el ejercicio de estas acciones, quedando amparado por el plazo general que, hasta 2015 era de 15 años y que, desde dicho año, se vio reducido a 5.

No obstante, se trata de procedimientos muy particulares dependiendo del caso en cuestión pues, en la práctica la mayoría de ellos se pactan de manera verbal, se incluyen cláusulas de exclusividad, etc. Por tanto, en caso de resolución unilateral por parte del fabricante, lo mejor es buscar asesoramiento profesional a fin de que estudie el asunto en profundidad y determine cuáles son los pasos a seguir en defensa de tus intereses.

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Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico
Aselec, asesoria y abogados

HAN COPIADO MI MARCA ¿QUÉ PUEDO HACER?

Muchas son las empresas o autónomos profesionales que ven plagiada su marca y que, en consecuencia, sufren evidentes perjuicios por la confusión que a sus clientes les pueda causar. Pero, ¿sabe cuándo se comete realmente plagio?¿Qué acciones puede emprender?¿Qué puede se puede reclamar?

La Ley de Marcas y el Código Penal establecen la regulación de todos estos aspectos que nos ayudaran a sacarnos de dudas.

LA MARCA

Una marca es un signo de distinción que puede venir constituido por una palabra, dibujo, letras, cifras colores o formas y que permite identificar los productos o servicios de una empresa y distinguirla de las demás.

La Ley permite su registro en la Oficina de Patentes y Marcas para ofrecer una seguridad plena a aquella empresa que la ha creado permitiendo su distinción frente a los demás competidores.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS

El proceso se inicia con una solicitud que se remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que se incluirá una representación de la marca que se pretenda inscribir y los productos o servicios a que vaya referida. Tal solicitud se examinará y si se cumplen los requisitos establecidos tanto legal como reglamentariamente se procederá a su inscripción.

El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

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BENEFICIOS DE REGISTRAR UNA MARCA

La inscripción de la marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma, de manera que solo él podrá hacer uso de ella. De esta manera, queda prohibida su utilización por cualquier tercero sin consentimiento de su titular, especialmente en los supuestos en los que:

1º.- Los signos distintivos sean idénticos o similar y, además, venga referida para los mismos productos o servicios y si, además, existen altas probabilidades de confusión para el público.
2º.- El signo sea idéntico o similar a la marca y ésta goce de renombre en España independientemente de si se utilizan para los mismos productos o servicios.

¿QUÉ OCURRE SI COPIAN MI MARCA?

Si otra empresa elabora una marca que pueda ser similar o idéntica a la que tenemos registrada, siendo además utilizada para el mismo producto o servicio, debemos hacer valer los derechos que nos otorga la Ley.

Así, los artículos 40 y ss de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 274 y ss del Código Penal, establecen las acciones civiles y penales, respectivamente que se pueden ejercitar ante los Tribunales de justicia en defensa de nuestros intereses.

RECLAMAR EN LA VIA CIVIL

Se podrá reclamar en vía civil la cesación del uso de la marca además de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, incluyendo, en su caso, la adopción de medidas para evitar que se prosiga en su uso tales como retirar del mercado productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o todo aquello en lo que se haya utilizado tal marca.

La indemnización podrá comprender las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener debido a la utilización indebida de la marca y la confusión causada al público.

Incluso es reclamable el perjuicio causado al prestigio de la marca y los gastos de investigación causados para obtener las pruebas pertinentes de la violación del derecho de marca.

Además, hay que saber que, el artículo 43.5 de la Ley de Marcas establece una indemnización directa y sin necesidad de prueba alguna del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor, cuando la utilización indebida de la marca hubiera sido declarada judicialmente.

El plazo para ejercitar estas acciones es de 5 años desde que se conoció la infracción, pudiendo reclamar los conceptos indemnizatorios a que nos hemos referido de los últimos 5 años.

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DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Además, la utilización indebida de una marca registrada puede incluso ser constitutivo de un delito contra la propiedad industrial tipificado en el artículo 274 del Código Penal, estableciendo penas que pueden alcanzar incluso los 4 años de prisión.

No obstante, la jurisprudencia ha ido perfilando los requisitos a la hora de determinar cuándo se ha producido una violación del derecho de marca, realizando en cada caso concretos análisis muy exhaustivos de la marca en cuestión.

Por tanto, cada caso habrá de ser valorado de manera independiente. Lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional para el estudio y la valoración de la posible infracción y, en su caso, la interposición de las acciones correspondientes en defensa de tus intereses.

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Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico
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