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OBLIGACIÓN DE LLEVANZA DE REGISTRO JORNADA LABORAL TRABAJADORES

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, se ha pronunciado en una reciente Sentencia de fecha 23 de marzo, sobre la no obligatoriedad de las empresas de llevar un registro de la jornada laboral de los trabajadores, haciendo una interpretación de lo establecido en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

 

El citado artículo establece que: “A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.

 
Hasta ahora, lo que se ha venido interpretando respecto del mencionado precepto es que, con el fin de contabilizar las horas extraordinarias que realiza el trabajador, era necesario llevar un registro de su jornada habitual a efectos de comprobar las horas que, efectivamente, realiza y así comprobar si sobrepasan su jornada teniendo en cuenta la hora de entrada y salida en relación con su horario de trabajo ordinario.

 
Sin embargo, el Tribunal Supremo, a raíz de la citada Sentencia ha establecido que, el hecho de que el registro de la jornada se disponga en el artículo 35, regulador de las horas extraordinarias, y no en el artículo 34, que regula la jornada ordinaria, no es casualidad, sino que ha sido el legislador el que expresamente ha querido disponerlo así, y a los solos efectos de que el registro de la jornada del trabajador se lleve a cabo única y exclusivamente para contabilizar las horas extraordinarias que se realicen, es decir, anotando sólo las horas que sobrepasen de su jornada ordinaria.

 
Esta interpretación del Tribunal Supremo casa bien además, con el RDL 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, habida cuenta de que la falta de llevanza o llevanza incorrecta del registro de jornada ordinaria de los trabajadores no se encuentra recogida como infracción de forma evidente y terminante.

 
Lo cierto y verdad es que, dada la controversia surgida en torno a la interpretación del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, habrá que esperar a ver si, finalmente el legislador se pronuncia sobre la verdadera obligatoriedad o no de llevar un registro de jornada de los trabajadores y se produce una reforma legislativa que de por zanjado el conflicto interpretativo emergido.

 
Desde ASELEC, aconsejamos continuar llevando el registro de jornada para todos los trabajadores, y tanto para la jornada ordinaria como para la extraordinaria, y estaremos atentos a las modificaciones interpretativas y/o normativas que se produzcan próximamente sobre esta cuestión particular.

 
Estefanía Belchí Poveda
Dpto. Jurídico.
Aselec Consultores S.L.

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NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO

El TS precisa los efectos de la declaración como abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado en los contratos de préstamo hipotecario.

La cláusula de vencimiento anticipado es aquella que se encuentra dentro de los préstamos hipotecarios y que permite al banco, o quien quiera que sea el prestamista, reclamar la totalidad de la deuda con anterioridad al plazo acordado para su devolución, cuando se producen impagos por parte del deudor, incluso cuando el impago venga referido a una sola de las cuotas.
La abusividad de esta cláusula ha sido puesta en entredicho habida cuenta de los efectos jurídicos que el vencimiento anticipado de dicha cláusula supone y que no son otros que el tan temido procedimiento de ejecución hipotecaria. Por ello, el Tribunal Supremo mediante Auto de fecha 8 de febrero, ha planteado dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a efectos de que determine el alcance de las facultades que ostenta un tribunal nacional una vez determinada la nulidad de esta cláusula.

 

En concreto, las consultas realizadas por el Alto Tribunal van dirigidas a que el TJUE se pronuncie sobre si se puede declarar parcialmente la abusividad de la cláusula, dando por válido el resto de la misma, más específicamente, si se decreta la nulidad del inciso “impago de una sola cuota” el resto de la cláusula de vencimiento anticipado puede permanecer vigente.

 

Por otro lado, se plantea el hecho de si un tribunal nacional puede determinar que la aplicación de su Derecho interno es más ventajosa para el deudor, aunque ello suponga continuar con el procedimiento de ejecución hipotecaria, que sobreseerlo y que el deudor quede expuesto a una ejecución ordinaria tras una sentencia firme en un juicio declarativo y ello, porque el procedimiento de ejecución hipotecaria es un procedimiento especial que protege en ciertos aspectos al deudor ejecutado, al contrario que la ejecución ordinaria.

 

Así pues, aún a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie, las primeras consecuencias jurídicas no se han hecho esperar en la provincia de Murcia y, las ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo en aplicación de esta cláusula ya han sido suspendidas tanto por parte de los Juzgados de Primera Instancia como la Audiencia Provincial, en tanto en cuanto no se resuelvan las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo.

 

 

Estefanía Belchí Poveda.
Dpto. Jurídico.
Aselec Consultores.

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INCONSTITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO SOBRE LA PLUSVALIA

El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del Impuesto de plusvalía municipal en los territorios de Guipúzcoa y Alava.

 

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ) es un tributo que grava el incremento de valor del suelo producido desde la fecha de adquisición del inmueble hasta la fecha de su venta.
Sin embargo, la situación de crisis de los últimos años ha rebajado de manera importante el precio de los inmuebles, suponiendo que, en muchas ocasiones, el titular de una vivienda vendiera la misma por un precio muy inferior al de adquisición, no produciéndose por tanto, incremento de valor entre la adquisición y la transmisión y, por tanto, no generando el hecho imponible que hace nacer el impuesto de plusvalía.

 
El Tribunal Constitucional en dos recientes Sentencias de fecha 16 de febrero y 1 de marzo, ha declarado la inconstitucionalidad de este impuesto en los territorios de Guipúzcoa, en su primera sentencia, y Álava en la segunda, en los supuestos en que no se ha producido un incremento de valor del terreno, habida cuenta de que ésa es la verdadera razón de ser de este impuesto y, por tanto, su aplicación sin una real ganancia patrimonial vulnera el principio de capacidad económica recogido en la Constitución Española.

 
Como se establece en las mencionadas Sentencias no es posible “someter a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor” ya que “en ningún caso se puede establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia” .

 
Si bien, el Alto Tribunal deja bien claro que el impuesto de Plusvalía no es, con carácter general, inconstitucional si no que, lo es únicamente cuando se somete a gravamen situaciones que no presentan aumento de valor del terreno en base a las normas forales citadas, dejando por tanto, y de momento, a salvo los artículos 107 y 110 de la Ley de Haciendas Locales, quedando pendiente por tanto ver si, a la vista de estas Sentencias, se produce alguna modificación o adaptación en el régimen estatal del impuesto de plusvalía.

 

 

Estefanía Belchí Poveda.

Dpto. Jurídico

aselec consultores, s.l.p.