CUENTAS CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES

Es muy común en  las empresas que, ante situaciones transitorias de financiación, los socios y administradores aporten efectivo a las mismas. Dichas aportaciones se contabilizan en la cuenta 551. Esta cuenta debe funcionar con entradas y salidas en corto espacio de tiempo. El problema es que a veces la sociedad no puede devolver a los socios o administradores que aportaron el dinero, por problemas de financiación. ¿Qué hacemos entonces?

En este caso se debe regularizar la “cuenta con socios y administradores”, ya que, en caso de inspección por parte de la Agencia Tributaria, puede interpretar que se trata de un préstamo no declarado del socio a la sociedad y por tanto se imputarán en la renta del socio los ingresos por intereses y a la sociedad también se le exigirán las retenciones no practicadas por este préstamo encubierto, con su correspondiente sanción e intereses.

LA REGULARIZAR LA CUENTA CON SOCIOS O ADMINISTRADORES

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Para regularizar la cuenta con socios y administradores existen tres posibilidades:

1- Realizar un contrato de operación de préstamo, del socio a la sociedad, en el cual se estipulen los plazos e intereses periódicos. Dicho contrato de préstamo debe presentarse en la oficina liquidadora del Impuesto de trasmisiones patrimoniales como no sujeto/exento. Así quedara constancia sin necesidad de notario. Evidentemente deben cumplirse los plazos pactados.

2- Previo acuerdo de la Junta General de socios, realizar una ampliación de capital con los fondos aportados. En este caso hay que mantener la proporcionalidad del capital, esto es, que todos los socios deben aportar la parte proporcional que corresponde a su participación en el capital. Esto conlleva hacer escritura pública de aumento de capital y registrarla en el Registro Mercantil.

3- Previo acuerdo de la Junta General de socios, convertir estas aportaciones en subvenciones otorgadas por los socios a la sociedad. Para ello, se utilizará la cuenta 118 aportaciones de socios o propietarios, pero también en este caso, hay que mantener la proporcionalidad del capital, de tal modo que todos los socios deben realizar la aportación en función de la parte que poseen en la sociedad, pues de lo contrario el exceso que realice un socio sobre otro se considerarán ingresos para la sociedad, tanto desde una perspectiva contable como fiscal. Este acuerdo deberá de inscribirse en el libro de Actas de la sociedad, ahorrando gastos en notarios y registros.

También se da el caso contrario, en el que el socio o administrador carga por error algún recibo personal en la cuenta de la sociedad, en este caso, debe reintegrar dicha cantidad a la sociedad lo antes posible. 

En el caso que el socio o administrador hubiera retirado fondos de la sociedad sin poder devolverlos en un corto espacio de tiempo, habrá que regularizar dicha situación, ya que en caso de inspección la Agencia Tributaria interpretará dividendos encubiertos, con sus correspondientes sanciones.

Para regularizar esta situación se debe hacer contrato de préstamo de la sociedad al socio y liquidar intereses. Al igual que hemos dicho en el punto 1, también es conveniente presentarlo en la oficina liquidadora de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, como no sujeto/exento quedando constancia sin necesidad de notario. Evidentemente, deberán realizarse reintegros periódicos según los plazos pactados y liquidación de intereses.

Si tiene alguna duda sobre cómo proceder, no dude en ponerse en contacto con nosotros, en ASELEC Asesoria y Abogados, estaremos encantados de poder ayudarle.

Santi Gonzalez.

Dpto. Fiscal- Contable

ASELEC, asesoría y abogados

Foto: Free pick

 

LA AEAT NOS ADVIERTE: INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES POR PERSONAS FÍSICAS

La AEAT ha emitido una nota informativa donde advierte a contribuyentes y asesores de conductas que la Administración Tributaria considera contrarias al ordenamiento jurídico y que por tanto son susceptibles de regularización, como es la creación de Sociedades Interpuestas.

A continuación transcribimos el texto literal de dicha nota informativa:

NOTA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES POR PERSONAS FÍSICAS.

