Protección del trabajo autónomo en el RDL 30/2020:Se publica un criterio para flexibilizar el acceso a la prestación extraordinaria por suspensión a actividad a favor de algunos autónomos del sector de la hostelería. Resumimos dicho criterio y recordamos todas las medidas introducidas por el citado RDL.
1. Criterio para trabajadores autónomos del sector de hostelería
En definitiva, los hosteleros autónomos que NO presten los citados servicios podrán acceder:
— A la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, mediante solicitud a la mutua y aportando declaración responsable.
— A la prestación compatible con la actividad si estiman que su facturación ha caído un 75% respecto al último trimestre del año pasado.
En cuanto a los hosteleros que SÍ realicen ese servicio de reparto a domicilio o recogida en local, podrán acceder a la prestación compatible, con la estimación de facturación señalada anteriormente.
La ampliación a estos supuestos se produce después de que en algunos territorios se haya suspendido la actividad de la restauración, salvo en el servicio a domicilio, con el objetivo de mitigar la propagación del COVID-19.
La medida se ha adoptado tras diversas quejas de las principales asociaciones de trabajadores autónomos, que denunciaron la desprotección de este sector a pesar de que la Seguridad Social abonó el pasado 30 de octubre 234,21 millones de euros a más de 256.000 trabajadores autónomos a los que les fue reconocida alguna de las prestaciones puestas en marcha para paliar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. De ellos, casi 15.000 fueron beneficiarios de la prestación por suspensión temporal de la actividad. En ese mes, se registraron de media 3,265 millones de afiliados a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos, 1.816 más que en septiembre.
Recordemos que el citado RLD 30/2020 vino a complementar las medidas a favor de los autónomos que finalizaban el 30 de septiembre: la exención en la cotización regulada en el art. 8 RDL 24/2020, así como la prestación especial por cese de actividad prevista en el artículo 9 de la misma norma.
Recordemos estas medidas, agrupadas en el Título II del RDL.
2. Nueva prestación extraordinaria por cese de actividad
El mencionado artículo 13 de la norma regula, desde el pasado 1 de octubre, una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad, de forma similar a la introducida por el artículo 17 RDL 8/2020 para su aplicación durante el primer estado de alarma (finalizado el 21 de junio de 2020), a favor de aquellos autónomos que se vean obligados a suspender totalmente sus actividades en virtud de la resolución que se adopte por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del COVID-19.
La prestación se mantendrá desde el desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de la actividad hasta el último día del mes siguiente en que se acuerde el levantamiento de la misma, y se introduce la posibilidad de acceder a esta prestación a aquellos trabajadores autónomos que, no siendo afectado por el cierre de su actividad, vean reducido sus ingresos y no tuvieran acceso a la prestación de cese de actividad regulada en la LGSS.
El RDL distingue, por tanto, dos grupos de beneficiarios y dos cuantías en las prestaciones:
3. Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores de temporada
El artículo 14 RDL 30/2020 establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada, siguiendo la línea marcada en el art. 10 RDL 24/2020 en la protección de este colectivo.
Entre los elementos comunes a esta prestación y a la relativa al cese de actividad por suspensión total, cabe destacar los siguientes:
— El trabajador permanece en situación de alta en su régimen especial, desapareciendo su obligación de cotizar.
— Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho, en las mismas condiciones, a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos que prevé la norma.
— La gestión de la prestación corresponde a las mutuas colaboradoras con la Seguridad o al Instituto Social de la Marina, según los casos.
Otros requisitos, en cambio, se asemejan a la prestación extraordinaria por reducción de facturación(devengo, duración, etc.)
En los siguientes esquemas se detallan las principales características de esta prestación:
4. Prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad ex RDL 24/2020
La disp. adic. 4ª RDL 30/2020 regula una prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo del artículo 9 RDL 24/2020, hasta el 31 de enero de 2021, para aquellos autónomos que la hayan percibido en el tercer trimestre de 2020 y mantengan las condiciones para su percepción en el cuarto trimestre.
Asimismo, se facilita el acceso a la misma prestación a aquellos otros autónomos que, habiendo percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de junio, no percibieron la citada prestación ex art. 9 RDL 24/2020, pero acreditan en el cuarto trimestre las condiciones exigidas por dicho artículo para obtener el derecho a la misma. La prestación también en este caso se podrá percibir hasta el 31 de enero de 2021.
Para acceder a la prórroga, o a la propia prestación, en su caso, se exige acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de, al menos, el 75% en relación con el mismo periodo de 2019, así como no haber obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.
Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de enero de 2021 aquellos trabajadores autónomos que, a 31 de octubre, vinieran percibiendo la prestación de cese de actividad conforme al citado RDL 24/2020 y vean agotado su derecho al cese antes del 31 de diciembre de 2020, siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto.
A partir del 31 de enero de 2021 solo se podrá continuar percibiendo la prestación de cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la Seguridad Social.
Por último, el RDL posibilita la compatibilidad de la prestación con el trabajo por cuenta ajena, cuando los ingresos por esta vía no sean superiores a 2,2 veces el SMI. En este caso, la cuantía de la prestación será del 50% de la base de cotización mínima en función de la actividad.
5. Resumen: cómo afecta la ampliación de las ayudas a los trabajadores autónomos
Basándonos en fuentes del propio Ministerio de Trabajo, veamos de forma esquemática cómo afecta la extensión hasta enero de 2021 de los citados beneficios por COVID-19 a los trabajadores autónomos:
6. Aclaración sobre alta en el IAE durante la prestación extraordinaria
Concluimos con una aclaración de interés, detallada en la Consulta Vinculante V1815/2020, de la Dirección General de Tributos, que recuerda que, cuando un trabajador autónomo cese temporalmente en su actividad por motivo asociado al COVID-19 y accede a la prestación extraordinaria por cese de actividad, además de cumplir los requisitos ordinarios, debe continuar con su alta en el IAE. La baja en este impuesto solo debe realizarse en caso de un cese total y definitivo de la actividad.
