AVISO IMPORTANTE: NUEVA INTERPRETACIÓN SOBRE LA DEDUCIBILIDAD DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

AVISO IMPORTANTE: NUEVA INTERPRETACIÓN SOBRE LA DEDUCIBILIDAD DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

Una vez más, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) aflora las dudas en torno a las retribuciones percibidas por los administradores mercantiles en la reciente Resolución RG 3156/2019 de 17 de julio de 2020. Pero todo indica que esta vez, la maquinaria de comprobación por parte de la AEAT se va a poner en marcha para la revisión de este asunto. 

Cuesta entender cómo este tema constituye, en los últimos años, un objeto de tanto conflicto interpretativo por parte de numerosos operadores jurídicos tales como el propio TEAC, algunos Tribunales de Justicia o la Dirección General de los Registros y el Notariado, donde en diversas Resoluciones interpretaron entre sí la normativa mercantil en sentido opuesto.  

En este artículo vamos a remitirnos a la normativa fiscal y mercantil para intentar explicar esta problemática, pero ya anticipamos que, a la vista de esta sentencia, resulta del todo recomendable revisar los estatutos vigentes de su sociedad mercantil, porque el hecho de establecer una retribución “gratuita” de los Administradores puede suponer, a buen seguro, una contingencia fiscal. Deberá determinarse en los estatutos sociales una retribución para los administradores que abarque tanto las tareas deliberativas como las ejecutivas como directivo de la empresa. 

Contacte con ASELEC a la mayor brevedad para abordar este asunto, y le ayudaremos a planificar acciones para corregir esta probable contingencia fiscal. 

ANTECEDENTES SOBRE LA DEDUCIBILIDAD DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

  • ANTES DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA MERCANTIL Y TRIBUTARIA DE 2014.

Hasta ese momento, cuando un administrador cuyo cargo era gratuito percibía remuneraciones por la prestación de servicios de dirección o gerencia, dichas cuantías tenían la consideración de gastos no deducibles en el impuesto sobre sociedades en virtud del artículo 14.1.e) del TRLIS por considerarse una liberalidad, siempre y cuando las tareas realizadas con carácter laboral fueran de una actividad específica y distintas de las tareas propias del cargo de administrador.

Inicialmente cuando un Administrador percibía claramente retribuciones acordes a su prestación de servicios como cualquier otro trabajador de la empresa, era normal que se estableciera la retribución correspondiente a su cargo de Administrador como gratuita. Por ejemplo, el socio de una sociedad cuya única actividad es un Bar, en el que el empresario es a la vez camarero o cocinero… 

El problema surge cuando el motivo de la retribución a esos administradores o consejeros es por la realización de funciones de dirección o gerencia de la sociedad que pueden haberse reflejado en unos contratos laborales que regulen la prestación de tales funciones; con lo que tendrán un doble vínculo con la sociedad: uno laboral para prestar esas funciones de dirección, gerencia o similares y otro mercantil por ser administradores o consejeros. 

Para estos supuestos, la Jurisprudencia creó la llamada «teoría del vínculo», teoría según la cual, esas funciones de gestión y administración o de alta dirección de una sociedad prestadas en el marco de unas relaciones laborales por quienes, a su vez, son administradores o consejeros de la misma, quedan subsumidas y absorbidas por las que esas personas han de prestar por sus obligaciones mercantiles como administradores o consejeros de tal sociedad. 

En este sentido, se considera entonces que las funciones de ejecutivas y de dirección, quedan incluidas dentro de las propias del cargo de Administrador, y por tanto, no se distingue entre funciones laborales y mercantiles, sino que todas son mercantiles. 

Todo ello basado en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el R.D. Leg. 1/2010 que indica en su artículo 209 que:

«Es competencia de los administradores la gestión y la representación de la sociedad en los términos establecidos en esta ley.»