I.- INTRODUCCIÓN.

«La Administración tributaria, a través de sus sucesivos Planes Anuales de Control Tributario, ha puesto tradicionalmente un especial interés en controlar los riesgos fiscales relacionados con la interposición de sociedades en el proceso de facturación o canalización de rentas de personas físicas como consecuencia del desarrollo de una actividad profesional, así como los riesgos derivados de ostentar la titularidad de activos y patrimonios de uso personal a través de estructuras societarias.

La experiencia en este tipo de control, sustentada en la doctrina administrativa y en los numerosos pronunciamientos de los tribunales al respecto, ha permitido establecer una serie de criterios generales que están siendo aplicados por la Administración tributaria para afrontar la comprobación de los riesgos fiscales mencionados.

La presente Nota tiene como principal cometido poner a disposición de los contribuyentes y asesores las pautas necesarias para facilitar, en garantía de los principios de transparencia y seguridad jurídica, el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, lo que sin duda servirá para reducir la litigiosidad, y advertir de aquellas conductas que la Administración tributaria considera contrarias al ordenamiento jurídico y, por tanto, susceptibles de regularización.

No se trata de impedir la posibilidad de que un contribuyente pueda realizar una actividad profesional por medio de una sociedad, lo cual se enmarca, a priori, en el derecho que asiste a cualquier profesional a elegir libremente la forma en que quiere desarrollar su profesión. Pero eso no significa que la Administración tributaria deba aceptar automáticamente la validez jurídica de todo tipo de operaciones de prestación de servicios realizadas por una persona física a través de una sociedad profesional, ni asumir necesariamente que en toda operación realizada a través de una sociedad profesional ha de admitirse que la intervención de la sociedad es real, ni tampoco admitir la valoración de las prestaciones cuando estas no respondan a un verdadero valor de mercado.

Ahora bien, una vez elegida la forma en que se va a desarrollar dicha actividad, lo que en ningún caso es susceptible de elección es el modo en que deben tributar las rentas que se obtengan a consecuencia de aquella, pues, como no puede ser de otra manera, esta va a estar condicionada irremediablemente por la verdadera naturaleza de la actividad realizada.

Lo mismo puede afirmarse de los riesgos asociados al remansamiento de rentas en estructuras societarias cuando se traduce en la atención de las necesidades del socio por parte de la sociedad.

II.- RIESGOS ASOCIADOS A LA INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES

Dentro de las diferentes opciones que la ley prevé para la prestación de servicios profesionales, la persona física puede hacerlo bien en su propio nombre, como tal persona física, bien mediante la constitución de una sociedad profesional a la que prestará sus servicios.

Ambas formas de organizar la prestación de servicios profesionales son a priori legales, sin perjuicio de que las rentas que se obtengan por los contribuyentes deberán someterse a tributación atendiendo a la opción escogida en cada caso, puesto que las consecuencias fiscales de una u otra son diferentes.

Pero el hecho de que un profesional tenga libertad para elegir la manera en que decide prestar sus servicios, de ninguna forma puede servir para amparar prácticas tendentes a reducir de manera ilícita la carga fiscal mediante la utilización de las sociedades a través de las cuales supuestamente se realiza la actividad (elusión de la práctica de retenciones, aplicación del tipo del Impuesto sobre Sociedades en lugar del IRPF, remansamiento de rentas, etc.). En palabras del TSJ de Madrid de 28 de enero de 2015 (rec. 1496/2012), sentencia confirmada por STS de 4 octubre de 2016 (rec. 2402/2015): “Escierto que el ordenamiento permite la prestación de servicios profesionales a través de sociedades mercantiles, pero lo que la norma no ampara es que se utilice una sociedad para facturar los servicios que realiza una persona física, sin intervención de dicha sociedad instrumental, que es un simple medio para cobrar los servicios con la única finalidad de reducir la imposición directa delprofesional”.