¿Tengo que cobrar IVA a mis inquilinos? ¿Qué pasa con el IVA si no me pagan el alquiler? ¿Cuándo está el alquiler exento de pagar el IVA? ¿Cuánto IVA debo cobrar? Estas son sólo algunas de las cuestiones más recurrentes que rodean a la fiscalidad del alquiler de viviendas y locales. Intentamos dar respuesta a las preguntas más frecuentes sobre período de carencia, casos de impago, moratorias, criterio de caja, IBI, IVA y gastos deducibles, modelos 036, 303, 390 y 952, facturas o subida de alquiler.
DEVENGO DEL IVA DEL ALQUILER
¿Cuándo se devenga el IVA en un alquiler?
El IVA se devenga en el momento en que resulte exigible la renta.
¿Cuándo se devenga el IVA en un alquiler si no se ha determinado el momento en que es exigible la renta o este es superior al año?
Cuando no se haya determinado el momento de la exigibilidad del pago, o a la misma se haya establecido con una periodicidad superior a un año natural, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al período transcurrido desde su inicio, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha.
¿Cuándo se devenga el IVA en un alquiler en que se pacta un período de carencia?
Si existe un período de carencia, no se devenga el IVA, salvo que dicha carencia corresponda a una minoración en el precio del alquiler por la asunción por el arrendatario de determinadas obligaciones a favor del arrendador, por ejemplo, la realización de obras de acondicionamiento en un local. En ese caso, el IVA se devenga el 31 de diciembre por la parte proporcional del valor de las obras desde su inicio hasta dicha fecha. Consulta DGT V2651-19.
¿Se devenga IVA si el arrendatario no paga la renta?
En caso de impago del arrendatario, se seguirá devengando el IVA correspondiente al arrendamiento del inmueble, mientras dure el contrato de alquiler. Sin embargo, el propietario podrá considerar el crédito como incobrable y proceder a reducir la base imponible, con los requisitos del artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992.
Un alquiler con moratoria de pago por causa de la COVID-19 ¿cuándo devenga el IVA?
En el caso de que arrendador y arrendatario acuerden la suspensión del contrato de alquiler o una moratoria, suspensión o carencia en el pago de la renta, como puede ser en el caso del cierre temporal del negocio por la COVID-19, no se producirá el devengo del IVA durante dicha suspensión, moratoria o carencia. Si se acuerda una reducción en el importe del alquiler, el IVA será el 21% del importe de la nueva renta acordada.
Hay que tener en cuenta que, si no hay constancia de tal acuerdo con el arrendatario, el mero impago de la renta no impedirá el devengo del IVA. Para poder reducir la base imponible por impago deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 80. Cuatro LIVA.
La acreditación de tal acuerdo podrá ser efectuada por cualesquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, los cuales serán valorados por la AEAT.
¿Cuándo se devenga el IVA en un alquiler si el arrendador aplica el régimen especial del criterio de caja?
El devengo se produce en el momento del cobro total o parcial de la renta, por los importes efectivamente percibidos, o bien el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación, si el cobro no se ha producido.
En caso de impago del arrendatario, se seguirá devengando el IVA correspondiente al arrendamiento del inmueble, mientras dure el contrato de alquiler. Sin embargo, el propietario podrá considerar el crédito como incobrable a 31 de diciembre del año inmediato posterior (momento en que se produce el devengo) y proceder a reducir la base imponible sin tener que ingresar el IVA, con los requisitos del artículo 80. Cuatro de la Ley 37/1992.
BASE IMPONIBLE DEL IVA DE UN ALQUILER
¿Cuál es la base imponible de un alquiler?
La base imponible será la contraprestación, incluyendo cualquier crédito a favor del arrendador, como los gastos de comunidad, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los gastos de calefacción, agua, luz, obras y otros conceptos que se repercutan por el arrendador al arrendatario.
El IBI repercutido al inquilino ¿forma parte de la base imponible?
Sí, ya que se trata de un crédito a favor del arrendador y, por tanto, forma parte de la contraprestación del alquiler.
¿Cómo puedo recuperar el IVA de un alquiler impagado?
El propietario podrá considerar el crédito como incobrable y proceder a reducir la base imponible, con los requisitos del artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992 (en el caso de un alquiler: haber transcurrido 6 meses o 1 año desde el devengo, instar el cobro al inquilino mediante reclamación judicial o requerimiento notarial, emitir una factura rectificativa en el plazo de los tres meses siguientes y presentar dentro del plazo del mes siguiente el modelo 952 para comunicar a la AEAT la minoración de la base imponible). Cumplidos estos requisitos recuperarán el IVA repercutido no cobrado del inquilino incluyendo una base imponible y cuota devengada negativas en las casillas 14 y 15 del modelo 303.
¿Qué IVA soportado puede deducir el arrendador de un local?
Dan derecho a deducción los gastos por suministros de gas, luz, agua, reparaciones, gastos de asesoramiento, gestoría o publicidad, entre otros, así como las cuotas de IVA soportadas por la adquisición del inmueble arrendado y, en su caso, del mobiliario alquilado junto al mismo.
Tengo un local y una vivienda alquilados ¿qué porcentaje de IVA me puedo deducir?
Dado que los arrendamientos de inmuebles que realiza están sujetos a IVA, pero unos exentos del impuesto y otros no, en principio sólo puede deducir las cuotas soportadas en una proporción determinada (prorrata). El importe a deducir se puede calcular aplicando la prorrata general o la prorrata especial.
Prorrata general: se deduce un porcentaje del total de IVA soportado, el porcentaje que representan los alquileres por los que repercute IVA respecto al total.
Prorrata especial: se deduce únicamente el IVA soportado en facturas correspondientes a gastos o compras de bienes de inversión utilizados en alquileres con IVA y un porcentaje de los gastos comunes (la prorrata general).
Si el arrendador es una comunidad de bienes ¿pueden deducirse facturas a nombre de un comunero?
Cuando el arrendador sea una comunidad de bienes, en la factura deben constar los datos identificativos de la misma, no dando derecho a deducción si consta sólo alguno de los comuneros.
