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QUÉ SON LOS DIVIDENDOS Y CÓMO TRIBUTAN

¿QUÉ SON LOS DIVIDENDOS?

El dividendo constituye la cuantía de los beneficios generados por la empresa que se destina a sus socios como remuneración en proporción a la participación que estos ostentan en la entidad. Es decir, por cada participación o acción que posea un socio, tendrá derecho al pago de un dividendo, siempre y cuando la sociedad haya cubierto las reservas legales y estatutarias y haya compensado las pérdidas de ejercicios anteriores en su caso.

Existen dos tipos de dividendos: los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios hacen referencia al reparto de dividendos correspondientes al beneficio del ejercicio corriente, mientras que los extraordinarios no tienen por qué presentar relación con el resultado del ejercicio, sino que se producen debido a algún acontecimiento extraordinario y, además, se pueden abonar con cargo a reservas voluntarias (beneficios generados en ejercicios anteriores).

¿CUÁNDO Y CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS DIVIDENDOS?

La Ley de Sociedades de Capital establece que la distribución de dividendos debe ser propuesta y acordada en Junta General de socios. Igualmente deberá determinarse la forma de pago y el momento en que se realizará. Habitualmente, el acuerdo de distribución de dividendos se suele adoptar en la Junta General Ordinaria que celebran todas las sociedades en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio para la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio.

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¿CÓMO TRIBUTAN LOS DIVIDENDOS?

Si el socio es persona física residente en España, la sociedad que distribuye los dividendos está obligada a practicar una retención a cuenta del IRPF del socio del tipo fijo del 19%. Si se trata de una persona física no residente en España, la sociedad deberá retenerle al tipo que establezca el convenio para evitar la doble imposición con su país. En defecto de convenio, el tipo de retención aplicable es del 19%.

En la declaración anual del IRPF, la tributación de los dividendos, considerados como de rendimientos del capital mobiliario según el artículo 25.1.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, oscila entre el 19% para los primeros 6.000 euros, el 21% para el tramo comprendido entre 6.001 euros y 50.000 euros y del 23% para el importe de la base que exceda los 50.000 euros.

Si el socio es persona jurídica residente en España, los dividendos quedan igualmente sometidos, con carácter general, a una retención del tipo fijo del 19% y para el socio que los percibe constituyen una renta positiva más a integrar en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades tributando, con carácter general, al tipo del 25%.

No obstante, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades contempla en el su artículo 21 una exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español que podrán aplicar aquellas entidades que cumplan los siguientes requisitos:

  1. Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad que distribuye los dividendos sea, al menos, del 5% o bien que el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros.
  2. Adicionalmente, en el caso de participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, que la entidad participada haya estado sujeta y no exenta por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto a un tipo nominal de, al menos, el 10% en el ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios que se reparten o en los que se participa, con independencia de la aplicación de algún tipo de exención, bonificación, reducción o deducción sobre aquellos.

De cumplirse los requisitos anteriores, la sociedad que distribuye los dividendos no practicará retención sobre tales rentas. 

Esperamos que el post haya resuelto sus dudas relacionadas con la distribución y fiscalidad aplicable a los dividendos. No obstante, si necesita algún tipo de aclaración o quiere plantearnos su caso concreto no dude en contactar con nosotros. En ASELEC estaremos encantados de poder ayudarle a la resolución de sus consultas.

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Silvana Ricci

Economista

Dpto. Fiscal-Contable

ASELEC, asesoría y abogados. 

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CUENTAS CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES

Es muy común en  las empresas que, ante situaciones transitorias de financiación, los socios y administradores aporten efectivo a las mismas. Dichas aportaciones se contabilizan en la cuenta 551. Esta cuenta debe funcionar con entradas y salidas en corto espacio de tiempo. El problema es que a veces la sociedad no puede devolver a los socios o administradores que aportaron el dinero, por problemas de financiación. ¿Qué hacemos entonces?

En este caso se debe regularizar la “cuenta con socios y administradores”, ya que, en caso de inspección por parte de la Agencia Tributaria, puede interpretar que se trata de un préstamo no declarado del socio a la sociedad y por tanto se imputarán en la renta del socio los ingresos por intereses y a la sociedad también se le exigirán las retenciones no practicadas por este préstamo encubierto, con su correspondiente sanción e intereses.

LA REGULARIZAR LA CUENTA CON SOCIOS O ADMINISTRADORES

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Para regularizar la cuenta con socios y administradores existen tres posibilidades:

1- Realizar un contrato de operación de préstamo, del socio a la sociedad, en el cual se estipulen los plazos e intereses periódicos. Dicho contrato de préstamo debe presentarse en la oficina liquidadora del Impuesto de trasmisiones patrimoniales como no sujeto/exento. Así quedara constancia sin necesidad de notario. Evidentemente deben cumplirse los plazos pactados.

2- Previo acuerdo de la Junta General de socios, realizar una ampliación de capital con los fondos aportados. En este caso hay que mantener la proporcionalidad del capital, esto es, que todos los socios deben aportar la parte proporcional que corresponde a su participación en el capital. Esto conlleva hacer escritura pública de aumento de capital y registrarla en el Registro Mercantil.

3- Previo acuerdo de la Junta General de socios, convertir estas aportaciones en subvenciones otorgadas por los socios a la sociedad. Para ello, se utilizará la cuenta 118 aportaciones de socios o propietarios, pero también en este caso, hay que mantener la proporcionalidad del capital, de tal modo que todos los socios deben realizar la aportación en función de la parte que poseen en la sociedad, pues de lo contrario el exceso que realice un socio sobre otro se considerarán ingresos para la sociedad, tanto desde una perspectiva contable como fiscal. Este acuerdo deberá de inscribirse en el libro de Actas de la sociedad, ahorrando gastos en notarios y registros.

También se da el caso contrario, en el que el socio o administrador carga por error algún recibo personal en la cuenta de la sociedad, en este caso, debe reintegrar dicha cantidad a la sociedad lo antes posible. 