Por ello, en el análisis de la correcta tributación de este tipo de operaciones cobra especial importancia el examen de las circunstancias concretas de cada expediente con el objeto de poder determinar:

  •   Si los medios materiales y humanos a través de los que se prestan los servicios (o realizan las operaciones objeto de comprobación) son de titularidad de la persona física o de la persona jurídica.
  •   En caso de que tanto la persona física como la jurídica tengan medios materiales y humanos mediante los que poder prestar los servicios (o realizar operaciones), si la intervención de la sociedad en la realización de las operaciones es real. En el supuesto de que la sociedad carezca de estructura para realizar la actividad profesional que se aparenta realizar, al no disponer de medios personales y materiales suficientes y adecuados para la prestación de servicios de esta naturaleza, o bien teniéndola no hubiera intervenido realmente en la realización de las operaciones, nos encontraríamos ante la mera interposición formal de una sociedad en unas relaciones comerciales o profesionales en las que no habría participado en absoluto, especialmente teniendo en cuenta el carácter personalísimo de la actividad desarrollada. En estos supuestos de ausencia de medios materiales o no empleo de los mismos en la actividad profesional, la respuesta dada por la Administración tributaria ha consistido en ocasiones en la regularización acudiendo a la figura de la simulación definida en el artículo 16 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Sin embargo, en el caso de que efectivamente se concluya que la entidad dispone de medios personales y materiales adecuados y que ha intervenido realmente en la operación de prestación de servicios, el análisis de la correcta tributación de este tipo de operaciones debe ir dirigido a determinar si dichas prestaciones se encuentran correctamente valoradas conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS).

Cuando la Administración tributaria detecte la incorrecta valoración, la reacción consistirá en la regularización y, en su caso, sanción de aquellos supuestos en los que exista una ilícita reducción de la carga fiscal en alguna de las partes vinculadas derivada de una incorrecta valoración de las operaciones.

III.- RIESGOS ASOCIADOS AL REMANSAMIENTO DE RENTAS EN ESTRUCTURAS SOCIETARIAS

En otras ocasiones los contribuyentes tratan de localizar una parte relevante de su patrimonio en sociedades de su titularidad. La tenencia por parte del socio de bienes o derechos a través de una sociedad no es a priori una cuestión que de por sí sea susceptible de regularización, siempre que la titularidad y el uso de dicho patrimonio se encuentre amparado en su correspondiente título jurídico y se haya tributado conforme a la verdadera naturaleza de dichas operaciones. No obstante, la experiencia ha permitido perfilar un conjunto de riesgos asociados al remansamiento de rentas en estructuras societarias que en ocasiones se manifiesta en una cierta confusión entre el patrimonio del socio y de la sociedad.

La atención de las necesidades del socio por parte de la sociedad suele abarcar tanto la puesta a disposición de aquel de diversos bienes, entre los que es frecuente encontrar la vivienda (vivienda habitual y viviendas secundarias) y los medios de transporte (coches, yates, aeronaves, etc.), sin estar amparada en ningún contrato de arrendamiento o cesión de uso; como la satisfacción de determinados gastos entre los que se encontrarían los asociados a dichos bienes (mantenimiento y reparaciones) y otros gastos personales del socio (viajes de vacaciones, artículos de lujo, retribuciones del personal doméstico, manutención, etc.).

En ambos supuestos nos encontramos con conductas contrarias a la norma que se deben evitar y que, normalmente, se concretan en no registrar ningún tipo de renta en sede de la persona física (aunque el coste de aspectos privados de su vida es asumido por la sociedad). Por su parte, en la sociedad el único registro respecto de estas partidas suele ser la deducción del gasto y, en su caso, la deducción de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de bienes y servicios que, de haber tenido directamente como destinatarios a un particular fuera de una actividad económica, nunca habrían podido deducirse.

En otras ocasiones la utilización por el socio de un bien de la sociedad (generalmente una casa, un vehículo, una embarcación o una aeronave) se ampara jurídicamente en la existencia de un contrato de arrendamiento o cesión de uso. En estos supuestos, a efectos de delimitar las posibles contingencias fiscales, resulta determinante el análisis de los contratos formalizados, para resolver si existiendo un contrato, la valoración de la cesión es correcta conforme al artículo 18 de la LIS.

