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PAGARÉ IMPAGADO, ¿QUÉ PUEDO HACER?

En el tráfico mercantil, es muy habitual que, como medio de pago, el deudor expida un pagaré a nombre del acreedor, con una fecha concreta en la que poder hacer efectivo el pago, conocida como fecha de vencimiento. 

Sin embargo, es probable que, presentado en la entidad bancaria, nos lo devuelvan por no tener fondos. ¿Qué opciones tenemos ante esta situación?

OPCIONES ANTE EL IMPAGO DE UNA DEUDA

Ante el impago de una deuda, el acreedor tiene varias opciones frente al deudor, puesto que, si la reclamación extrajudicial no resulta exitosa, se pueden interponer acciones judiciales por medio del procedimiento verbal u ordinario en función de la cuantía reclamada.

No obstante, ante uno u otro, casi con total seguridad deberemos esperar a la vía ejecutiva para hacer efectivo el pago, lo que supone la interposición de dos procesos judiciales, el ordinario y el ejecutivo.

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PAGARÉ COMO MEDIO DE PAGO

Sin embargo, el hecho de que el pago se haya realizado mediante la expedición de un pagaré, otorga una mayor seguridad y eficacia al acreedor a la hora de cobrarlo y es que, un pagaré es un título ejecutivo que cuenta con un procedimiento judicial específico para hacer directamente efectivos los pagos que se hagan por medio de los mismos. 

EL PROCEDIMIENTO CAMBIARIO DEL PAGARÉ IMPAGADO

El procedimiento cambiario se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil como un proceso sumario y especial para este tipo de situaciones en las que presentado el pagaré impagado directamente se le da traslado al deudor para que pague en el plazo de 10 días o se oponga. Si bien, la importancia que reviste este procedimiento, además, es que las causas de oposición están tasadas por Ley, siendo además muy concretas. 

El deudor solo podrá alegar como causas de oposición las siguientes:

1º.- Inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma. 

2º.- Falta de legitimación del tenedor o de las formalidades del pagaré. 

3º.- Extinción del crédito. 

Fuera de dichas causas, el deudor únicamente podrá proceder al pago. En caso contrario, se procederá directamente a despachar ejecución, para lo cual se realizará investigación patrimonial del deudor procediendo a los embargos de los bienes que sean necesarios para cubrir la deuda. 

En caso de oposición, se resolverá directamente el Tribunal, salvo que las partes pidan la celebración de una vista en cuyo caso se resolverá posteriormente. 

El plazo para interponer el procedimiento es de 4 años. 

No obstante, ante una situación de impago, lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional a fin de examinar el caso concreto y las soluciones más apropiadas para ello.

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El abogado de la empresa juega un papel fundamental en los casos de reclamación de facturas impagadas, pues su intervención no solamente queda reducida al requerimiento extrajudicial o procedimiento judicial en caso de que se desatienda la solución amistosa, si no que aún interpuesta la demanda de juicio monitorio, el abogado seguirá trabajando a fin de llegar finalmente a un acuerdo frente al deudor, realizando negociaciones con éste o con su abogado en su caso, a efectos de conseguir un acuerdo transaccional y solucionar el asunto de la manera más beneficiosa para la empresa, reduciendo una vez más, tiempo y gastos.

Si no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

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HAN RESUELTO MI CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN ¿PUEDO RECLAMAR?

El contrato de distribución y su regulación.

El contrato de distribución es aquel en el que el productor o fabricante acuerda con el distribuidor la entrega de bienes para su comercialización, actuando en nombre propio y obteniendo como beneficio el margen ganado en la reventa. Estos contratos son denominados atípicos debido a su falta de regulación normativa, aunque dicha carencia ha ido siendo suplida doctrinal y jurisprudencialmente, ayudada por la aplicación analógica de la Ley del Contrato de Agencia.

La problemática surge cuando, debido precisamente a esa ausencia normativa, de manera unilateral y sin preaviso, el productor o fabricante decide resolver el contrato al distribuidor.

¿Tiene derecho el distribuidor a algún tipo de indemnización? ¿Qué conceptos puede reclamar? ¿Cómo se calculan? ¿Qué plazo tiene para reclamar?

La Ley del Contrato de Agencia, en sus artículos 25, 28 y 29 contempla los conceptos indemnizatorios a reclamar en caso de resolución del contrato y que se vienen aplicando analógicamente al contrato de distribución, si bien, dicha aplicación ha sido matizada por la jurisprudencia, habiendo establecido que no tendrán lugar en todo caso si no, siempre y cuando se acrediten los requisitos exigibles para ello, pudiendo reclamar la falta de preaviso, la indemnización por clientela y daños y perjuicios sufridos.

