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COVID-19: INFORME LABORAL DE MEDIDAS ADOPTADAS HASTA 18-03-2020

COVID-19: INFORME LABORAL DE MEDIDAS ADOPTADAS HASTA 18-03-2020. 

NORMATIVA APLICABLE

La normativa a considerar hasta el momento es la siguiente: 

      • Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, que complementa al Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.  
      • Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
      • Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
  1. ERTES DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA.

Antes de nada, debemos resaltar la importancia de la correcta tramitación de los ERTES (Expedientes de Regulación Temporal) bajo su consideración por causa de fuerza mayor. Son estos, los ERTES de fuerza mayor, los que tienen como consecuencias para la empresa la eliminación de los costes laborales, tanto por salarios de trabajadores, como por cuotas de la seguridad social, que es el objetivo deseable en una situación excepcional de inactividad de la empresa, siendo el Estado el responsable de los salarios de los trabajadores temporalmente. 

En efecto, no todos los ERTES son necesariamente por fuerza mayor, y las consecuencias para la empresa y los trabajadores son muy diferentes. Los ERTES pueden conllevar suspensiones de contrato y reducciones de jornada. La Autoridad laboral los considerará de fuerza mayor, recogiéndose (artículo 22 del RDL regulación para los de fuerza mayor) o por Causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (artículo 23 medidas de flexibilización procedimental para los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas). 

Las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor vienen recogidas en el artículo 22, debiendo resaltarse: 

1º.- Se considerarán de fuerza mayor aquellos expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19 que impliquen: 

        • Suspensión o cancelación de la actividad.
        • Cierre temporal de locales de afluencia pública.
        • Restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías.
        • Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad.
        • Contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria que queden debidamente acreditados.

Fuera de estos casos no se considerarán procedimientos de fuerza mayor.

2º.- En el procedimiento, se incluye como novedad, la necesidad de acompañar un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, la documentación acreditativa correspondiente.

3º.- El plazo de resolución del expediente será de cinco días, y la Autoridad Laboral, tendrá potestad para solicitar a la Inspección de Trabajo informe sobre la concurrencia o no de las causas de fuerza mayor, informe que deberá ser expedido en el plazo máximo igualmente de cinco días.

Surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

En cuanto a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, (estos ERTES son los que consideramos no aconsejables en esta situación, y por tanto, debemos defender la causa de fuerza mayor ante la Administración), se reducen los plazos de tramitación, si bien se deberá constituir comisión negociadora (sindicatos más representativos o trabajadores de la empresa de conformidad con lo establecido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha comisión representativa, en todo caso, debe estar constituida en el plazo de cinco días. El periodo de consultas de la empresa y representación de las personas trabajadores no podrá exceder del plazo máximo de 7 días, al igual que el informe de la Inspección de Trabajo y de la SS que será potestativo

  1. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN.

En relación a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19 se establecen las siguientes medidas: 

1º.-  Las empresas no tendrán que pagar la aportación empresarial a la seguridad social. 

Mientras dure la suspensión de los contratos o reducción de jornada autorizados en base a dicha causa de fuerza mayor, y siempre que la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta se exonerará a la empresas del abono de la aportación empresarial. Si la empresa tuviera más de 50 trabajadores a dicha fecha, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.

2º.- Para no pagar a la seguridad Social se solicitará por el empresario. 

La exoneración de cuotas se aplicará por la TGSS a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y periodos de la suspensión o reducción de jornada.

  1. MEDIDAS EN CUANTO A LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO DERIVADOS DE ERTES POR FUERZA MAYOR O CAUSAS ECONOMICAS, TECNICAS ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN.

Como puntos de mayor transcendencia se señalan: 

1º.- Se reconocerá el derecho a la prestación de desempleo contributiva aún en el caso de que se carezca del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario a todos los trabajadores incluidos en estos procedimientos.

2º.- El tiempo de desempleo consumido por esta causa no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos.

3º.- Los socios trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado podrán acogerse a dicha medida.

4º.- Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del COVID-19 en periodos en los que, de o haber concurrido dicha circunstancia, hubieren trabajado, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.

Las medidas referentes a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada, cotizaciones y desempleo se mantienen en vigor mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19

  1. PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS AUTÓNOMOS.

Con vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor (el mismo día) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración de estado de alarma, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, lo trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo establecido en dicho RD, o cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria de cese de actividad siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

        • Estar afiliados y en alta en la fecha de declaración del estado de alarma en RETA o en Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del mar.
        • Si la actividad no se ve directamente suspendida en virtud del RD de declaración de estado de alarma será necesario acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75%, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
        • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas de Seguridad Social, dicho requisito se podrá subsanar mediante el pago en los treinta días naturales siguientes.

La cuantía de la prestación se determinará aplicando el 70% a la base reguladora, que será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. Cuando no se acredite dicho periodo mínimo la cuantía de la prestación será equivalente al 70% de la base mínima de cotización de RETA o, en su caso, Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del mar.

La prestación tendrá la duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que se prorrogue y tenga una duración superior al mes. 

 

Nota importante: 

El Real Decreto Ley 8/2020, en su disposición adicional sexta establece:

“Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de la reanudación de la actividad”.

Estas exoneraciones, así como el resto de las medidas excepcionales del RDL que venimos comentando, están supeditadas al mantenimiento del empleo en la empresa durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Por lo tanto, si se reduce la plantilla durante ese período tales exoneraciones deberán retornarse y, además, con los recargos correspondientes.

ASELEC asesoría y abogados

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