Entradas

solucion-a-las-deudas-con-seguridad-social

¿AGOBIADO CON LAS DEUDAS A LA SEGURIDAD SOCIAL?

Las circunstancias de las personas y las empresas varían a lo largo del tiempo, siendo habitual sufrir altibajos en la economía empresarial. Puede suceder entonces que, haya meses en las que los gastos superen a los ingresos y el pago de deudas a la Seguridad Social, tales como cuotas, recargos o sanciones, se convierta en un problema.

Ante una situación de morosidad, la administración envía un documento de reclamación del pago, donde advierte que existe un plazo de 15 días para hacer efectiva la deuda, en caso contrario, se pasará automáticamente a vía ejecutiva con el consiguiente embargo de cuentas y bienes del afectado.

Si no pagamos, la Seguridad Social aplicará un recargo del 20% sobre las cuotas impagadas, aunque solo nos hayamos retrasado un día en hacer el pago.

Además, si pasado este plazo sigue sin saldarse la deuda, la Seguridad Social, reclamará también el abono de intereses de demora.

Pero, no se alarme, porque afortunadamente  la  Seguridad Social nos ofrece un mecanismo para aquellos casos en que al deudor le resulte imposible afrontar el pago de una deuda contraída a su favor.

 Así, si usted o su empresa está atravesando un pequeño bache financiero, y no puede afrontar un pago pendiente con Seguridad Social, ésta pone a su disposición la posibilidad del aplazamiento de la misma.

QUÉ DEUDAS PUEDEN APLAZARSE

La solicitud del aplazamiento de la deuda se puede pedir de forma presencial o telemática si se cuenta con un certificado digital, mediante un modelo de solicitud específico al que se le adjuntará también un modelo de reconocimiento de deuda.

Lo primero que debemos de hacer es diferenciar entre las cuotas que son aplazables y aquellas cuotas que son inaplazables.

Así pues ¿cuáles son las cuotas que no se pueden aplazar bajo ningún concepto?

  • por un lado, las cuotas correspondientes a la cotización del trabajador a la Seguridad Social, es decir, la denominada “cuota obrera”.
  • y por otro, las cuotas derivadas de la cotización por contingencias profesionales, es decir, accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Veamos mediante un supuesto, qué se consideraría aplazable y que no.

Supongamos el caso de una empresa con trabajadores a su cargo que tiene que afrontar un seguro social por un importe total de 5000 euros, pero que, debido a las circunstancias en ese momento no puede pagarlo. El seguro social está compuesto por una pequeña parte correspondiente de la cotización de los trabajadores a la Seguridad Social (que en este caso ascendería a 800 euros) y otra parte, de la cotización de la empresa a Seguridad Social, siendo ésta la mayor parte, y que en el ejemplo descrito supondría el importe restante, es decir, 4.200 euros. 

Como resultado, en este ejemplo la cuota inaplazable serían los 800 euros, y la parte susceptible de aplazamiento, los restantes 4.200 euros.

¿Qué sucede con el importe que no se puede aplazar? Pues bien, el importe correspondiente a las cuotas inaplazables se debe de ingresar en el plazo de un mes desde la fecha en que aprueban la concesión del aplazamiento para que éste tenga validez.

Le interesa

LÍMITES AL APLAZAMIENTO

Hay que tener en cuenta que existe un límite para que se conceda el aplazamiento, y está vinculado al importe de las cuotas aplazables. Así pues, para que concedan la aprobación del aplazamiento, la cantidad correspondiente a la cantidad aplazable debe de superar el doble del Salario Mínimo Interprofesional.

En el ejemplo anterior, al tratarse de un importe de 4.200 euros, dicha cantidad estaría por encima del límite fijado, y por tanto, si podría ser susceptible de aplazamiento.

Y, ¿cuándo se puede solicitar el aplazamiento? Se puede solicitar cuando el importe pendiente de pago se encuentre tanto en vía voluntaria como en ejecutiva.

Si bien dicha solicitud debe ser siempre antes de que se inicie la enajenación de bienes embargados, por lo que puede hacerlo tanto desde el mismo momento en que finalice el plazo máximo para el ingreso del importe que tenga pendiente con Seguridad Social (vía voluntaria) hasta en el momento en que la Seguridad Social notifique la existencia de la deuda ya generada mediante providencia de apremio (vía ejecutiva), momento en el que tendremos 15 días a partir de la notificación para solicitar el aplazamiento.

INTERSES DEVENGADOS

No obstante, no hay que olvidar que la concesión de un aplazamiento con Seguridad Social lleva aparejado el devengo de intereses, que serán exigibles desde el momento de la concesión hasta la fecha de pago, y, cuya cuantía será conforme al interés legal del dinero que se encuentre vigente durante el tiempo que dure el aplazamiento.

