DEDUCCIÓN DE LOS DONATIVOS A COLEGIOS CONCERTADOS ASELEC

DEDUCCIÓN DE LOS DONATIVOS A COLEGIOS CONCERTADOS

El pasado mes de noviembre los asesores fiscales del Consejo General de Economistas aconsejaban dejar de incluir las cuotas de escolarización pagadas a los colegios concertados las  entre las deducciones de IRPF. Este comunicado generó una gran alarma social, ya que son muchas las familias que tienen a sus hijos escolarizados en colegios concertados y realizan este tipo de

Sin embrago, tal y como aclaró el Ministerio de Hacienda, la Ley no ha cambiado en los últimos años en este ámbito, la deducción por donativos en el IRPF está regulada en el artículo 68.3 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

El artículo 19 de dicha norma establece que los contribuyentes tendrán derecho «a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la deducción correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley».

También se puntualizó que esta problemática no afecta en nada a las deducciones fiscales vigentes en el IRPF, que existen en el ámbito de la enseñanza en algunas comunidades autónomas.delegación-hacienda-murcia

Por lo tanto, los donativos que se realizan a fundaciones de colegios concertados serán deducibles si cumplen los requisitos legales y no se detecta que ha habido contraprestación por el pago.

Por ello hay que tener claramente diferenciada y justificada la cuota mensual que se abona al colegio durante los meses lectivos como contraprestación de los servidos complementarios recibidos por el alumnado (comedor, transporte, actividades extraescolares…) y el importe abonado como donativo a la fundación correspondiente. 

CÓMO JUSTIFICAR EL DONATIVO REALIZADO A LOS COLEGIOS CONCERTADOS

Toda deducción requiere la oportuna acreditación de la misma. Ahora bien, en el caso de donaciones efectuadas a entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley del Mecenazgo, se exige en particular certificación expedida por la entidad beneficiaria que deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

  • a) Número de identificación fiscal y datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.
  • b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el artículo 16 de la Ley 49/2002.
  • c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
  • d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de donativos en dinero.
  • e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.
  • f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.

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¿CUÁL ES EL IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN POR DONACIONES A LOS COLEGIOS CONCERTADOS?

La deducción fiscal en la declaración de la Renta será una deducción en la base del 75% para los primeros 150 euros y del resto, un 30%.

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción a favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción a favor de la misma entidad que exceda de 150 euros, será del 35%.

La base de esta deducción se computará a efectos del límite previsto en el apartado 1 del artículo 69 de la LIRPF, que en este caso no podrá exceder para cada una de ellas del 10 por ciento de la base liquidable del contribuyente.

Aunque se ha hecho hincapié en que actualmente no hay una campaña general de inspección sobre este tipo de donativos, sí es cierto que se están realizando controles de forma puntual y por lo tanto es conveniente asegurarse de que las deducciones aplicadas en Renta se ajustan a lo que marca la ley del IRPF.

De no ser así la agencia tributaria exigirá la regularización de las deducciones practicadas de forma irregular, con sus correspondientes intereses y posibles sanciones.

Estas medidas no solo tendrán efecto sobre aquellos padres que de forma indebida dedujeron en la Renta el pago de las cuotas de los servicios prestados por el colegio a sus hijos, sino que estas instituciones educativas privadas también estarán obligadas a tributar por los ingresos no declarados.

Si tiene dudas sobre sus declaraciones realizadas o bien, es el primer año que se encuentra en esta situación, el equipo de asesores fiscales de ASELEC se pone a su disposición para evitar que su declaración de la Renta tenga consecuencias inesperadas y negativas, en lo relativo a este aspecto. Contacte con nosotros.

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Inma Teruel

Economista

Dpto. Fiscal-Contable

ASELEC, asesoría y abogados. 

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INFOGRAFíA: TODAS LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LAS PYMES EN 2019

¿Tienes dudas acerca de todos los modelos e impuestos que se deben presentar ante Hacienda y la información que deben incluir, es decir, todas las obligaciones fiscales de las Pymes en el año 2019?

Las pequeñas y medianas empresas españolas tienen por delante un nuevo año contable y fiscal, que comienza con el Impuesto de Sociedades o las retenciones del IRPF y  con la declaración trimestral del IVA, aunque estas no son  las únicas obligaciones fiscales que se va a encontrar este 2019.

Aclaramos dudas en nuestra INFOGRAFÍA ASELEC de HOY! ¡Descárgala!

Si no tienes claras estas obligaciones o necesitas ayuda en su confección y presentación, no dudes en contactar con nosotros, en ASELEC, Asesoría y Abogados disponemos de un equipo de profesionales en materia fiscal que te proporcionará toda la ayuda que necesitas para cumplir con todas tus obligaciones fiscales. Contacta con nosotros aquí o en el teléfono 968 909 747. Estaremos encantados de ayudarte.

 

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¿CONOCE LA “MOCHILA AUSTRIACA” ?

¿Ha oído hablar alguna vez del modelo de la “Mochila Austriaca”? ¿Sabe en qué consiste este modelo que sustituye a la indemnización por despido? ¿Sería viable su implantación en España?

En los últimos años y, especialmente, con motivo de los procesos electorales y cambios políticos, se vienen planteando debates acerca de cuál sería la mejor opción a la hora de reformar el mercado laboral y el sistema de pensiones. En este contexto,  algunos políticos y expertos han propuesto como modelo a seguir la llamada “mochila austríaca”, o modelo austriaco de indemnización por despido.

QUÉ ES EL MODELO AUSTRIACO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

El llamado “modelo austriaco” (o “mochila austriaca”) de indemnización por despido, consiste en la implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación del fondo correspondiente, es decir, el trabajador acumularía parte de su sueldo en una cuenta individual que puede rescatar en caso de despido, si abandona voluntariamente la empresa para cambiar de empleo, para emprender un negocio por su cuenta o para su jubilación. En el caso de fallecimiento del trabajador, este fondo pasaría a formar parte de la herencia de sus allegados.

La cuantía acumulada en la “mochila” del trabajador, será invertida por una entidad financiera en búsqueda de un rendimiento, con la garantía del Estado, y permite a las empresas despedir a coste cero al trabajador, quien puede entonces hacer uso del capital acumulado en ella, aunque también se puede utilizar como complemento a la pensión pública de jubilación. En este último caso, el trabajador podrá elegir si accede a su fondo de capitalización individualizado a través de un solo pago o cobrar cada año una parte de su fondo.

Este nuevo sistema crearía una mayor flexibilidad externa, al mantener los costes de despido predecibles en todo momento, mejorando al mismo tiempo la seguridad financiera de los trabajadores excluidos anteriormente del sistema, y aquellos trabajadores, que estaban cubiertos pero que terminaron su contrato a sí mismos. Al mismo tiempo, el sistema también contribuye a la creación de un pilar adicional de pensiones, que complementa las disposiciones existentes.

Ahondando más en esta flexibilidad laboral, se estarían suprimiendo los obstáculos para ejecutar un despido, por lo tanto, ante un despido, prevalecería la propia capacidad del trabajador dentro de la empresa y no su coste de despido. Esto permite a las empresas ajustarse inmediatamente ante los cambios de mercado y no verse solapada por unos costes o cambios que les pueda alterar la situación financiera de las empresas.

