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¿VUELO CANCELADO O RETRASADO? CÓMO RECLAMAR

¿PUEDO RECLAMAR SI CANCELAN O SE RETRASA MI VUELO?

Después de un duro año de trabajo, por fin llegan las esperadas vacaciones y queremos que todo salga bien. Sin embargo, si para llegar a nuestro destino tenemos que coger un avión, es probable que éste se retrase o incluso lo cancelen, y entonces ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis derechos? 

Pues bien, debe saber que, en estos casos el pasajero tiene derecho a una indemnización. Ésta, se encuentra regulada mediante el Reglamento 261/2004, en concreto, en los casos de gran retraso o cancelación del vuelo el pasajero tiene derecho a indemnización por los perjuicios sufridos siempre que su vuelo parta de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro o, cuando parta den un aeropuerto situado en un tercer país con destino a otro situado en un estado miembro. 

VUELO CANCELADO

Así, para el caso de cancelación del vuelo, los pasajeros tendrán derecho de elegir el reembolso íntegro del coste del billete o a un transporte alternativo que le lleve finalmente a su destino. Igualmente, durante la espera que se produzca hasta que finalmente pueda coger un vuelo que le lleve a su destino, la compañía aérea tiene que prestarse asistencia tanto de comida, refrescos, alojamiento y transporte a éste, incluso llamadas telefónicas si fueran precisas. 

RETRASO EN EL VUELO

Para el caso de retraso en el vuelo, se establecen además de un transporte alternativo y la asistencia necesaria expuesta durante la espera, un derecho de compensación económica por la espera que variará en función del tiempo que se haya esperado que como mínimo habrá de ser superior a dos horas y de la distancia del trayecto y podrá alcanzar los 600 €.

No obstante, la normativa europea reguladora de dichos derechos, incluye igualmente una serie de supuestos como son las circunstancias extraordinarias, situaciones europeas o climatológicas que excluyen de responsabilidad a la compañía aérea en cuestión. 

En caso de encontrarse en alguno de estos supuestos, se habría de presentar una reclamación ante la compañía y, en caso de que ésta la desatendiera, se habría de acudir directamente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que emitirá un informe sobre si efectivamente hubo una vulneración de los derechos del pasajero o no, informando a la compañía aérea sobre su posible responsabilidad. En cualquier caso y en caso de que la compañía no atendiera el requerimiento de la AESA se podrá acudir a la vía judicial. Si bien, se ha de señalar que la reclamación ante la compañía no es preceptiva para interponer acciones legales.

Para saber si se tiene derecho o no a indemnización por cancelación o retraso de su vuelo o por cualquier incidente sufrido en el transcurso de un vuelo, lo mejor es poner la situación en manos de profesionales que le asesoren y le gestionen la reclamación como es debido.  En ASELEC asesoría y abogados contamos con un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, tanto a personas físicas como jurídicas, garantizamos los mejores resultados en la defensa de sus intereses.  Contacte con nosotros.

 

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Aselec asesoría y abogados

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MI CASA ESTÁ OKUPADA

Mi casa está okupada, ¿y ahora qué puedo hacer?

En la actualidad, por desgracia muchos son los propietarios que se encuentran en la situación de tener una vivienda cerrada que ha sido okupada de manera ilegal, sin que los procedimientos judiciales existentes sean lo suficientemente satisfactorios para devolver la posesión de la misma a su legitimo propietario; Una situación que comienza a ser más habitual de lo deseado, a consecuencia del auge en los últimos años del denominado movimiento “Okupa”. 

En este contexto, el pasado 12 de junio entró en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al procedimiento de desahucio, conocida ya como la “Ley del desahucio exprés”. 

El objetivo de esta reforma se centra en reducir los plazos concedidos al okupante, beneficiando así al propietario del inmueble, que podrá recuperar la posesión de su vivienda de manera más rápida, consiguiendo así una mayor eficacia del procedimiento judicial de desahucio. 

Así, el procedimiento queda reducido a la presentación de la demanda, que se podrá dirigir y notificar directamente a los ocupantes aun cuando no se conozca su identidad, solicitando la recuperación de la posesión de la vivienda, dando oportunidad a los okupantes para que, en el plazo de 5 días, aporten el título legal que justifica su posesión, siendo éste su único motivo de oposición. En caso de no aportarlo se ordena inmediatamente la entrega de la posesión y el desalojo de quien la estuviera ocupando, no pudiendo además ya recurrir esta resolución. 