En cuanto a la falta de preaviso, en primer lugar, habrá de estarse a lo pactado en el contrato suscrito por las partes y, a falta de pronunciamiento expreso sobre ello, habrá de estarse a lo establecido en el artículo 25 de la LCA, que dispone que será de un mes por cada año de vigencia del contrato, con un máximo de seis.

En caso de incumplimiento, el distribuidor tendrá derecho a la indemnización de la ganancia que el distribuidor esperaba obtener y que se ha visto frustrada de manera repentina y sin margen de maniobra para reorientar su negocio.

¿Cómo se calcula? Se calculará acudiendo al beneficio medio mensual obtenido durante los últimos 5 años y proyectado sobre los meses que debían haber concurrido de preaviso.

El nacimiento de la indemnización por clientela exige la concurrencia de tres requisitos:

1º.- Que el distribuidor haya incrementado sensiblemente la clientela preexistente o aportado nuevos clientes;
2º.- Que de ello se deriven ventajas sustanciales para el empresario en la medida en que pueda aprovecharse de la cartera de clientes creada por el distribuidor;
3º.- Que la indemnización resulte equitativamente procedente por las circunstancias que concurran.

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Si se acredita el cumplimiento de estos aspectos, el distribuidor debido a la sorpresiva resolución de su contrato, puede solicitar una indemnización por ello.

¿Cómo se calcula? Se calculará atendiendo al importe medio anual de las remuneraciones percibidas en los últimos cinco años, efectuando dicho cálculo sobre los beneficios netos obtenidos por el distribuidor una vez descontados los gastos y los impuestos.

Por último, se podrá reclamar también una indemnización por los daños y perjuicios que contemplarán todos aquellos que la resolución del contrato le ha causado tales como los gastos de promoción, inversión, publicidad o personal que haya realizado el distribuidor y que no puedan ser amortizados.

Y, ¿cuánto tiempo tengo para reclamar?

Retomando la atipicidad de este contrato, no se existe un plazo especial para el ejercicio de estas acciones, quedando amparado por el plazo general que, hasta 2015 era de 15 años y que, desde dicho año, se vio reducido a 5.

No obstante, se trata de procedimientos muy particulares dependiendo del caso en cuestión pues, en la práctica la mayoría de ellos se pactan de manera verbal, se incluyen cláusulas de exclusividad, etc. Por tanto, en caso de resolución unilateral por parte del fabricante, lo mejor es buscar asesoramiento profesional a fin de que estudie el asunto en profundidad y determine cuáles son los pasos a seguir en defensa de tus intereses.

ASELEC, asesoría y abogados cuenta con un equipo de Letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas.

La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le garantizan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Los Abogados de ASELEC asesoría y abogados se coordinan con el equipo de Asesores, lo que implica un conocimiento y tratamiento completo de los asuntos. Por ello, conseguimos ofrecer un asesoramiento integral con los mejores resultados.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico
Aselec, asesoria y abogados

DEFENSA DE LA MARCA ANTE COPIA ASELEC ABOGADOS

HAN COPIADO MI MARCA ¿QUÉ PUEDO HACER?

Muchas son las empresas o autónomos profesionales que ven plagiada su marca y que, en consecuencia, sufren evidentes perjuicios por la confusión que a sus clientes les pueda causar. Pero, ¿sabe cuándo se comete realmente plagio?¿Qué acciones puede emprender?¿Qué puede se puede reclamar?

La Ley de Marcas y el Código Penal establecen la regulación de todos estos aspectos que nos ayudaran a sacarnos de dudas.

LA MARCA

Una marca es un signo de distinción que puede venir constituido por una palabra, dibujo, letras, cifras colores o formas y que permite identificar los productos o servicios de una empresa y distinguirla de las demás.

La Ley permite su registro en la Oficina de Patentes y Marcas para ofrecer una seguridad plena a aquella empresa que la ha creado permitiendo su distinción frente a los demás competidores.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS

El proceso se inicia con una solicitud que se remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que se incluirá una representación de la marca que se pretenda inscribir y los productos o servicios a que vaya referida. Tal solicitud se examinará y si se cumplen los requisitos establecidos tanto legal como reglamentariamente se procederá a su inscripción.

El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

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BENEFICIOS DE REGISTRAR UNA MARCA

La inscripción de la marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma, de manera que solo él podrá hacer uso de ella. De esta manera, queda prohibida su utilización por cualquier tercero sin consentimiento de su titular, especialmente en los supuestos en los que:

1º.- Los signos distintivos sean idénticos o similar y, además, venga referida para los mismos productos o servicios y si, además, existen altas probabilidades de confusión para el público.
2º.- El signo sea idéntico o similar a la marca y ésta goce de renombre en España independientemente de si se utilizan para los mismos productos o servicios.

¿QUÉ OCURRE SI COPIAN MI MARCA?