VENTAJAS DESVENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN DE ESTE MODELO

Este modelo tiene por supuesto, defensores y detractores. Los defensores proponen las siguientes ventajas:

  • Fomenta la contratación
    • El empleador tiene más libertad para adaptar su plantilla a las condiciones de la empresa sin temor a tener que pagar finiquitos.
  • Complemento al sistema público de pensiones
    • Se garantizaría la sostenibilidad del sistema ante el reto del envejecimiento demográfico.
  • No habría motivo por parte de las empresas para no realizar contratos indefinidos.
    • Al no haber impedimentos para el despido, no hay necesidad de contratos temporales.
  • No existe límite a la indemnización.
    • La indemnización será mucho mayor cuanto mayor sea nuestra vida laboral.
  • Reduce la incertidumbre sobre los costes empresariales futuros.
  • Flexibilidad laboral tanto para las empresas como para el trabajador.

¿Y qué opinan los detractores? Estos últimos,  frente a las ventajas anteriores, piensan que el modelo austriaco:

  • Facilita el despido.
    • El empresario puede ajustar su plantilla cuando quiera sin coste alguno.
  • Podría hacer desaparecer la prestación por desempleo.
  • Hace que se encarezcan los costes laborales para el empleador.
  • El empleado ve repercutido otro coste sobre su nómina.

¿Cuánto sería el porcentaje a aplicar sobre el salario y que pasaría a formar parte de esta mochila?

Cada mes, el empresario aportaría un porcentaje del 1,53% del salario bruto del empleado a este fondo, que, como ya hemos indicado, no solo se acumularía, sino que sería gestionado por una entidad que lo invertiría en busca de un rendimiento, garantizado por el Estado el 100% del capital.

Para poder llegar a la implantación de este modelo, es necesario que se produzca  un cambio de mentalidad, tanto por parte de las empresas como en los trabajadores, puesto que éste nos llevaría a abandonar la idea de tener “un trabajo para toda la vida”,  hacia un pensamiento en el que “la flexibilidad del mercado laboral es la base para una economía más productiva y económica”. ¿Y usted, qué opina?

Esperamos sus comentarios en nuestra web.

Emilia Espín Navarro

Graduado Social

Dpto. Laboral

Aselec, asesoría y abogados.

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RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EN LOS DELITOS DE UN EMPLEADO

¿ES RESPONSABLE LA EMPRESA DE LOS DELITOS QUE COMETAN SUS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES?

La comisión de cualquier hecho delictivo conlleva, además de la responsabilidad penal que se establezca en el Código Penal según el delito de que se trate, una responsabilidad civil consistente en resarcir a los perjudicados mediante indemnización los daños y perjuicios que se hayan causado.

LA EMPRESA, RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIA.

Si bien, cuando nos encontramos con que el autor del hecho delictivo resulta ser un empleado de nuestra empresa, que lo ha cometido además en dicho establecimiento y en el desarrollo de sus funciones, puede ser incluso que se nos considere responsable civil subsidiario. 

Así lo establece el artículo 120.4 del Código Penal ,que encuadra como responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente a las “Personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios”.

Con esta imputación de responsabilidad civil a la empresa, de cualquier forma subsidiaria, se trata de evitar situaciones de desamparo a los perjudicados por la situación de insolvencia total o parcial de los directamente responsables. 

REQUISITOS PARA LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.

Para que esta acción prospere, como se desprende del mismo precepto, es necesario que se de la concurrencia de los siguientes requisitos:

  • Insolvencia del responsable penalmente: es decir, que nuestro empleado y quien resulta ser el autor del hecho delictivo carezca de bienes suficientes para hacer frente a la indemnización por los daños y perjuicios que haya causado la comisión del delito.
  • Que exista una relación entre el autor del delito y el responsable penal subsidiario, es decir, que exista una relación predominantemente de dependencia entre uno y otro, pudiendo ser onerosa o gratuita, duradera y permanente o meramente circunstancial y esporádica. Lo que se exige es que el sujeto esté potencialmente sometido a la posible intervención del responsable civil subsidiario como dueño de la situación pudiendo dictar órdenes e instrucciones. Esto es, que exista una situación de subordinación entre empleado y empleador por el cual el primero se encuentre sometido a la intervención del segundo en cualquier momento.
  • Que el autor del delito actúe dentro de las funciones de su cargo, aunque sea extralimitándose en ellas. Es decir, que el delito se cometa en el desarrollo de su actividad laboral, incluyendo cuando se exceda de sus competencias.

Por tanto, se puede dar la posibilidad que, ante la comisión de un delito por parte de un empleado nuestro, llevado a cabo en su horario laboral, si el mismo no pudiera hacer frente a la posible indemnización por los daños causados a los perjudicados en concepto de responsabilidad civil, sea la empresa, de manera subsidiaria la que deba hacer frente al pago de la misma. 

En cualquier caso, ante esta situación, lo más recomendable es acudir  a profesionales que estudien el procedimiento penal y defienda los intereses de la empresa a todos los efectos.

Para cualquier empresa, cualquiera que sea el sector al que pertenezca, resulta fundamental contar con un abogadocomo asesor legal que le ayude a gestionar y resolver los problemas de índole jurídico que se generan en el desarrollo de su actividad, tanto en las relaciones con los empleados, como con los clientes o proveedores. El campo de actuación del abogado de empresa abarca tanto el asesoramiento preventivo para evitar situaciones que pongan en peligro buen funcionamiento de la misma, como, si ello resultara necesario, la efectiva actuación extrajudicial y judicial ante los juzgados y tribunales, en defensa de los interesas del negocio. Contacte con nosotros.

Estefania Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

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¿SE PUEDE RECUPERAR EL IVA DE LAS FACTURAS IMPAGADAS?

Una de las cuestiones que nos plantean con frecuencia nuestros clientes autónomos y empresas, es la posibilidad de recuperar el IVA de aquellas facturas que han sido impagadas por sus clientes y por las que, en su día, ingresaron en Hacienda la correspondiente cuota de IVA repercutido.

A continuación, detallamos los requisitos y el procedimiento que marca la normativa para poder recuperar las cuotas del IVA repercutido en el caso de los créditos declarados “incobrables”.  

¿Cuáles son los requisitos para modificar la base imponible del IVA?

Atendiendo al artículo 80.cuatro de la LIVA, la base imponible del impuesto puede modificarse cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables, considerándose como tales cuando el crédito reúna los siguientes requisitos:

  1. Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. Este plazo de un año pasa a ser de seis meses cuando el titular del derecho de crédito sea una PYME (empresario o profesional cuyo volumen de operaciones en el año natural inmediato anterior no haya excedido de 6.010.121,04 euros).

A partir del 1 de enero de 2015, los empresarios que sean considerados PYME podrán modificar la base imponible transcurrido el plazo de 6 meses como se venía exigiendo hasta la fecha o podrán esperar al plazo general de 1 año que se exige para el resto de empresarios.