En el caso que el socio o administrador hubiera retirado fondos de la sociedad sin poder devolverlos en un corto espacio de tiempo, habrá que regularizar dicha situación, ya que en caso de inspección la Agencia Tributaria interpretará dividendos encubiertos, con sus correspondientes sanciones.

Para regularizar esta situación se debe hacer contrato de préstamo de la sociedad al socio y liquidar intereses. Al igual que hemos dicho en el punto 1, también es conveniente presentarlo en la oficina liquidadora de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, como no sujeto/exento quedando constancia sin necesidad de notario. Evidentemente, deberán realizarse reintegros periódicos según los plazos pactados y liquidación de intereses.

Si tiene alguna duda sobre cómo proceder, no dude en ponerse en contacto con nosotros, en ASELEC Asesoria y Abogados, estaremos encantados de poder ayudarle.

Santi Gonzalez.

Dpto. Fiscal- Contable

ASELEC, asesoría y abogados

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COTIZACIÓN DE SOCIOS Y ADMINISTRADORES A LA SEGURIDAD SOCIAL

La falta de cotización o un encuadramiento inadecuado en un régimen u otro de la Seguridad Social, tanto de los socios como de los administradores de una sociedad mercantil, suelen terminar dando lugar a sanciones económicas.

En este artículo, trataremos de explicar de forma sencilla, cuáles son las obligaciones de cotización para estos dos colectivos.

LA OBLIGACIÓN DE COTIZACIÓN DE SOCIOS Y ADMINISTRADORES DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL

La obligación de cotizar o no, a la Seguridad Social, así como saber a qué Régimen se adscribirán socios y administradores, va a depender de distintas circunstancias, como son:

  • si el administrador o socio trabaja en la empresa;
  • si tiene control efectivo de la empresa
  • y, por último, si el cargo de administrador es retribuído.

EL ADMINISTRADOR O SOCIO TRABAJA O NO EN LA EMPRESA

Acerca de la primera circunstancia, la obligación de cotizar a la Seguridad Social, por parte del socio o administrador, existirá desde el momento en que desarrolle una actividad efectiva en el día a día de la empresa. 

De esta manera, todos los administradores y socios que desarrollan un trabajo en la empresa, a título lucrativo y de forma habitual, ejerciendo funciones de dirección y control, bien llevando la dirección del negocio, o gestión financiera o comercial, estarán obligados a cotizar a la Seguridad Social. 

En el caso de los socios que sólo ejercen las funciones mercantiles del cargo, es decir, se limitan a convocar a los socios, a recibir información sobre la marcha de la empresa y a firmar las cuentas anuales, pero sin intervenir en el día a día de está, no estarán obligados a cotizar a la Seguridad Social. Es lo que llamaríamos un administrador pasivo.

EN QUÉ RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL SE ENCUADRAN SOCIOS Y ADMINISTRADORES

Una vez definida la situación que exige la cotización a Seguridad Social, necesitamos saber en qué régimen se encuadraran las cotizaciones.

 El criterio que determina la obligación de cotizar en Régimen de Autónomo o a Régimen General, se establece en función del control efectivo que el administrador posea sobre la Sociedad.

Se presumirá, salvo prueba en contra, que posee el control efectivo de la Sociedad  cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 305.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y que son las siguientes:

1.º Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.

2.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.

3.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

LA RETRIBUCIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

Analizadas las dos primeras circunstancias, sólo nos quedara averiguar, en las escrituras públicas de la sociedad, qué participaciones tiene los socios y administradores y revisar qué dicen sobre la retribución del cargo de administrador. 

Acerca de este tema, es interesante la siguiente lectura:

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Con estos datos, estaremos en disposición de conocer en qué régimen estará obligado a cotizar los socios y administradores de la sociedad mercantil.

La siguiente tabla que nos ayudara a encuadrar a administradores y socios:

ENCUADRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SEGURIDAD SOCIAL
SOCIO CON CONTROL EFECTIVO EJERCE FUNCINES DIRECCIÓN Y GERENCIA RETA
NI FUNCIÓN DE DIRECCIÓN NI GERENCIA RETA
TRABAJAR PARA LA SOCIEDAD
NO FUNCIÓNES DIRECCION NI GERENCIA NO COTIZA
NO TRABAJAR PARA LA SOCIEDAD
SÓLO TRABAJA NO ES ADMINISTRADOR RETA
NI ES ADMINISTRADOR NI TRABAJA NO COTIZA
SOCIO SIN CONTROL O NO SOCIO EJERCE FUNCIONES DIRECCIÓN Y GERENCIA Y EL CARGO ES RETRIBUIDO RGSSA
EJERCE FUNCIONES DIRECCIÓN Y GERENCIA PERO NO SE RETRIBUYE  RGSSA
TRABAJA PARA LA SOCIEDAD
EJERCE FUNCIONES DE DIRECCION Y GERENCIA DE FORMA GRATUITA Y NO TRABAJA PARA LA SOCIEDAD NO COTIZA
ADMINISTRADOR PASIVO QUE TRABAJA PARA LA EMPRESA RGSS

   (1) RETA – Régimen General de Autónomo.

(2) RGSSA – Régimen General de Seguridad Social Asimilado. 

(3) RGSS – Régimen General de la Seguridad Social.

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Si aún tiene dudas, o quiere realizar alguna consulta acerca de cuáles son sus obligaciones de cotización como socio o administrador de la sociedad, en ASELEC, asesoría y abogados,  ponemos a su disposición la experiencia y profesionalidad de nuestro departamento laboral.

Contacte con nosotros.

MªAngeles Hernández

Dpto. Laboral
Aselec, asesoría y abogados

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GUIA BÁSICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA SOCIEDAD LIMITADA

GUIA BASICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA SOCIEDAD LIMITADA

Guía básica para crear una SL paso a paso.

Existen numerosas formas jurídicas con las que configurar una nueva empresa, pero las características de la Sociedad Limitada (S.L.) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) hacen que éstas sean la fórmula más recomendable, rápida y práctica para pequeños empresarios.

