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¿PUEDO PEDIR YA LA DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES POR MATERNIDAD?

Finalmente  la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha publicado la sentencia por la que  parece zanjarse la polémica sobre si la prestación por maternidad está exenta de tributación o no en el IRPF.

PRESTACIÓN POR MATERNIDAD EXENTA O NO

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una Sentencia de fecha 6 de julio de 2016, en la que se establecía que la prestación por maternidad estaba exenta de tributar por el IRPF lo que en, un primer momento, pareció abrir la puerta a miles de reclamaciones para recuperar las retenciones cobradas de más. Puede leer nuestro post acerca de esta resolución aquí:

Sin embargo, a la vista de la cantidad de solicitudes presentadas, el Tribunal Económico Administrativo Central mediante Resolución de 2 de marzo de 2017  manifestó, tras la mencionada sentencia, que las prestaciones por maternidad que el contribuyente recibiera por parte de la Seguridad Social sí estaban sujetas a tributar por el IRPF.

Finalmente la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en la sentencia 1462/2018, zanja esta polémica,  estableciendo como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

La divergencia sobre la exención o no viene originada por quién sea el pagador de la misma, por lo que se ha realizado una exhaustiva interpretación del artículo 7.h) de la LIRPF, que enumera las rentas exentas, a fin de resolver tal conflicto y de determinar, en función de la literalidad de tal artículo qué prestaciones se pueden considerar exentas.

Por un lado, la Administración interpreta tal artículo en el sentido de que, únicamente estarían exentas aquellas que son abonadas por las comunidades autónomas o entes locales. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha interpretado tal precepto sentando doctrina legal, extendiendo dicha exención también a las prestaciones que hayan sido pagadas por la Seguridad Social, entendiendo que la voluntad del legislador es eximir de tributar aquellas rentas que hayan sido percibidas por causa de maternidad independientemente de quién sea el pagador. 

Y AHORA, CÚAL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA RECUPERAR LA RETENCIÓN.

Por tanto, una vez se ha resuelto tal disputa interpretativa en relación a la norma aplicable al caso, lo siguiente es saber qué pasa con las trabajadoras que han sido madres en los últimos años y se les ha practicado dicha retención. 

Pues bien, en principio, la solicitud de un ingreso por parte del contribuyente que no corresponde se solventa mediante la presentación de un escrito de solicitud de ingresos indebidos, debiendo igualmente solicitar la rectificación de su declaración de I.R.P.F en caso de que también se haya presentado pues su resultado podría variar.  Sin embargo, tal es el colapso administrativo que podría causar el fallo de tal sentencia, que la propia AEAT ya ha adelantado que se va a establecer un procedimiento más ágil y sencillo para devolver todas aquellas retenciones que se practicaron de manera incorrecta en los últimos 4 años, que es el plazo de prescripción para reclamar.

Así, son  los propios técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) los que recomiendan  esperar antes de empezar a reclamar las devoluciones. Este  consejo se encamina no sólo a evitar los previsibles  colapsos en las oficinas, sino a que mediante una herramienta dichas devoluciones se puedan acelerar. De ese modo, se prevé que se “calculará a cada contribuyente la cuantía de la devolución y habrá que acordar con la Seguridad Social que el INSS desglose la información correspondiente a la prestación”.

En la parte final del proceso, todas los afectados “deberían recibir una notificación, vía SMS o por correo”, explicaba Gestha, que les facilite el acceso a su cálculo y les dé la opción de que puedan confirmar la rectificación de su declaración y solicitar la devolución, o no confirmar si desean que no se interrumpa la prescripción.

No obstante, a día de hoy la Administración no ha especificado el procedimiento final para realizar dicha devolución. 

Así pues, desde Aselec instamos a nuestros clientes y lectores a esperar a que se determine el sistema a seguir, a fin de evitar procesos administrativos interminables y recuperar el dinero pagado de más, lo antes posible. No dude en ponerse en manos de un profesional que examine el caso en concreto y le asesore en defensa de sus intereses. Nuestros profesionales del Derecho están a su disposición. Contacte con nosotros.