Si otra empresa elabora una marca que pueda ser similar o idéntica a la que tenemos registrada, siendo además utilizada para el mismo producto o servicio, debemos hacer valer los derechos que nos otorga la Ley.

Así, los artículos 40 y ss de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 274 y ss del Código Penal, establecen las acciones civiles y penales, respectivamente que se pueden ejercitar ante los Tribunales de justicia en defensa de nuestros intereses.

RECLAMAR EN LA VIA CIVIL

Se podrá reclamar en vía civil la cesación del uso de la marca además de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, incluyendo, en su caso, la adopción de medidas para evitar que se prosiga en su uso tales como retirar del mercado productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o todo aquello en lo que se haya utilizado tal marca.

La indemnización podrá comprender las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener debido a la utilización indebida de la marca y la confusión causada al público.

Incluso es reclamable el perjuicio causado al prestigio de la marca y los gastos de investigación causados para obtener las pruebas pertinentes de la violación del derecho de marca.

Además, hay que saber que, el artículo 43.5 de la Ley de Marcas establece una indemnización directa y sin necesidad de prueba alguna del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor, cuando la utilización indebida de la marca hubiera sido declarada judicialmente.

El plazo para ejercitar estas acciones es de 5 años desde que se conoció la infracción, pudiendo reclamar los conceptos indemnizatorios a que nos hemos referido de los últimos 5 años.

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DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Además, la utilización indebida de una marca registrada puede incluso ser constitutivo de un delito contra la propiedad industrial tipificado en el artículo 274 del Código Penal, estableciendo penas que pueden alcanzar incluso los 4 años de prisión.

No obstante, la jurisprudencia ha ido perfilando los requisitos a la hora de determinar cuándo se ha producido una violación del derecho de marca, realizando en cada caso concretos análisis muy exhaustivos de la marca en cuestión.

Por tanto, cada caso habrá de ser valorado de manera independiente. Lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional para el estudio y la valoración de la posible infracción y, en su caso, la interposición de las acciones correspondientes en defensa de tus intereses.

ASELEC, asesoría y abogados cuenta con un equipo de Letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas.

La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le garantizan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Los Abogados de ASELEC asesoría y abogados se coordinan con el equipo de Asesores, lo que implica un conocimiento y tratamiento completo de los asuntos. Por ello, conseguimos ofrecer un asesoramiento integral con los mejores resultados.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico
Aselec, asesoria y abogados

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RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EN LOS DELITOS DE UN EMPLEADO

¿ES RESPONSABLE LA EMPRESA DE LOS DELITOS QUE COMETAN SUS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES?

La comisión de cualquier hecho delictivo conlleva, además de la responsabilidad penal que se establezca en el Código Penal según el delito de que se trate, una responsabilidad civil consistente en resarcir a los perjudicados mediante indemnización los daños y perjuicios que se hayan causado.

LA EMPRESA, RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIA.

Si bien, cuando nos encontramos con que el autor del hecho delictivo resulta ser un empleado de nuestra empresa, que lo ha cometido además en dicho establecimiento y en el desarrollo de sus funciones, puede ser incluso que se nos considere responsable civil subsidiario. 

Así lo establece el artículo 120.4 del Código Penal ,que encuadra como responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente a las “Personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios”.

Con esta imputación de responsabilidad civil a la empresa, de cualquier forma subsidiaria, se trata de evitar situaciones de desamparo a los perjudicados por la situación de insolvencia total o parcial de los directamente responsables. 

REQUISITOS PARA LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.

Para que esta acción prospere, como se desprende del mismo precepto, es necesario que se de la concurrencia de los siguientes requisitos:

  • Insolvencia del responsable penalmente: es decir, que nuestro empleado y quien resulta ser el autor del hecho delictivo carezca de bienes suficientes para hacer frente a la indemnización por los daños y perjuicios que haya causado la comisión del delito.
  • Que exista una relación entre el autor del delito y el responsable penal subsidiario, es decir, que exista una relación predominantemente de dependencia entre uno y otro, pudiendo ser onerosa o gratuita, duradera y permanente o meramente circunstancial y esporádica. Lo que se exige es que el sujeto esté potencialmente sometido a la posible intervención del responsable civil subsidiario como dueño de la situación pudiendo dictar órdenes e instrucciones. Esto es, que exista una situación de subordinación entre empleado y empleador por el cual el primero se encuentre sometido a la intervención del segundo en cualquier momento.
  • Que el autor del delito actúe dentro de las funciones de su cargo, aunque sea extralimitándose en ellas. Es decir, que el delito se cometa en el desarrollo de su actividad laboral, incluyendo cuando se exceda de sus competencias.