La Sociedad de Responsabilidad Limitada es aquella sociedad cuyo capital social está integrado por las aportaciones económicas de todos los socios, los cuales tienen una responsabilidad frente a terceros limitada a dicha aportación. Así pues, la ventaja principal de una sociedad de carácter mercantil es que la responsabilidad está limitada a las aportaciones al capital. Y en contra, podemos señalar que tiene más obligaciones a nivel mercantil y fiscal que un autónomo. En esta Guía vamos a describir las características del proceso para la obtención de la personalidad jurídica y los trámites necesarios para su puesta en marcha. 

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Si  has decidido iniciar tu actividad como empresario individual y constituir tu propia empresa, has de tener claros los pasos y cauces obligatorios para crear una empresa de Sociedad Limitada, que hemos resumido en este artículo concentrándolos en una guía básica que seguir.

Los trámites, obligaciones y demás gestiones quedan aquí enumerados pero, obviamente la manera más segura y eficiente de realizar todos los pasos que detallamos aquí, es a través de un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) acreditado por el Ministerio de Economía e Industria, como el que tenemos en nuestro departamento de asesoría jurídico mercantil. Si te interesa pide información a través del formulario de nuestra web. Contacta aquí.

 

 

Veamos pues cuales son esos pasos a seguir y trámites que cumplimentar, necesarios para la creación de nuestra S.L.:

PROCESO DE CONSTITUCIÓN JURIDICO-MERCANTIL DE LA SOCIEDAD LIMITADA

  • Solicitud de Certificación negativa del nombre de la sociedad a constituir en el Registro Mercantil Central.
  • Escritura pública de constitución que se otorgará por los socios fundadores.
  • Liquidar el correspondiente Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
  • Solicitud de NIF provisional.
  • Inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil correspondiente.
  • Solicitud de NIF definitivo.
  • Legalización de libros obligatorios y cuentas anuales al Registro Mercantil.

TRAMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA FISCAL-LABORAL DE LA SOCIEDAD LIMITADA

  • Obtención de Certificado Digital.
  • Alta en el Censo de Empresarios de la Agencia Tributaria (modelo 036) donde se indica la actividad a realizar, el domicilio y las obligaciones fiscales de la empresa.
  • Alta de los socios y/o administradores en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Inscripción de la empresa en la Seguridad Social (obtención de C.C.C.) en caso de contratar trabajadores.
  • Comunicación de apertura del centro de trabajo a la Consejería de Trabajo de la Comunidad Autónoma.
  • Afiliación de los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social con su correspondiente registro de contratos al Servicio Público de Empleo Estatal.
  • Contratación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

OTRAS POSIBLES OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD LIMITADA

  • Licencia de apertura/actividad en el Ayuntamiento correspondiente.
  • Otras licencias en función de la actividad.
  • Registro de signos distintivos en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

formamos parte de la red pae para emprendedores

Superados estos trámites, la creación de tu Sociedad Limitada ya es efectiva.

Sin embargo, como ya hemos dicho, es un proceso complicado que se recomienda realizar acompañado de un profesional experto, esto es, de un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) acreditado por el Ministerio de Economía e Industria. En ASELEC, Asesoría y abogados, realizamos todos los trámites para constituir tu empresa en 48 h ya que contamos con la acreditación como un punto PAE en Murcia (Puntos de Atención al Emprendedor) y, por tanto, tenemos capacitación para asesorar y tramitar a Emprendedores en todo el proceso de creación y desarrollo de su proyecto empresarial en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Contacta aquí.

ADVERTENCIA INTERPOSICION DE SOCIEDADES POR PARTICULARES ASELEC

LA AEAT NOS ADVIERTE: INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES POR PERSONAS FÍSICAS

La AEAT ha emitido una nota informativa donde advierte a contribuyentes y asesores de conductas que la Administración Tributaria considera contrarias al ordenamiento jurídico y que por tanto son susceptibles de regularización, como es la creación de Sociedades Interpuestas.

A continuación transcribimos el texto literal de dicha nota informativa:

NOTA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES POR PERSONAS FÍSICAS.

I.- INTRODUCCIÓN.

«La Administración tributaria, a través de sus sucesivos Planes Anuales de Control Tributario, ha puesto tradicionalmente un especial interés en controlar los riesgos fiscales relacionados con la interposición de sociedades en el proceso de facturación o canalización de rentas de personas físicas como consecuencia del desarrollo de una actividad profesional, así como los riesgos derivados de ostentar la titularidad de activos y patrimonios de uso personal a través de estructuras societarias.

La experiencia en este tipo de control, sustentada en la doctrina administrativa y en los numerosos pronunciamientos de los tribunales al respecto, ha permitido establecer una serie de criterios generales que están siendo aplicados por la Administración tributaria para afrontar la comprobación de los riesgos fiscales mencionados.

La presente Nota tiene como principal cometido poner a disposición de los contribuyentes y asesores las pautas necesarias para facilitar, en garantía de los principios de transparencia y seguridad jurídica, el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, lo que sin duda servirá para reducir la litigiosidad, y advertir de aquellas conductas que la Administración tributaria considera contrarias al ordenamiento jurídico y, por tanto, susceptibles de regularización.

No se trata de impedir la posibilidad de que un contribuyente pueda realizar una actividad profesional por medio de una sociedad, lo cual se enmarca, a priori, en el derecho que asiste a cualquier profesional a elegir libremente la forma en que quiere desarrollar su profesión. Pero eso no significa que la Administración tributaria deba aceptar automáticamente la validez jurídica de todo tipo de operaciones de prestación de servicios realizadas por una persona física a través de una sociedad profesional, ni asumir necesariamente que en toda operación realizada a través de una sociedad profesional ha de admitirse que la intervención de la sociedad es real, ni tampoco admitir la valoración de las prestaciones cuando estas no respondan a un verdadero valor de mercado.

Ahora bien, una vez elegida la forma en que se va a desarrollar dicha actividad, lo que en ningún caso es susceptible de elección es el modo en que deben tributar las rentas que se obtengan a consecuencia de aquella, pues, como no puede ser de otra manera, esta va a estar condicionada irremediablemente por la verdadera naturaleza de la actividad realizada.