En las operaciones a plazo, el año o, en su caso, el plazo de seis meses, empiezan a contar desde el vencimiento del plazo o plazos impagados, no desde el devengo del impuesto repercutido. En estas operaciones, bastará instar el cobro de uno de los plazos para que el crédito se considere incobrable y la base imponible pueda reducirse en la proporción que corresponda por el plazo o plazos impagados.

Respecto a las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja, la condición del transcurso del plazo de un año o seis meses para considerar el crédito incobrable se entenderá cumplida en la fecha de devengo del impuesto que se produzca por aplicación de la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.

  1. Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para el IVA.
  1. Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en caso de actuar como particular, que la base imponible, IVA excluido, sea superior a 300 euros.
  1. Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos. En las operaciones que tengan por destinatarios a Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial se sustituirán por una certificación expedida por el órgano competente.
Cuadro resumen de requisitos para recuperar el IVA en el caso de créditos incobrables
PYMES (Volumen de facturación < 6.010.121,04 euros el año anterior). Resto de sujetos pasivos Régimen especial del criterio de caja
Plazo que debe transcurrir desde el devengo, para minorar la base imponible Seis meses / Un año. Un año. 31 diciembre año posterior al de realización de la operación.
Operaciones a plazo Plazo que debe transcurrir desde el devengo hasta el vencimiento del pago, para considerar una operación a plazo. Seis meses / Un año.
Plazo que debe transcurrir desde el vencimiento del pago, para considerar una operación incobrada. 31 diciembre año posterior al de realización de la operación

Requisito: hayan transcurrido seis meses / un año desde vencimiento del plazo.

Plazo para modificar la base imponible desde la finalización del período anterior Tres meses.
Requisitos para poder minorar la base imponible Anotación en Libros Registro.

Destinatario empresario o profesional / particular si base imponible > 300 euros.

Reclamación judicial al deudor o requerimiento notarial.

No se trate de créditos garantizados o afianzados, créditos entre personas o entidades vinculadas o referidos a operaciones cuyo destinatario no está establecido en España y créditos concursales.

Deudas de los Entes Públicos Se sustituye la reclamación judicial o el requerimiento notarial por un certificado del Ente Público deudor en el que conste el reconocimiento y la cuantía de la obligación a su cargo.

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¿Cuál es el procedimiento para modificar la base imponible de los créditos incobrables?

La modificación de la base imponible debe efectuarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de un año o, en el caso de PYMES, seis meses desde el momento del devengo de la operación o del vencimiento del plazo o plazos impagados en el caso de operaciones a plazo. Esta modificación de la base imponible se materializa mediante la emisión de una factura rectificativa o de abono.

No procederá la modificación de la base imponible cuando se trate de créditos que disfruten de garantía real, estén afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte garantizada, afianzada o asegurada, así como en el caso de créditos entre personas o entidades vinculadas a efectos del IVA, y aquellos que se refieren a operaciones cuyo destinatario no está establecido en España.

Una vez realizada la modificación, esta circunstancia debe ser comunicada por vía electrónica a la Agencia Tributaria en el plazo de un mes desde la fecha en que se emitió la factura rectificativa. Asimismo, dicha factura rectificativa deberá remitirse de forma fehaciente al deudor en el mismo plazo.

Por último, la modificación de la base imponible y cuota de IVA repercutido, deberá declararse en la autoliquidación de IVA mensual o trimestral correspondiente.

Si se encuentra usted ante una situación como la descrita anteriormente pero aún le surgen dudas sobre cómo proceder, no dude en ponerse en contacto con el Departamento Fiscal-Contable de ASELEC Asesoría y Abogados, estaremos encantados de poder ayudarle a solucionar esta situación.

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Silvana Ricci

Economista

Dpto. Fiscal-Contable

ASELEC, asesoría y abogados. 

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PAGO A CUENTA O PAGO FRACCIONADO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

¿POR QUÉ MODALIDAD DE PAGO DEBO OPTAR?

Durante el mes de febrero las empresas obligadas a realizar el pago a cuenta del Impuesto de Sociedades tienen la opción de cambiar de modalidad, optando por aquella que mejor se ajuste a las circunstancias actuales o futuras de su empresa.

A lo largo de este artículo vamos a analizar las dos modalidades de pago existentes y las consideraciones a tener en cuenta para optar por una u otra. También veremos cuáles son los modelos correspondientes y plazos de presentación.

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MODELOS Y PLAZOS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

Existen dos modelos de declaración de pagos fraccionados, el modelo 202 aprobado por Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, que se utilizará con carácter general (incluidas las grandes empresas) y el modelo 222 aprobado por Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, que se utilizará por las entidades que tributan en régimen consolidado. Asimismo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria.

Tienen la consideración de gran empresa aquellas entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea superior a 6 millones de euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo al que corresponda el pago fraccionado. Tales entidades se encuentran obligadas, en todo caso, a presentar el modelo 202, aun cuando no resulte una cantidad a ingresar.

Tratándose de entidades que no tengan la consideración de gran empresa, únicamente estarán obligadas a presentar el modelo 202 cuando el resultado de la autoliquidación sea una cantidad a ingresar.

La presentación del modelo 222 también será obligatoria incluso en el supuesto de que no resulte una cantidad a ingresar.

En cuanto a los plazos de presentación del modelo 202 ó 222, son tres los pagos a realizar durante el año. Estos se efectuarán, durante los primeros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre.

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MODALIDADES DEL PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

Hay dos modalidades para efectuar el pago fraccionado, bien tomando la cuota íntegra correspondiente al último período impositivo (Artículo 40.2) o bien sobre la base imponible del impuesto (Artículo 40.3)

  • Modalidad (artículo 40.2 LIS): El importe del pago fraccionado es un porcentaje, en este caso del 18% de la cuota íntegra correspondiente al último período impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese vencido el día uno de los citados meses de abril, octubre y diciembre.

La base sobre la que se aplica este porcentaje es la cuota íntegra minorada en:

Las deducciones, las bonificaciones, las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a ese período impositivo.

Si el resultado anterior es cero o negativo, no existe obligación de presentar la declaración.

Cuando el último período impositivo concluido sea de duración inferior al año, se tomará también en cuenta la parte proporcional de la cuota de períodos impositivos anteriores, hasta completar un período de 12 meses.

  • Modalidad (artículo 40.3 LIS): Se puede optar por una segunda alternativa regulada en el art. 40.3 LIS al realizar el pago fraccionado distinta de la expuesta anteriormente, siendo el plazo para realizar dichos pagos, igualmente, dentro de los 20 primeros días naturales de abril, octubre y diciembre del año.

Estarán obligados a aplicar esta segunda modalidad los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios haya superado la cantidad de 6 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo al que corresponda el pago fraccionado.

En estos supuestos, el pago fraccionado será a cuenta de la liquidación correspondiente al período impositivo que esté en curso el día anterior al inicio de cada uno de los citados períodos de pago.

Como se ha indicado anteriormente, el Real Decreto-ley 2/2016 introdujo para esta modalidad del pago fraccionado dos importantes modificaciones, que resultaron aplicables a los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo hubiera sido al menos 10 millones de euros y que consisten en el incremento del porcentaje del pago fraccionado y el establecimiento de un importe mínimo.

