RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS DE LAS EMPRESAS EN UNA U.T.E

La unión temporal de empresas (U.T.E) es un sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro.

Se trata de un sistema de colaboración entre empresas para llevar a cabo una determinada actividad en un concreto periodo de tiempo y que carece de personalidad jurídica propia, lo que las diferencia de las Agrupaciones de Interés Económico que sí tienen, cuya representación la ostenta un gerente único frente a terceros.

Ya tratamos en nuestro Blog del régimen fiscal que regula estas U.T.Es. Si quiere recordarlo, le dejamos el enlace aquí:

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¿QUÉ ES UNA U.T.E?

El régimen jurídico de las U.T.E o Unión Temporal de Empresas viene regulado en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Regional

Se trata de una entidad sin personalidad jurídica propia constituida para la colaboración empresarial cuyo objeto es el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro por un período de tiempo determinado el cual coincide con la duración del contrato y vigencia de la entidad.

La constitución de la UTE se formaliza en escritura pública en la que se comunica el nombre, apellidos, razón social de los otorgantes, su nacionalidad y su domicilio, la voluntad de los otorgantes de constituir la entidad y los estatutos o pactos que han de regir el funcionamiento de la misma.

Las empresas miembros de una UTE pueden ser personas físicas o jurídicas residentes en España o en el extranjero y debe designarse un Gerente único, con poderes suficientes de todos y cada uno de sus miembros para ejercitar los derechos y contraer las obligaciones correspondientes.

¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENEN LAS EMPRESAS QUE COMPONEN UNA U.T.E?

Como ya hemos dicho, las empresas que constituyan una U.T.E deberán hacerlo a través de escritura pública donde se deberá reflejar la participación que ostenta cada una de ellas e inscribirla en el Registro Mercantil.

Sin perjuicio de la participación que cada una de dichas empresas tenga, resulta imprescindible saber que la responsabilidad que contraen frente a terceros cada una de ellas, es solidaria e ilimitada. Pero, ¿qué significa esto?

La responsabilidad solidaria es aquella en la que, existiendo varios deudores, el acreedor puede dirigirse indistintamente a cualquiera y exigirle la deuda total pudiendo ir contra la totalidad de sus bienes, de ahí su naturaleza de ilimitada. Es decir, que, de cualquier deuda que tenga la U.T.E responde cada una de sus empresas por el 100 % de la misma, independientemente de la participación que tenga en la U.T.E. 

Si bien, aunque tal responsabilidad es ilimitada frente a terceros, no lo es entre las empresas que la conforman, pudiendo, una vez saldada la deuda por una sola de las empresas, repetir frente a las demás en la proporción que ostenten.

CÓMO SE RECLAMA A LAS EMPRESAS DE UNA U.T.E

¿Pueden los acreedores reclamar directamente a las empresas conformantes?

No, el acreedor deberá primeramente intentar saldar su deuda a través de los bienes de la U.T.E, y, una vez que esto devenga ineficaz, podrá dirigirse a la empresa o empresas que la conforman y reclamarle la deuda de la U.T.E.

¿CUÁNDO NACE ESA RESPONSABILIDAD?

Igualmente, es importante saber que la responsabilidad solidaria de la que hablamos únicamente nace por obligaciones contraídas por el gerente de la U.T.E en representación de ésta. Por tanto, no habrá lugar a reclamar responsabilidad a una de las empresas por las deudas contraída de manera exclusiva y en su propio nombre por otra, aun cuando se haga durante la vigencia de la U.T.E.

No obstante, si existe una reclamación por parte de un tercero sobre una deuda contraída por la U.T.E, lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional a fin de dirimir si, efectivamente, debemos responder frente a tal acreedor y las posibilidades de repetición frente al resto de empresas de acuerdo a su participación. 

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Para cualquier empresa, cualquiera que sea el sector al que pertenezca, resulta fundamental contar con un abogadocomo asesor legal que le ayude a gestionar y resolver los problemas de índole jurídico que se generan en el desarrollo de su actividad, tanto en las relaciones con los empleados, como con los clientes o proveedores.