Si el inmueble arrendado pertenece proindiviso a un matrimonio en régimen de gananciales, habiéndose dado de alta en el censo de empresarios como arrendador sólo uno de los cónyuges, la factura se emitirá a nombre de este último.
¿Pueden deducirse facturas de los gastos correspondientes a periodos de tiempo en que un local se encuentre vacío?
Sí, siempre que se encuentre en espera de un nuevo contrato de alquiler.
DECLARACIONES DEL IVA DE ALQUILER
Un propietario de local que va a alquilarlo, ¿debe darse de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores?
Sí. Debe comunicar el inicio de la actividad de arrendamiento, presentando la declaración censal (modelo 036 o 037) marcando la casilla 111 (casilla 127 si ya estuviera de alta en otra actividad) y, a efectos de IVA, consignando los datos que correspondan en las casillas del apartado 4.A) de la página 4, y en la página 5.
Un propietario de vivienda que va a alquilarla, ¿debe darse de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores?
No. En el caso de que un arrendador no esté obligado a repercutir IVA en ninguno de los arrendamientos, no está obligado a comunicar el inicio de la actividad.
¿Debe presentar el modelo 303 un propietario que alquila una vivienda? ¿y un apartamento turístico?
No. En ambos casos se trata de un alquiler exento de IVA.
El prestador del servicio exento no está obligado a presentar el modelo 303, salvo que lleve a cabo alguna otra actividad no exenta del IVA. En ese caso, informará la base imponible de la operación en el modelo 390, casilla 105.
Un arrendador de local ¿debe presentar el modelo 390?
No. Deberá marcar «SI» en las casillas correspondientes del formulario del modelo 303:
¿Está exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390?
Asimismo, deberá cumplimentar el apartado específico «Exclusivamente a cumplimentar en el último período de liquidación por aquellos sujetos pasivos que queden exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA».
Si el arrendador de un local cesa en su actividad antes de octubre, ¿debe presentar el modelo 390 de ese año?
Sí. La exoneración de presentar la declaración-resumen anual del IVA no procederá en el caso de que no exista obligación de presentar el modelo 303 del último periodo de liquidación del ejercicio por haber declarado la baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores antes del inicio del mismo.
El propietario de un único local que no ha logrado alquilar este trimestre, ¿debe presentar el modelo 303?
Sí, en caso de que durante el trimestre no tenga tampoco cuotas soportadas deducibles, deberá marcar la casilla «Sin actividad».
Como consecuencia del fallecimiento de su padre, dos hermanos heredan el local que aquel tenía alquilado, ¿quién debe presentar el modelo 303?
Antes de adjudicarse la herencia, serán los herederos o la herencia yacente a través de su representante quienes deberán declarar y liquidar el impuesto y expedir las facturas que fueran necesarias.
Con posterioridad a adjudicarse la herencia, será la comunidad de bienes la que deba cumplir con las obligaciones del impuesto siempre que la asunción del riesgo y ventura de la explotación del inmueble sea conjunta. Si el inmueble se alquila de manera independiente y separada por uno de los copropietarios será éste quien adquiere la condición de empresario a efectos del IVA.
FACTURACIÓN DEL IVA DE ALQUILER
El propietario que alquila una vivienda ¿debe emitir factura?
No tiene obligación de expedir factura salvo que la operación tenga por destinatario otro empresario, una persona jurídica (Fundación, Asociación) o una Administración Pública.
También deberá emitir factura si el destinatario, siendo particular, así lo exige para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria o cuando se derive de otra normativa (por ejemplo, defensa de los consumidores y usuarios).
En estos casos deberá emitir una factura completa, donde se identifique al cliente.
OTRAS CUESTIONES
Quiero saber la subida del IPC de este año para calcular la subida del alquiler.
Para conocer el IPC debe acceder a la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE), que además cuenta con apartado específico y una interesante utilidad para calcular la renta actualizada.
No obstante, ante cualquier duda lo mejor es buscar asesoramiento profesional, que gestione la situación de la mejor manera posible. Contacte con nuestro departamento jurídico,experto entre otros campos, en
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Fuente: AEAT – Preguntas frecuentes IVA de arrendamiento de inmuebles
Comienza la cuenta atrás para aprobar las medidas contra el fraude fiscal.
En el Proyecto de Ley contra el fraude fiscal se prohíben los pagos en metálico superiores a 1.000 €, el software que permita manipular datos contables y las amnistías fiscales, se establecen nuevas obligaciones de información de criptomonedas y se modifican las leyes de los principales impuestos: IRPF, Sociedades, IVA, ITPAJD, ISD, No residentes, Patrimonio, Haciendas locales.
El nuevo proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, ha iniciado la tramitación parlamentaria con su publicación en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de 23 de octubre, después de que en el Consejo de ministros celebrado el día 13 del mismo mes, fuera definitivamente aprobado un texto que ha estado madurando en fase de anteproyecto alrededor de 2 años.
Límite del pago en efectivo
Con el objetivo de detectar diferencias significativas entre los ingresos declarados y los pagos realizados, Hacienda, que ya recibe información de las entidades financieras relativa a determinados movimientos de las cuentas corrientes, quiere acotar más los límites de los pagos en efectivo, para tener más información en su lucha contra el fraude fiscal.
En el proyecto de Ley medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la limitación de pagos en efectivo entre empresarios se reduce de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros.
Aunque para minimizar los efectos colaterales de la medida en las pequeñas economías domésticas se seguirá manteniendo el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por las personas físicas que no actúen en calidad de empresarios y profesionales, aunque se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España.
¿Cuáles son las limitaciones en vigor a los pagos en efectivo?
El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones.
En particular, se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.
No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.
A efectos del cálculo de las cuantías indicadas, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.
¿Qué se entiende por “pagos en efectivo”?
Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En particular, se incluyen:
El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.
Respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Tributaria.
Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.
¿A qué sanciones se enfrentan las empresas por el incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo?