Estefanía Belchí Poveda. 

Abogada

Aselec, asesoría y abogados.

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¿ESTÁ PAGANDO DE MÁS POR USAR SU TARJETA DE CRÉDITO?

LA NECESARIA TRANSPARENCIA DE LOS CONTRATOS

Gracias a las sucesivas reclamaciones y denuncias de las abusivas cláusulas suelo, y a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, se pusieron de manifiesto los requisitos que han de concurrir para que los contratos celebrados con entre las entidades bancarias y los consumidores y usuarios, superen un nivel de transparencia mínimo que permita garantizar los derechos de estos últimos y contratar con pleno conocimiento de las consecuencias económicas que suponen dichos acuerdos.

En consecuencia se declaró la nulidad de cientos de contratos que no superaron el nivel de transparencia requerido y, afortunadamente, no solo en relativo a las cláusulas suelo, sino que, se ha hecho extensiva a los contratos celebrados con entidades bancarias para la concesión de las tarjetas de crédito.

LA TARJETA “REVOLVING”

Concretamente, están siendo objeto de reclamación las denominadas “tarjetas revolving”, suscritas con entidades como Banco Popular, Banco Pastor, Bancopopular.es, Barclaycard, Barclays o Citibank, pertenecientes en la actualidad a WiZink Bank.

Este tipo de tarjetas de crédito son aquellas que nos permiten, o bien pagar en un solo plazo el capital del que dispongamos ese mes, o bien aplazar la deuda e ir pagándola poco a poco. Y es con esta segunda opción donde encontramos la trampa, puesto que el pago de la misma va a consistir en un porcentaje del capital dispuesto, más el interés pactado.

Ese porcentaje de la deuda, generalmente suele ser del 1% y el interés suele rondar el 24,27 % T.A.E. De esta manera, mes a mes, no habremos amortizado ni tan siquiera el 1% del capital dispuesto, y en cambio, lo que habremos pagado serán intereses en su mayor parte, generando así una deuda de capital pendiente de pago para el mes siguiente, que se acumulará consecutivamente, haciendo interminable el pago de la deuda generada, salvo que se deje de disponer del crédito, puesto que siempre será superior el capital dispuesto al amortizado.

Lo vemos en un ejemplo: si nuestra tarjeta tenía un crédito de 8.000 €, es probable que después de años pagando, ya hayamos abonado una cantidad que puede ascender a 12.000 €, pero aún estén pendientes de pago otros 4.000 €.

La causa es que mes a mes se amortizan casi en su totalidad los intereses, pero no el capital dispuesto, de modo que si el mes siguiente volvemos a utilizar nuestra tarjeta y disponer de crédito, éste se acumula al mes siguiente y la deuda será cada vez mayor pues nunca se amortiza más de lo que se dispone.
En resumen, el elevado tipo de interés pactado, unido a la forma aplazada del pago, conlleva que la amortización se base, casi de manera exclusiva, en el pago de intereses, de manera que mes a mes se va acumulando capital a devolver, y nunca se pueda terminar de amortizar la deuda.

Es evidente que nadie firmaría tales condiciones de manera consciente, puesto que resultan del todo abusivas, así pues, se entiende que el contrato de la tarjeta no cumple con los requisitos de transparencia exigidos por la jurisprudencia anteriormente mencionados.

En relación a la falta de transparencia de dichos contratos, resultó pionera la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, en las que se están apoyando los Juzgados y Tribunales de nuestro país para estimar las pretensiones de los consumidores. Dicha Sentencia considera de aplicación la Ley de la Represión y la Usura, habida cuenta del desproporcionado tipo de interés “pactado” y concluye que para que un interés pueda considerarse usurario es suficiente con que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso, sin necesidad expresa de que concurran los demás requisitos que marca dicha Ley.

Le interesa

RECLAME SUS DERECHOS Y RECUPERE SU DINERO

Nuestros Tribunales ya están empezando a declarar nulos los contratos que contemplen este tipo de condiciones, obligando a la entidad bancaria a devolver las cantidades pagadas de más, en casos evidentes de falta de transparencia y el consecuente abuso de las condiciones pactadas en cuanto al tipo de interés.