Por tanto, si una sociedad, cuyos estatutos recogían que sus administradores eran cargos gratuitos, le pagaba a unos directivos con funciones de dirección o gerencia, que fueran además administradores o consejeros, como la relación que predominaba y absorbía a la otra era la mercantil, esa sociedad habría pagado a esos directivos contraviniendo lo dispuesto en la específica normativa mercantil atinente a la materia, y ello naturalmente salvo que entrara en juego esa excepción antes largamente expuesta. La inmediata consecuencia fiscal de que tales pagos no serían deducibles en el Impuesto sobre Sociedades.

  • CON LA NUEVA LEY 27/2014 DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y LA LEY 31/2014 QUE MODIFICO LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

Con la redacción de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, parecía haberse superado la anterior “teoría del vínculo” pues trajo una importante novedad relativa a la materia que nos ocupa, y es que el art. 15, que lleva el mismo título que el 14 del derogado T.R., «Gastos no deducibles», en su letra e) dispone que:

«No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:

e) Los donativos y liberalidades.

No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.

No obstante, los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con el límite del 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo.

Tampoco se entenderán comprendidos en esta letra e) las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad

Además, como indicaba al inicio, la mayoría de la doctrina mercantil y la Dirección General de los Registros y el Notariado, entendían que las funciones ejecutivas realizadas por los administradores, es decir, las realizadas al margen de su condición de administrador, no debían figurar en los estatutos y era suficiente con que el Consejo de Administración acordara dicha remuneración, cumpliendo claro está con las formalidades reguladas por la Ley de Sociedades de Capital.

Pues bien, una sentencia del Tribunal Supremo del 26 de febrero de 2018 modificó dicha interpretación y, por tanto, el criterio vigente hasta ahora, sosteniendo que el concepto retributivo de los administradores incluye tanto las funciones propias el cargo como las de carácter ejecutivo, siendo por tanto necesario que la Junta General apruebe todas las retribuciones.  

No obstante, desde el punto de vista fiscal, existía doctrina tributaria que entendía este gasto como deducible en el IS (véase DGT V3104-16) siempre que cumpliera las condiciones legalmente establecidas, en los términos de inscripción contables, imputación con arreglo a devengo y justificación, en la medida en que dichos gastos constituyeran la contraprestación de las funciones desempeñadas por los socios, distintas de las correspondientes a los de administrador, según regulación del artículo 15.e) anteriormente expuesto.

NUEVO CRITERIO SOBRE LA DEDUCIBILIDAD DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

  • INTERPRETACIÓN EN LA RESOLUCIÓN TEAC DE 17-07-2020, RG 3156/2019

Ahora, el TEAC se pronuncia en esta resolución sobre la retribución de los administradores y niega la deducibilidad en el Impuesto de Sociedades de la retribución abonada a los administradores cuando éstos desarrollan también funciones de dirección o gerencia para la misma y los estatutos reflejan la gratuidad del cargo. 

Todo ello ahora en base en la interpretación de la modificación mercantil de la Ley de Sociedades de Capital que regula la retribución de los administradores. 

Tras su modificación por la Ley 31/2014, el art. 217 «Remuneración de los administradores» pasó a disponer que:

«1. El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.

2. El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes:

a) … «

y también modificó el artículo 249 referido a la Delegación de facultades del consejo de administración, viniendo a interpretar que si los estatutos recogen que los cargos de los administradores son «gratuitos», las retribuciones de los Consejeros Delegados y de los Consejeros ejecutivos tampoco serán fiscalmente deducibles ya que se consideraría un pacto contrario al ordenamiento jurídico que nunca podrá ser deducible por la letra f) del artículo 15 de la LIS:

«No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles: f) Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.»

Por tanto, la deducibilidad fiscal de las retribuciones de los administradores exige inexcusablemente que las mismas cumplan la normativa mercantil, una normativa que lo primero que exige es que debe constar en los estatutos la posibilidad de que los cargos de los administradores o consejeros puedan ser retribuidos.