Especial referencia se debe hacer de conductas más graves que se han detectado en las que se aparentan contratos de arrendamiento entre socio y sociedad, incluso en ocasiones pretendidamente acompañadas de una prestación de servicios propios de la industria hotelera, para intentar amparar la deducción de las cuotas de IVA, lo que ha llevado en determinados casos a considerar la existencia de contratos simulados. O aquellos otros en los que, junto con los riesgos ya apuntados en la primera parte del documento, se trate de compensar en sede de la sociedad interpuesta los ingresos con partidas de gasto, como los antes mencionados, no afectos en modo alguno al ejercicio de la actividad profesional por parte del obligado tributario y que se corresponden con gastos o inversiones propias de su esfera particular.

En definitiva, todas estas conductas podrían llevar aparejadas contingencias regularizables en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Patrimonio.»

LA CLÁUSULA SUELO EN LA RENTA 2017

CUAL ES EL TRATAMIENTO EN EL IRPF DE LOS IMPORTES PERCIBIDOS POR LA DEVOLUCIÓN DE LA CLÁUSULA SUELO Y LOS DIFERENTES SUPUESTOS DE REGULARIZACIÓN.

Una de las dudas más frecuentes de los contribuyentes en esta campaña de la Renta 2017 es si deben tributar las compensaciones recibidas de su entidad financiera por la aplicación de la cláusula suelo en su hipoteca.

Aclaremos primero el concepto de cláusula suelo y veamos a continuación diferentes supuestos de cómo reflejarlo correctamente en su declaración de Renta. 

¿QUÉ ES LA CLAÚSULA SUELO?

El suelo hipotecario es una cláusula que determina el interés mínimo que puede aplicarse sobre una hipoteca variable en el caso de que la suma del índice de referencia (normalmente es el euríbor) más el diferencial arroje un valor inferior al límite fijado. Por lo tanto, se puede decir que las cláusulas suelo establecen el interés mínimo que tendrá el préstamo hipotecario si se produce una gran bajada de los tipos provocada por un desplome de los índices. Siempre aparecen en las escrituras de la propia hipoteca, aunque en algunas ocasiones se pueden esconder detrás de denominaciones que no son propiamente «cláusula suelo» y son más difíciles de identificar. Debido a la existencia de estas cláusulas «escondidas»le recomendamos que un profesional en la materia revise las posiciones de su hipoteca, de modo que pueda detectarlas y evitar  así las negativas consecuencias de su aplicación futura. En nuestro nuestro departamento jurídico encontrará abogados expertos en esta materia que asesorarán al respecto.

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MI BANCO ME HA DEVUELTO EL IMPORTE DE LA CLÁUSULA SUELO, ¿DEBE TRIBUTAR EN MI RENTA DE ESTE AÑO?

El Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, reguló el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de la aplicación de las cláusulas suelo por parte de las entidades financieras. 

En base a esta nueva Disposición, las cantidades devueltas derivadas de acuerdos celebrados con entidades financieras, bien en efectivo bien mediante la adopción de medidas equivalentes de  compensación, previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos, no deben integrarse en la base imponible del impuesto.

Tampoco se integrarán en la base imponible los intereses indemnizatorios relacionados con los mismos.

Por tanto, no procede incluir en la declaración del IRPF ni las cantidades percibidas como consecuencia de la devolución de los intereses pagados ni los intereses indemnizatorios reconocidos, por aplicación de cláusulas suelo de interés. Es decir, la devolución percibida no tributa como renta percibida en el IRPF.

Ver más detalle aquí: 

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PERO, SI APLIQUÉ LA DEDUCCIÓN EN VIVIENDA EN MI DECLARACIÓN DE LA RENTA, ¿TENDRÉ UE REGULARIZAR?