Si lleva años pagando cuotas mensuales de tarjetas de crédito y aún no ha terminado de amortizar la deuda, puede que tenga una tarjeta de las de tipo “revolving” y que adolezca de una posible nulidad por falta de transparencia en la fijación de sus condiciones.

No dude en ponerse en manos de un profesional que examine el caso en concreto y le asesore en defensa de sus intereses. Nuestros profesionales del Derecho están a su disposición. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda
Abogada
Aselec, asesoría y abogados.

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NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, ¿TENGO QUE RECIBIRLAS?

Actualmente, el uso del correo electrónico y, en general, de   para comunicarnos en nuestra rutina diaria, está a la orden del día, hasta tal punto que las Administraciones Públicas, y en concreto, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ha querido sumarse a esta revolución tecnológica y adaptarse al momento que vive hoy en día la sociedad a fin de facilitar los trámites administrativos, ahorrar tiempo y agilizar el procedimiento que el ciudadano necesite realizar, a través del envío de notificaciones electrónicas.

Así pues, entre una multitud de normativa desarrollada a tal efecto, encontramos el Real Decreto 1363/2010, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que es el que nos da la respuesta clave a quienes están obligados y en qué supuestos a recibir notificaciones y comunicaciones electrónicas de la Administración Tributaria a través de la que se ha denominado Dirección Electrónica Habilitada.

OBLIGADOS A RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

En cuanto a las personas y entidades obligadas encontramos las siguientes:

  • Sociedades Anónimas, 
  • Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
  • Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española, 
  • Uniones Temporales de Empresas, 
  • Entidades cuyo N.I.F empiece por la letra V y se corresponda con una agrupación de interés económico, agrupación de interés económico europeo, fondo de pensiones, fondo de capital riesgo, fondo de inversiones, fondo de titulización de activos, fondo de regularización del mercado hipotecario, fonde de titulización hipotecaria o fondo de garantía de inversiones. 

También están obligados, las personas y entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Que estuvieran inscritas en el Registro de grandes empresas,
  • Que hayan optado por la tributación en el régimen de consolidación fiscal, 
  • Que hayan optado por la tributación en el Régimen especial del grupo de entidades, 
  • Que estuvieran inscritas en el Registro de devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Que tengan la condición de representantes aduaneros o presenten declaraciones aduaneras por vía electrónica.

Dichas notificaciones electrónicas serán las derivadas de las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en sus procedimientos tributarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y en la gestión recaudatoria de los recursos de otros Entes y Administraciones Públicas. 

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SUPUESTOS EN LOS QUE NO SE REALIZAN NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

No obstante, se contemplan igualmente una serie de supuestos en los que, en ningún caso, se va a practicar por medios electrónicos cualquier comunicación o notificación y que, por su importancia, podemos destacar:

  • Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico
  •  Las que deban practicarse personalmente según normativa específica
  • Las que se efectúen en relación a reclamaciones económico administrativas
  • Las que contengan medios de pago a favor de los obligados
  • Las realizadas con ocasión de procedimientos iniciados a solicitud del interesado en los que haya señalado un lugar para notificaciones distinto de la dirección electrónica habilitada, salvo que la notificaciones en dicho lugar sean infructuosas pues , la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá entonces practicar la notificación en la dirección electrónica habilitada.

CÚANDO SE CONSIDERAN EFECTUADAS LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Teniendo en cuenta los supuestos y sujetos obligados y exentos a fin de recibir por medios electrónicos las notificaciones que nos envíe la Agencia Tributaria, éstas se consideraran efectuadas en el momento en el que dicha comunicación se abra o, pasados 10 días si ello no ocurre, contados desde el día siguiente de la puesta a disposición por parte de la Administración en nuestro correo electrónico.

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¿VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CIUDADANO?

Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos y, aunque a priori parece un sistema mucho más cómodo para el ciudadano a la hora de comunicarse con la Administración, se ha puesto en entre dicho su constitucionalidad por la posible vulneración del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva que recoge nuestra Constitución, habida cuenta de que, este sistema obliga a una revisión del correo continua, derivando un posible olvido en la efectividad de una notificación y, pudiendo incluso perder el plazo para la realización de cualquier trámite para el que se nos haya dado traslado con los perjuicios que ello le pueden ocasionar al administrado.