Por tanto, se puede dar la posibilidad que, ante la comisión de un delito por parte de un empleado nuestro, llevado a cabo en su horario laboral, si el mismo no pudiera hacer frente a la posible indemnización por los daños causados a los perjudicados en concepto de responsabilidad civil, sea la empresa, de manera subsidiaria la que deba hacer frente al pago de la misma. 

En cualquier caso, ante esta situación, lo más recomendable es acudir  a profesionales que estudien el procedimiento penal y defienda los intereses de la empresa a todos los efectos.

Para cualquier empresa, cualquiera que sea el sector al que pertenezca, resulta fundamental contar con un abogadocomo asesor legal que le ayude a gestionar y resolver los problemas de índole jurídico que se generan en el desarrollo de su actividad, tanto en las relaciones con los empleados, como con los clientes o proveedores. El campo de actuación del abogado de empresa abarca tanto el asesoramiento preventivo para evitar situaciones que pongan en peligro buen funcionamiento de la misma, como, si ello resultara necesario, la efectiva actuación extrajudicial y judicial ante los juzgados y tribunales, en defensa de los interesas del negocio. Contacte con nosotros.

Estefania Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

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¿QUÉ GASTOS DE COMUNIDAD TENGO QUE PAGAR POR MI LOCAL?

Es habitual entre los propietarios de un local comercial en el que tienen su negocio, integrado en una comunidad de propietarios, que se plantean dudas sobre qué gastos están obligados a pagar, y en concreto acerca de las derramas, aprobadas para realizar reformas que en nada afectan a su local, deben ser asumidas también por ellos. 

LO QUE DICE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Pues bien, con carácter general, la Ley de la Propiedad Horizontal obliga al pago de los gastos generales del edificio según la cuota de participación que cada vecino tenga y que viene fijada en la escritura de constitución de la comunidad. 

Según lo dispuesto en la Ley, los propietarios tienen que contribuir con todos los gastos, independientemente de que sean titulares de local o de vivienda y de que hagan uso o no de los elementos comunes, tal y como viene estableciendo, además, la jurisprudencia, que no exime del pago de tales gastos por su no utilización. 

LA PRÁCTICA HABITUAL

Si bien, lo que, si se permite y es habitual en la práctica, es establecer o en la escritura de constitución de la comunidad o en los propios estatutos de la misma una exoneración de ciertos gastos a los propietarios de los locales comerciales que compongan la comunidad, precisamente por su no utilización ya que ningún beneficio le van a reportar. 

Veamos un ejemplo:

El propietario de un negocio que se encuentra en la planta baja de una comunidad de propietarios, que no tiene acceso al portal y al que le están exigiendo el pago de una derrama para el cambio de la puerta de entrada al edificio. 

Pues bien, dicho propietario deberá acudir al título constitutivo de la comunidad, a los estatutos o bien a las actas de las juntas de propietarios celebradas, para saber si existe acuerdo de exoneración de tales gastos para los propietarios de los locales. En caso contrario, deberá asumir tal gasto, puesto que como vemos, la ley y la jurisprudencia así lo disponen. 

Cabe señalar también que, en tal exoneración se han de individualizar los gastos en concreto a cuyo pago no vienen obligados los propietarios de un local, aunque si tal dispensa se hace con carácter general y motivada por su no uso, ésta comprenderá tanto los gastos ordinarios (gastos de mantenimiento del edificio) como los gastos extraordinarios (gastos de mejora).

Por tanto, ante la duda de qué gastos de comunidad de propietarios son los que se debe asumir, lo más recomendable es consultar los documentos citados al momento de la adquisición del inmueble.

Además, también es importante saber que, a la hora de comprar un local, el adquirente responde de las cuotas de comunidad que hubiera impagado el anterior propietario durante dicho año y los tres anteriores por lo que, para evitar sorpresas, además de consultar a que gastos se está obligado, es fundamental obtener un certificado de estar al corriente en el pago en tales gastos, a fin de evitar asumir deudas que no son propias.

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No obstante, ante cualquier duda lo mejor es buscar asesoramiento profesional, que gestione la situación de la mejor manera posible. Contacte con nuestro departamento jurídico, experto entre otros campos, en

  • Redacciones de contratos y asistencia a Notaría (compraventas, hipotecas, permutas, arrendamientos urbanos y rústicos, derechos reales, contratos de agencia, arrendamientos de servicios).
  • Reclamaciones de Cantidad.
  • Cumplimiento o resolución de Contratos.
  • Defectos constructivos.
  • Comunidades de Propietarios.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados.

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¿VUELO CANCELADO O RETRASADO? CÓMO RECLAMAR

¿PUEDO RECLAMAR SI CANCELAN O SE RETRASA MI VUELO?