El porcentaje se calcula multiplicando por 5/7 el tipo de gravamen de la entidad y, en su caso, el resultado se redondea por defecto. De esta forma, para un tipo de gravamen general del 25%, el porcentaje del pago fraccionado será el 17% (25 x 5/7).

No obstante, tratándose de contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo haya sido al menos 10 millones de euros, la cuantía del pago fraccionado, sin perjuicio del importe mínimo, será el resultado de aplicar a la base imponible del impuesto determinada de acuerdo con las normas de la ley, el porcentaje que resulte de multiplicar por diecinueve veinteavos (19/20) el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades a que este sometida la entidad redondeado por exceso.

Dicha base es la parte de base imponible de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural, deduciendo las bonificaciones que les sean de aplicación al contribuyente, las retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos del contribuyente, así como los pagos fraccionados efectuados. No se consideran las deducciones que se hayan generado en el período por la realización de determinadas actividades.

Para la determinación de la base imponible aplicable al pago fraccionado, no se tendrá en cuenta la reducción por reserva de capitalización a que se refiere el art. 25 LIS, ya que la misma se corresponde con un incremento de los fondos propios, para cuya determinación resulta imprescindible que se haya producido el cierre del ejercicio. No obstante, sí se podrá aplicar, en la determinación de la base imponible a efectos del pago fraccionado, las cantidades pendientes de aplicación de la reducción por reserva de capitalización que, conforme al art. 25.1 LIS, puedan aplicarse en los 2 años inmediatos y sucesivos.

Si decide optar por esta modalidad de pago, deberá presentar la correspondiente declaración censal, durante el mes de febrero del año natural a partir del cual deba surtir efectos, siempre y cuando el período impositivo a que se refiera la citada opción coincida con el año natural. En el caso en el que el inicio del periodo impositivo no coincida con el año natural, el ejercicio de la opción deberá realizarse en la correspondiente declaración censal, durante el plazo de 2 meses a contar desde el inicio de dicho período impositivo o dentro del plazo comprendido entre el inicio de dicho período impositivo y la finalización del plazo para efectuar el primer pago fraccionado correspondiente al referido período impositivo cuando este último plazo fuera inferior a 2 meses.

Por último comentar que, para aquellas entidades que pierdan la condición de gran empresa, en la que es obligatoria la modalidad del apartado 3 del artículo 45 TRLIS, los pagos fraccionados se realizan de acuerdo con el régimen general, salvo que expresamente se opte por la modalidad del apartado tercero. 

Si no está obligado a presentar los pagos fraccionados por la modalidad del artículo 40.3, pero tampoco tiene claro qué modalidad se ajusta mejor a su plan de negocio, no dude en contactar con ASELEC Asesoría y abogados, estaremos encantados de guiarle en su toma de decisiones. 

Inma Teruel

Economista

Dpto. Fiscal y Contable

ASELEC Asesoría y Abogados

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MODELO 347. UNA GUIA COMPLETA PARA DECLARAR.

¿ESTOY OBLIGADO A PRESENTAR EL MODELO 347 2018 DE DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS?

¿Es usted empresario y no sabe si está obligado a presentar el Modelo 347 correspondiente al ejercicio 2018? A continuación le informamos en que consiste en este modelo informativo cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 28 de febrero.

MODELO 347. DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS.

Se trata de una  declaración de operaciones con terceras personas que se presenta en febrero de cada año. Hoy hablamos en nuestro blog del funcionamiento del modelo 347, una declaración informativa que cada año deben presentar todos los autónomos y pymes durante el mes de febrero  si el importe total de las operaciones realizadas con un tercero superan la cantidad de 3.005,06 €.

Normativa aplicable

¿En qué consiste?

Este modelo se presenta con una periodicidad anual, referido al año natural anterior, y consiste en una declaración informativa referida a las operaciones realizadas con un tercero cuando el importe total de dichas operaciones, sumando todas ellas, supere la cantidad de 3.005,06 € (impuestos incluidos) durante el año natural anterior, computando de forma separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.

Obligados a su presentación

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria (herencias yacentes, comunidades de bienes, etc.), que desarrollen actividades empresariales o profesionales según lo dispuesto en el art. 5 de la Ley del IVA (excepto la letra e) del apartado uno).

Asimismo, las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal, así como, las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 20.Tres de la Ley del IVA (incluirán también las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza).

Exclusión de la obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas

Quedan excluidas de esta obligación de presentación, las siguientes personas o entidades:

a) Quienes realicen en España actividades empresariales o profesionales sin tener en territorio español la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente o su domicilio fiscal o, en el caso de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero, sin tener presencia en territorio español.

b) Las personas físicas y entidades en atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por las actividades que tributen en dicho impuesto por el método de estimación objetiva y, simultáneamente, en el Impuesto sobre el Valor Añadido por los regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, salvo por las operaciones por las que emitan factura.

No obstante lo anterior, los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán informar de las adquisiciones de bienes y servicios que realicen que deban ser objeto de anotación en el libro registro de facturas recibidas del artículo 40.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

c) Los obligados tributarios que no hayan realizado operaciones que en su conjunto, respecto de otra persona entidad, hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente o de 300,51 euros durante el mismo periodo, cuando, en este último supuesto, realicen la función de cobro por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial o de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados.

d) Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente operaciones no sometidas al deber de declaración, según lo dispuesto en el artículo 33.

e) Los obligados tributarios que deban informar sobre las operaciones incluidas en los libros registro de acuerdo con el artículo 36.

f) Los obligados tributarios que lleven los libros registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante el suministro electrónico de los registros de facturación.

Plazo de presentación

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación: mes de febrero, para la declaración anual correspondiente al 2018, a presentar en 2019.

En aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no fuera posible efectuar la presentación a través de Internet en el plazo reglamentario de declaración, dicha presentación podrá efectuarse durante los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo.

Configuración del 347 en los supuestos de fusión

En el supuesto de fusión de dos empresas, cada entidad tiene que hacer una declaración con su NIF, realizando una presentación independiente de la entidad resultante de la fusión, dado que el modelo 347 recoge las operaciones que cada sujeto pasivo ha realizado, con sus clientes y proveedores.

En caso contrario si todas las operaciones de las entidades fusionadas se presentaran con el NIF de la nueva entidad, crearía discrepancias con todos aquellos que han tenido operaciones con ellas, y no cuadrarían en ningún caso las operaciones realizadas.

Preguntas frecuentes realizadas a la AEAT

• ¿Cómo se debe incluir la información en el modelo 347 a partir de la declaración de 2014?
• ¿Los sujetos pasivos inscritos en REDEME están obligados a presentar el modelo 340 y además el modelo 347 correspondiente al ejercicio 2012 y siguientes?
• ¿Cuál es el criterio de imputación de las facturas en la declaración?
• ¿Pueden existir discrepancias entre los importes declarados por el cliente y el proveedor?
• Cómo se declaran las operaciones en las que posteriormente existan devoluciones, descuentos, bonificaciones o modificación de la base imponible?
• ¿Puede declararse un importe negativo en el modelo 347?
• ¿Cómo se declaran las cantidades que se perciban en contraprestación por transmisiones de inmuebles, que constituyan entregas sujetas a IVA.?
• ¿Cómo se declaran las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja por los sujetos pasivos acogidos al régimen?
• ¿Cómo se declaran las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja por los sujetos pasivos destinatarios de las mismas?
• ¿Cómo deben declarar sus operaciones las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la propiedad horizontal, a partir de la Declaración correspondiente al ejercicio 2014?