Otra de las especialidades de esta reforma, en aras una vez más de proteger los derechos del  particular que tiene una vivienda cerrada y ha sido víctima de las mafias de la okupación, es que este procedimiento se encuentra limitado precisamente a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o instituciones públicas. Así quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los bancos, cajas de ahorro y fondos buitre. 

Le interesa

Por último, y teniendo en cuenta que el fenómeno Okupa no proviene siempre de una mafia organizada, si no que la ocupación ilegal se realiza muchas veces por parte de  familias de riesgo en exclusión social, la reforma de la Ley contempla igualmente la coordinación entre Administraciones Públicas, a fin de poner en conocimiento de los servicios públicos competentes en materia de política social, esta situación. 

Por tanto, podemos concluir que con esta reforma legislativa en materia de okupaciones ilegales de viviendas, se prevé un mecanismo que debería ser más ágil y satisfactorio a la hora de recuperar una vivienda que ha sido okupada, y que tiene como principal fin, la protección de la propiedad privada de la persona de a pie. No obstante, la eficacia y rapidez del procedimiento  van a depender de la agilidad a la hora de tramitar el procedimiento que le otorgue cada juzgado, confiando eso sí en que este fenómeno vaya despareciendo, motivado por la existencia de este nuevo procedimiento judicial. 

No dude en ponerse en manos de un profesional que examine el caso en concreto y le asesore en defensa de sus intereses. Nuestros profesionales del Derecho están a su disposición. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoria y abogados

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¿ESTÁ PAGANDO DE MÁS POR USAR SU TARJETA DE CRÉDITO?

LA NECESARIA TRANSPARENCIA DE LOS CONTRATOS

Gracias a las sucesivas reclamaciones y denuncias de las abusivas cláusulas suelo, y a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, se pusieron de manifiesto los requisitos que han de concurrir para que los contratos celebrados con entre las entidades bancarias y los consumidores y usuarios, superen un nivel de transparencia mínimo que permita garantizar los derechos de estos últimos y contratar con pleno conocimiento de las consecuencias económicas que suponen dichos acuerdos.

En consecuencia se declaró la nulidad de cientos de contratos que no superaron el nivel de transparencia requerido y, afortunadamente, no solo en relativo a las cláusulas suelo, sino que, se ha hecho extensiva a los contratos celebrados con entidades bancarias para la concesión de las tarjetas de crédito.

LA TARJETA “REVOLVING”

Concretamente, están siendo objeto de reclamación las denominadas “tarjetas revolving”, suscritas con entidades como Banco Popular, Banco Pastor, Bancopopular.es, Barclaycard, Barclays o Citibank, pertenecientes en la actualidad a WiZink Bank.

Este tipo de tarjetas de crédito son aquellas que nos permiten, o bien pagar en un solo plazo el capital del que dispongamos ese mes, o bien aplazar la deuda e ir pagándola poco a poco. Y es con esta segunda opción donde encontramos la trampa, puesto que el pago de la misma va a consistir en un porcentaje del capital dispuesto, más el interés pactado.

Ese porcentaje de la deuda, generalmente suele ser del 1% y el interés suele rondar el 24,27 % T.A.E. De esta manera, mes a mes, no habremos amortizado ni tan siquiera el 1% del capital dispuesto, y en cambio, lo que habremos pagado serán intereses en su mayor parte, generando así una deuda de capital pendiente de pago para el mes siguiente, que se acumulará consecutivamente, haciendo interminable el pago de la deuda generada, salvo que se deje de disponer del crédito, puesto que siempre será superior el capital dispuesto al amortizado.

Lo vemos en un ejemplo: si nuestra tarjeta tenía un crédito de 8.000 €, es probable que después de años pagando, ya hayamos abonado una cantidad que puede ascender a 12.000 €, pero aún estén pendientes de pago otros 4.000 €.

La causa es que mes a mes se amortizan casi en su totalidad los intereses, pero no el capital dispuesto, de modo que si el mes siguiente volvemos a utilizar nuestra tarjeta y disponer de crédito, éste se acumula al mes siguiente y la deuda será cada vez mayor pues nunca se amortiza más de lo que se dispone.
En resumen, el elevado tipo de interés pactado, unido a la forma aplazada del pago, conlleva que la amortización se base, casi de manera exclusiva, en el pago de intereses, de manera que mes a mes se va acumulando capital a devolver, y nunca se pueda terminar de amortizar la deuda.

Es evidente que nadie firmaría tales condiciones de manera consciente, puesto que resultan del todo abusivas, así pues, se entiende que el contrato de la tarjeta no cumple con los requisitos de transparencia exigidos por la jurisprudencia anteriormente mencionados.