VENTAJAS DEL APLAZAMIENTO

Como principales ventajas de la concesión de un aplazamiento con Seguridad Social habría que destacar en primer lugar que, pese a que el sujeto tenga una deuda contraída con Seguridad Social, desde el momento en el que el aplazamiento haya sido concedido, el interesado pasará a estar al corriente de pago en sus obligaciones con Seguridad Social, lo cual puede ser interesante de cara a diversas acciones como la concesión de un préstamo, el acceso o mantenimiento de  bonificaciones, etc…

Por otro lado,  la concesión de un aplazamiento paraliza el proceso ejecutorio de la deuda aplazada, lo que significa que no se iniciará procedimiento de embargo.

INCUMPLIMIENTO DEL APLAZAMIENTO

Por último, el aplazamiento se considerará incumplido si no se ingresa el importe de la cuota inaplazable en el plazo para ello, tal y como hemos señalado anteriormente, pero también en los casos en los que, una vez concedido, se produzca el impago de alguno de los plazos concedidos, o bien se generen nuevas deudas posteriores. Esto tendría como principal consecuencia, el inicio del procedimiento de apremio por el importe de la deuda restante.

Es decir, volviendo al ejemplo, si la empresa una vez concedido el aplazamiento no pagara una de las cuotas del mismo, o bien, volviera a incurrir en el impago de un seguro social posterior, se consideraría incumplido el aplazamiento, y se continuaría con el proceso ejecutorio.

Si se está planteando la opción de solicitar un aplazamiento, no dude en contactar con el Departamento Laboral de ASELEC. Estaremos encantados de ayudarle a resolver todas sus dudas y gestionar los trámites necesarios. Contacte con nosotros para concertar una cita.

 

Ana García

Graduado Social

Dpto. Jurídico-Laboral

ASELEC, asesoría y abogados

nuevas-medidas-proteccion-deudores-hipotecarios

NUEVAS MEDIDAS DE PROTECCION PARA LOS DEUDORES HIPOTECARIOS SIN RECURSOS

La actual situación social sigue requiriendo la adopción de medidas favorables a familias que sufren la adversidad económica y que, unido a la próxima finalización de suspensión de lanzamientos que finalizaba el próximo 15 de mayo del año en curso, ha motivado la aprobación del Real Decreto Ley 5/2017, de 17 de marzo, que amplía y profundiza las medidas de protección a los colectivos vulnerables por las crisis , y que entró el vigor el pasado 19 de marzo.
Las novedades de dicha norma resultan de ampliar el ámbito de aplicación de las medidas de protección a deudores hipotecarios que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo ahora:

1º. La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
2.º La unidad familiar monoparental con hijos a cargo.
3.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.
4.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral.
5.º La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
6.º La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género.
7.º El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar.

Igualmente, entran dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto, los colectivos que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

A estos efectos se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento de la concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.
Por otro lado, se amplía en tres años, hasta mayo de 2020, la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.
Igualmente, se establecen mecanismos para alquiler al deudor ejecutado, en caso de ejecución de vivienda habitual y cuyo lanzamiento haya sido objeto de suspensión. Así, se establece un periodo de hasta 5 años, ampliables por otros 5, de arrendamiento de la vivienda, disponiendo de un plazo de 6 meses para solicitarlo desde la entrada en vigor del Real Decreto o desde que se decrete la suspensión del lanzamiento si este fuera posterior.
Por último, se han de destacar las medidas complementarias que, en el plazo de 8 meses desde la entrada en vigor del mencionado Real Decreto, habrán de determinarse por el Gobierno a fin de facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda habitual de los deudores hipotecarios que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, cuando ésta hubiera sido objeto de procedimiento de ejecución hipotecaria.

 

 

Estefanía Belchí Poveda
Dpto. Jurídico.
Aselec Consultores S.L.

SE ME HA ACABADO EL DESEMPLEO, ¿Y AHORA QUÉ?

Quedarse sin empleo no es algo que nadie desee y todavía menos no encontrar trabajo y agotar la prestación por desempleo. Aquí te vamos a sugerir algunas opciones  para  cuando se acaba el paro y qué ayudas tienes a tu disposición.

Para empezar hemos de tener en cuenta que, cuando se nos han agotado las prestaciones de desempleo, cuando ya no puedes seguir cobrando el paro, es posible que puedas acceder a otras ayudas del Sistema Nacional de Empleo, además de a ayudas de otras administraciones públicas e incluso ayudas de las ONGs.

Existen tres tipos de ayudas actualmente en la lucha contra el desempleo, dirigidas a los parados de larga duración que tienen carencia de rentas, una vez agotados todos los subsidios y prestaciones ordinarios.

1-. RENTA ACTIVA DE REINSERCION (RAI)
Su objetivo es incrementar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo de los trabajadores desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Se realiza a través del compromiso de realización de actuaciones favorecedoras de su inserción laboral así como el otorgamiento de una ayuda económica denominada Renta Activa de Inserción para un determinado colectivo que reúna unos determinados requisitos.