El campo de actuación del abogado de empresa abarca tanto el asesoramiento preventivo para evitar situaciones que pongan en peligro buen funcionamiento de la misma, como, si ello resultara necesario, la efectiva actuación extrajudicial y judicial ante los juzgados y tribunales, en defensa de los interesas del negocio. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

 

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¿PUEDO RECLAMAR A MI DEUDOR LOS GASTOS DE CONFIRMING?

Hoy en día, resulta muy habitual que las empresas, en sus relaciones comerciales, hagan uso de sistemas financieros para la gestión del cobro anticipado de sus facturas.

Uno de ellos, es el llamado confirming.  Dicho sistema deriva en una ventaja para la empresa obligada al cobro, aunque para el proveedor supone unos costes que ha de asumir. Veamos en que consiste.

EL CONFIRMING

El confirming es un sistema de gestión de cobros, que no de deudas, en virtud del cual, una empresa encomienda, generalmente a una entidad financiera, el pago de las facturas a proveedores de manera anticipada a su fecha de vencimiento. De esta manera, el acreedor no genera deuda y el proveedor no necesita esperar a la fecha de vencimiento de las facturas para su cobro, si no que puede hacerlas efectivas en cualquier momento.

LOS GASTOS DEL ACREEDOR EN EL CONFIRMING

Pero, ¿qué gastos tiene que soportar el acreedor para beneficiarse de este sistema?

Como decíamos, para la empresa acreedora la ventaja de cobrar anticipadamente supone un gasto que, en muchas ocasiones, no resulta baladí, pues el hecho de adherirse a este sistema de pagos va a suponer que la entidad financiera nos cobre una comisión sobre el importe de la factura además de un tipo de interés.

Aunque, en un primer momento nos pueda parecer un gasto mínimo si se trata de una factura únicamente, dicho gasto ha de tenerse presente a la hora de hacer uso del confirming puesto que, cuando nos encontramos ante una relación comercial constante con nuestro deudor y, máxime, cuando se trate de facturas de cuantía elevada, dichas comisiones e intereses pueden suponer un gasto importante para nuestra empresa.

Ahora bien, ¿puedo repercutir tales gastos a mi deudor? la respuesta es negativa.

La jurisprudencia viene considerando este sistema como un sistema al que su adhesión resulta voluntaria, por lo que, desde el momento de dicha adhesión, se consideran asumidos los gastos que ello conlleve, sin que dichos gastos puedan ser encuadrados y por tanto, reclamados, en concepto de los gastos por gestión de cobro que prevé la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad, en los que únicamente se pueden encuadrar, además del coste fijo de 40 € por factura cuyo pago se reclama, los gastos ocasionados por la intervención de abogado y procurador para el cobro de la misma. 

De esta manera, a pesar de que el confirming puede constituir una vía de escape para las empresas que tienen facturas pendientes de cobro cuando su deudor ha fijado un plazo de vencimiento de las mismas elevado, obteniendo así un cobro casi inmediato, hay que estudiar con atención los gastos que pueden conllevar para nuestra empresa pues, en ocasiones, podría ocasionar un elevado coste. 

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Por todo ello, a la hora de decidir aceptar el sistema de confirming como sistema de cobro anticipado de facturas, lo mejor es pedir asesoramiento profesional a fin de estudiar los costes que ello conllevaría para tu empresa, teniendo en cuenta que dichos costes no van a poder ser reclamados al deudor.

Si no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Aselec, asesoría y abogados

PAGARÉ IMPAGADO, ¿QUÉ PUEDO HACER?

En el tráfico mercantil, es muy habitual que, como medio de pago, el deudor expida un pagaré a nombre del acreedor, con una fecha concreta en la que poder hacer efectivo el pago, conocida como fecha de vencimiento. 

Sin embargo, es probable que, presentado en la entidad bancaria, nos lo devuelvan por no tener fondos. ¿Qué opciones tenemos ante esta situación?