Enlace a Sede electrónica Agencia Tributaria. Modelo 347

Contenido del modelo

Deben relacionarse en la declaración anual todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de las personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente.

La información sobre dichas operaciones se suministrará desglosada trimestralmente, computándose de forma separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.

Se consideran operaciones tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios como las adquisiciones de los mismos, incluyéndose las operaciones típicas y habituales, las ocasionales, las operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que puedan otorgar o recibir.

En la declaración anual, como regla general, se incluirán las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios sujetas y no exentas en el IVA, así como las no sujetas o exentas de dicho impuesto. Además, las entidades aseguradoras incluirán en su declaración anual el importe de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las operaciones de seguro.

Los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja del IVA, así como, los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el mismo, deberán incluir en su declaración anual, los importes devengados durante el año natural, conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 de la Ley del IVA; dichas operaciones deberán incluirse también en la declaración anual por los importes devengados durante el año natural.

Como excepción a la obligación de suministrar la información desglosada trimestralmente, los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja del IVA y, las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal, suministrarán toda la información que vengan obligados a relacionar en su declaración anual, sobre una base de cómputo anual. Asimismo, los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el régimen especial del criterio de caja, deberán suministrar la citada información relativa a las sobre una base de cómputo anual.

Operaciones excluidas

Quedarán excluidas, con carácter general, todas aquellas operaciones respecto de las que exista una obligación de suministro de información a la AEAT, con carácter periódico, y que como consecuencia de ello hayan sido incluidas en otras declaraciones específicas y cuyo contenido sea coincidente con el del modelo 347.

Además, quedan excluidas del deber de declaración las siguientes operaciones:

– Entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que los obligados tributarios no debieron expedir y entregar factura así como aquellas en las que no debieron consignar los datos de identificación del destinatario o no debieron firmar el recibo emitido por el adquirente en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA. Esta exclusión no será aplicable, en ningún caso, a las operaciones de seguro realizadas por las entidades aseguradoras.
– Operaciones realizadas al margen de la actividad empresarial o profesional del obligado tributario.
– Entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios efectuadas a título gratuito no sujetas o exentas del IVA.
– Arrendamientos de bienes exentos del IVA, realizados por personas físicas o entidades sin personalidad jurídica al margen de cualquier otra actividad empresarial o profesional.
– Las adquisiciones de efectos timbrados o estancados y signos de franqueo postal, excepto los que tengan la consideración de objetos de colección.
– Las operaciones realizadas por las entidades o establecimientos de carácter social del artículo 20.tres LIVA 1992, y que correspondan al sector de su actividad, cuyas entregas de bienes y prestaciones de servicios estén exentos de dicho impuesto, sin perjuicio de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31-1 del RGAT, deberán incluir en la declaración las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza.
– Las importaciones y exportaciones de mercancías, así como las operaciones realizadas directamente desde o para un establecimiento permanente del obligado tributario situado fuera del territorio español, salvo que aquel tenga su sede en España y la persona o entidad con quien se realice la operación actúe desde un establecimiento situado en territorio español.
– Las entregas y adquisiciones de bienes que supongan envíos entre el territorio peninsular español o las islas Baleares y las islas Canarias, Ceuta y Melilla.

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La obligación de declarar no incluirá las siguientes operaciones:

– Respecto a las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal:

• Las de suministro de energía eléctrica y combustibles de cualquier tipo con destino a su uso y consumo comunitario.
• Las de suministro de agua con destino a su uso y consumo comunitario.
• Las derivadas de seguros que tengan por objeto el aseguramiento de bienes y derechos relacionados con zonas y elementos comunes.

– Respecto de las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 20.Tres de la Ley del IVA:

• Las de suministro de agua, energía eléctrica y combustibles.
• Las derivadas de seguros.

Criterios para determinar el importe de las operaciones

Para determinar el importe total de las operaciones realizadas con cada persona o entidad, se observarán los siguientes criterios:

Importe total de la contraprestación: se entenderá por tal el que resulte de aplicar las normas de determinación de la base imponible del IVA (arts. 78, 79 y 80 de la Ley del IVA), incluso respecto de las operaciones no sujetas o exentas de este impuesto que deban incluirse en el modelo 347.

El importe total de las operaciones se declarará neto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones concedidos y de las operaciones que queden sin efecto en el mismo año natural.

También se tendrán en cuenta las alteraciones del precio que se hayan producido en el mismo año.

Cuando estas circunstancias modificativas se produzcan en distinto trimestre natural a aquél en el que tuvo lugar la operación a la que afectan deben incluirse en el correspondiente trimestre natural en que hayan tenido lugar las mismas, siempre que el resultado neto de dichas modificaciones supere, junto con el resto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad en el año natural, la cifra de 3.005,06 euros.

En caso de insolvencias que hayan dado lugar a modificaciones en la base imponible del IVA en el año natural al que se refiera la declaración (art. 80.tres de la Ley del IVA), el importe total de las operaciones a declarar tendrá en cuenta dichas modificaciones.

– Operaciones sujetas y no exentas del IVA: se declarará el importe total de las contraprestaciones, incluidas las cuotas y recargos repercutidos o soportados por dicho impuesto.
Operaciones por las que el transmitente del bien o prestador del servicio tenga derecho a percibir la compensación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA: se declarará el importe de las contraprestaciones totales y se añadirán las compensaciones percibidas o satisfechas.
Operaciones del artículo 84.uno, párrafo segundo de la Ley del IVA se declarará el importe total de las contraprestaciones.
Operaciones de mediación y de agencia o comisión en las que el agente o comisionista actúe en nombre ajeno: se declarará el importe total individualizado de las contraprestaciones correspondientes a estas prestaciones de servicios, incluidas las cuotas repercutidas o soportadas en concepto del IVA. Si el agente o comisionista actuase en nombre propio, se entenderá que ha recibido y entregado o prestado por sí mismo los correspondientes bienes o servicios y deberá declarar el importe total de las correspondientes contraprestaciones, cuotas y recargos.

Criterios de imputación temporal

Los criterios de imputación temporal que deberán tenerse en cuenta para determinar las operaciones que se incluyen en la declaración de cada año son:

– En la declaración anual deben incluirse las operaciones realizadas por el obligado tributario en el año natural al que se refiere la declaración. A estos efectos, las operaciones se entenderán producidas en el período en el que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Reglamento del IVA, se debe realizar la anotación registral de la factura o documento contable que sirva de justificante de las mismas.

No obstante, las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja del IVA, se consignarán en el año natural correspondiente al momento del devengo total o parcial de las mismas, de conformidad con los criterios contenidos en el artículo 163 terdecies de la Ley del IVA por los importes correspondientes.