Después de un duro año de trabajo, por fin llegan las esperadas vacaciones y queremos que todo salga bien. Sin embargo, si para llegar a nuestro destino tenemos que coger un avión, es probable que éste se retrase o incluso lo cancelen, y entonces ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis derechos? 

Pues bien, debe saber que, en estos casos el pasajero tiene derecho a una indemnización. Ésta, se encuentra regulada mediante el Reglamento 261/2004, en concreto, en los casos de gran retraso o cancelación del vuelo el pasajero tiene derecho a indemnización por los perjuicios sufridos siempre que su vuelo parta de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro o, cuando parta den un aeropuerto situado en un tercer país con destino a otro situado en un estado miembro. 

VUELO CANCELADO

Así, para el caso de cancelación del vuelo, los pasajeros tendrán derecho de elegir el reembolso íntegro del coste del billete o a un transporte alternativo que le lleve finalmente a su destino. Igualmente, durante la espera que se produzca hasta que finalmente pueda coger un vuelo que le lleve a su destino, la compañía aérea tiene que prestarse asistencia tanto de comida, refrescos, alojamiento y transporte a éste, incluso llamadas telefónicas si fueran precisas. 

RETRASO EN EL VUELO

Para el caso de retraso en el vuelo, se establecen además de un transporte alternativo y la asistencia necesaria expuesta durante la espera, un derecho de compensación económica por la espera que variará en función del tiempo que se haya esperado que como mínimo habrá de ser superior a dos horas y de la distancia del trayecto y podrá alcanzar los 600 €.

No obstante, la normativa europea reguladora de dichos derechos, incluye igualmente una serie de supuestos como son las circunstancias extraordinarias, situaciones europeas o climatológicas que excluyen de responsabilidad a la compañía aérea en cuestión. 

En caso de encontrarse en alguno de estos supuestos, se habría de presentar una reclamación ante la compañía y, en caso de que ésta la desatendiera, se habría de acudir directamente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que emitirá un informe sobre si efectivamente hubo una vulneración de los derechos del pasajero o no, informando a la compañía aérea sobre su posible responsabilidad. En cualquier caso y en caso de que la compañía no atendiera el requerimiento de la AESA se podrá acudir a la vía judicial. Si bien, se ha de señalar que la reclamación ante la compañía no es preceptiva para interponer acciones legales.

Para saber si se tiene derecho o no a indemnización por cancelación o retraso de su vuelo o por cualquier incidente sufrido en el transcurso de un vuelo, lo mejor es poner la situación en manos de profesionales que le asesoren y le gestionen la reclamación como es debido.  En ASELEC asesoría y abogados contamos con un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, tanto a personas físicas como jurídicas, garantizamos los mejores resultados en la defensa de sus intereses.  Contacte con nosotros.

 

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

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MI CASA ESTÁ OKUPADA

Mi casa está okupada, ¿y ahora qué puedo hacer?

En la actualidad, por desgracia muchos son los propietarios que se encuentran en la situación de tener una vivienda cerrada que ha sido okupada de manera ilegal, sin que los procedimientos judiciales existentes sean lo suficientemente satisfactorios para devolver la posesión de la misma a su legitimo propietario; Una situación que comienza a ser más habitual de lo deseado, a consecuencia del auge en los últimos años del denominado movimiento “Okupa”. 

En este contexto, el pasado 12 de junio entró en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al procedimiento de desahucio, conocida ya como la “Ley del desahucio exprés”. 

El objetivo de esta reforma se centra en reducir los plazos concedidos al okupante, beneficiando así al propietario del inmueble, que podrá recuperar la posesión de su vivienda de manera más rápida, consiguiendo así una mayor eficacia del procedimiento judicial de desahucio. 

Así, el procedimiento queda reducido a la presentación de la demanda, que se podrá dirigir y notificar directamente a los ocupantes aun cuando no se conozca su identidad, solicitando la recuperación de la posesión de la vivienda, dando oportunidad a los okupantes para que, en el plazo de 5 días, aporten el título legal que justifica su posesión, siendo éste su único motivo de oposición. En caso de no aportarlo se ordena inmediatamente la entrega de la posesión y el desalojo de quien la estuviera ocupando, no pudiendo además ya recurrir esta resolución. 

Otra de las especialidades de esta reforma, en aras una vez más de proteger los derechos del  particular que tiene una vivienda cerrada y ha sido víctima de las mafias de la okupación, es que este procedimiento se encuentra limitado precisamente a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o instituciones públicas. Así quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los bancos, cajas de ahorro y fondos buitre. 

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Por último, y teniendo en cuenta que el fenómeno Okupa no proviene siempre de una mafia organizada, si no que la ocupación ilegal se realiza muchas veces por parte de  familias de riesgo en exclusión social, la reforma de la Ley contempla igualmente la coordinación entre Administraciones Públicas, a fin de poner en conocimiento de los servicios públicos competentes en materia de política social, esta situación. 