No obstante, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en varias ocasiones cerrando de manera tajante el debate y concluyendo que dichas notificaciones resultan del todo conforme a la Constitución Española sin vulnerar ningún derecho fundamental puesto que, no hay que olvidar que se contemplan una serie de supuestos en los que, en ningún caso se va a proceder a la práctica electrónica de comunicaciones y que son esos, precisamente, los casos en los que se podría perder el derecho de defensa del ciudadano. 

Ante tanto galimatías normativo, pocos son los que conocen realmente si se encuentran dentro del ámbito de aplicación de las notificaciones electrónicas y las consecuencias que ello supone por lo que, lo mejor es pedir asesoramiento profesional a fin de conocer en profundidad este sistema. Si tiene alguna duda o pregunta acerca de este tema, no dude en ponerse en contacto con nosotros. En Aselec, asesoría y abogados, estaremos encantados de ayudarle.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico. 

Aselec, asesoría y abogados

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¿QUIÉN DEBE PAGAR EL IMPUESTO AJD AL FIRMAR LA HIPOTECA?

NUEVA SENTENCIA SOBRE LOS GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA.

El pasado 28 de febrero el Tribunal Supremo resolvió la gran incógnita que pesaba sobre la reclamación a las entidades bancarias de los gastos derivados de constitución de hipoteca y que por regla general se atribuían directamente al cliente.

Estos gastos, entre los que se encuentran los honorarios registrales y notariales, el impuesto de actos jurídicos documentados, gastos de gestoría y tasación se encuentran incluidos en una cláusula de la escritura cuya nulidad ya fue declarada por el Tribunal Supremo en anteriores sentencias y no se discute por el abuso que supone en el consumidor.

CLAÚSULAS HIPOTECARIAS ABUSIVAS Y NULAS

En su sentencia de diciembre de 2015, el Alto tribunal establecía que las cláusulas hipotecarias que imponen al consumidor el pago de todos los gastos asociados a la concesión del préstamo son abusivas y, por tanto, nulas. Sin embargo, no se precisaba cómo debían repartirse esos costes, incluido el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) que supone el 75% de la factura.

El tipo aplicado en ese impuesto varía en función de la comunidad autónoma y del valor escriturado. Así, el gravamen va desde un 0,5% hasta un 1,5% sobre el importe del préstamo hipotecario. Para una hipoteca media de 150.000 euros, los gastos de constitución rondan los 3.000 euros y, de ellos, unos 2.000 euros corresponden al AJD.

Después de esa sentencia, la mayoría de los bancos del país -incluidos los cuatro grandes: Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia- modificaron el reparto de los gastos de formalización de una hipoteca de un consumidor particular y empezaron a asumir parte de los mismos.

CONFUSIÓN EN LOS JUZGADOS PROVINCIALES

Sin embargo, el interrogante surgió en cuanto a quien ha de  pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), puesto que, aunque el dictámen del TS fue seguido por numerosos juzgados provinciales, la variedad de aplicación del mismo -desde la adjudicación de todos los gastos y el impuesto a la entidad, hasta la división de costes- ha provocado cierta confusión, hasta que finalmente el TS se ha pronunciado al respecto.

Estas  divergencias tenían su causa en la oscuridad normativa que regula el impuesto y que no establecía con claridad quien ha de asumir tal gasto, sufriendo así infinidad de interpretaciones al respecto y creando una gran inseguridad respecto del cliente ante una posible reclamación a su entidad bancaria.

Como decimos, han sido muchas las sentencias contradictorias emitidas por los distintos Juzgados y Audiencias Provinciales de nuestro país, por lo que el debate es claro y, casi con total seguridad, no se cerrará con esta Sentencia del Tribunal Supremo.