OPCIONES ANTE EL IMPAGO DE UNA DEUDA

Ante el impago de una deuda, el acreedor tiene varias opciones frente al deudor, puesto que, si la reclamación extrajudicial no resulta exitosa, se pueden interponer acciones judiciales por medio del procedimiento verbal u ordinario en función de la cuantía reclamada.

No obstante, ante uno u otro, casi con total seguridad deberemos esperar a la vía ejecutiva para hacer efectivo el pago, lo que supone la interposición de dos procesos judiciales, el ordinario y el ejecutivo.

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PAGARÉ COMO MEDIO DE PAGO

Sin embargo, el hecho de que el pago se haya realizado mediante la expedición de un pagaré, otorga una mayor seguridad y eficacia al acreedor a la hora de cobrarlo y es que, un pagaré es un título ejecutivo que cuenta con un procedimiento judicial específico para hacer directamente efectivos los pagos que se hagan por medio de los mismos. 

EL PROCEDIMIENTO CAMBIARIO DEL PAGARÉ IMPAGADO

El procedimiento cambiario se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil como un proceso sumario y especial para este tipo de situaciones en las que presentado el pagaré impagado directamente se le da traslado al deudor para que pague en el plazo de 10 días o se oponga. Si bien, la importancia que reviste este procedimiento, además, es que las causas de oposición están tasadas por Ley, siendo además muy concretas. 

El deudor solo podrá alegar como causas de oposición las siguientes:

1º.- Inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma. 

2º.- Falta de legitimación del tenedor o de las formalidades del pagaré. 

3º.- Extinción del crédito. 

Fuera de dichas causas, el deudor únicamente podrá proceder al pago. En caso contrario, se procederá directamente a despachar ejecución, para lo cual se realizará investigación patrimonial del deudor procediendo a los embargos de los bienes que sean necesarios para cubrir la deuda. 

En caso de oposición, se resolverá directamente el Tribunal, salvo que las partes pidan la celebración de una vista en cuyo caso se resolverá posteriormente. 

El plazo para interponer el procedimiento es de 4 años. 

No obstante, ante una situación de impago, lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional a fin de examinar el caso concreto y las soluciones más apropiadas para ello.

Le interesa

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El abogado de la empresa juega un papel fundamental en los casos de reclamación de facturas impagadas, pues su intervención no solamente queda reducida al requerimiento extrajudicial o procedimiento judicial en caso de que se desatienda la solución amistosa, si no que aún interpuesta la demanda de juicio monitorio, el abogado seguirá trabajando a fin de llegar finalmente a un acuerdo frente al deudor, realizando negociaciones con éste o con su abogado en su caso, a efectos de conseguir un acuerdo transaccional y solucionar el asunto de la manera más beneficiosa para la empresa, reduciendo una vez más, tiempo y gastos.

Si no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

¿PAGAR A LA SGAE POR PONER MÚSICA EN MI NEGOCIO?

¿Sabe qué es la SGAE y por qué debemos pagarle por reproducir música en nuestro local? ¿Cuándo y Cuánto? o ¿Cómo actúa esta entidad?

La gran mayoría de negocios hace uso en su rutina diaria de radio, televisión o listas de reproducción sin saber que, por ello, es probable que esté obligado a pagar una cuota a la SGAE (Sociedad General de Autores Españoles).

LA SGAE, SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ESPAÑOLES

La SGAE, es una empresa privada autorizada por el Gobierno, dedicada a la defensa y gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 100.000 socios. Dentro del colectivo de los creadores, 90.921 son músicos de todos los géneros y estilos, 10.701 son autores de obras audiovisuales –argumentistas, guionistas y directores-, y 8.825 son dramaturgos y coreógrafos . La SGAE, activa desde 1899, administra hoy un repertorio superior a los diez millones de obras musicales, dramáticas, coreográficas y audiovisuales. Tal y como establece la Ley de Propiedad Intelectual, SGAE tiene encomendada la defensa y gestión de los derechos de las obras de sus socios, autores y editores.