En el proyecto de Ley medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal se modifica también la regulación del procedimiento sancionador del régimen de limitaciones de pago en efectivo, incorporando las consecuencias para el supuesto de pago de la sanción en cualquier momento posterior a la propuesta de sanción, pero con carácter previo a la notificación de la resolución definitiva para reducir la conflictividad respecto de la imposición de dichas sanciones, con una reducción del 50 por ciento.
Por último, se fija un plazo de duración del procedimiento con carácter específico de seis meses, ante la eventualidad de aplicación del plazo de tres meses que, con carácter general, se establece para el procedimiento administrativo ordinario.
La mayoría de las leyes tributarias se verán también afectadas
Para hacer efectivas las medidas, la futura ley, de aprobarse definitivamente, modificará artículos concretos de prácticamente la totalidad de leyes tributarias: IRPF, Sociedades, IVA, ITPAJD, Sucesiones y Donaciones, No residentes, Patrimonio, Haciendas locales, amén por supuesto de la Ley General Tributaria y otras disposiciones como la Ley del Catastro o Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Impuesto sobre Sociedades
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se modifican las reglas especiales que regulan los cambios de residencia y las operaciones realizadas con o por personas o entidades residentes en paraísos fiscales y las cantidades sujetas a retención, y se introducen cambios en la imputación de las rentas positivas obtenidas por entidades no residentes y establecimientos permanentes en el régimen de transparencia fiscal internacional.
SOCIMIS
El Gobierno ha anunciado que tiene intención de incluir medidas para reforzar el control de las SICAV durante la tramitación de esta Ley. Estas medidas no se contemplan en el primer proyecto publicado en Cortes:
Se otorgará a la Inspección de la Agencia Tributaria la competencia para comprobar que estos instrumentos cumplen con los requisitos para constituirse en vehículos de inversión colectiva y no en una herramienta de planificación fiscal de grandes patrimonios familiares.
Asimismo, se impondrá en las SOCIMIS un gravamen del 15% a sus beneficios no distribuidos como dividendo a sus socios.
Impuesto sobre la Renta las Personas Físicas
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta las Personas Físicas se impide que el adquirente de un bien a través de un contrato o pacto sucesorio se subrogue en el valor y fecha de adquisición que tenía dicho bien en el causante, siempre que el mismo se transmita antes del fallecimiento de este último, impidiéndose una actualización de los valores y fechas de adquisición del elemento adquirido que provocaría una menor tributación que si el bien hubiera sido transmitido directamente a un tercero por el titular original.
Asimismo, se introduce una obligación de suministro de información sobre los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de terceros para salvaguardar claves criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, y se adaptan los requisitos exigibles para que no resulte de aplicación la regla especial de imputación temporal para los seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión. También se homogeniza el tratamiento de las inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados con independencia del mercado, nacional o extranjero en el que coticen.
En el primero, además, se delimita el hecho imponible en relación con las operaciones de las compras a particulares de artículos de oro y joyería por parte de comerciantes de este sector empresarial, y en el segundo, se modifica la regulación de la acumulación de donaciones, para incluir los supuestos de contratos y pactos sucesorios que produzcan adquisiciones en vida del causante, además de extender su ámbito a todos los no residentes, ya sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o en un tercer Estado.
Impuesto sobre el Patrimonio
En el Impuesto sobre el Patrimonio también se aplica la misma regla de valoración para los inmuebles cuyo valor haya sido determinado por la Administración en un procedimiento, además de sentar las bases de cómo se han de valorar los seguros de vida cuando el tomador del seguro no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate, evitando de esta forma que se pueda eludir la tributación por los seguros de vida-ahorro cuyo contenido patrimonial es indudable, estableciéndose una nueva regla de valoración para aquellos supuestos en que se perciben rentas temporales o vitalicias procedentes de un seguro de vida.
En consonancia con lo anterior, también se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, a fin de suprimir las referencias del precepto al valor real en la valoración de bienes inmuebles, y sustituirlo en particular a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por el valor de referencia.
Impuesto sobre el Valor Añadido
Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido se actualiza el supuesto de responsabilidad subsidiaria del pago del impuesto, definido actualmente para los agentes de aduanas, que pasa a ser de aplicación a las personas o entidades que actúen en nombre y por cuenta del importador. Asimismo, se matizan el alcance y naturaleza de los incumplimientos de las obligaciones específicas del régimen del grupo de entidades en las que necesariamente debe ser sujeto infractor la entidad dominante.
Por otro lado, se extiende el supuesto de responsabilidad subsidiaria del pago de la deuda tributaria que alcanza a los titulares de los depósitos distintos de los aduaneros correspondiente a la salida o abandono de los bienes de estos depósitos, a los bienes objeto de Impuestos Especiales que estaban excluidos hasta ahora, con el objetivo de evitar que los beneficios del régimen se utilicen de forma fraudulenta para realizar compras exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido al amparo del régimen, con devengo del Impuesto a la salida pero sin ingreso del mismo ante la Hacienda Pública.
Impuesto General Indirecto Canario
En cuanto al Impuesto General Indirecto Canario, se incorporan las modificaciones incluidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido en materia de responsabilidad tributaria en el ámbito de las liquidaciones aduaneras, y se tipifica como infracción tributaria el retraso o incumplimiento de la llevanza de los libros registros del IGIC a través de la sede electrónica Agencia Tributaria Canaria mediante el suministro de los registros de facturación.
Impuestos especiales de fabricación
En el ámbito de los impuestos especiales de fabricación se realiza un ajuste técnico en la definición de los depósitos fiscales y se tipifica como supuesto de infracción grave la existencia de diferencias en menos de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, que excedan de los porcentajes establecidos reglamentariamente. Asimismo, se incluye un supuesto de infracción grave para los casos en que no se justifique el uso o destino dado a los productos por los que se haya aplicado una exención o un tipo impositivo reducido, y una infracción leve en caso de que los productos se hubieran destinado a un fin que justifica la exención o la aplicación del tipo impositivo reducido.