Si bien, aunque aún no sido publicada dicha Sentencia, la nota de prensa emitida por el Alto Tribunal ya adelanta que con ella se ha creado una nueva línea jurisprudencial que zanjará la polémica, por el momento, ATRIBUYENDO EL GASTO DEL IMPUESTO AL CLIENTE Y NO AL BANCO, coincidiendo así con lo que venía estableciendo la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Igualmente, se pronuncia sobre los gastos notariales estableciendo que el pago de la matriz corresponde por mitad a prestamista y prestatario y las copias a quien las solicite. Respecto al resto de los costes -pago de gestoría, registro y notaría-, los jueces se remiten a su sentencia de diciembre de 2015, que dictaminaba que deben repartirse entre banco y cliente.

Con esta sentencia queda, de momento, cerrada la discrepancia existente en cuanto al pago del impuesto marcando un nuevo camino a seguir por los Juzgados y las Audiencias Provinciales otorgando así un poco más de seguridad jurídica al consumidor que, hasta ahora, no sabía qué iba a decidir el juzgado.

LA OCU ANÍMA A RECLAMAR

A pesar de este varapalo, pues el impuesto constituye uno de los gastos más gruesos a la hora de constituir una hipoteca, organizaciones de consumidores y usuarios como Ocu y Facua, animan a los clientes a seguir reclamando a las entidades bancarias el resto de gastos que se asumieron de manera indebida y confiando en que la última palabra de este asunto la tenga, como ya pasara con las cláusulas suelo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien finalmente marcará la línea jurisprudencial a seguir.

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No obstante, habrá que esperar a que esta Sentencia sea publicada para comprender los motivos que han llevado al Alto Tribunal a atribuir este gasto al cliente, pero hasta que eso ocurra, este impuesto queda fuera de las reclamaciones de gastos de constitución de hipoteca.

Para asegurarse de los gastos que asumió en la constitución de hipoteca, lo mejor es contactar con los mejores profesionales que le asesoren en su caso concreto. En Aselec estaremos encantados de ayudarle.

 

 

Estefanía Belchí Poveda
Abogada
Dpto. Jurídico

Aselec, Asesoría y Abogados

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EL REGISTRO DE LA JORNADA DEL TRABAJADOR ¿ES O NO ES OBLIGATORIO?

Antes de comenzar, respecto al registro de jornada del trabajador, diremos que parece que nos estamos acostumbrando a los cambios de criterio de la Administración en poco tiempo, y con argumentos en ocasiones opuestos por parte de los órganos de Inspección y de los Tribunales de Justicia.

La obligación de llevanza de Jornada Ordinaria y Extraordinaria planteada en los últimos meses, fue contrariada tras la Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 23 de marzo en virtud de la cual se manifestaba que el empresario no estaba obligado a llevar un registro de jornada diaria del trabajador.

Y ahora, el Tribunal Supremo se ha vuelto a pronunciar reafirmándose nuevamente en la no obligatoriedad de llevanza de este tipo de registros.

Esta nueva Sentencia 338/2017, de 20 de abril, se basa en interpretar nuevamente el artículo 34 en relación con el 35 del Estatuto de los Trabajadores, llegando a la misma conclusión a la que ya llegó en la Sentencia anteriormente citada, y es que, la obligatoriedad de llevar un registro de jornada diaria del trabajador solo se contempla “a efectos del cómputo de horas extraordinarias” es decir, solamente para contabilizar las horas que sobrepasan la jornada ordinaria del trabajador, tal y como establece el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, el artículo 34 que regula la jornada ordinaria, nada establece al respecto.

Por ello, el Alto Tribunal es claro al respecto afirmando que, si la obligación de registro de la jornada únicamente se contempla en el artículo que regula las horas extraordinarias, es porque el legislador solo ha querido que se contabilizaran las horas extras, pues de lo contrario habría establecido también tal obligación expresamente en el artículo 34.

La conclusión a la que llegan los Magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo es que, si no existe una exigencia legal expresa de llevar un registro de la jornada diaria del trabajador, porque así lo ha querido el legislador, no puede un Tribunal imponer dicha obligación.
Si bien es cierto que, a la vista de la interpretación que se realiza de los preceptos citados no existe una exigencia legal expresa que obligue al empresario a llevar un registro diario de jornada del trabajador, el Alto Tribunal admite la conveniencia de una modificación de la Ley a efectos de clarificar este aspecto.