Pero esta empresa no es la única que realiza esta función, sino que encontramos también otras como  la AGEDI o la AIE, entidades igualmente encargadas de la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Dicha gestión deviene de que los autores confían a esta empresa la protección del uso legítimo de sus obras, consistiendo dicho uso legítimo en el pago de una cuota. 

Al pago de esta cuota vienen obligados, en principio, todos los propietarios de negocios, independientemente del objeto que tenga, que quieran aprovechar las obras cuya autoría pertenece a autores que han delegado la gestión de las mismas a estas empresas autorizadas. Es decir, si en un negocio se desea reproducir música, aunque sea meramente ambiental, o tener la televisión encendida a la vista de los clientes, o simplemente encender la radio de fondo, es necesaria la obtención de una licencia que otorga la SGAE, y que autoriza a esa empresa a la reproducción de música o contenido audiovisual en su local.

¿Qué incluye esta licencia?

  • Música: Utilización del repertorio musical, a través de cualquier medio (radio, tv, cd, internet, gramola-hucha, juke box, actuaciones en vivo o en directo…)
  • Audiovisual: Utilización del repertorio audiovisual, a través de cualquier medio (tv, internet, laser disc, dvd, video…)

 Es necesario saber que, no todos los autores han delegado la gestión de estos derechos a la SGAE, por lo que la reproducción de sus obras musicales no va a estar sometida al pago de la cuota en ese caso.  

El abono de la cuota viene determinado por un contrato de licencia a suscribir con estas entidades, en el que se define la cuota a pagar y cuyo importe dependerá del uso que se vaya a hacer de ellas. Así, variará según la reproducción de esas obras musicales tenga un uso principal, como sería el caso de una discoteca, o sea meramente accesorio, como puede ser el caso de un comercio.

También influirá en el importe de la cuota, la superficie del local y la cantidad de reproductores que se utilicen para ello (número de altavoces, televisiones, etc). 

¿CÓMO CONTROLA LA SGAE LA MÚSICA QUE ESTOY REPRODUCIENDO EN MI NEGOCIO? ¿PUEDE SANCIONARME?

Tanto la SGAE como las demás entidades que tienen delegada la gestión de los derechos de propiedad intelectual de los autores, cuentan con personal delegado por todo el territorio nacional y tienen encomendada la visita a los negocios y la comprobación de que efectivamente se está realizando la reproducción o el uso de obras cuyo autor haya delegado la gestión del y protección de sus derechos de autor. Así como comprobar, en el caso de que así fuera, que dicho uso resulte legítimo, es decir, que esté pagando por ello. 

Sin embargo, el personal de estas entidades sólo puede limitar su actuación a levantar un acta en dichas inspecciones, siempre y cuando, cuenten con el consentimiento del propietario del negocio inspeccionado, puesto que no se trata de funcionarios del estado y por tanto, no  tienen la potestad de inspeccionar un local si el propietario se opone.

En cualquier caso, no tienen potestad para sancionar. Será en un procedimiento judicial posterior, donde se reclamen las cuotas que se consideran debidas por la reproducción de obras musicales de autores gestionados por la SGAE. 

En caso de que se inicie un procedimiento judicial para reclamar el pago, la resolución derivada del mismo determinará el beneficio que el negocio pueda obtener por el uso o reproducción de las obras protegidas.

En cualquier caso, se tratará siempre de asuntos muy particulares y que van a variar dependiendo del caso concreto. Por este motivo, nuestra recomendación es que si desea saber si está o no obligado al pago de una cuota a la SGAE,  o bien ya ha recibido la visita de un  inspector de la SGAE o entidad de gestión similar en su negocio, debe buscar asesoramiento profesional que le aconseje la mejor solución para su negocio, en función del uso, cantidad de reproductores y otros aspectos a tener en cuenta. Aún más en el caso de que se haya iniciado el procedimiento judicial a que acabamos de hacer referencia y en el que debe contar con un asesor legal experto que defienda sus intereses legales y económicos.

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Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Juridico

Aselec, asesoría y abogados.

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