En definitiva, esta nueva interpretación jurídica no deja muchas posibilidades de defensa como podían plantearse en situaciones anteriores, pues simplemente declara que las retribuciones de los administradores no son deducibles en el Impuesto de sociedades por ser “ilegales” al ir en contra de los propios estatutos de la sociedad que los había considerado con cargo Gratuito. La solución no puede ser otra que modificar los estatutos sociales, y la consecuencia es que ahora el Administrador cobrará por su cargo por desempeñar tanto las funciones deliberativas como las funciones directivas y ejecutivas, y todo ello será rendimientos del trabajo para el mismo, pero en concepto de rendimientos por el cargo de administrador en el IRPF, y estando sometidos a una retención fiscal diferente. 

Contacte con nosotros y le ayudaremos a resolver esta contingencia. 

Marga Velasco

Dpto. Fiscal-Contable

ASELEC, asesoría y abogados

Foto: fiscalblog

CUENTAS CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES

Es muy común en  las empresas que, ante situaciones transitorias de financiación, los socios y administradores aporten efectivo a las mismas. Dichas aportaciones se contabilizan en la cuenta 551. Esta cuenta debe funcionar con entradas y salidas en corto espacio de tiempo. El problema es que a veces la sociedad no puede devolver a los socios o administradores que aportaron el dinero, por problemas de financiación. ¿Qué hacemos entonces?

En este caso se debe regularizar la “cuenta con socios y administradores”, ya que, en caso de inspección por parte de la Agencia Tributaria, puede interpretar que se trata de un préstamo no declarado del socio a la sociedad y por tanto se imputarán en la renta del socio los ingresos por intereses y a la sociedad también se le exigirán las retenciones no practicadas por este préstamo encubierto, con su correspondiente sanción e intereses.

LA REGULARIZAR LA CUENTA CON SOCIOS O ADMINISTRADORES

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Para regularizar la cuenta con socios y administradores existen tres posibilidades:

1- Realizar un contrato de operación de préstamo, del socio a la sociedad, en el cual se estipulen los plazos e intereses periódicos. Dicho contrato de préstamo debe presentarse en la oficina liquidadora del Impuesto de trasmisiones patrimoniales como no sujeto/exento. Así quedara constancia sin necesidad de notario. Evidentemente deben cumplirse los plazos pactados.

2- Previo acuerdo de la Junta General de socios, realizar una ampliación de capital con los fondos aportados. En este caso hay que mantener la proporcionalidad del capital, esto es, que todos los socios deben aportar la parte proporcional que corresponde a su participación en el capital. Esto conlleva hacer escritura pública de aumento de capital y registrarla en el Registro Mercantil.

3- Previo acuerdo de la Junta General de socios, convertir estas aportaciones en subvenciones otorgadas por los socios a la sociedad. Para ello, se utilizará la cuenta 118 aportaciones de socios o propietarios, pero también en este caso, hay que mantener la proporcionalidad del capital, de tal modo que todos los socios deben realizar la aportación en función de la parte que poseen en la sociedad, pues de lo contrario el exceso que realice un socio sobre otro se considerarán ingresos para la sociedad, tanto desde una perspectiva contable como fiscal. Este acuerdo deberá de inscribirse en el libro de Actas de la sociedad, ahorrando gastos en notarios y registros.

También se da el caso contrario, en el que el socio o administrador carga por error algún recibo personal en la cuenta de la sociedad, en este caso, debe reintegrar dicha cantidad a la sociedad lo antes posible. 

En el caso que el socio o administrador hubiera retirado fondos de la sociedad sin poder devolverlos en un corto espacio de tiempo, habrá que regularizar dicha situación, ya que en caso de inspección la Agencia Tributaria interpretará dividendos encubiertos, con sus correspondientes sanciones.