Por tanto, podemos concluir que con esta reforma legislativa en materia de okupaciones ilegales de viviendas, se prevé un mecanismo que debería ser más ágil y satisfactorio a la hora de recuperar una vivienda que ha sido okupada, y que tiene como principal fin, la protección de la propiedad privada de la persona de a pie. No obstante, la eficacia y rapidez del procedimiento  van a depender de la agilidad a la hora de tramitar el procedimiento que le otorgue cada juzgado, confiando eso sí en que este fenómeno vaya despareciendo, motivado por la existencia de este nuevo procedimiento judicial. 

No dude en ponerse en manos de un profesional que examine el caso en concreto y le asesore en defensa de sus intereses. Nuestros profesionales del Derecho están a su disposición. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

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¿NECESITO UN ABOGADO PARA MI EMPRESA?

Para cualquier empresa, cualquiera que sea el sector al que pertenezca, resulta fundamental contar con un abogado como asesor legal que le ayude a gestionar y resolver los problemas de índole jurídico que se generan en el desarrollo de su actividad, tanto en las relaciones con los empleados, como con los clientes o proveedores. Si nunca se había parado a pensarlo, le presentamos aquí algunos de los beneficios y ventajas que puede reportarle el hecho de contar con un Abogado o Asesor Legal para su negocio.

AL INICIO DE UNA AVENTURA EMPRESARIAL

A la hora de constituir una empresa son muchas las dudas que surgen, las decisiones importantes que se deben tomar y las valoraciones decisivas a tener en cuenta. Buscar el asesoramiento profesional de un abogado, nos reportará tranquilidad, confianza y seguridad en el momento de embarcarnos en una nueva actividad empresarial.

El abogados o asesor jurídico, además de orientar sobre las distintas formas jurídicas existentes para constituir la organización, con el fin de que la elegida sea la que mejor se adapte a las exigencias de cada negocio y sus circunstancias específicas, puede además encargarse de la redacción de los estatutos y de la solicitud de autorizaciones o concesiones administrativas necesarias para el desarrollo de la actividad en cuestión. 

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EVENTUALIDADES EN EL DESARROLLO DE LA EMPRESA

Pero el trabajo de este profesional no termina con la puesta en marcha de la empresa, si no que debería acompañarla en su gerencia y  gestión durante toda la vida de ésta, puesto que no serán pocas las ocasiones en las que su ayuda y asesoramiento resultarán imprescindibles para seguir adelante. Esto nos hará contar con una inestimable ventaja frente a aquellos competidores que no cuenten con su colaboración y asesoramiento. El campo de actuación del abogado de empresa abarca tanto el asesoramiento preventivo para evitar situaciones que pongan en peligro buen funcionamiento de la misma, como, si ello resultara necesario, la efectiva actuación extrajudicial y judicial ante los juzgados y tribunales, en defensa de los interesas del negocio.

EL ABOGADO DE EMPRESA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

El consejo y asesoramiento del asesor legal o abogado de empresa contempla muy diversos campos del Derecho. El primero que podemos destacar es el derecho administrativo, ésto es, el referido a las relaciones que la empresa tenga con los diferentes ámbitos de la Administración Pública, tanto local, como regional o estatal, donde nuestro asesor jurídico orientará a la empresa acerca de las actuaciones o decisiones que puedan acarrear la imposición de sanciones, a fin de evitarlas, así como la gestión de un posible expediente sancionador y si éste fuera el caso, haciéndose cargo de su defensa ante los correspondientes tribunales.

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Asimismo, y gracias a la colaboración de nuestro asesor, la empresa puede estar informada en todo momento acerca de las  ayudas y subvenciones a las que puede optar y en su caso, tramitar su solicitud, para no perder valiosas oportunidades de ganar o ahorrar dinero o evitar gastos innecesarios.

EL ABOGADO DE EMPRESA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO CIVIL

Por otro lado, el abogado resulta clave en la gestión empresarial igualmente en el ámbito del derecho civil, en situaciones tales como  la gestión de cobros de facturas impagadas tanto de manera extrajudicial, como ante los juzgados y tribunales, si la reclamación previa no hubiera tenido éxito.

También desarrollará un papel esencial en la redacción de contratos con proveedores y clientes, asegurando las mejores condiciones y velando  en todo momento por los intereses de la empresa, mediante la inclusión de cláusulas que nos beneficien y detectando aquellas otras que podrían perjudicarle.