– Cuando las devoluciones, descuentos y bonificaciones concedidos, operaciones que queden sin efecto, alteraciones del precio así como en el supuesto de que se dicte auto de declaración de concurso, que haya dado lugar a modificaciones en la base imponible del IVA, tengan lugar en un trimestre natural diferente a aquel en el que deba incluirse la operación, deberán ser consignados en el apartado correspondiente al trimestre natural en que se hayan producido dichas circunstancias modificativas, siempre que el resultado de estas modificaciones supere, junto con el resto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad en el año natural, la cifra de 3.005,06 euros en valor absoluto.

– Los anticipos de clientes y a proveedores y otros acreedores constituyen operaciones que deben incluirse en la declaración anual. Posteriormente, cuando se efectúe la operación, se declarará el importe total de la misma, minorado en el importe del anticipo anteriormente declarado, siempre que el resultado de esta minoración supere el límite de 3.005,06 euros, junto con el resto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad.

– Las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan los obligados tributarios, se entenderán satisfechos el día en que se expida la correspondiente orden de pago, y si ésta no existe, se entenderán satisfechas cuando se efectúe el pago.

– Cuando las cantidades percibidas en metálico previstas en el artículo 34.1.h) del Real Decreto 1065/2007 no puedan incluirse en la declaración del año natural en el que se realizan las operaciones por percibirse con posterioridad a su presentación o por no haber alcanzado en ese momento un importe superior a 6.000 euros, los obligados tributarios deberán incluirlas separadamente en la declaración correspondiente al año natural posterior en el que se hubiese efectuado el cobro o se hubiese superado el importe señalado anteriormente.

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Formas de presentación

Los modos de presentación habilitados para el modelo 347 son los siguientes:

– Las Administraciones Públicas, aquellos obligados tributarios adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de la Unidades de Gestión de Grandes Empresas, las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, están obligadas a la presentación electrónica por Internet con firma electrónica avanzada (certificado electrónico o DNI-e).

– Las personas físicas podrán presentar la declaración en todo caso con firma electrónica avanzada, y también podrá utilizar el sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario, denominado Cl@ve PIN.

– Las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, podrán presentar la declaración en todo caso con firma electrónica avanzada, y además en el caso de que su declaración no exceda de 15 registros declarados también podrán utilizar el servicio de impresión a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria y presentar su declaración mediante el envío de un mensaje SMS. (predeclaración mediante envío mensaje SMS)

En todos los casos si la declaración excede de 10.000.000 de registros declarados, se podrá optar por realizar la presentación con un certificado electrónico reconocido en soporte directamente legible por ordenador.

Cumplimentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas

En el modelo 347 se consignarán los siguientes datos:

– Del declarante: Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, NIF y domicilio fiscal.
– De cada una de las personas o entidades incluidas en la declaración: Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y NIF, o en su caso, el número de identificación fiscal a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido atribuido al empresario o profesional con el que se efectúe la operación por el Estado miembro de establecimiento.
– El importe total (en euros), de las operaciones realizadas con cada persona o entidad durante el año natural al que se refiera la declaración.
– Se deberán hacer constar separadamente las siguientes operaciones, sin perjuicio de que a los efectos de determinar si se supera o no la cifra de 3.005,06 euros, que genera la obligación de declarar respecto a cada persona o entidad, se computen conjuntamente con el resto de operaciones realizadas:

• Los arrendamientos de locales de negocios (evidentemente siempre que se trate de arrendamientos que no deban ser declarados en el modelo 180). El arrendador consignará el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y el NIF de los arrendatarios, las referencias catastrales y los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados.
• Las operaciones de seguros realizadas por las entidades aseguradoras. Se consignará el importe de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas en el ejercicio de la actividad aseguradora.
• Las cantidades que se perciban en contraprestación por transmisiones de inmuebles, efectuadas o que se deban efectuar (por ejemplo cuando se efectúan operaciones de venta sobre plano), que constituyan entregas sujetas en el IVA.
• Las agencias de viajes consignarán separadamente diversas operaciones que cumplan con los requisitos a que se refiere la disposición adicional cuarta del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre: aquellas prestaciones de servicios en cuya contratación intervengan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena, y los servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a los servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes que la agencia de viajes preste al destinatario de dichos servicios de transporte.

– Deberán declararse separadamente los cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de cobro.
– Se harán constar los importes superiores a 6.000 euros (habrá que entender que se trata del importe total dentro del año natural, no operación por operación) que se hubieran percibido en metálico de cada una de las personas o entidades relacionadas en la declaración.
– Se harán constar separadamente de otras operaciones que, en su caso, se realicen entre las mismas partes, las siguientes operaciones:

a) A las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja del IVA. Estas operaciones deberán consignarse atendiendo a los siguientes criterios:

En el momento en que se hubieran devengado conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 de la Ley del IVA, como si a dichas operaciones no les hubiera sido de aplicación el régimen especial.

En el momento en que se produzca el devengo total o parcial de las mismas de conformidad con los criterios contenidos en el artículo 163 tercies de la Ley del IVA por los importes correspondientes.

b) En las que el sujeto pasivo sea el destinatario de acuerdo con lo establecido en el artículo 84.Uno.2.º de la Ley del IVA.

c) Que hayan resultado exentas del IVA por referirse a bienes vinculados o destinados a vincularse al régimen de depósito distinto de los aduaneros definido en el apartado quinto del Anexo de la Ley del IVA.

 

Si no tiene claro si está obligado a presentar esta declaración informativa MODELO 347 o necesita ayuda en su confección y presentación, no dude en contactar con nosotros, en ASELEC, Asesoría y Abogados disponemos de un equipo de profesionales en materia fiscal que le proporcionará toda la ayuda que necesita para cumplir con todas sus obligaciones fiscales. Contacte con nosotros aquí o en el teléfono 968 909 747. Estaremos encantados de ayudarle.

Marga Velasco

Economista

Dpto. Fiscal-Contable

Aselec, asesoría y abogados

 

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VENTAJAS DE LA RETRIBUCIÓN FLEXIBLE; EL SEGURO MÉDICO EN NÓMINA

Cada vez más empresas están mostrando un serio compromiso con la denominada Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que ya es mucho más que una corriente, y que ha llegado para quedarse en un mundo laboral donde los trabajadores aprecian cada vez más los valores de su empresa y la retribución emocional que ésta pueda ofrecerle.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Desgranando las múltiples vertientes en las que la RSC puede modular el estilo y las formas de entender el entorno laboral, en cuanto a la protección de los valores en el seno de la empresa, llegamos al importante papel que la retribución flexible puede jugar como factor altamente motivador en la relación trabajador-empresa.

En este sentido la retribución flexible o salario en especie, ofrece a las empresas como primer y más evidente beneficio, mejorar su imagen, modernizarla y trasmitir ese interés por la motivación de sus empleados y por crear equipos estables. 

A día de hoy, puede consistir desde las más habituales, como vivienda, automóvil o acciones de la empresa, hasta una cuota del gimnasio, enmarcada en la promoción de una vida saludable para los trabajadores, o un cheque guardería, que muestre una especial preocupación por la conciliación familiar.