Lo mismo puede afirmarse de los riesgos asociados al remansamiento de rentas en estructuras societarias cuando se traduce en la atención de las necesidades del socio por parte de la sociedad.

II.- RIESGOS ASOCIADOS A LA INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES

Dentro de las diferentes opciones que la ley prevé para la prestación de servicios profesionales, la persona física puede hacerlo bien en su propio nombre, como tal persona física, bien mediante la constitución de una sociedad profesional a la que prestará sus servicios.

Ambas formas de organizar la prestación de servicios profesionales son a priori legales, sin perjuicio de que las rentas que se obtengan por los contribuyentes deberán someterse a tributación atendiendo a la opción escogida en cada caso, puesto que las consecuencias fiscales de una u otra son diferentes.

Pero el hecho de que un profesional tenga libertad para elegir la manera en que decide prestar sus servicios, de ninguna forma puede servir para amparar prácticas tendentes a reducir de manera ilícita la carga fiscal mediante la utilización de las sociedades a través de las cuales supuestamente se realiza la actividad (elusión de la práctica de retenciones, aplicación del tipo del Impuesto sobre Sociedades en lugar del IRPF, remansamiento de rentas, etc.). En palabras del TSJ de Madrid de 28 de enero de 2015 (rec. 1496/2012), sentencia confirmada por STS de 4 octubre de 2016 (rec. 2402/2015): “Escierto que el ordenamiento permite la prestación de servicios profesionales a través de sociedades mercantiles, pero lo que la norma no ampara es que se utilice una sociedad para facturar los servicios que realiza una persona física, sin intervención de dicha sociedad instrumental, que es un simple medio para cobrar los servicios con la única finalidad de reducir la imposición directa delprofesional”.

Por ello, en el análisis de la correcta tributación de este tipo de operaciones cobra especial importancia el examen de las circunstancias concretas de cada expediente con el objeto de poder determinar:

  •   Si los medios materiales y humanos a través de los que se prestan los servicios (o realizan las operaciones objeto de comprobación) son de titularidad de la persona física o de la persona jurídica.
  •   En caso de que tanto la persona física como la jurídica tengan medios materiales y humanos mediante los que poder prestar los servicios (o realizar operaciones), si la intervención de la sociedad en la realización de las operaciones es real. En el supuesto de que la sociedad carezca de estructura para realizar la actividad profesional que se aparenta realizar, al no disponer de medios personales y materiales suficientes y adecuados para la prestación de servicios de esta naturaleza, o bien teniéndola no hubiera intervenido realmente en la realización de las operaciones, nos encontraríamos ante la mera interposición formal de una sociedad en unas relaciones comerciales o profesionales en las que no habría participado en absoluto, especialmente teniendo en cuenta el carácter personalísimo de la actividad desarrollada. En estos supuestos de ausencia de medios materiales o no empleo de los mismos en la actividad profesional, la respuesta dada por la Administración tributaria ha consistido en ocasiones en la regularización acudiendo a la figura de la simulación definida en el artículo 16 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Sin embargo, en el caso de que efectivamente se concluya que la entidad dispone de medios personales y materiales adecuados y que ha intervenido realmente en la operación de prestación de servicios, el análisis de la correcta tributación de este tipo de operaciones debe ir dirigido a determinar si dichas prestaciones se encuentran correctamente valoradas conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS).

Cuando la Administración tributaria detecte la incorrecta valoración, la reacción consistirá en la regularización y, en su caso, sanción de aquellos supuestos en los que exista una ilícita reducción de la carga fiscal en alguna de las partes vinculadas derivada de una incorrecta valoración de las operaciones.

III.- RIESGOS ASOCIADOS AL REMANSAMIENTO DE RENTAS EN ESTRUCTURAS SOCIETARIAS

En otras ocasiones los contribuyentes tratan de localizar una parte relevante de su patrimonio en sociedades de su titularidad. La tenencia por parte del socio de bienes o derechos a través de una sociedad no es a priori una cuestión que de por sí sea susceptible de regularización, siempre que la titularidad y el uso de dicho patrimonio se encuentre amparado en su correspondiente título jurídico y se haya tributado conforme a la verdadera naturaleza de dichas operaciones. No obstante, la experiencia ha permitido perfilar un conjunto de riesgos asociados al remansamiento de rentas en estructuras societarias que en ocasiones se manifiesta en una cierta confusión entre el patrimonio del socio y de la sociedad.

La atención de las necesidades del socio por parte de la sociedad suele abarcar tanto la puesta a disposición de aquel de diversos bienes, entre los que es frecuente encontrar la vivienda (vivienda habitual y viviendas secundarias) y los medios de transporte (coches, yates, aeronaves, etc.), sin estar amparada en ningún contrato de arrendamiento o cesión de uso; como la satisfacción de determinados gastos entre los que se encontrarían los asociados a dichos bienes (mantenimiento y reparaciones) y otros gastos personales del socio (viajes de vacaciones, artículos de lujo, retribuciones del personal doméstico, manutención, etc.).

En ambos supuestos nos encontramos con conductas contrarias a la norma que se deben evitar y que, normalmente, se concretan en no registrar ningún tipo de renta en sede de la persona física (aunque el coste de aspectos privados de su vida es asumido por la sociedad). Por su parte, en la sociedad el único registro respecto de estas partidas suele ser la deducción del gasto y, en su caso, la deducción de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de bienes y servicios que, de haber tenido directamente como destinatarios a un particular fuera de una actividad económica, nunca habrían podido deducirse.

En otras ocasiones la utilización por el socio de un bien de la sociedad (generalmente una casa, un vehículo, una embarcación o una aeronave) se ampara jurídicamente en la existencia de un contrato de arrendamiento o cesión de uso. En estos supuestos, a efectos de delimitar las posibles contingencias fiscales, resulta determinante el análisis de los contratos formalizados, para resolver si existiendo un contrato, la valoración de la cesión es correcta conforme al artículo 18 de la LIS.