Impuesto sobre Actividades Económicas
Respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas, al objeto de reforzar las medidas antielusión previstas en la norma y evitar que pueda ser inaplicada la regla de acumulación de los importes netos de la cifra de negocios correspondientes a los miembros de un grupo mercantil, que determina la tributación en el impuesto, se actualizan las referencias normativas para la consideración de grupo de sociedades y se aclara que la regla para el cálculo del importe neto de la cifra de negocios se deberá aplicar con independencia de la obligación de consolidación contable. Y para evitar discrepancias con el Derecho comunitario, se establece que la exención en el Impuesto para las personas físicas se aplica tanto a los residentes como a los no residentes.
En materia catastral, se amplían los supuestos de incorporación de nuevas construcciones y alteraciones mediante comunicación de Administraciones Locales y entidades gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles sin necesidad de que se obliguen por ordenanza fiscal, en lo que se refiere a actos sujetos a licencia o autorización administrativa. Igualmente, se habilita un régimen adicional de comunicaciones en virtud del cual la información suministrada por deber de colaboración queda amparada por la exención de la obligación de declarar, siempre que se cuente con toda la documentación acreditativa de la correspondiente alteración.
Por otro lado, se trasladan los efectos del procedimiento de subsanación al momento en el que la Administración tributaria tiene constancia de la discrepancia entre descripción catastral y realidad, facilitando el ajuste a la evolución de la realidad inmobiliaria, y se adapta la regulación del valor de referencia de la Dirección General del Catastro, para dotarlo de mayor rigor, precisión y seguridad jurídica en su determinación.
Tributos sobre el juego
En cuanto a la fiscalidad del juego, se establecen medidas para habilitar mecanismos adecuados de colaboración en la prevención y la lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas y combatir el fraude que puede producirse en las apuestas deportivas.
También se amplía el elenco de entidades a las que la autoridad encargada de regulación del juego puede realizar requerimientos de información, exigiéndose a los operadores de juego colaborar en la lucha contra el fraude mediante la elaboración de un manual específico que incluya procedimientos y medidas específicos, al tiempo que se introducen nuevos tipos infractores y se modifica alguno de los actualmente existentes con la finalidad de sancionar prácticas fraudulentas de los participantes en los juegos, de los propios operadores o de proveedores o intermediarios, vulneraciones.
Ley General Tributaria
Es en el ámbito de la Ley General Tributaria donde se producen los cambios más numerosos. Prohibición de amnistías fiscales
En primer lugar, se incorpora la prohibición del establecimiento de cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique una disminución de la cuantía de la deuda tributaria. Concepto de deuda tributaria
Por otro lado, pasa a considerarse que el término «deuda tributaria» incluye todos los conceptos, como los intereses de demora o los recargos.
Intereses de demora y recargos de extemporaneidad
Se aclara el régimen de devengo de intereses de demora en el caso de obtención de una devolución improcedente. En este sentido, el devengo de intereses será plenamente compatible, en su caso, con los recargos de extemporaneidad conforme a las reglas generales que regulan dichos recargos. Asimismo, se modifica el sistema de recargos por extemporaneidad estableciéndose un sistema de recargos crecientes del 1 por ciento por cada mes completo de retraso sin intereses de demora hasta que haya transcurrido el periodo de doce meses de retraso. A partir del día siguiente del transcurso de los doce meses citados, además del devengo del recargo del 15 por ciento, comenzará el devengo de intereses de demora, excepcionando de dichos recargos a quien regularice una conducta tributaria que lo haya sido previamente por la Administración tributaria por el mismo concepto impositivo y circunstancias, pero por otros periodos, no habiendo sido merecedora de sanción, siempre que se regularice en un plazo de seis meses desde la notificación de la liquidación.
Se adapta la regulación de los intereses de demora para reconocer de forma expresa que no se devengarán en las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y de ingresos indebidos durante determinados periodos.
Prohibición de software que permita la manipulación de datos contables
Con el objetivo de no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de los datos contables y de gestión, se establece la obligación de que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, requisitos cuya especificación técnica puede ser objeto de desarrollo reglamentario, incluyendo en este la posibilidad de someterlo a certificación, y se establece un régimen sancionador específico, derivado de la mera producción de estos sistemas o programas, o la tenencia de los mismos sin la adecuada certificación.
Representantes de no residentes
Se adapta el régimen de representación de los no residentes para adecuarlo al Derecho de la Unión Europea.
Medidas cautelares
Con la finalidad de evitar que los procedimientos de suspensión con otras garantías, o con dispensa de ellas, sean utilizados de forma fraudulenta, se incorpora la posibilidad de adoptar medidas cautelares durante la tramitación de los mismos.
Lista de deudores tributarios
Se introducen cambios en la lista de deudores tributarios, reduciéndose a 600.000 euros el importe cuya superación conlleva la inclusión en dicha lista, y se incluye expresamente en el listado de deudores a la Hacienda Pública, junto a los deudores principales, a los responsables solidarios, aclarándose que el periodo en el que se deben satisfacer las deudas y sanciones tributarias para que no se consideren a los efectos de la inclusión en la lista de deudores es el plazo reglamentario de ingreso en periodo voluntario determinado por la norma, sin que dicho periodo voluntario originario pueda venir alargado, por ejemplo, por solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento presentadas en dicho plazo voluntario originario; entendiéndose a estos efectos como período voluntario de pago original de la deuda el período voluntario de pago inicial, con independencia de las actuaciones que hubiera podido realizar el deudor principal o de las vicisitudes por las que pudiera atravesar la deuda tributaria.
Siguiendo con las novedades en materia de publicidad de morosos, se permitirá al deudor incluido, en principio, en el listado de deudores tributarios a 31 de diciembre, que pueda ser excluido de dicho listado siempre que se haya efectuado el cobro íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado su inclusión.
Importaciones de bienes
Se modifican las causas de terminación del procedimiento de gestión iniciado mediante declaración respecto de aquellos tributos que se liquidan por las importaciones de bienes, para acompasarlo a lo previsto en la legislación aduanera para los derechos de importación, estableciéndose que no procederá la declaración de caducidad en dichos procedimientos, y que estos a su vez podrán finalizar cuando se acuerde posteriormente sobre el mismo objeto del procedimiento el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección.