En relación a la falta de transparencia de dichos contratos, resultó pionera la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, en las que se están apoyando los Juzgados y Tribunales de nuestro país para estimar las pretensiones de los consumidores. Dicha Sentencia considera de aplicación la Ley de la Represión y la Usura, habida cuenta del desproporcionado tipo de interés “pactado” y concluye que para que un interés pueda considerarse usurario es suficiente con que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso, sin necesidad expresa de que concurran los demás requisitos que marca dicha Ley.

Le interesa

RECLAME SUS DERECHOS Y RECUPERE SU DINERO

Nuestros Tribunales ya están empezando a declarar nulos los contratos que contemplen este tipo de condiciones, obligando a la entidad bancaria a devolver las cantidades pagadas de más, en casos evidentes de falta de transparencia y el consecuente abuso de las condiciones pactadas en cuanto al tipo de interés.

Si lleva años pagando cuotas mensuales de tarjetas de crédito y aún no ha terminado de amortizar la deuda, puede que tenga una tarjeta de las de tipo “revolving” y que adolezca de una posible nulidad por falta de transparencia en la fijación de sus condiciones.

No dude en ponerse en manos de un profesional que examine el caso en concreto y le asesore en defensa de sus intereses. Nuestros profesionales del Derecho están a su disposición. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda
Abogada
Aselec, asesoría y abogados.

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NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

Mañana 25 de mayo de 2018 comienza a aplicarse el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Se trata de un Reglamento europeo que entró en vigor el 25 de mayo de 2016, y tras un período de adaptación de dos años, de forma inminente será de obligada aplicación y cumplimiento.

Ya hemos explicado en este blog los aspectos más relevantes de esta nueva normativa, y que puede consultar aquí:

Las actuales Ley de Protección de Datos española y su desarrollo reglamentario nacional no se derogan, pero al tratarse el RGPD de una norma de rango superior, se aplicará la Ley nacional con carácter supletorio a la europea. 

Está prevista la aprobación de una nueva Ley española de Protección de Datos que contemple la norma general Europea, pero esto no se producirá previsiblemente hasta finales de 2018, y su desarrollo reglamentario probablemente hasta finales de 2019. Mientras, aplicaremos la nueva norma europea, y subsidiariamente, la normativa española aún vigente. 

Aconsejamos enfocar la aplicación normativa sobre la Protección de Datos de carácter personal como una norma de Calidad para su organización que mejorará su negocio. 

Desde ASELEC asesoría y abogados, estamos comprometidos con la protección de los datos de carácter personal. Hemos desarrollado protocolos internos de actuación para la adaptación al nuevo reglamento de protección de datos, y nos estamos especializando en el asesoramiento a terceros en esta materia. Contacte con nuestro despacho para informarle más ampliamente sobre las obligaciones en este área y cómo afrontarlas reduciendo costes y cargas administrativas.

 

 

ASELEC asesoría y abogados

 

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CLAVES SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS

El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD), mediante la aplicación de la norma contenida en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

El nuevo RGPD comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018. Este período de dos años desde su entrada en vigor, está teniendo como objetivo permitir a los Estados de la Unión Europea, las Instituciones y también las empresas y organizaciones que tratan datos, que vayan preparándose y adaptándose para el momento en que sea aplicable para el que falta escasamente un mes. 

El pasado viernes 27 de abril de 2018, el equipo de ASELEC asesoría y abogados tuvo el privilegio de asistir a una jornada formativa que contó como ponente con el Jefe de Área de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos, y que sin duda, atendiendo a las responsabilidades que ostenta, resultó muy instructiva sobre los criterios interpretativos que este Organismo de Control aplicará a este respecto.  

Este artículo pretende aportar algunas consideraciones claras sobre las implicaciones de la aplicación del nuevo Reglamento, sin pretender hacer un estudio pormenorizado del mismo. 

Desde el punto de vista normativo, nos encontramos que el nuevo Reglamento (RGPD) no deroga la actual Ley Orgánica de Protección de Datos vigente en España (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal), ni tampoco su Reglamento de desarrollo (R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre). Efectivamente, será de aplicación el nuevo RGPD en todo lo en él contenido, y en lo no contenido, se estará a las anteriores normas que continúan en vigentes. 

Ahora bien, está prevista la publicación de una nueva Ley de Protección de Datos para aproximadamente el mes de diciembre de 2018, y también un Reglamento de desarrollo de esta que no será antes del mes de diciembre de 2019. Estas fechas son aproximadas. 

Realizamos ahora las consideraciones más relevantes de la ponencia citada: 

  • El Registro de Ficheros en la AEPD: 

Al contrario que hasta ahora, la nueva normativa no obliga a registrar Ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Todo el cumplimiento de la normativa será responsabilidad de los obligados (Instituciones, Empresas y Organizaciones), que internamente establecerán los medios para la aplicación de la normativa. 