En todos estos casos, la inclusión de este concepto en nómina como salario en especie, nos permitiría reducir la base para el cálculo de la retención de IRPF, en mayor o menor medida dependiendo de la modalidad, pero siempre manteniendo la base de cotización en seguridad social. Esto es así desde la redacción dada al Art. 109 de la LGSS por el Real Decreto Ley 16/2013,  de 20 de diciembre, a partir del cual se establecía que la base de cotización pasaba a estar constituida por la remuneración total, tanto en metálico como en especie.

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EL SEGURO MÉDICO EN NÓMINA

De todos los conceptos que pueden ser objeto de la retribución flexible como concepto en especie en nómina, nos centraremos en el Seguro Médico que las empresas pueden poner a disposición de sus trabajadores, ya que:

  • Es una de las retribuciones en especie más habituales y cada vez lo es más, en un contexto de una mayor preocupación y exigencia respecto a la asistencia sanitaria.
  • Muestra de forma clara una preocupación de la empresa no sólo por el trabajador sino también por su familia, en tanto en cuanto los beneficios pueden extenderse no sólo al trabajador sino también a sus familiares más directos. Tiene por tanto un alto factor motivador del empleado.

Ya hemos mencionado las ventajas a nivel de imagen, de gestión de los RRHH y de reducción del absentismo que ofrecer un Seguro Médico a los trabajadores puede tener para las empresas, pero también es importante mencionar que las primas abonadas por la empresa en este concepto podrán deducirse del Impuesto de Sociedades hasta un máximo de 500 euros anuales por empleado asegurado, cuantía que se incrementará a 1.500 euros en caso de ser personas con discapacidad.

Para el trabajador, el seguro médico que la empresa pueda ofrecer siempre va a tener mejores tarifas, así como ventajas en cuanto a la ausencia de carencias, por la propia naturaleza de negociación en bloque que la empresa va a estar en posición de llevar a cabo con las compañías de seguros.

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Es importante diferenciar también el tratamiento dado por la empresa a este seguro médico ofrecido a los empleados, ya que podrá ser retribución en especie o simplemente un beneficio. En el segundo caso la empresa lo ofrecerá al empleado como un extra, y asumirá ese coste. Además en el primer caso, deberá ser una opción planteada a todos los empleados, mientras que en la segunda será la empresa la que elija a que empleados ofrecerlo. Se le da en este caso un tratamiento de “premio” o condición más beneficiosa. 

En el caso del Seguro Médico como retribución flexible o en especie, el trabajador que reciba este importe como parte de su salario y así quede reflejado en nómina, no tendrá que tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por esta cantidad, hasta un máximo de 500 euros, por no considerarse renta. Estas cantidades serán comunicadas a la AEAT en el modelo 190 anual con la clave de percepción L24.

La parte de la prima del seguro que exceda esta cantidad, sí tendrá consideración de renta y tendrá que estar sujeto a retención.

En definitiva, la retribución flexible en cualquiera de sus modalidades, supone una gran ventaja tanto para el trabajador como para la empresa que, ya que a través de la exención fiscal que estos conceptos ofrecen, se llegará a un mayor salario neto para el empleado sin incrementar los costes totales.

En ASELEC, asesoría y abogados,  resolveremos cualquier duda sobre las distintas ventajas que la retribución flexible puede aportar a sus costes salariales. Contacte con nosotros.

 

Fuensanta Nicolás

Graduada Social

Dpto. Laboral

ASELEC, asesoría y abogados

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¿QUÉ OBLIGACIONES TIENEN LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS?

OBLIGACIONES FISCALES Y REGISTRALES DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS.

A lo largo de los años las conocidas entidades sin fines lucrativos vienen desarrollando una meritoria labor en nuestra sociedad, aportando a los sectores y colectivos más desfavorecidos, bienes y servicios básicos como son la educación, salud o asistencia social, entre otros.

Desde el punto de vista jurídico estas entidades se constituyen principalmente bajo las formas de asociación, unión, fundación u ONG, y constituyen en la actualidad el denominado “tercer sector” de la economía mundial, situadas entre el sector público y el privado.

Estas entidades, ¿tienen que presentar algún impuesto?¿Tienen que emitir facturas y declarar el IVA?¿Qué libros deben de llevar?

En el presente artículo resolvemos estas y otras dudas, resumimos las principales obligaciones fiscales y registrales de las entidades sin fines lucrativos, que muchos desconocen y que pueden resultar de gran interés para sus miembros y gestores.

Obligaciones fiscales de las entidades sin fines lucrativos.

Al igual que cualquier otra forma jurídica del tipo SL, SA o S.COOP., estas entidades están sujetas a los impuestos locales y autonómicos como son el IBI, IVTNU, IVTM, ITPAJD o el IAE.

No obstante, dependiendo del tipo concreto de entidad, algunas gozan de ciertas exenciones en los impuestos anteriores como es el caso de las fundaciones o asociaciones declaradas de utilidad pública a las que es de aplicación la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

En lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido, si bien es cierto que son de aplicación las mismas exenciones contenidas en la normativa independientemente del tipo de entidad o forma jurídica, hay que destacar que las exenciones de las entidades que prestan servicios de asistencia social y de las entidades que prestan servicios deportivos podrán aplicarse siempre y cuando la entidad pueda acreditar el “carácter social” que establece el artículo 20.tres de la LIVA y para ello, deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza.
  • Los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán ser gratuitos y carecer de interés en los resultados económicos de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta.
  • Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos y sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, no podrán ser destinatarios principales de las operaciones exentas ni gozar de condiciones especiales en la prestación de los servicios. 

En el Impuesto sobre Sociedades también existen exenciones aplicables dependiendo del tipo de entidad.

  • Por un lado, para aquellas fundaciones o asociaciones declaradas de utilidad pública y acogidas a la Ley 49/2002, existe una exención en el IS aplicable tanto a las donaciones, ayudas y subvenciones recibidas como las rentas derivadas de actividades económicas siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica contenida en los estatutos de la entidad. El resto de rentas que no cumplan este requisito tributarán al 10%.
  • Por otro lado, para el resto de entidades distintas de las del apartado anterior es de aplicación el Régimen fiscal de entidades parcialmente exentas regulado en los artículos 9.3, 109 y siguientes de la LIS. En virtud de este régimen especial están exentas todas aquellas rentas que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto o finalidad específica recogidas en los estatutos, siempre que no tengan la consideración de actividades económicas. En particular, estarán exentas las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores. El resto de rentas tributarán al tipo general del 25% en el IS.

Por último, destacar que existe otra obligación fiscal específica para aquellas entidades acogidas a la Ley 49/2002 que consiste en una declaración anual de donativos, donaciones y aportaciones recibidas, el llamado modelo 182 cuyo plazo de presentación es durante el mes de enero.

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Obligaciones contables y registrales de las entidades sin fines lucrativos.

En materia contable, resulta obligado a todas las entidades sin fines lucrativos la aplicación de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. Deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevarán necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.

Además, aquellas entidades que se rigen por la Ley 49/2002 deberán formular sus Cuentas Anuales conforme a lo establecido en el PGC mencionado anteriormente en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio y deberán ser aprobadas en el plazo máximo de seis meses también desde el cierre del ejercicio para su presentación al órgano competente.