Por último, si usted es de los que piensa que sólo las empresas que desarrollan actividades relacionadas con las Nuevas Tecnologías están obligadas a cumplir las obligaciones que impone la Ley de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) tenemos que recordarle  que esta ley es de obligado cumplimiento para TODAS las personas físicas o jurídicas que posean datos de carácter personal de personas físicas. Así, el control de los datos personales de los clientes y proveedores mejorará con los consejos legales de su asesor, ya que le orientará en la legislación aplicable que es necesario cumplir con la protección de los datos, atendiendo a la confidencialidad de los mismos, conforme a la Ley, evitando así las posibles sanciones derivadas de su incumplimiento

EL ABOGADO DE EMPRESA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO LABORAL

Por último y de manera fundamental e intrínseca a la propia naturaleza del ámbito de las relaciones internas que se dan en un negocio que cuente con empleados a su cargo, resulta imprescindible contar con el asesoramiento jurídico de un abogado en desde el punto de vista laboral, desde el comienzo de la relación laboral, durante la misma y hasta su extinción, aconsejando sobre el tipo de contrato que más beneficia, según el caso, a los intereses de la empresa, y sobre las formas y efectos jurídicos que conlleva la extinción de la relación laboral, protegiendo una vez más los derechos e intereses de la empresa. Además, el consejo de un buen abogado puede solucionarnos cualquier tipo de conflicto, problema o duda que surja acerca de expedientes de regulación, auditorías laborales, calificaciones de despido, inspecciones de trabajo, negociación colectiva, etc.

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En resumen, como acabamos de ver, la función del abogado a la hora de iniciar un proyecto empresarial resulta fundamental,  pero también vemos que además va a jugar un papel clave y determinante para su buen funcionamiento durante toda la vida de la empresa, al contar con un servicio de asesoramiento profesional experto en materia legal de muy distintos ámbitos que supervisará y respaldará con total seguridad jurídica, las decisiones que se tomen en la organización, teniendo como máxima preservar los derechos e intereses de la misma, como solo el propio empresario haría.

SI ES CLIENTE DE ASELEC, TIENE MUCHAS MAS VENTAJAS

Y éstos son apenas algunos de los beneficios, puesto que, para los los clientes de nuestro despacho, las ventajas se multiplican cuando los abogados de ASELEC se coordinan con el equipo de asesores economistas, lo que implica un conocimiento y tratamiento integral de los asuntos de la empresa, en continua comunicación con los departamentos fiscal, contable y de consultoría financiera, cerrando un círculo que asegura la tranquilidad y confianza del empresario en la gestión de su negocio.

La experiencia y la profesionalidad son nuestros factores clave, y la combinación de asesoría jurídica con el área económica de ASELEC  garantiza los mejores resultados en la defensa de sus intereses.

Contacte hoy con nosotros

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

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¿QUÉ RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL ME CONVIENE SI SOY EMPRESARIO?

Los empresarios son personas físicas que ejercen una actividad profesional en nombre propio y que responden frente a terceros a través del llamado principio de responsabilidad patrimonial universal, esto es, con todos sus bienes presentes y futuros. Por ello, cuando el empresario va a contraer matrimonio es importante escoger bien el régimen económico que va a regir puesto que, de ello va a depender que el patrimonio conyugal responda o no de las deudas de la empresa.

Se ha de señalar que, salvo que los cónyuges otorguen capitulaciones matrimoniales, el régimen económico matrimonial se presume ganancial en todo el territorio nacional excepto en Aragón, Baleares y Cataluña, en donde en caso de que no se pacte por los cónyuges el régimen económico que regulará su matrimonio, se presume que será el de separación de bienes. Por su parte, en los territorios de Navarra y País Vasco, en defecto de pacto, se aplica la sociedad legal de conquistas y la comunicación foral de bienes respectivamente, que se asemejan a la sociedad de gananciales.

Así pues, a la hora de escoger el régimen económico matrimonial, es fundamental conocer cuáles son las peculiaridades de cada uno de ellos y de qué manera va a responder uno u otro frente a las posibles obligaciones que se contraigan derivadas de la actividad profesional que desarrollemos.

SOCIEDAD DE GANANCIALES PARA EL EMPRESARIO

Por una parte, mediante el régimen de sociedad de gananciales se hacen comunes a los cónyuges todos los bienes y ganancias adquiridos tras el matrimonio, de manera que, todos esos bienes comunes responden frente a los acreedores por las deudas contraídas incluso por uno solo de ellos.

SEPARACIÓN DE BIENES PARA EL EMPRESARIO

Por el contrario, mediante el régimen de separación de bienes se conforman dos patrimonios totalmente individualizados de manera que, los bienes y ganancias que cada uno de los cónyuges adquiera durante el matrimonio le pertenecen en exclusiva. Asimismo, las obligaciones a las que deba hacer frente uno de los cónyuges consecuencia de su actividad empresarial serán responsabilidad exclusiva del mismo, respondiendo únicamente con su patrimonio personal.

