¿PUEDO RECLAMAR A MI DEUDOR LOS GASTOS DE CONFIRMING?

Hoy en día, resulta muy habitual que las empresas, en sus relaciones comerciales, hagan uso de sistemas financieros para la gestión del cobro anticipado de sus facturas.

Uno de ellos, es el llamado confirming.  Dicho sistema deriva en una ventaja para la empresa obligada al cobro, aunque para el proveedor supone unos costes que ha de asumir. Veamos en que consiste.

EL CONFIRMING

El confirming es un sistema de gestión de cobros, que no de deudas, en virtud del cual, una empresa encomienda, generalmente a una entidad financiera, el pago de las facturas a proveedores de manera anticipada a su fecha de vencimiento. De esta manera, el acreedor no genera deuda y el proveedor no necesita esperar a la fecha de vencimiento de las facturas para su cobro, si no que puede hacerlas efectivas en cualquier momento.

LOS GASTOS DEL ACREEDOR EN EL CONFIRMING

Pero, ¿qué gastos tiene que soportar el acreedor para beneficiarse de este sistema?

Como decíamos, para la empresa acreedora la ventaja de cobrar anticipadamente supone un gasto que, en muchas ocasiones, no resulta baladí, pues el hecho de adherirse a este sistema de pagos va a suponer que la entidad financiera nos cobre una comisión sobre el importe de la factura además de un tipo de interés.

Aunque, en un primer momento nos pueda parecer un gasto mínimo si se trata de una factura únicamente, dicho gasto ha de tenerse presente a la hora de hacer uso del confirming puesto que, cuando nos encontramos ante una relación comercial constante con nuestro deudor y, máxime, cuando se trate de facturas de cuantía elevada, dichas comisiones e intereses pueden suponer un gasto importante para nuestra empresa.

Ahora bien, ¿puedo repercutir tales gastos a mi deudor? la respuesta es negativa.

La jurisprudencia viene considerando este sistema como un sistema al que su adhesión resulta voluntaria, por lo que, desde el momento de dicha adhesión, se consideran asumidos los gastos que ello conlleve, sin que dichos gastos puedan ser encuadrados y por tanto, reclamados, en concepto de los gastos por gestión de cobro que prevé la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad, en los que únicamente se pueden encuadrar, además del coste fijo de 40 € por factura cuyo pago se reclama, los gastos ocasionados por la intervención de abogado y procurador para el cobro de la misma. 

De esta manera, a pesar de que el confirming puede constituir una vía de escape para las empresas que tienen facturas pendientes de cobro cuando su deudor ha fijado un plazo de vencimiento de las mismas elevado, obteniendo así un cobro casi inmediato, hay que estudiar con atención los gastos que pueden conllevar para nuestra empresa pues, en ocasiones, podría ocasionar un elevado coste. 

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Por todo ello, a la hora de decidir aceptar el sistema de confirming como sistema de cobro anticipado de facturas, lo mejor es pedir asesoramiento profesional a fin de estudiar los costes que ello conllevaría para tu empresa, teniendo en cuenta que dichos costes no van a poder ser reclamados al deudor.

Si no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Aselec, asesoría y abogados

PAGARÉ IMPAGADO, ¿QUÉ PUEDO HACER?

En el tráfico mercantil, es muy habitual que, como medio de pago, el deudor expida un pagaré a nombre del acreedor, con una fecha concreta en la que poder hacer efectivo el pago, conocida como fecha de vencimiento. 

Sin embargo, es probable que, presentado en la entidad bancaria, nos lo devuelvan por no tener fondos. ¿Qué opciones tenemos ante esta situación?

OPCIONES ANTE EL IMPAGO DE UNA DEUDA

Ante el impago de una deuda, el acreedor tiene varias opciones frente al deudor, puesto que, si la reclamación extrajudicial no resulta exitosa, se pueden interponer acciones judiciales por medio del procedimiento verbal u ordinario en función de la cuantía reclamada.

No obstante, ante uno u otro, casi con total seguridad deberemos esperar a la vía ejecutiva para hacer efectivo el pago, lo que supone la interposición de dos procesos judiciales, el ordinario y el ejecutivo.

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PAGARÉ COMO MEDIO DE PAGO

Sin embargo, el hecho de que el pago se haya realizado mediante la expedición de un pagaré, otorga una mayor seguridad y eficacia al acreedor a la hora de cobrarlo y es que, un pagaré es un título ejecutivo que cuenta con un procedimiento judicial específico para hacer directamente efectivos los pagos que se hagan por medio de los mismos. 

EL PROCEDIMIENTO CAMBIARIO DEL PAGARÉ IMPAGADO

El procedimiento cambiario se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil como un proceso sumario y especial para este tipo de situaciones en las que presentado el pagaré impagado directamente se le da traslado al deudor para que pague en el plazo de 10 días o se oponga. Si bien, la importancia que reviste este procedimiento, además, es que las causas de oposición están tasadas por Ley, siendo además muy concretas. 