Especial referencia se debe hacer de conductas más graves que se han detectado en las que se aparentan contratos de arrendamiento entre socio y sociedad, incluso en ocasiones pretendidamente acompañadas de una prestación de servicios propios de la industria hotelera, para intentar amparar la deducción de las cuotas de IVA, lo que ha llevado en determinados casos a considerar la existencia de contratos simulados. O aquellos otros en los que, junto con los riesgos ya apuntados en la primera parte del documento, se trate de compensar en sede de la sociedad interpuesta los ingresos con partidas de gasto, como los antes mencionados, no afectos en modo alguno al ejercicio de la actividad profesional por parte del obligado tributario y que se corresponden con gastos o inversiones propias de su esfera particular.

En definitiva, todas estas conductas podrían llevar aparejadas contingencias regularizables en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Patrimonio.»

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VENTAJAS DE CREAR UNA SOCIEDAD COOPERATIVA

¿CONOCE LAS VENTAJAS DE CREAR UNA SOCIEDAD COOPERATIVA?

Cuando varios profesionales o trabajadores desean unir sus esfuerzos y metas para formar una sociedad y poner en común sus conocimientos profesionales, surge la duda de cuál es la mejor forma jurídica para constituir ésta.

Una de las opciones más ventajosas es crear una sociedad cooperativa, regulada a través de la Ley General de Cooperativas, Ley 27/1999, de 16 de julio.

Pero, ¿Qué es una sociedad cooperativa de trabajo asociado? 

Es aquella en las que varias personas se asocian de manera voluntaria para la realización de actividades empresariales, encaminadas a la satisfacción de sus necesidades, así como la obtención de beneficios mediante la organización en común de la producción de bienes o servicios.

Existen dos tipos de sociedades cooperativas:

  • Cooperativas de primer grado: En este tipo de cooperativa, los socios pueden ser personas físicas o jurídicas. Ejemplos de este tipo de cooperativas serían: cooperativas de viviendas, cooperativas sanitarias y cooperativas de enseñanza.
  • Cooperativas de segundo grado: Los socios de esta cooperativa son otras cooperativas. Los socios de las cooperativas de segundo grado no pueden ser personas físicas, sino que deben ser personas jurídicas.

Se ajustará en su estructura y funcionamiento a los siguientes principios:

  • Adhesión voluntaria y abierta.
  • Gestión democrática por parte de los socios.
  • Autonomía e independencia.
  • Educación, formación e información.
  • Cooperación entre sociedades cooperativas.
  • Interés por la Comunidad.

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Características de una sociedad cooperativa 

  • La sociedad se constituye mediante escritura pública y debe ser inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas.
  • Deberán estar integradas por, al menos, tres socios, en una sociedad cooperativa de primer grado e integradas por, al menos, dos sociedades cooperativas, en las sociedades cooperativas de segundo grado.
  • Los Estatutos sociales deberán fijar el capital social mínimo con el que puede constituirse y funcionar la sociedad cooperativa (no se exige un mínimo de capital para constituir la sociedad), y que estará totalmente desembolsado en el momento de su constitución.
  • La responsabilidad será limitada a la aportación de cada socio y el importe total de las aportaciones de cada socio no podrá exceder de un tercio del capital social (en las cooperativas de primer grado), para cooperativas de segundo grado, se estará a lo que dispongan los Estatutos sociales o acuerde la Asamblea General.
  • Se podrá realizar contrataciones de trabajadores asalariados siempre y cuando el número de horas realizadas por éstos no supere el 30% del total horas al año realizadas por los socios trabajadores.

Ventajas de una sociedad cooperativa

  • Existe la posibilidad de cobrar el Pago Único de la Prestación por desempleo, en el caso de que alguno (o todos) de los socios tuviera derecho a cobrar la prestación por desempleo. Cobraría la prestación de una sola vez, si justifica ese importe como aportación a la Sociedad o en gastos de las cotizaciones en la Seguridad Social.
  • Es habitual que cada Comunidad Autónoma apruebe ayudas y subvenciones anualmente para ayudar en el caso de ampliaciones de capital, contrataciones, etc. de este tipo de sociedades.
  • Se benefician de diversas bonificaciones y beneficios en el Impuesto de Sociedades (Ley 20/1990 sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.)
  • En cuanto al encuadramiento de los socios trabajadores en Seguridad Social podrán optar entre:
    • Asimilar a sus socios a los trabajadores por cuenta ajena (sin cotizar por desempleo ni FOGASA), incorporándolos al Régimen General de la Seguridad Social. 
    • Incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomo (RETA) podrán beneficiarse de las bonificaciones de la Tarifa Plana si reúnen los requisitos. Gran ventaja con respecto al restos de sociedades mercantiles que no gozan de este gran beneficio. La opción por el RETA deberá realizarse en los estatutos de la misma y deberá alcanzar a TODOS los socios trabajadores de la misma.

La opción de uno u otro Régimen sólo podrá modificarse mediante reforma de los estatutos y siempre que hubieran transcurrido cinco años como mínimo desde la última opción.

Respecto a los autónomos, en la Ley 6/2017 de 24 octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, en su artículo 3.6, se indica a este respecto: “ Lo previsto en el presente artículo resultará de aplicación aun cuando los beneficiarios de esta medida, una vez iniciada su actividad, empleen a trabajadores por cuenta ajena”, por lo que no perderían la bonificación al contratar trabajadores.

Un ejemplo de sociedad cooperativa

Pondremos un ejemplo para clarificar todo lo expuesto anteriormente:

Tres personas dedicadas al sector del automóvil deciden asociarse y constituir una sociedad, deciden aportar cada uno 300€ y además cada uno aporta herramientas, local y maquinaria necesarias para el desarrollo de la actividad.

Además, uno de ellos tiene menos de 30 años, nunca ha estado de alta en RETA y acaban de despedirlo de una empresa en la que llevaba más de 6 años trabajando, con lo cual, tiene derecho a la prestación por desempleo, por lo que decide solicitar el Pago único y utilizar todo el importe de la prestación para las participaciones adquiridas de la sociedad y sufragar el gasto de cotización mensual de Seguridad Social.