¿Qué pasará con los ficheros registrados? Será una obligación cumplida bajo una normativa anterior, ya no habrá ningún procedimiento de presentación o de consulta de los ficheros comunicados.

  • La herramienta FACILITA: 

La Agencia Española de Protección de Datos ha desarrollado una herramienta online que permite obtener una aproximación personalizada para la aplicación de la norma, en función de la organización y el tipo de datos personales que sean tratados. 

Como resultado, no obtenemos el pleno cumplimiento interno de la aplicación de la normativa de protección de datos, pero sí una base de partida para aplicar los procedimientos internos necesarios para abordarla. 

  • Los más y menos Obligados: 

La Inspección de la AEPD, se centrará sobre todo en los grandes Responsables de Datos Personales. Entiende este organismo que no resultaba coherente con la aplicación de la normativa anterior, igualar la exigencia a grandes y pequeñas empresas. Por tanto, en adelante se producirá un mayor control y una aplicación del régimen sancionador sobre todo a las grandes empresas, aunque actúen de forma deslocalizada geográficamente mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

  • El Régimen Sancionador y los apercibimientos: 

El anterior régimen sancionador partía de unas sanciones mínimas muy elevadas, y se aplicaba obligatoriamente para la autoridad de control AEPD por la simple denuncia de cualquier afectado respecto a sus datos de carácter personal. Esta normativa sancionadora, resultaba excesiva para pequeñas empresas que se veían obligadas a cumplir como si fueran grandes, para protegerse de importantes sanciones. 

El nuevo Reglamento, contemplará la aplicación de sanciones menores en su grado mínimo, aunque mayores en su grado máximo. Pero contempla una diferencia importante, y es la capacidad del organismo de control e inspección para realizar “apercibimientos” sin límite, en lugar de imponer sanciones. Esto proporcionará oportunidades a los infractores de rectificar, resarcir el daño causado y aplicar correctamente la normativa con responsabilidad. 

  • La figura del Delegado de Protección de Datos: 

El nuevo RGPD incorpora la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO). No será obligatorio nombrar un DPO por todas las empresas u organizaciones. De hecho, el Reglamento indica expresamente cuándo se designará un Delegado necesariamente, dejando abierta la posibilidad de no ser obligatorio el nombramiento en el resto de casos. Así, será obligatorio cuando el Responsable o Encargado del tratamiento de los datos sea una Administración u Organismo Público, o bien cuando los datos tenga especial volumen o sensibilidad, sin especificar concretamente dicho volumen de datos. 

Además, el Delegado de protección podrá formar parte de la plantilla de la empresa, o bien de forma externa en virtud de un contrato de prestación de servicios.

  • La filosofía de la aplicación de la nueva normativa por la Autoridad de Control: 

Resulta tranquilizador conocer que la AEPD, como autoridad de control y con capacidad sancionadora, no tiene la intención de constituirse en un organismo con fines “recaudatorios” sino más bien, como un organismo regulador que permita actuar al sector público y al sector privado en el mercado, garantizando el buen uso de los datos de carácter personal, para proteger el derecho de las personas físicas. 

En este sentido, habrá que aplicar la normativa vigente en materia de protección de datos, de forma adecuada a las circunstancias que particularmente se produzcan, y con la debida proporcionalidad, sin olvidar que, no sólo existe un duro régimen sancionador, sino que además es una responsabilidad social el respetuoso tratamiento de los datos de carácter personal. 

Desde ASELEC asesoría y abogados, estamos comprometidos con la protección de los datos de carácter personal. Hemos desarrollado protocolos internos de actuación para la adaptación al nuevo reglamento de protección de datos, y nos estamos especializando en el asesoramiento a terceros en esta materia. Dispondremos en breve de un servicio especializado de asistencia a nuestros clientes respecto a la aplicación normativa de la Protección de Datos de Carácter Personal que, adaptado a cada circunstancia, cumplirá con sus necesidades en esta materia. 

Alberto Torrecillas

Economista

ASELEC asesoría y abogados

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¿NECESITO UN ABOGADO PARA MI EMPRESA?

Para cualquier empresa, cualquiera que sea el sector al que pertenezca, resulta fundamental contar con un abogado como asesor legal que le ayude a gestionar y resolver los problemas de índole jurídico que se generan en el desarrollo de su actividad, tanto en las relaciones con los empleados, como con los clientes o proveedores. Si nunca se había parado a pensarlo, le presentamos aquí algunos de los beneficios y ventajas que puede reportarle el hecho de contar con un Abogado o Asesor Legal para su negocio.