Si en su momento aplicó en su declaración de IRPF la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones autonómicas por las cantidades percibidas, perderá el derecho a su deducción. En este caso, deberá incluir los importes deducidos en la Renta del ejercicio en que se hubiera producido la sentencia, el laudo arbitral o el acuerdo con la entidad bancaria, pero sin inclusión de intereses de demora.

No será de aplicación esta regularización respecto de las cantidades que se destinen directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo. Es decir, si la entidad financiera, en lugar de devolver al contribuyente las cantidades pagadas lo que hace es reducir el principal del préstamo, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos importes. Por su parte, la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.

EN EL CASO DE HABER APLICADO LA DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL O DEDUCCIONES ESTABLECIDAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, ¿CÚANDO SE PRESENTA LA REGULARIZACIÓN?

  1. Si la sentencia, laudo o acuerdo se produjo en 2017: la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración de IRPF 2017 y afectará, con carácter general, a las deducciones del año 2013, 2014, 2015 y 2016.

En el caso que entre las cantidades devueltas haya intereses del año 2017, estos ya no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda dicho año.

  1. Si se produjo en 2018:  la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2018 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2019) y afectará, con carácter general, a las deducciones del año 2014, 2015 ,2016 y 2017.

No obstante, si la sentencia o acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2017 (2 de julio de 2018), los intereses del año 2017 no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda y, por tanto, la regularización no afectará a dicho ejercicio.

¿Y SI LOS IMPORTES PERCIBIDOS LOS DECLARÉ EN SU MOMENTO COMO GASTOS DEDUCIBLES?

Si tenía alquilada la vivienda hipotecada y hubiera incluido, en declaraciones de años anteriores, los importes ahora percibidos como gasto deducible, estos perderán tal consideración debiendo presentarse declaraciones complementarias de los correspondientes ejercicios, quitando dichos gastos, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. 

¿CÚANDO SE REGULARIZARÁ, EN CASO DE HABER INCLUIDO COMO GASTO DEDUCIBLE LAS CANTIDADES AHORA PERCIBIDAS?

  1. Si el acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 5 de abril de 2017 hasta el 3 de abril de 2018: deberá presentar declaraciones complementarias con carácter general de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2017 (abril, mayo y junio de 2018).

Si entre las cantidades devueltas hubiera intereses abonados en el ejercicio 2017, el contribuyente ya no incluirá como gastos deducibles dichos importes en su declaración.

  1. Si se ha producido después del 3 de abril de 2018: deberá presentar declaraciones complementarias, con carácter general, de los años 2014, 2015 , 2016 y 2017 en el plazo de presentación del IRPF del año 2018 (abril, mayo y junio de 2019).

No obstante, si el acuerdo o la sentencia es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF de 2017 (2 de julio de 2018), los intereses del año 2017 no se tendrán en cuenta como gasto deducible y, por tanto, no tendrá que presentar declaración complementaria de dicho ejercicio.

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SI YA REGULARICÉ POR TENER UNA SENTENCIA ANTERIOR, ¿QUÉ PUEDO HACER?

Si el contribuyente ya hubiese regularizado dichas cantidades por tener una sentencia anterior podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones solicitando la devolución de los intereses de demora satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios declarados como ganancia.

La nueva declaración (complementaria) recogerá la totalidad de los datos que deban ser declarados, incorporando, junto a los correctamente reflejados en la declaración originaria, los de nueva inclusión o modificación.

Una vez determinada la cuota diferencial resultante de la nueva liquidación, se restará de la misma el importe que se ingresó en la declaración originaria, si ésta fue positiva, o bien se le sumará la devolución percibida, si resultó a devolver; el resultado obtenido es la cuota que deberá ser ingresada como consecuencia de la declaración complementaria.

Contacte con nuestro departamento fiscal para confeccionar y presentar su declaración de la RENTA incluyendo la devolución de la cláusula suelo y la regularización que corresponda en su caso.Nuestra experiencia y profesionalidad que le reportarán un resultado óptimo en su declaración de la renta.

 

 

Nerea Montesinos

Economista

Dpto. Fiscal-Contable

ASELEC asesoría y abogados

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