Suspensión de plazos de actuaciones inspectoras
Se introduce un nuevo supuesto de suspensión del cómputo del plazo de las actuaciones inspectoras durante la aplicación de determinados instrumentos dirigidos a facilitar la cooperación y coordinación de las Administraciones tributarias del Estado con las forales en el ejercicio de dichas actuaciones.
Actas de disconformidad
En la tramitación de las actas de disconformidad se elimina el carácter obligatorio del informe de disconformidad, dado que actualmente el contenido de dicho informe en su integridad ya se viene recogiendo en el acta y la liquidación.
Reiteración de solicitudes
Otra novedad consiste en que, a efectos de evitar el uso inadecuado de la presentación de reiteradas solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie cuyo periodo de tramitación suspende cautelarmente el inicio del periodo ejecutivo, se dispone que la reiteración de solicitudes, cuando otras previas hayan sido denegadas y no se haya efectuado el ingreso correspondiente, no impide el inicio del periodo ejecutivo. Asimismo, en la medida en que el período voluntario de pago es único, se aclara que dicho período no podrá verse afectado por la declaración de concurso.
Responsabilidad solidaria
En otro orden cosas, se especifica, a efectos del procedimiento de exigencia de la responsabilidad solidaria, que el período voluntario de pago de las deudas es el originario de pago, sin que las vicisitudes acaecidas frente al deudor principal, como suspensiones o aplazamientos, deban proyectarse sobre el procedimiento seguido con el responsable.
Infractores en consolidación fiscal y grupo de entidades
Igualmente se modifica la enumeración de los posibles infractores para dar un tratamiento homogéneo a los sujetos infractores tanto en el régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades como en el régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Régimen sancionador
En cuanto al régimen de reducciones de las sanciones, se introducen diferentes cambios para favorecer la simplificación en su aplicación, el ingreso voluntario y la disminución de litigios. Por un lado, se eleva la reducción de las sanciones derivadas de las actas con acuerdo al 65 por ciento, y se eleva la reducción de las sanciones en caso de pronto pago al 40 por ciento, manteniéndose la reducción por conformidad en el 30 por ciento.
Se eleva hasta 600 euros el importe de las sanciones mínimas en el caso de la falta de presentación o la presentación incompleta, inexacta o con datos falsos de las declaraciones informativas exigidas por la normativa aduanera cuando la conducta infractora se produzca en relación con la declaración sumaria de entrada.
Se establece que el plazo máximo para el inicio del procedimiento sancionador incoado a partir de las liquidaciones o resoluciones dictadas en determinados procedimientos de aplicación de los tributos será de seis meses, alineándose con el plazo general de resolución de los procedimientos tributarios.
Suspensión con dispensa de garantías
Por otro lado, se otorga cobertura legal a la posibilidad de inadmitir las solicitudes de suspensión con dispensa total o parcial de garantías por los Tribunales Económico-Administrativos, cuando de la documentación incorporada al expediente se deduzca que no cumplen los requisitos establecidos para la concesión de la solicitud. Asimismo, y con la finalidad de evitar prácticas fraudulentas consistentes en el aprovechamiento de la dificultad existente para la tramitación de ciertas solicitudes de suspensión, se otorga rango legal a la posibilidad de la Administración de continuar con su actuación en aquellos supuestos en que la deuda se encuentre en período ejecutivo.
Monedas virtuales en el extranjero
Se introduce la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero y se modifica el período de tiempo de conservación por las instituciones financieras de las pruebas documentales, de las declaraciones que resulten exigibles a las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras y de la demás información utilizada en cumplimiento de las obligaciones de información y de diligencia debida, que en ningún caso deberá ser inferior a cinco años contados a partir del fin del período durante el que la institución financiera está obligada a comunicar la información.
¿Cuándo entran en vigor la limitación de pagos en efectivo a 1.000 euros y el resto de medidas contra el fraude fiscal?
Un proyecto de ley puede tardar entre tres y cinco meses desde que el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento hasta que es aprobado en el Congreso, sancionado y promulgado por el rey y publicado en el BOE.
Por lo tanto, tendremos que estar pendientes de la publicación definitiva de la ley en el BOE, para saber cuándo entra en vigor el nuevo límite de pagos en efectivo de 1.000 euros
SI NECESITA AYUDA EN SU PLANIFICACIÓN FISCAL, O ASESORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONTACTE CON NOSOTROS????TELF 968 909 747.
COMIENZA NOVIEMBRE DE 2020 Y COMO CADA MES, EN ASELEC LES DETALLAMOS LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES, A LAS QUE ESTÁN VINCULADAS, AUNQUE CON LOS NOVEDADES NORMATIVAS DERIVADAS DE LA SITUACIÓN ORIGINADA POR EL COVID-19, Y QUE PUEDE REVISAR EN ESTOS ARTÍCULOS ANTERIORES DE NUESTRO BLOG:
Con el fin de ayudar en la planificación de las citas fiscales de este mes, les ofrecemos nuestro DESCARGABLE GRATUITO CON EL CALENDARIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL MES, de acuerdo con el Calendario del contribuyente 2020 que la Agencia Tributaria publica para los interesados.
En el mes de NOVIEMBRE, las citas fiscales son las siguientes:
Hasta el 2 de noviembre 2020
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Tercer trimestre 2020. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito: 195
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ACTUALIZACIÓN DE DETERMINADOS MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS COMERCIALIZABLES
Tercer trimestre 2020: 235
CUENTA CORRIENTE TRIBUTARIA
Solicitud de inclusión para el año 2021: CCT
La renuncia se deberá formular en el modelo de “solicitud de inclusión/comunicación de renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria”
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
Octubre 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA
Octubre 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Octubre 2020. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Octubre 2020: 430
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Agosto 2020. Grandes empresas: 561, 562, 563
Octubre 2020: 548, 566, 581
Tercer trimestre 2020. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados: 510
LA FISCALIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO
Las distintas medidas adoptadas en materia de trabajo a distanciapueden tener consecuencias fiscales. Así pues, la entrega por parte de la empresa al trabajador de los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de su actividad o la compensación de los gastos en los que incurra podrían tributar en el IRPF, todo ello, sin perjuicio, de su incidencia en cuanto a la residencia fiscal.
La crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 ha traído como consecuencia la generalización del trabajo a distancia en España, de la que el teletrabajo es una subespecie, mostrándose como el mecanismo más eficaz para asegurar el mantenimiento de la actividad durante la pandemia y garantizar la prevención frente al contagio.
Entre las medidas adoptadas por dicho Real Decreto, en materia fiscal cabe destacar aquellas relativas a los derechos a la dotación y mantenimiento de medios (art. 11) y al abono y compensación de gastos (art. 12), por las dudas que surgen en cuanto a su tratamiento dada la inexistencia de una regulación específica al respecto.
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CONSECUENCIAS FISCALES DEL TELETRABAJO
Además, el teletrabajo también tiene consecuencias fiscales en cuanto a la residencia del contribuyente por cuanto permite que el trabajador preste sus servicios desde cualquier lugar del mundo.
A continuación, pasamos a detallar la posible repercusión fiscal de dichas medidas.
1. Entrega de medios, equipos y herramientas
El artículo 11 del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, establece el derecho de los trabajadores a distancia a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad.
Dado que ello origina una renta para el trabajador, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendría la consideración de rendimiento del trabajo sujetos a retención o ingreso a cuenta, debiendo incluirse en la declaración de la renta, lo que supondría, además, una mayor tributación. Dicha retribución tendrá una naturaleza u otra en función de la forma en que se perciba. Así, podemos distinguir:
a)Renta dineraria: de conformidad con el artículo 42.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, LIRPF), nos encontramos ante rentas de esta naturaleza cuando la empresa entrega al trabajador importes en metálico para que éste último adquiera los bienes, derechos o servicios (ordenador, teléfono móvil, tablet, silla…)
b) Renta en especie: el artículo 42.1 de la LIRPF dispone que: «Constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda«. De ello se desprende que no constituirá rendimiento del trabajo en especie si el uso es exclusivamente laboral. El problema surge cuando el equipo o herramienta se utiliza para ambos fines, lo que ocurrirá con bastante frecuencia, pues en estos casos habría que calcular el tiempo destinado al uso particular del trabajador pues solo éste tiene la consideración de renta del trabajo en especie. Surgiría así, un problema de prueba tendente a demostrar el tiempo en que dichos equipos o herramientas se destinan al desempeño de la actividad o al uso particular del trabajador.
Ello además, nos conduciría a otra problemática, cuál es la valoración de dicha renta por cuanto el artículo 43 de la LIRPF no contiene una regla específica de valoración, por lo que debemos acudir a la regla general contenida en el artículo 43.1 de la LIRPF que dispone que las rentas en especie se valorarán por su valor normal de mercado.
Por tanto, nos encontraríamos ante una problemática que todavía no está resuelta, de suerte que si bien la Dirección General de Tributos todavía no se ha pronunciado al respecto, no se puede descartar la posibilidad de que se equipare al criterio que se viene aplicando a los coches de empresa, esto es, considerar que los equipos han sido cedidos para su utilización con fines particulares todo período distinto a la jornada laboral, de modo que constituiría renta en especie la disponibilidad fuera del horario laboral. Suponiendo uno jornada laboral de ocho horas, su utilización para fines particulares se daría los sábados, domingos, festivos y dieciséis horas diarias en los días laborables.
Otra posibilidad, mucho más beneficiosa para el contribuyente, pasaría por modificar la normativa del impuesto incluyendo entre los supuestos de exención de los rendimientos del trabajo en especie el que ahora nos ocupa.
2. Abono y compensación de gastos
El artículo 12 del citado Real Decreto-Ley reconoce el derecho al abono y compensación de gastos en los siguientes términos: «el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral«.
Por tanto, se trata de esclarecer el tratamiento fiscal que reciben las cantidades entregadas por la empresa en metálico para compensar determinados gastos en los que el trabajador incurre en casa, con motivo del desarrollo de su actividad laboral, como puede ser la luz o la conexión a internet. Pasamos ahora a determinar la posible incidencia en la tributación de los empleados y de la entidad.
2.1. Consecuencias fiscales para el trabajador
Más dudas plantea esta cuestión en cuanto a la consideración qué deben tener dichas compensaciones: si nos encontramos ante un rendimiento del trabajo dinerario por el importe total compensado o, por el contrario, se trata de un mero reembolso de los gastos satisfechos por el trabajador.
Dicha cuestión no es insignificante puesto que en función de la consideración que se le dé existirá o no obligación de tributar.
Pasamos ahora a ver cada una de estas posibilidades:
a)Rendimiento del trabajo dinerario: en este caso, llegamos a la misma conclusión vista en el apartado anterior, es decir, que para el trabajador supondría una mayor tributación al tener que incluir en su declaración de la renta este rendimiento del trabajo dinero sobre el que, además, habría que practicar la correspondiente retención.
b)Reembolso al trabajador: a este respecto cabe citar la Consulta V0931-14, de 2 de abril, en la que se plantea, entre otras cuestiones, la posible incidencia en la tributación de los empleados de la compensación económica que la empresa les satisface por el gasto producido por la utilización para fines laborales de sus teléfonos personales. Dicha Consulta concluye que: «Por lo que se refiere a la compensación por el gasto producido por la utilización del servicio de telefonía, si tal compensación se limita a reembolsar a los empleados por los gastos ocasionados por esa utilización en el desarrollo de su trabajo cabe afirmar que no comporta para ellos un supuesto de obtención de renta, es decir, no se entiende producido el hecho imponible del impuesto. Ahora bien, si la cantidad satisfecha fuese superior al importe abonado por los empleados, el exceso constituiría renta gravable en el IRPF con la misma consideración del importe satisfecho para la adquisición del propio teléfono móvil: rendimiento dinerario del trabajo«. En conclusión, en este supuesto la compensación no estaría sujeta a gravamen.