Para regularizar esta situación se debe hacer contrato de préstamo de la sociedad al socio y liquidar intereses. Al igual que hemos dicho en el punto 1, también es conveniente presentarlo en la oficina liquidadora de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, como no sujeto/exento quedando constancia sin necesidad de notario. Evidentemente, deberán realizarse reintegros periódicos según los plazos pactados y liquidación de intereses.

Si tiene alguna duda sobre cómo proceder, no dude en ponerse en contacto con nosotros, en ASELEC Asesoria y Abogados, estaremos encantados de poder ayudarle.

Santi Gonzalez.

Dpto. Fiscal- Contable

ASELEC, asesoría y abogados

Foto: Free pick

 

COTIZACIÓN DE SOCIOS Y ADMINISTRADORES A LA SEGURIDAD SOCIAL

La falta de cotización o un encuadramiento inadecuado en un régimen u otro de la Seguridad Social, tanto de los socios como de los administradores de una sociedad mercantil, suelen terminar dando lugar a sanciones económicas.

En este artículo, trataremos de explicar de forma sencilla, cuáles son las obligaciones de cotización para estos dos colectivos.

LA OBLIGACIÓN DE COTIZACIÓN DE SOCIOS Y ADMINISTRADORES DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL

La obligación de cotizar o no, a la Seguridad Social, así como saber a qué Régimen se adscribirán socios y administradores, va a depender de distintas circunstancias, como son:

  • si el administrador o socio trabaja en la empresa;
  • si tiene control efectivo de la empresa
  • y, por último, si el cargo de administrador es retribuído.

EL ADMINISTRADOR O SOCIO TRABAJA O NO EN LA EMPRESA

Acerca de la primera circunstancia, la obligación de cotizar a la Seguridad Social, por parte del socio o administrador, existirá desde el momento en que desarrolle una actividad efectiva en el día a día de la empresa. 

De esta manera, todos los administradores y socios que desarrollan un trabajo en la empresa, a título lucrativo y de forma habitual, ejerciendo funciones de dirección y control, bien llevando la dirección del negocio, o gestión financiera o comercial, estarán obligados a cotizar a la Seguridad Social. 

En el caso de los socios que sólo ejercen las funciones mercantiles del cargo, es decir, se limitan a convocar a los socios, a recibir información sobre la marcha de la empresa y a firmar las cuentas anuales, pero sin intervenir en el día a día de está, no estarán obligados a cotizar a la Seguridad Social. Es lo que llamaríamos un administrador pasivo.

EN QUÉ RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL SE ENCUADRAN SOCIOS Y ADMINISTRADORES

Una vez definida la situación que exige la cotización a Seguridad Social, necesitamos saber en qué régimen se encuadraran las cotizaciones.

 El criterio que determina la obligación de cotizar en Régimen de Autónomo o a Régimen General, se establece en función del control efectivo que el administrador posea sobre la Sociedad.

Se presumirá, salvo prueba en contra, que posee el control efectivo de la Sociedad  cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 305.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y que son las siguientes:

1.º Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.

2.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.

3.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

LA RETRIBUCIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

Analizadas las dos primeras circunstancias, sólo nos quedara averiguar, en las escrituras públicas de la sociedad, qué participaciones tiene los socios y administradores y revisar qué dicen sobre la retribución del cargo de administrador. 

Acerca de este tema, es interesante la siguiente lectura:

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Con estos datos, estaremos en disposición de conocer en qué régimen estará obligado a cotizar los socios y administradores de la sociedad mercantil.