El deudor solo podrá alegar como causas de oposición las siguientes:

1º.- Inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma. 

2º.- Falta de legitimación del tenedor o de las formalidades del pagaré. 

3º.- Extinción del crédito. 

Fuera de dichas causas, el deudor únicamente podrá proceder al pago. En caso contrario, se procederá directamente a despachar ejecución, para lo cual se realizará investigación patrimonial del deudor procediendo a los embargos de los bienes que sean necesarios para cubrir la deuda. 

En caso de oposición, se resolverá directamente el Tribunal, salvo que las partes pidan la celebración de una vista en cuyo caso se resolverá posteriormente. 

El plazo para interponer el procedimiento es de 4 años. 

No obstante, ante una situación de impago, lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional a fin de examinar el caso concreto y las soluciones más apropiadas para ello.

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El abogado de la empresa juega un papel fundamental en los casos de reclamación de facturas impagadas, pues su intervención no solamente queda reducida al requerimiento extrajudicial o procedimiento judicial en caso de que se desatienda la solución amistosa, si no que aún interpuesta la demanda de juicio monitorio, el abogado seguirá trabajando a fin de llegar finalmente a un acuerdo frente al deudor, realizando negociaciones con éste o con su abogado en su caso, a efectos de conseguir un acuerdo transaccional y solucionar el asunto de la manera más beneficiosa para la empresa, reduciendo una vez más, tiempo y gastos.

Si no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

¿SE PUEDE RECUPERAR EL IVA DE LAS FACTURAS IMPAGADAS?

Una de las cuestiones que nos plantean con frecuencia nuestros clientes autónomos y empresas, es la posibilidad de recuperar el IVA de aquellas facturas que han sido impagadas por sus clientes y por las que, en su día, ingresaron en Hacienda la correspondiente cuota de IVA repercutido.

A continuación, detallamos los requisitos y el procedimiento que marca la normativa para poder recuperar las cuotas del IVA repercutido en el caso de los créditos declarados “incobrables”.  

¿Cuáles son los requisitos para modificar la base imponible del IVA?

Atendiendo al artículo 80.cuatro de la LIVA, la base imponible del impuesto puede modificarse cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables, considerándose como tales cuando el crédito reúna los siguientes requisitos:

  1. Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. Este plazo de un año pasa a ser de seis meses cuando el titular del derecho de crédito sea una PYME (empresario o profesional cuyo volumen de operaciones en el año natural inmediato anterior no haya excedido de 6.010.121,04 euros).

A partir del 1 de enero de 2015, los empresarios que sean considerados PYME podrán modificar la base imponible transcurrido el plazo de 6 meses como se venía exigiendo hasta la fecha o podrán esperar al plazo general de 1 año que se exige para el resto de empresarios.

En las operaciones a plazo, el año o, en su caso, el plazo de seis meses, empiezan a contar desde el vencimiento del plazo o plazos impagados, no desde el devengo del impuesto repercutido. En estas operaciones, bastará instar el cobro de uno de los plazos para que el crédito se considere incobrable y la base imponible pueda reducirse en la proporción que corresponda por el plazo o plazos impagados.

Respecto a las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja, la condición del transcurso del plazo de un año o seis meses para considerar el crédito incobrable se entenderá cumplida en la fecha de devengo del impuesto que se produzca por aplicación de la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.

  1. Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para el IVA.
  1. Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en caso de actuar como particular, que la base imponible, IVA excluido, sea superior a 300 euros.
  1. Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos. En las operaciones que tengan por destinatarios a Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial se sustituirán por una certificación expedida por el órgano competente.
Cuadro resumen de requisitos para recuperar el IVA en el caso de créditos incobrables
PYMES (Volumen de facturación < 6.010.121,04 euros el año anterior). Resto de sujetos pasivos Régimen especial del criterio de caja
Plazo que debe transcurrir desde el devengo, para minorar la base imponible Seis meses / Un año. Un año. 31 diciembre año posterior al de realización de la operación.
Operaciones a plazo Plazo que debe transcurrir desde el devengo hasta el vencimiento del pago, para considerar una operación a plazo. Seis meses / Un año.
Plazo que debe transcurrir desde el vencimiento del pago, para considerar una operación incobrada. 31 diciembre año posterior al de realización de la operación

Requisito: hayan transcurrido seis meses / un año desde vencimiento del plazo.

Plazo para modificar la base imponible desde la finalización del período anterior Tres meses.
Requisitos para poder minorar la base imponible Anotación en Libros Registro.

Destinatario empresario o profesional / particular si base imponible > 300 euros.

Reclamación judicial al deudor o requerimiento notarial.

No se trate de créditos garantizados o afianzados, créditos entre personas o entidades vinculadas o referidos a operaciones cuyo destinatario no está establecido en España y créditos concursales.