Las dudas surgirían en determinar el importe del gasto incurrido por el trabajador para el desempeño de su trabajo, puesto que al trabajar, mayoritariamente desde la vivienda habitual, no se pueden imputar todos los gastos al trabajo a distancia por lo que nuevamente, se debería discernir qué parte de estos gastos se deben al desempeño laboral y cuáles a los fines particulares del trabajador.
Esta es otra cuestión que todavía no está resuelta en materia de IRPF. Nuevamente, habrá que esperar para ver si se declaran exentas estas rentas o, bien, otra posible solución pasaría por establecer unas cuantías máximas exentas de gravamen, como ocurre en el caso de las dietas, tributando así, únicamente, por el exceso.
2.2. Consecuencias fiscales para la empresa
Desde el punto de vista de la entidad, serán deducibles en el Impuesto sobre Sociedades los gastos en los que incurra para compensar a sus empleados por el uso profesional, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
–Inscripción contable: se deben imputar contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente o de forma acelerada.
–Imputación con arreglo a devengo y correlación de ingresos y gastos: los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se imputarán al período impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la normativa contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, respetando la debida correlación entre unos y otros, es decir, deben realizarse en el ejercicio de la actividad con el objetivo de obtener ingresos.
–Justificación documental: de forma prioritaria mediante factura.
–No consideración de gasto fiscalmente no deducible por algún precepto específico de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Otro aspecto en el que también influye esta modalidad de trabajo es en el de los trabajadores deslocalizados por cuanto permite que trabajadores españoles trabajen para empresas situadas en el extranjero y viceversa. Con ello se suscitan las siguientes cuestiones:
– dónde debe tributar el sueldo del trabajador: en el país donde teletrabaja, en el de la empresa o en ambos.
– si existe obligación de practicar pagos en cuenta (artículo 99 LIRPF).
La primera cuestión que debemos analizar es la residencia fiscal del trabajador. A estos efectos, en la legislación interna española la residencia fiscal se determina en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la LIRPF. Según el mencionado precepto, una persona física será considerada residente fiscal en España en la medida en que concurra alguno de los siguientes criterios:
– permanencia de más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país.
– que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.
Asimismo, la LIRPF establece una presunción, que admite prueba en contrario, de que el contribuyente tiene su residencia fiscal en España cuando, de conformidad con los criterios anteriores, resida habitualmente en España su cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél.
En la medida en que se dé cualquiera de las circunstancias señaladas, el trabajador será considerado contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y tributará en este impuesto por su renta mundial, con independencia del lugar donde se hayan producido las rentas y cualquiera que sea la residencia del pagador de las mismas, según se deriva del artículo 2 de la LIRPF, sin perjuicio de las particularidades que, para cada tipo de renta, se establezcan en los Convenios para evitar la doble imposición que, en su caso, sean aplicables, con los consiguientes conflictos de residencia en los casos en que ambos Estados lo considerasen residente.
Así, nos podemos encontrar con las siguientes situaciones:
–Empresa y trabajador residentes en España: el hecho de que el empleado desarrolle su actividad mediante la modalidad del teletrabajo en nada cambia con respecto a si dicha actividad se siguiese realizando de manera presencial. De este modo, sus rendimientos seguirían estando sujetos a IRPF con las correspondientes retenciones, tributando por los mismos en España.
–Empresa no residente en España y trabajador residente en otro Estado que decide desplazarse a España o trabajador residente en España: En este caso, el residente en el extranjero, una vez haya establecido su residencia en España y se dé cualquiera de las circunstancias señaladas, será considerado residente fiscal en España en el período impositivo correspondiente pasando a tributar, en este momento, en España por su renta mundial incluyendo las rentas percibidas de la empresa extranjera.
Respecto a la segunda de las cuestiones, esto es, si la empresa extranjera debe practicar la correspondiente retención, la DGT ha resuelto esta cuestión en su consulta V0597-20, de 16 de marzo de 2020, en los siguientes términos: «En el caso consultado, la entidad pagadora de las rentas del trabajo sujetas al impuesto es una entidad no residente, por lo que únicamente tendrá obligación de retener bien cuando opere en territorio español mediante establecimiento permanente, o en caso de que actúe sin establecimiento permanente únicamente respecto a los rendimientos del trabajo que satisfagan o de otros rendimientos sometidos a retención o ingreso a cuenta que constituyan gasto deducible para la obtención de las rentas que se deriven de prestaciones de servicios, asistencia técnica, obras de instalación o montaje derivados de contratos de ingeniería y, en general, de actividades o explotaciones económicas realizadas en España sin mediación de establecimiento permanente«, cuestión regulada en el artículo 76 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en relación con el artículo 24.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (en adelante, TRLIRN). En igual sentido, se pronuncia la consulta V3286-17, de 27 de diciembre.
–Empresa residente en España y trabajador no residente que teletrabaja desde su Estado de residencia: para saber cuál es el régimen fiscal aplicable a las retribuciones satisfechas, debemos partir del artículo 5 del TRLIRNR que en su apartado a) dispone que son contribuyentes por este impuesto «las personas físicas y entidades no residentes en territorio español conforme al artículo 6 que obtengan rentas en él, salvo que sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas«.
Por su parte, el artículo 12.1 del citado texto refundido, establece que: «Constituye el hecho imponible la obtención de rentas, dinerarias o en especie, en territorio español por los contribuyentes por este impuesto, conforme a lo establecido en el artículo siguiente«.
De acuerdo con el artículo 13.1.c).1º del TRLIRNR, se consideran rentas obtenidas en territorio español «los rendimientos del trabajo cuando deriven, directa o indirectamente, de una actividad personal desarrollada en territorio español«.
En consecuencia, al tratarse de un rendimiento de trabajo que no deriva, directa o indirectamente, de una actividad personal desarrollada en territorio español, se considera renta no obtenida en territorio español y, por tanto, no sujeta al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, por lo que tampoco existirá obligación de retener por parte de la entidad pagadora. A esta misma conclusión llega la consulta V0755-13, de 12 de marzo.
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