REGIMEN DE PARTICIPACIÓN PARA EL EMPRESARIO

Por último, en el régimen de participación, cada cónyuge conforma su propio patrimonio individualizado durante el matrimonio pero, al momento de la extinción del régimen matrimonial, los cónyuges podrán participar, si las hubiera, de las ganancias del patrimonio del otro cónyuge experimentadas durante el matrimonio. Al igual que ocurría en la separación de bienes, las deudas que tuviera la empresa de alguno de los cónyuges no podrán afectar al patrimonio del otro cónyuge, pues únicamente responde en exclusiva aquél que las haya contraído con su actividad profesional.

 

Es evidente que, el régimen económico matrimonial cuando uno de los cónyuges es empresario es fundamental de cara a las obligaciones que la empresa pueda tener en un futuro pues de ello va a depender que el empresario responda sólo con su patrimonio privativo, o que además, si éste no fuera suficiente, se extienda también al patrimonio de su cónyuge, esto es, al patrimonio ganancial. El más beneficioso es sin duda el régimen de separación de bienes, a fin de que el patrimonio del otro cónyuge no se vea afectado por las posibles crisis que pueda atravesar la empresa.

Por ello, es esencial buscar asesoramiento profesional acerca de los regímenes económicos que existen y conocer en profundidad las particularidades de cada uno de ellos a fin de tomar una decisión. Contacte con nosotros.

 

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada
Dpto. Jurídico
Aselec, Asesoría y Abogados.

¿Conoces las diferencias entre la separación y el divorcio?

Habitualmente, tendemos a confundir el concepto separación con el de divorcio, utilizando ambos términos con carácter indistinto y otorgándoles un significado similar. Sin embargo, la separación y el divorcio, a diferencia de lo que, a priori, puede parecer, tienen consecuencias jurídicas bien distintas. Vamos a analizarlas.

 

La separación es el cese o suspensión del matrimonio, es decir, el periodo en el que los cónyuges se encuentran separados pero el vínculo matrimonial aún persiste, esto es, no pueden volver a contraer matrimonio con otras personas. Con la separación, se produce la disolución de la sociedad de gananciales y se extinguen los derechos y obligaciones entre los cónyuges. Si bien, se permite su revocación. Es decir que, se contempla la posibilidad de reconciliación entre los cónyuges y que quede sin efecto la separación.

 

Por otra parte, el divorcio implica la disolución total del vínculo matrimonial, es decir, a efectos prácticos es como si el matrimonio nunca hubiera existido, de manera que, los cónyuges pueden volver a contraer matrimonio posteriormente. Al igual que pasa con la separación, con el divorcio también se produce la disolución de la sociedad de gananciales y la extinción de los derechos y obligaciones entre los cónyuges. Pero, al contrario de lo que ocurre con la separación, el divorcio es irrevocable, es decir, no contempla la posibilidad de reconciliación, debiendo volver a contraer matrimonio en ese caso.

Por tanto, como hemos visto, las consecuencias jurídicas de instar el proceso de separación o el de divorcio es distinto. A pesar de eso, el procedimiento judicial a seguir, así como las medidas que en cada uno de ellos se acuerdan, es el mismo.

 

Hasta el año 2005, en que entró en vigor la Ley del Divorcio, estos conceptos se encontraban íntimamente ligados pues, para conseguir la sentencia de divorcio, había de estar previamente separado judicialmente. Es decir, era necesario instar primeramente el procedimiento de separación y, pasado un año desde la Sentencia, instar el procedimiento de divorcio.

Sin embargo, con la Ley 15/2005, se eliminó este requisito pudiendo instar directamente el procedimiento de divorcio, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio, agilizando así los trámites para la disolución del vínculo matrimonial en los casos de ruptura de la pareja, es lo que se conoce como “divorcio express”.

 

En definitiva, la gran diferencia entre la separación y el divorcio radica principalmente en la disolución del vínculo del matrimonio o no, que se produce con el divorcio, pero no con la separación y que permite a los cónyuges a volver contraer matrimonio nuevamente.

Por todo ello, ante una situación de ruptura, lo mejor es asesorarse por un profesional que estudie el caso en concreto y pueda valorar las ventajas e inconvenientes de instar un procedimiento u otro adaptándolo a la situación personal de cada uno y que pueda determinar si, lo más beneficio es iniciar un procedimiento de separación o, por el contario, resulta más conveniente ejercitar la acción de divorcio.

 

En Aselec contamos con profesionales del derecho civil que le aconsejaran las medidas y acciones más convenientes en esta difícil situación de la vida. Contacte con nosotros, estaremos encantados de poder ayudarle.

 

 

Estefanía Belchí Poveda
Abogada

Dpto. Juridico
Aselec , Asesoría y Abogados