Requisitos: Si no se ha beneficiado en los 365 días naturales anteriores ni la ha disfrutado ya tres veces en total, es mayor de 45 años desempleado de larga duración, menor de esa edad discapacitado o víctima de violencia de género, y en todo caso no alcanza los 65, está desempleado y no tiene derecho al desempleo ni ingresos mensuales superiores a 530,78 euros (75% del SMI).

Si se cumplen dichos requisitos se puede acceder a esta ayuda de 426 euros (80% del IPREM) durante un máximo de 11 meses.

2-. PLAN PREPARA

Centra su función protectora en el colectivo de los desempleados, que habiendo agotado y no teniendo derecho a prestaciones o subsidios, presenten cargas familiares o sean parados de larga duración.

Podrán beneficiarse de este programa las personas que hayan agotado el desempleo y sean parados de larga duración (más de 12 de los últimos 18 meses en desempleo) o con cargas familiares, inscrito como demandante de empleo que hayan buscado activamente empleo durante al menos 30 días desde que perdió otras prestaciones, formalicen un compromiso de actividad, no tengan derecho al desempleo ni ingresos mensuales superiores a 530,78 euros (75% del SMI), ni ha disfrutado del PRODI (Programa Temporal de protección por desempleo e inserción) ni del plan PREPARA ni de la RAI.

Si se reúnen dichos requisitos se tendrá derecho a una ayuda mensual de 400 euros (75% del IPREM, 450 euros u 85% del IPREM si tiene 3 o más personas a su cargo) por un periodo máximo de 6 meses.

3) PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO (PAE)

Se trata de un programa de carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de larga duración que comprende políticas activas de empleo e intermediación laboral gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo con la finalidad de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo y ofrece una ayuda económica de acompañamiento gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal, vinculada a la participación en las mencionadas políticas de activación para el empleo.
Requisitos: Si ha agotado o no tiene derecho al desempleo, al plan PREPARA, a la RAI y/o al PRODI, está inscrito como desempleado al 1-4-2014 o al 1-4-2016 y lo ha estado 360 días en los 18 meses anteriores, no tiene rentas mensuales superiores a 530,78 euros (75% del SMI) y si responsabilidades familiares, le queda el Programa de Activación para el Empleo, extraordinario y temporal hasta el 15-4-2017, para desempleados de larga duración.
Dicho Programa solo se puede disfrutar una vez y asciende a una ayuda de 426 euros (80% del IPREM) durante 6 meses.

Ana García
Dpto. Laboral-Jurídico
aselec consultores, s.l.p.

que-es-una-diligencia-de-embargo

QUÉ ES UNA DILIGENCIA DE EMBARGO Y QUÉ HACER CUANDO LA RECIBE

Las diligencias de embargo son una medida que lleva a cabo la Agencia Tributaria contra aquella persona (sea empresario o no) o empresa que no está al corriente de sus pagos con esta Administración.

Cuando el deudor agota el periodo voluntario para el pago, Hacienda requiere a las empresas con las que el deudor ha mantenido algún tipo de relación con el objeto de que ingresemos el crédito que tengamos a favor de esta persona a la Agencia Tributaria directamente, con el fin de cubrir el importe de la deuda que tiene con el Tesoro Público.

Las diligencias de embargo más comunes son las de sueldos y salarios (cuando el deudor es tu empleado) y los embargos de créditos (en el caso de proveedores/acreedores). Pero sólo nos podrán exigir el pago de las deudas devengadas desde la fecha de la notificación y que estén pendientes de pago. No habiendo un contrato de relaciones futuras, el que recibe la diligencia tendrá que ingresar tan solo lo que debe a su proveedor hasta la fecha. No los importes futuros que realice con contratos. Sin embargo, conviene hacer ciertos matices en este punto:

  • Si existiera un plazo pactado con el proveedor para satisfacer la deuda, Hacienda lo respetará.
  • Si existe una prestación de servicios anterior a la fecha de recepción de la notificación cuya factura no se haya recibido, habrá que ingresar igualmente su importe porque la operación que genera el crédito ya se ha producido.
  • Si para efectuar el pago a su proveedor o empleado entregó un pagaré, no tendrá que retener el pago pero sí deberá indicarlo en contestación a la diligencia.

La deuda se deberá ingresar en el momento en el que sea exigible, es decir, al vencimiento de la factura o en cuando se abone la nómina mediante una (o varias) cartas de pago que adjunta la diligencia de embargo.

Es importante saber, que si recibe una notificación de diligencia de embargo debe contestar en el plazo de 10 días hábiles, incluso aunque ya no tenga créditos a su favor o no exista relación, ya que la falta de atención del requerimiento puede acarrear sanciones.

 

Nerea Montesinos
Dpto. Contable-Fiscal
Aselec consultores, s.l.p.