La siguiente tabla que nos ayudara a encuadrar a administradores y socios:

ENCUADRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SEGURIDAD SOCIAL
SOCIO CON CONTROL EFECTIVO EJERCE FUNCINES DIRECCIÓN Y GERENCIA RETA
NI FUNCIÓN DE DIRECCIÓN NI GERENCIA RETA
TRABAJAR PARA LA SOCIEDAD
NO FUNCIÓNES DIRECCION NI GERENCIA NO COTIZA
NO TRABAJAR PARA LA SOCIEDAD
SÓLO TRABAJA NO ES ADMINISTRADOR RETA
NI ES ADMINISTRADOR NI TRABAJA NO COTIZA
SOCIO SIN CONTROL O NO SOCIO EJERCE FUNCIONES DIRECCIÓN Y GERENCIA Y EL CARGO ES RETRIBUIDO RGSSA
EJERCE FUNCIONES DIRECCIÓN Y GERENCIA PERO NO SE RETRIBUYE  RGSSA
TRABAJA PARA LA SOCIEDAD
EJERCE FUNCIONES DE DIRECCION Y GERENCIA DE FORMA GRATUITA Y NO TRABAJA PARA LA SOCIEDAD NO COTIZA
ADMINISTRADOR PASIVO QUE TRABAJA PARA LA EMPRESA RGSS

   (1) RETA – Régimen General de Autónomo.

(2) RGSSA – Régimen General de Seguridad Social Asimilado. 

(3) RGSS – Régimen General de la Seguridad Social.

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Si aún tiene dudas, o quiere realizar alguna consulta acerca de cuáles son sus obligaciones de cotización como socio o administrador de la sociedad, en ASELEC, asesoría y abogados,  ponemos a su disposición la experiencia y profesionalidad de nuestro departamento laboral.

Contacte con nosotros.

MªAngeles Hernández

Dpto. Laboral
Aselec, asesoría y abogados

Foto by Freepik

 

CÓMO COBRA UN SOCIO ADMINISTRADOR: ¿NÓMINA O FACTURA?

Una de las cuestiones más frecuentes entre los socios administradores que prestan servicios a sus sociedades es decidir la manera en que deben ser retribuidos dichos servicios.

A continuación, desarrollaremos las dos opciones de retribución más comunes (nómina y factura) atendiendo tanto al tipo de rendimiento percibido a efectos del IRPF como a la naturaleza de la actividad desarrollada, y estudiamos la sujeción a IVA de los servicios prestados en su caso.

Retribución del socio administrador. Clasificación de los rendimientos obtenidos por sus servicios prestados a efectos del IRPF:

  • Rendimientos del trabajo personal: retribución vía nómina.
  • Rendimientos de actividades económicas: retribución vía facturación.

En lo que respecta a las actividades correspondientes al cargo de administrador, estas deben establecerse en los estatutos sociales de la sociedad mercantil en la que se ostenta el cargo. En este caso, la totalidad de las retribuciones percibidas por el ejercicio de las funciones propias de dicho cargo deben entenderse comprendidas, a efectos del IRPF, como rendimientos del trabajo en virtud del artículo 17.2.e) de la LIRPF y, por tanto, serán percibidas vía nómina.

Para la calificación de los servicios prestados por el socio a la sociedad distintos de los que procedan de su condición de administrador, estos pueden percibirse via nómina o vía facturación, y para ello deberá tenerse en cuenta:

En primer lugar, lo establecido en el primer párrafo del artículo 17.1 de la LIRPF, el cual señala que:
«se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas».
En este caso, las retribuciones serán percibidas igualmente vía nómina.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en artículo 27.1 de la LIRPF que, con vigencia a partir del 1 de enero de 2015, establece que:
«se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas.

No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, tendrán esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial (…)”.

Por tanto, cuando el administrador percibe rendimientos por sus prestaciones de servicios a la sociedad que no derivan del su cargo establecidos en los estatutos, serán prestaciones de servicios consideradas como un rendimiento de actividades económicas (no rendimiento del trabajo), siempre que tanto el servicio prestado por el administrador como la actividad de la sociedad sea una actividad profesional (no empresarial).

 

Se exige que la actividad realizada esté incluida en la Sección Segunda de las Tarifas del IAE, tanto para el socio como para la sociedad, y ello a pesar de que, lógicamente, la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la regla 3ª de la Instrucción de aplicación del Real Decreto Legislativo 1175/1990 por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del IAE, esté matriculada en la Sección Primera de las Tarifas de dicho Impuesto, y también con independencia de que el socio esté o no dado de alta efectivamente en algún epígrafe de la sección segunda de las tarifas de dicho Impuesto por la realización de dichas actividades.