Asimismo, estas entidades deben elaborar en los últimos tres meses de cada ejercicio, un Plan anual de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.

Si es usted miembro del órgano de administración de una entidad sin fines lucrativos y se plantea si cumplen o no con las obligaciones fiscales, contables o registrales mencionadas en este artículo, le alentamos a que contacte con nuestro Departamento fiscal-contable de ASELEC Asesoría y Abogados y nos plantee su caso. Estamos seguros de poder ayudarles a resolver sus dudas. Contáctenos sin compromiso.

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Silvana Ricci

Economista

Dpto. Fiscal-Contable

ASELEC, asesoría y abogados. 

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¿EXISTE EL DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN AL FIN DE UN CONTRATO TEMPORAL?

El fin de la relación laboral entre empresa y trabajador, puede venir provocada por varias causas como el despido, la baja voluntaria, que se termine el periodo o la causa de un contrato temporal, un acuerdo con la empresa u otros motivos. En todos los casos, el trabajador tendrá derecho a percibir su finiquito, pero no siempre tendrá derecho a percibir una indemnización.

En el caso de tratarse de un contrato temporal, el trabajador sí tendrá derecho a recibir una indemnización junto al finiquito, entendiendo por indemnización, la compensación económica en favor del trabajador establecida por la ley, cuando éste se queda sin empleo por una razón ajena a su voluntad.

LOS CONTRATOS TEMPORALES

Antes de explicar con detalle las indemnizaciones por fin de contrato temporal, recordaremos cuales son los principales tipos de contratos temporales en España.

Nos encontramos por un lado, con el contrato por obra y servicio y por otro, con el contrato eventual por circunstancias de la producción. De esta modalidad de contratos ya  hemos hablado en anteriores artículos, y hoy nos ocuparemos de las cantidades tiene que pagar la empresa al trabajador una vez que finaliza la causa de temporalidad por la que se realizaron.

El artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en su apartado 1, recoge los distintos tipos de contratos temporales. Encontramos aquí:

  • Contrato de obra y servicio: Se deben de utilizar con la finalidad de la realización de una obra o servicio concreto, por ejemplo, una empresa de mudanzas a la que le encargan la realización de un traspaso de una tienda a otra en concreto.

La duración máxima de este tipo de contratos es de tres años pudiendo ampliarse en determinados casos hasta cuatro años si así lo prevé el convenio colectivo de aplicación.

  • Contrato eventual por circunstancias de la producción: Se realizan para cubrir momentos puntuales en que existe un exceso de tareas en la empresa como puede ser el periodo de rebajas en una tienda de ropa y que se prevé que dure un periodo de tiempo determinado.

Este tipo de contrato tiene una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de 12, no obstante, algunos convenios colectivos mejoran esta duración permitiendo hasta un máximo de 12 meses dentro de un periodo de 18 meses.

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Una vez que finalizan las causas que originaron este tipo de relación laboral, es decir, bien la finalización de la obra o servicio para la que se contrató en el caso de los contratos de obra y servicio, o bien, transcurrido el plazo de tiempo donde se estimó que iba a existir un exceso de trabajo en el caso del contrato eventual, deberá de finalizar la vigencia del contrato de trabajo, y tras ello, el trabajador tendrá derecho a recibir un finiquito, en el que deberá incluirse la indemnización por fin de contrato temporal.

FINIQUITO E INDEMNIZACIÓN

Como ya hemos adelantado siempre que finaliza la relación laboral entre empresa y trabajador, éste tendrá derecho a percibir su finiquito, pero sólo en determinados casos se tiene derecho a percibir una indemnización. Hay que distinguir pues, entre ambos conceptos, el finiquito y la indemnización.

El finiquito es el documento en el que se liquidan al trabajador todos los conceptos que éste tuviera pendiente de pago a la hora de la finalizar  la relación laboral, tanto a favor del trabajador -días de vacaciones no disfrutados, parte proporcional de pagas extra que no hubiera recibido, indemnización, etc…- como a favor de la empresa – como  en casos en que la empresa le concediera un anticipo al trabajador y éste no hubiera terminado de devolverlo a la empresa.

Por otro lado, la indemnización es una compensación económica establecida por ley para los casos en que los trabajadores se quedan sin trabajo por motivos ajenos a su voluntad, ya que, si la baja es debido a la voluntad del trabajador no generará derecho a percibir indemnización alguna. Así ocurrirá en los casos de baja voluntaria o en un despido calificado como procedente.

CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN EN LOS CONTRATOS TEMPORALES

¿Cuál será la cuantía de la indemnización por la finalización de los contratos temporales mencionados anteriormente?

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 49, fija dicha cantidad en la correspondiente a 12 días por año trabajado.

Veamos este cálculo a través de un ejemplo: Supongamos que un trabajador ha estado contratado durante un año con un contrato por obra o servicio, para la realización de una obra de construcción, teniendo un salario de 1.000 euros brutos mensuales,  que en términos anuales se traduce a 12.000 euros.

Tras la finalización de dicho contrato, el trabajador, según establece la norma reguladora, tendrá derecho a una indemnización correspondiente a 12 días por año trabajo, de modo que, si dividimos el salario anual entre los días trabajados obtendremos el salario diario:

  • 12000 euros anuales/365 días trabajados = 32,88 euros diarios

Una vez obtenido el salario diario, lo multiplicaremos por los doce días a los que establece la ley y obtendremos un total de 394,56 euros brutos en concepto de indemnización por fin de contrato temporal.

Hay que señalar que, en el mencionado artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, se establece una excepción a la indemnización  para los contratos temporales, concretamente la relativa a los contratos de interinidad y los contratos formativos, que a la hora de su finalización, no tendrán derecho a  indemnización alguna.

No podemos dejar de recordar, que si dicho contrato está realizado en fraude de ley, es decir, si no existe una causa de temporalidad para este contrato conforme a la legalidad, existe la posibilidad de que dicho contrato fuera considerado como un contrato indefinido.

¿Cuándo se considera que existe un encadenamiento o sucesión de contratos temporales? El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 15.5 nos dice que existirá  encadenamiento o concatenación cuando un trabajador hubiese estado contratado por la misma empresa o grupo de empresas durante 24 meses en un período 30, mediante 2 o más contratos temporales, independientemente de que la modalidad de contratación sea la misma o no, y de que el puesto de trabajo sea el mismo o diferente. Así pues, si un contrato contrato esta realizado en fraude de ley, puede ser considerado como un contrato indefinido, y por lo tanto, la indemnización que podrá reclamar el trabajador ya no serán los 12 días correspondientes a los contratos temporales, sino que, podrá llegar a reclamar la indemnización establecida para los contratos indefinidos siendo esta de 33 días por año trabajado.

En resumen, a la hora de la realizar contrataciones es muy importante estar asesorado por profesionales. Nuestro departamento Laboral estará encantado de ayudarle a buscar la mejor opción para usted y su empresa. Contacte con nosotros.

 

Ana García

Graduada Social

Dpto. Jurídico-Laboral

ASELEC asesoría y abogados