Además, prueba de todo ello es el hecho de que la no llevanza de este registro, a ojos del Tribunal Supremo, no ha de constituir una sanción encuadrable en el artículo 7.5 del Real Decreto 5/2000 como se venía aplicando por parte de las Inspecciones de Trabajo ya que esa obligación no se encuentra determinada por la Ley.

La novedad de esta Sentencia reside en que, al ser la segunda relativa a la obligatoriedad o no de llevanza de registro de jornada diaria del trabajador sienta jurisprudencia, de manera que constituye ya un precedente para la resolución de futuros casos que se planteen en términos semejantes.

Sin embargo, a pesar de la interpretación realizada por el Tribunal Supremo, lo cierto y verdad es que es necesario que se produzca una modificación de la Ley que clarifique la obligación del empresario a llevar un registro diario de la jornada del trabajador.

Por el momento, la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ya ha complementado su Instrucción 3/2016, sobre la intensificación del control en materia de tiempo de trabajo, en la que se hacía hincapié en el control de la llevanza del registro de jornada, con la reciente Instrucción 1/2017, que se adapta a la jurisprudencia ya sentada por el Tribunal Supremo, disponiendo que “no será posible recoger como infracción la falta de registro de la jornada diaria de trabajo a que se refiere el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores […]dado que no pesa esta obligación sobre el empresario”.

Por tanto, no siendo necesario el registro de la Jornada Ordinaria, sí lo será el registro de las Horas Extraordinarias como hasta ahora; consulte con nuestro departamento laboral para ayudarle a gestionar los registros de Jornada eficazmente.

 

Estefanía Belchí Poveda.
Dpto. Jurídico.
ASELEC asesoría y abogados

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NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO

El TS precisa los efectos de la declaración como abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado en los contratos de préstamo hipotecario.

La cláusula de vencimiento anticipado es aquella que se encuentra dentro de los préstamos hipotecarios y que permite al banco, o quien quiera que sea el prestamista, reclamar la totalidad de la deuda con anterioridad al plazo acordado para su devolución, cuando se producen impagos por parte del deudor, incluso cuando el impago venga referido a una sola de las cuotas.
La abusividad de esta cláusula ha sido puesta en entredicho habida cuenta de los efectos jurídicos que el vencimiento anticipado de dicha cláusula supone y que no son otros que el tan temido procedimiento de ejecución hipotecaria. Por ello, el Tribunal Supremo mediante Auto de fecha 8 de febrero, ha planteado dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a efectos de que determine el alcance de las facultades que ostenta un tribunal nacional una vez determinada la nulidad de esta cláusula.

 

En concreto, las consultas realizadas por el Alto Tribunal van dirigidas a que el TJUE se pronuncie sobre si se puede declarar parcialmente la abusividad de la cláusula, dando por válido el resto de la misma, más específicamente, si se decreta la nulidad del inciso “impago de una sola cuota” el resto de la cláusula de vencimiento anticipado puede permanecer vigente.

 

Por otro lado, se plantea el hecho de si un tribunal nacional puede determinar que la aplicación de su Derecho interno es más ventajosa para el deudor, aunque ello suponga continuar con el procedimiento de ejecución hipotecaria, que sobreseerlo y que el deudor quede expuesto a una ejecución ordinaria tras una sentencia firme en un juicio declarativo y ello, porque el procedimiento de ejecución hipotecaria es un procedimiento especial que protege en ciertos aspectos al deudor ejecutado, al contrario que la ejecución ordinaria.

 

Así pues, aún a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie, las primeras consecuencias jurídicas no se han hecho esperar en la provincia de Murcia y, las ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo en aplicación de esta cláusula ya han sido suspendidas tanto por parte de los Juzgados de Primera Instancia como la Audiencia Provincial, en tanto en cuanto no se resuelvan las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo.

 

 

Estefanía Belchí Poveda.
Dpto. Jurídico.
Aselec Consultores.