Los dos trabajadores restantes tienen más de 30 años y nunca han estado de alta como autónomos en Seguridad Social (RETA).

Deciden estar de alta en RETA, ya que les resulta mucho más ventajoso que Régimen General ya que pueden optar a los beneficios de la tarifa plana.

Teniendo en cuenta estos beneficios, las cuotas a pagar serían las siguientes:

  • Primeros 12 meses: la cuota sería de 50€ mensuales
  • Mes 13 al mes 18: bonificación del 50% quedando la cuota mensual de 139€
  • Mes 19 al 24: bonificación del 30% quedando la cuota mensual de 195€

Además, para el socio menor de 30 años:

  • Mes 25 al mes 36: bonificación del 30% quedando la cuota mensual de 195€

Para resolver cualquier duda acerca de esta forma de asociación empresarial no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de asesorarle.

 

Emilia Espín.

Graduado Social

Dpto. Laboral-Jurídico

ASELEC, asesoría y abogados.

 

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DE AUTÓNOMO A SOCIEDAD LIMITADA, ¿CÓMO LO HAGO?

¿Autónomo? ¿Sociedad? Cuando decides iniciar una actividad, emprender una idea de negocio, tienes que es escoger la forma jurídica más conveniente.

En un post anterior ya hablamos de las diferentes formas jurídicas que se nos plantean a la hora de constituir una empresa, y de ellas, las dos opciones más comunes en nuestro país son el empresario individual (autónomo) y la sociedad limitada. 

Lo más habitual es iniciar la actividad como autónomo por el reducido tamaño de la empresa y más adelante te plantearás la idea del paso de autónomo a Sociedad Limitada.

Pero, ¿sabes cuándo hacerlo? ¿Sabes cuáles son los pasos a seguir?

Nos referimos a Autónomos como las personas que realizan una actividad de forma habitual por cuenta propia y a título lucrativo, que pueden tener o no, trabajadores a cargo. Es una forma empresarial apropiada para empresas de muy reducido tamaño. Mientras que la Sociedad Limitada o Sociedad de Responsabilidad Limitada es una forma jurídica apropiada para para pequeñas y medianas empresas, lo que se denomina como PYMES.

Se suele escoger la figura del autónomo al inicio de la actividad por la simplicidad de los trámites de la puesta en marcha y las obligaciones contables y mercantiles pero la carga tributaria y las dificultades de financiación son mayores que en las sociedades cuando la actividad alcanza un determinado nivel, y las desgravaciones y deducciones son pocas. Por esto, a medio-largo plazo cuando el negocio va aumentando se suelen plantear el paso de autónomo a Sociedad Limitada.

El momento exacto del cambio depende de cada situación, no se puede determinar con cálculos matemáticos, pero podemos afirmar que suele ir de la mano con el crecimiento del negocio porque, por ejemplo, al tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuantos más beneficios obtienes, más pagas, por la progresividad del impuesto. Mientras que para la Sociedad el tipo al que tributa es fijo.

LAS CINCO RAZONES PARA CAMBIAR DE AUTÓNOMO A S.L.

Podemos indicar que las 5 razones más habituales por las que pasar de autónomo a sociedad limitada sea una buena decisión son:

  • Beneficio superior a 40.000 euros.
  • Protección del patrimonio personal al limitar la responsabilidad al patrimonio empresarial.
  • Facilidad para trabajar con grandes empresas.
  • Agilidad en la obtención de créditos bancarios.
  • Formalización de relación con colaboradores habituales.

Una vez tomada la decisión del cambio, la siguiente duda que se suelen plantear los autónomos es la del traspaso de bienes, empleados, etc. que hasta el momento eran de su propiedad o titularidad.

En primer lugar, exponemos las 3 opciones para realizar el traspaso de bienes:

  1. Una opción sería la compraventa de los activos del autónomo a la sociedad limitada. El inconveniente de la compraventa es que la sociedad deberá disponer de liquidez suficiente para pagar el precio de los bienes. De este modo, si constituyes la sociedad con un capital mínimo (3.000 euros), te encontrarás con que deberás aplazar el cobro, y la situación financiera de la sociedad ya empezará mal desde el principio:

– El balance de la sociedad reflejará una deuda con su socio, lo que puede dificultar las futuras solicitudes de financiación bancaria.

– Por otro lado, si esta deuda no se va cancelando, deberán generarse intereses (Hacienda lo exige expresamente), con el consiguiente lío administrativo y papeleo que ello conlleva (presentación de modelos fiscales e ingreso de las retenciones en Hacienda).

Además, la compraventa conlleva la obligación de pagar los impuestos generados por esta operación que serían: IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) y ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) e IVA (Impuesto sobre el valor añadido).

2.  Otra opción, sería la del traspaso mediante se arrendamiento. De manera, que mantendrás la propiedad de los bienes y obtendrás la renta por cederlos a la nueva sociedad. Por la formalización del contrato de alquiler y el pago de la renta, se liquidaría el IAJD y el IVA.

3.  Y por último, y a priori, la opción más recomendable es la de transmitir los activos a la sociedad mediante una aportación no dineraria de capital. Es decir, aportar los activos que tenías afectos a la actividad cuando la desarrollabas de forma individual, en lugar de aportar dinero en efectivo. Además, la constitución y la ampliación de capital están exentas del pago del Impuesto sobre Operaciones Societarias.

Esta forma es mucho más ventajosa que la compraventa porque de este modo la Sociedad Limitada no deberá nada, ya que los activos se traspasan a cambio de participaciones de capital, y el capital social será más alto, lo que reforzará la imagen frente a las entidades bancarias.

Es preciso indicar que es aconsejable adoptar precauciones en la valoración de los activos aportados mediante un Informe de Expertos Independientes.

El traspaso de tus empleados contratados como autónomo se lleva a cabo a través de una subrogación empresarial, de esa forma se garantizan los derechos adquiridos y las obligaciones de los trabajadores. (Art. 44 ET ). La subrogación es el cambio del empleador del trabajador, es decir, el cambio del empresario o empresa que tiene contratado al trabajador.

