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¿QUÉ PLAZOS TIENE LA ADMINISTRACIÓN PARA PAGAR?

Muchas son las empresas que diariamente mantienen relaciones comerciales con administraciones públicas bien sea mediante la realización de obras, prestación de servicios, suministros de material… lo que convierte a nuestra empresa en un acreedor de la administración para el pago de las facturas que se emitan consecuencia de los servicios contratados. 

Pero, ¿Con qué plazos cuenta la administración para pagar a sus proveedores o colaboradores? ¿Qué pasa si no paga o lo hace tarde? Analizamos y resolvemos las dudas a este respecto. 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PLAZOS DE PAGO

Salvo que en el contrato o en la propia licitación pública se establezca otra cosa, las relaciones con la administración se regirán por lo dispuesto en la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Esta norma, establece los plazos de pago de que dispone la administración para hacer efectivo los mismos, distinguiendo los trabajos realizados según sean, obras o sean servicios prestados o bienes entregados, aunque el plazo no varía. 

Este extremo se encuentra regulado en el artículo 198 del mismo, en relación con los artículos 210.4 y el 243, de los cuales se desprende que, la empresa tendrá que presentar a la administración las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la entrega de bienes o la prestación de los servicios una vez finalizados éstos, disponiendo la administración de un plazo de 30 días para su aprobación. 

Desde este momento, es decir, desde el momento en que la administración emita la aprobación de tales documentos o como máximo, pasados 30 días desde su presentación a la misma, los organismos públicos disponen de otro plazo de 30 días para proceder a su pago. 

Por tanto, nos encontramos con que, desde el momento en que se notifique a la administración el fin de las obras o de los servicios prestados o bienes entregados, mediante de la presentación de la documentación que así lo acredite, la administración dispone de un plazo máximo de 60 días para pago. 

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QUE OCURRE CUANDO LA ADMINISTRACIÓN NO PAGA EN PLAZO

Si, llegado el vencimiento del plazo, la administración no ha hecho efectiva su deuda, incurrirá en mora, naciendo el derecho a reclamar intereses de demora y gastos de gestión de cobro en el contratista. 

En concreto, los intereses de demora que le son de aplicación a la administración son los de operaciones comerciales, cuya actualización se realiza de manera semestral y que, a día de hoy se encuentran en el 8%.

Además de ello, es posible que el retraso en el pago por parte de una administración, genere el derecho a percibir una indemnización por gastos de cobro que se encuentra recogida en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por el que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, en virtud de la cual se fija una cantidad de 40 € por factura cuyo pago se haya demorado, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal, además de todos los costes de cobro que se acrediten debidamente y que hayan sufrido consecuencia de la mora. 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

El procedimiento para reclamar los intereses de demora y los gastos que hayan producido a nuestra empresa la mora de la administración comienza con una reclamación previa a la misma, que es obligatoria para acceder a la vía judicial, solicitando el pago de tales gastos, para lo que el organismo en cuestión tiene un mes para resolver. 

Si pasado este plazo no han procedido a su abono, ni tampoco han resuelto, se deberá entender desestimada por silencio negativo, comenzando entonces y desde ese momento el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso administrativo antes los Juzgados y Tribunales, en solicitud de las cantidades mencionadas. 

Si bien, la contratación administrativa y todos sus extremos varían enormemente de un contratista a otro dependiendo del tipo de servicio en cuestión, del precio, de la duración, etc, por lo que, antes de iniciar reclamación alguna, lo mejor es buscar asesoramiento, dejando en manos de un profesional del Derecho administrativo, el estudio el caso en cuestión y en su caso, dirija el curso de la reclamación.

La experiencia y la profesionalidad son factores clave en estos asuntos, y la combinación de asesoría jurídica con el área económica de ASELEC  garantiza los mejores resultados en la defensa de sus intereses. Contacte hoy con nosotros. La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le proporcionan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Estefanía Belchí Poveda. 

Abogada

Departamento Jurídico

Aselec, asesoría y abogados.

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¿VUELO CANCELADO O RETRASADO? CÓMO RECLAMAR

¿PUEDO RECLAMAR SI CANCELAN O SE RETRASA MI VUELO?

Después de un duro año de trabajo, por fin llegan las esperadas vacaciones y queremos que todo salga bien. Sin embargo, si para llegar a nuestro destino tenemos que coger un avión, es probable que éste se retrase o incluso lo cancelen, y entonces ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis derechos? 

Pues bien, debe saber que, en estos casos el pasajero tiene derecho a una indemnización. Ésta, se encuentra regulada mediante el Reglamento 261/2004, en concreto, en los casos de gran retraso o cancelación del vuelo el pasajero tiene derecho a indemnización por los perjuicios sufridos siempre que su vuelo parta de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro o, cuando parta den un aeropuerto situado en un tercer país con destino a otro situado en un estado miembro. 

VUELO CANCELADO

Así, para el caso de cancelación del vuelo, los pasajeros tendrán derecho de elegir el reembolso íntegro del coste del billete o a un transporte alternativo que le lleve finalmente a su destino. Igualmente, durante la espera que se produzca hasta que finalmente pueda coger un vuelo que le lleve a su destino, la compañía aérea tiene que prestarse asistencia tanto de comida, refrescos, alojamiento y transporte a éste, incluso llamadas telefónicas si fueran precisas. 

RETRASO EN EL VUELO

Para el caso de retraso en el vuelo, se establecen además de un transporte alternativo y la asistencia necesaria expuesta durante la espera, un derecho de compensación económica por la espera que variará en función del tiempo que se haya esperado que como mínimo habrá de ser superior a dos horas y de la distancia del trayecto y podrá alcanzar los 600 €.

No obstante, la normativa europea reguladora de dichos derechos, incluye igualmente una serie de supuestos como son las circunstancias extraordinarias, situaciones europeas o climatológicas que excluyen de responsabilidad a la compañía aérea en cuestión. 

En caso de encontrarse en alguno de estos supuestos, se habría de presentar una reclamación ante la compañía y, en caso de que ésta la desatendiera, se habría de acudir directamente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que emitirá un informe sobre si efectivamente hubo una vulneración de los derechos del pasajero o no, informando a la compañía aérea sobre su posible responsabilidad. En cualquier caso y en caso de que la compañía no atendiera el requerimiento de la AESA se podrá acudir a la vía judicial. Si bien, se ha de señalar que la reclamación ante la compañía no es preceptiva para interponer acciones legales.

Para saber si se tiene derecho o no a indemnización por cancelación o retraso de su vuelo o por cualquier incidente sufrido en el transcurso de un vuelo, lo mejor es poner la situación en manos de profesionales que le asesoren y le gestionen la reclamación como es debido.  En ASELEC asesoría y abogados contamos con un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, tanto a personas físicas como jurídicas, garantizamos los mejores resultados en la defensa de sus intereses.  Contacte con nosotros.

 

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Aselec asesoría y abogados