Además, será necesario igualmente que la actividad desarrollada por el socio en la entidad sea precisamente la realización de los servicios profesionales que constituyen el objeto de la entidad, debiendo entenderse incluidas, dentro de tales servicios, las tareas comercializadoras, organizativas o de dirección de equipos, y servicios internos prestados a la sociedad dentro de dicha actividad profesional.

Por tanto, al concurrir los requisitos anteriormente descritos de actividad y régimen de afiliación a la Seguridad Social, las retribuciones satisfechas tendrán la naturaleza de rendimientos de actividades profesionales y el socio administrador será retribuido vía facturación de los servicios prestados a la sociedad.

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Sujeción a IVA de los servicios prestados por el socio administrador a su sociedad.

Un vez consideramos el supuesto de facturación del socio administrador a la sociedad a la que presta servicios según lo indicado anteriormente, la problemática consiste en la consideración, o no, de sujeto pasivo de IVA de aquellas personas físicas que prestan servicios a entidades de las que son socios o partícipes. Esta ha sido abordada por los Tribunales de Justicia en reiteradas ocasiones.

En este sentido, tratándose de socios que prestan sus servicios a una sociedad en la que la titularidad o el derecho de uso de los activos principales para el ejercicio de la actividad que constituye su objeto social corresponde a la propia entidad, quedarán excluidos del ámbito de aplicación del IVA en la medida en que no se produzca la ordenación de medios propios. A este respecto, tratándose de socios que prestan sus servicios profesionales a una sociedad, la cual tenga por objeto la prestación de servicios de dicha naturaleza, habrá que tener en cuenta si los medios de producción residen en el propio socio. Esto constituirá una cuestión de hecho que habrá de ser probada en su caso ante la Administración.

En supuestos de servicios donde el factor humano constituye un medio de producción relevante y en los que, por tanto, no es siempre fácil diferenciar si los medios de producción residen fundamentalmente en sede de la sociedad (medios materiales como los equipos informáticos, bases de datos y personales como personal administrativo y de apoyo) o en el socio (capacitación, conocimiento, prestigio profesional), habrá que analizar cada caso concreto para determinar si existe o no ejercicio independiente de una actividad económica.

De esta forma, si en función de las condiciones acordadas entre el socio y la sociedad resulta que el profesional no queda sometido a los criterios organizativos de aquélla, percibe una contraprestación económica significativa ligada a los resultados de su actividad y el socio responde frente a terceros, dicha relación no cabe encuadrarla en el artículo 7.5º de la LIVA, por lo que las prestaciones de servicios efectuadas por el socio a la sociedad estarían sujetas a IVA. El caso típico en el que quedarán sujetas a Facturación con IVA será el de profesionales que prestan servicios a sociedades profesionales de las que son administradores y socios.

En el caso contrario, la referida relación se debe calificar como laboral si en función de las condiciones acordadas entre el socio y la sociedad resulta que el profesional queda sometido a los criterios organizativos de aquélla, no percibe una contraprestación económica significativa ligada a los resultados de su actividad y es la sociedad la que responde frente a terceros. En estas condiciones, los servicios prestados por el socio consultante a la sociedad estarían no sujetos en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.5º de la LIVA.

Entendemos que la Administración en caso de revisión, juzgaría la posible aplicación del IVA a los casos en los que no se ha estado aplicando, y no al contrario, por tanto conviene estudiar caso a caso la aplicación del IVA a las retribuciones de los administradores.

En ASELEC asesoría y abogados quedamos a su disposición para asesorarle en este caso tan particular. Contacte con nosotros!

 

Silvana Ricci
Dpto. Contable-Fiscal
ASELEC asesoría y abogados

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