En cuanto a los créditos, préstamos y pólizas debes comunicar la situación a la entidad financiera para realizar una subrogación. Aunque vas a seguir teniendo la obligación de pago, ya no será a título personal si no bajo la forma jurídica de la Sociedad creada.

Si para desarrollar la actividad contabas con un local u oficina alquilada, una vez obtenido el visto bueno del arrendador, se puede formalizar una subrogación del contrato o solicitar la resolución y formalización de uno nuevo.

No siempre es sencillo dar el paso, pero pueden ser más los beneficios que puedes lograr con el cambio. El cambio de forma jurídica va a renovar y mejorar la imagen con respecto a otras empresas, se gana en tranquilidad al limitar la responsabilidad al capital social aportado y también es más fácil dar acceso a nuevos socios en el negocio.

Si después de leer lo anterior, aún tiene dudas sobre alguna cuestión especifica o bien, se acaba de decidir a cambiar la forma jurídica de su empresa, el equipo del departamento fiscal de ASELEC está a su disposición para ayudarle a tomar la decisión más favorable según su situación estudiando su caso concreto.No lo dude,  Contacte con nosotros.

 

 

Nerea Montesinos
Economista
Dpto. Fiscal-Contable
ASELEC asesoría y abogados

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CÁLCULO DEL PAGO FRACCIONADO EN LAS COMUNIDADES DE BIENES

CÁLCULO DEL PAGO FRACCIONADO EN LAS COMUNIDADES DE BIENES.

Hoy  analizamos el tema del pago fraccionado del IRPF en las comunidades de bienes a través del siguiente  SUPUESTO PRÁCTICO:

Juan y Gonzalo son dos socios ejerciendo una actividad económica relativa a un asesoramiento de consulting y para ello han creado una comunidad de bienes. A su vez desarrollan la misma actividad de manera individual estando el 100% de los ingresos de su actividad sujetos a retención. ¿Estarán obligados a realizar pagos fraccionados sobre los rendimientos de la actividades que se deriven del ejercicio de su actividad profesional desarrollada tanto de forma individual, como a través de la comunidad de bienes?.

 

RESPUESTA

Los contribuyentes que desarrollen actividades profesionales no estarán obligados a efectuar pago fraccionado en relación con las mismas si, en el año natural anterior, al menos el 70 por ciento de los ingresos de la actividad fueron objeto de retención o ingreso a cuenta (art. 109.2).

El pago fraccionado correspondiente a los rendimientos de actividades económicas obtenidos por entidades en régimen de atribución de rentas se efectuará por cada uno de los socios, comuneros o partícipes, en proporción a su participación en el beneficio de la entidad .

En consecuencia, si en el año natural anterior al menos el 70 por ciento de los ingresos de la actividad profesional desarrollada por los socios (tanto los derivados de la actividad profesional que ejerce directamente y como los que le fueron atribuidos por la sociedad civil) hubiesen sido objeto de retención o ingreso a cuenta, estos no deberán cumplir con la obligación de efectuar el pago fraccionado a que se refiere el artículo 109 del RIRPF, respecto de la totalidad de los rendimientos derivados del ejercicio de su actividad profesional (tanto los derivados de la actividad profesional que ejerce directamente y como los que le fueron atribuidos por la sociedad civil).

En el supuesto de que no resultase de aplicación la excepción prevista en el artículo 109.2 del RIRPF, deberán presentar un único modelo 130 por la totalidad de los rendimientos procedentes de todas las actividades económicas del consultante, con independencia de que se ejerzan directamente o por medio de una entidad en régimen de atribución de renta

 

NORMATIVA APLICADA RD 439/2007 de 30 Mar. (Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y modificación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones) art. 109; art. 110

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FALLECIMIENTO DE UN SOCIO EN LA EMPRESA

¿Qué ocurre con las participaciones de una empresa cuando el dueño fallece?

A lo largo de  la vida de una sociedad suelen plantearse diversas situaciones, ante las cuales a veces  no sabemos como actuar. Una de ellas es el fallecimiento de uno de los socios. Cuando esto ocurre, aparece la incertidumbre acerca del futuro,  tanto a nivel sucesorio, entre sus herederos, como a nivel mercantil, con relación a  los demás socios partícipes de la sociedad.

Hoy tratamos de resolver las dudas que engloban ambos aspectos.

FALLECIMIENTO DE UN SOCIO DESDE EL PUNTO DE VISTA SUCESORIO

En primer lugar, hay que examinar el punto de vista sucesorio que, irremediablemente va a influir en el societario, pues las decisiones o medidas que se adopten desde esta esfera afectarán al ámbito de la empresa.

Normativamente, rigen las reglas generales de sucesión previstas en el Código Civil. Las participaciones sociales de una mercantil pertenecen y se deben valorar e incluir como un bien más al caudal hereditario, teniendo en cuenta su carácter de ganancial o privativo según el régimen económico matrimonial del causante, si es que estuviera casado. Una vez valoradas e incluidas en el haber patrimonial del fallecido, junto con el resto de bienes y deudas del mismo, se habrá de realizar Escritura de Adjudicación de herencia para proceder al reparto de los bienes.

El reparto de los bienes se hará según si el fallecido dejó testamento, o mediante la sucesión intestada, conforme a Ley en caso contrario.

Una vez realizada la Escritura de adjudicación de herencia según los trámites que acabamos de exponer, habrá que liquidar el Impuesto de Sucesiones, cuyo plazo es de seis meses desde el fallecimiento del causante, y el heredero o herederos al que se hayan adjudicado las participaciones sociales pasarán a ser socios de la mercantil.

Mientras todo esto no suceda, es importante resaltar que desde el fallecimiento del socio hasta que sus herederos se adjudiquen las participaciones sociales, éstas pertenecerán a la herencia yacente.

Otro aspecto a resaltar es que, se habrá de tener en cuenta en todo caso el Estatuto fundacional de la mercantil en el que pueden estar incluidas cláusulas en virtud de las cuales se prevea un derecho de adquisición preferente de dichas participaciones a favor de los demás socios. En este caso, lo establecido en el testamento del causante respecto de la adjudicación de las participaciones sociales quedaría sin efecto.