Deudas de los Entes Públicos Se sustituye la reclamación judicial o el requerimiento notarial por un certificado del Ente Público deudor en el que conste el reconocimiento y la cuantía de la obligación a su cargo.

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¿Cuál es el procedimiento para modificar la base imponible de los créditos incobrables?

La modificación de la base imponible debe efectuarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de un año o, en el caso de PYMES, seis meses desde el momento del devengo de la operación o del vencimiento del plazo o plazos impagados en el caso de operaciones a plazo. Esta modificación de la base imponible se materializa mediante la emisión de una factura rectificativa o de abono.

No procederá la modificación de la base imponible cuando se trate de créditos que disfruten de garantía real, estén afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte garantizada, afianzada o asegurada, así como en el caso de créditos entre personas o entidades vinculadas a efectos del IVA, y aquellos que se refieren a operaciones cuyo destinatario no está establecido en España.

Una vez realizada la modificación, esta circunstancia debe ser comunicada por vía electrónica a la Agencia Tributaria en el plazo de un mes desde la fecha en que se emitió la factura rectificativa. Asimismo, dicha factura rectificativa deberá remitirse de forma fehaciente al deudor en el mismo plazo.

Por último, la modificación de la base imponible y cuota de IVA repercutido, deberá declararse en la autoliquidación de IVA mensual o trimestral correspondiente.

Si se encuentra usted ante una situación como la descrita anteriormente pero aún le surgen dudas sobre cómo proceder, no dude en ponerse en contacto con el Departamento Fiscal-Contable de ASELEC Asesoría y Abogados, estaremos encantados de poder ayudarle a solucionar esta situación.

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Silvana Ricci

Economista

Dpto. Fiscal-Contable

ASELEC, asesoría y abogados. 

IMPAGO DE CLIENTES ¿QUÉ PUEDO HACER?

Una de las situaciones más desagradables a las que tiene que enfrentarse un empresario es al impago de facturas por parte de un cliente. Esta circunstancia puede causar cierta sensación de estrés y bloqueo al empresario que no sabe cómo proceder ante una situación así.

Por ello, en estos casos es clave la función del abogado de la empresa que interviene en su nombre y frente al cliente para reclamarle el pago de lo debido, gestionando la situación y pudiendo conseguir un alto grado de éxitos en sus reclamaciones.

El primer paso es requerir de manera extrajudicial al deudor, intentando una solución amistosa del conflicto a fin de evitar un procedimiento judicial que incrementen los gastos de la empresa ya que, en los casos en que la cuantía a reclamar sea inferior a 2.000 € no habrá condena en costas, por lo que no existirá la posibilidad de repercutir al deudor los costes de abogado y procurador para la reclamación de la deuda.

Si la reclamación extrajudicial resulta infructuosa, se habrá de acudir a la vía judicial. Afortunadamente, la ley contempla un procedimiento especial, el procedimiento monitorio, previsto para el caso de impagos de facturas en los que la deuda ya sea líquida, vencida y exigible sin lugar a dudas.

Una vez interpuesta la demanda de juicio monitorio, el deudor, en el plazo de 20 días, puede:

  1. Pagar
  2. Oponerse
  3. Ni pagar ni oponerse

En caso de que pague, habremos conseguido nuestro objetivo finalmente.

En caso de que se oponga, el procedimiento monitorio se archiva, iniciándose un procedimiento de reclamación de cantidad que, dependiendo de la cantidad que se reclame seguirá los trámites del Juicio Verbal (hasta 6.000 €) u ordinario (más de 6.000 €).

Si el deudor ni ha pagado ni se ha opuesto en plazo y forma, el procedimiento monitorio se dará por terminado, teniendo potestad el empresario para iniciar directamente la vía de apremio contra el deudor.

El abogado de la empresa juega un papel fundamental en los casos de reclamación de facturas impagadas, pues su intervención no solamente queda reducida al requerimiento extrajudicial o procedimiento judicial en caso de que se desatienda la solución amistosa, si no que aún interpuesta la demanda de juicio monitorio, el abogado seguirá trabajando a fin de llegar finalmente a un acuerdo frente al deudor, realizando negociaciones con éste o con su abogado en su caso, a efectos de conseguir un acuerdo transaccional y solucionar el asunto de la manera más beneficiosa para la empresa, reduciendo una vez más, tiempo y gastos.

Por ello, cuando el empresario se encuentre en una situación de impago de facturas frente a un cliente, lo mejor es que sea el abogado de la empresa quien intervenga en nombre de la misma y gestione la situación de la manera más objetiva y beneficiosa para la mercantil, realizando las negociaciones tanto previas como coetáneas a la demanda de juicio monitorio a fin de llegar a una solución amistosa, o iniciando la vía de apremio para finalmente, conseguir recaudar la cantidad que se le adeude a la empresa.

Si no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

 

Estefanía Belchí Poveda
Dpto. Jurídico
ASELEC asesoría y abogados.

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