FALLECIMIENTO DE UN SOCIO DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIETARIO

Por otro lado, es preciso examinar qué sucede en el ámbito societario, como hemos adelantado, inevitablemente viene relacionado con el sucesorio, y, al contrario de lo que se puede creer, el fallecimiento de uno de los socios de la empresa no implica necesariamente la extinción de ésta, si no que puede continuar con su actividad distribuyendo las participaciones entre los demás socios, o entre los herederos como explicamos a continuación.

Esta continuidad de la vida de la empresa se hará conforme a las adjudicaciones hechas en el ámbito sucesorio, es decir, la sociedad podrá continuar con su actividad sustituyendo al socio fallecido o bien, por sus herederos, o la herencia yacente hasta que no se haya adjudicado ésta, o bien por los socios que hayan ejecutado el derecho de adquisición preferente conforme a lo que esté estipulado en sus estatutos.

Esta situación  puede resultar difícil de afrontar puesto que, al fallecimiento de un colega, se unen las controversias tanto sucesorias como societarias. Por este motivo, lo más recomendable es ponerlo en manos de profesionales que gestionen la situación de la manera más adecuada y justa para todos los implicados.

En Aselec contamos con profesionales del Derecho Civil y Mercantil expertos en éstos y otros temas jurídicos que podrán resolver todas sus dudas y encontrar soluciones adecuadas a cada caso concreto. Contacte con nosotros.

 

Estefania Belchí Poveda
Abogada

Dpto. Jurídico

ASELEC asesoría y abogados

 

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LA COMUNIDAD DE BIENES

LA COMUNIDAD DE BIENES, UNA FÓRMULA INTERMEDIA ENTRE EL EMPRESARIO INDIVIDUAL Y LA SOCIEDAD MERCANTIL.

La Comunidad de Bienes (CB) es la forma más sencilla de asociación entre dos o más personas físicas (empresarios individuales) que comparten un mismo proyecto.

Si dos empresarios individuales empiezan a trabajar juntos y ven que el negocio funciona bien, lo lógico es que se unan en una pequeña empresa común. Ese sería el objetivo de una  comunidad de bienes. Antes de lanzarse a una Sociedad Limitada, la comunidad de bienes puede servir  para comenzar y probar qué tal funciona, tanto la comunidad, como la relación entre los socios. Así la Comunidad de bienes consiste en la puesta en común por parte de los comuneros de un conjunto de bienes privativos que pasan a formar parte de un patrimonio pro indiviso para el desarrollo de una actividad empresarial o profesional.

Características de la Comunidad de Bienes

La comunidad de bienes se regula en el Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889), concretamente en el Título III del Libro II, comprendido por los artículos que van del 392 al 406.

En cuanto a la constitución, el Código Civil no exige formalidades especiales. Es suficiente con la elaboración de un contrato privado suscrito por los comuneros. La única excepción al respecto es que se aporten a la  Comunidad bienes inmuebles o derechos reales, en cuyo caso sí es necesario que la constitución se haga en escritura pública. No resulta obligatoria tampoco la inscripción en el Registro Mercantil ni en ningún otro registro público oficial.

El número mínimo de comuneros no está regulado, pero se entiende por su propia definición, que debe ser de, al menos, dos comuneros y en cuanto al capital, el Código Civil tampoco hace referencia alguna a una aportación mínima a la Comunidad de Bienes. No obstante, la aportación inicial realizada se tomará como base para determinar la cuota de participación y el reparto de beneficios generados entre los comuneros en la Comunidad de Bienes.

Sobre la personalidad jurídica hay que señalar que la Comunidad de Bienes, al igual que la Sociedad Civil cuyos pactos permanezcan en secreto, no tiene personalidad jurídica propia (la comunidad no es titular de derechos y obligaciones, salvo que el contrato de constitución se eleve a Escritura Pública) y cada uno de los comuneros actúa en nombre propio frente a terceros pero sí cuenta con capacidad de obrar en el tráfico jurídico especialmente en materia fiscal y tributaria, de conformidad con el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

En cuanto a la responsabilidad de los comuneros, éstos tienen responsabilidad personal ilimitada por las deudas de la Comunidad. Así, de las deudas de la Comunidad primero responderá ésta y después los comuneros de forma ilimitada y solidaria, con todo su patrimonio personal.

Obligaciones fiscales y registrales de la Comunidad de Bienes y sus comuneros

En relación a la fiscalidad de la Comunidad de Bienes, en primer lugar, hay que destacar que se trata de una entidad sometida al Régimen especial de atribución de rentas, es decir, la entidad no tiene la consideración de sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades sino que lo son cada uno de los comuneros que la componen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Éstos tributan el rendimiento neto generado en la Comunidad de Bienes en función del porcentaje de participación que les haya sido atribuido.

Respecto a las liquidaciones de IVA y a las retenciones practicadas sobre los rendimientos que satisface (rendimientos del trabajo, de actividades profesionales, del arrendamiento de inmuebles, etc.) será la Comunidad de Bienes quien deba practicarlas, y presentar las declaraciones correspondientes.

Asimismo, esta entidad debe presentar una declaración anual informativa (modelo 184), en el mes de febrero,  donde se identifica respecto al año anterior a los comuneros, el importe del rendimiento neto obtenido por la comunidad y el importe que se imputa a cada comunero, entre otros datos.

Por último, en cuanto a las obligaciones contables y registrales de la Comunidad de Bienes, indicar que no está obligada a llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio y al Plan General de Contabilidad, a diferencia de las sociedades mercantiles o sociedades civiles con objeto mercantil, pero sí debe llevar Libros registro de ingresos, gastos, de bienes de inversión, y el de provisiones de fondos y suplidos.

Para resolver cualquier duda acerca de esta forma de asociación empresarial no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de asesorarle.

 

Silvana Ricci
Economista

Dpto. Fiscal-Contable

Aselec, asesoría y abogados.