AL INICIO DE UNA AVENTURA EMPRESARIAL

A la hora de constituir una empresa son muchas las dudas que surgen, las decisiones importantes que se deben tomar y las valoraciones decisivas a tener en cuenta. Buscar el asesoramiento profesional de un abogado, nos reportará tranquilidad, confianza y seguridad en el momento de embarcarnos en una nueva actividad empresarial.

El abogados o asesor jurídico, además de orientar sobre las distintas formas jurídicas existentes para constituir la organización, con el fin de que la elegida sea la que mejor se adapte a las exigencias de cada negocio y sus circunstancias específicas, puede además encargarse de la redacción de los estatutos y de la solicitud de autorizaciones o concesiones administrativas necesarias para el desarrollo de la actividad en cuestión. 

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EVENTUALIDADES EN EL DESARROLLO DE LA EMPRESA

Pero el trabajo de este profesional no termina con la puesta en marcha de la empresa, si no que debería acompañarla en su gerencia y  gestión durante toda la vida de ésta, puesto que no serán pocas las ocasiones en las que su ayuda y asesoramiento resultarán imprescindibles para seguir adelante. Esto nos hará contar con una inestimable ventaja frente a aquellos competidores que no cuenten con su colaboración y asesoramiento. El campo de actuación del abogado de empresa abarca tanto el asesoramiento preventivo para evitar situaciones que pongan en peligro buen funcionamiento de la misma, como, si ello resultara necesario, la efectiva actuación extrajudicial y judicial ante los juzgados y tribunales, en defensa de los interesas del negocio.

EL ABOGADO DE EMPRESA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

El consejo y asesoramiento del asesor legal o abogado de empresa contempla muy diversos campos del Derecho. El primero que podemos destacar es el derecho administrativo, ésto es, el referido a las relaciones que la empresa tenga con los diferentes ámbitos de la Administración Pública, tanto local, como regional o estatal, donde nuestro asesor jurídico orientará a la empresa acerca de las actuaciones o decisiones que puedan acarrear la imposición de sanciones, a fin de evitarlas, así como la gestión de un posible expediente sancionador y si éste fuera el caso, haciéndose cargo de su defensa ante los correspondientes tribunales.

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Asimismo, y gracias a la colaboración de nuestro asesor, la empresa puede estar informada en todo momento acerca de las  ayudas y subvenciones a las que puede optar y en su caso, tramitar su solicitud, para no perder valiosas oportunidades de ganar o ahorrar dinero o evitar gastos innecesarios.

EL ABOGADO DE EMPRESA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO CIVIL

Por otro lado, el abogado resulta clave en la gestión empresarial igualmente en el ámbito del derecho civil, en situaciones tales como  la gestión de cobros de facturas impagadas tanto de manera extrajudicial, como ante los juzgados y tribunales, si la reclamación previa no hubiera tenido éxito.

También desarrollará un papel esencial en la redacción de contratos con proveedores y clientes, asegurando las mejores condiciones y velando  en todo momento por los intereses de la empresa, mediante la inclusión de cláusulas que nos beneficien y detectando aquellas otras que podrían perjudicarle.

Por último, si usted es de los que piensa que sólo las empresas que desarrollan actividades relacionadas con las Nuevas Tecnologías están obligadas a cumplir las obligaciones que impone la Ley de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) tenemos que recordarle  que esta ley es de obligado cumplimiento para TODAS las personas físicas o jurídicas que posean datos de carácter personal de personas físicas. Así, el control de los datos personales de los clientes y proveedores mejorará con los consejos legales de su asesor, ya que le orientará en la legislación aplicable que es necesario cumplir con la protección de los datos, atendiendo a la confidencialidad de los mismos, conforme a la Ley, evitando así las posibles sanciones derivadas de su incumplimiento

EL ABOGADO DE EMPRESA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO LABORAL

Por último y de manera fundamental e intrínseca a la propia naturaleza del ámbito de las relaciones internas que se dan en un negocio que cuente con empleados a su cargo, resulta imprescindible contar con el asesoramiento jurídico de un abogado en desde el punto de vista laboral, desde el comienzo de la relación laboral, durante la misma y hasta su extinción, aconsejando sobre el tipo de contrato que más beneficia, según el caso, a los intereses de la empresa, y sobre las formas y efectos jurídicos que conlleva la extinción de la relación laboral, protegiendo una vez más los derechos e intereses de la empresa. Además, el consejo de un buen abogado puede solucionarnos cualquier tipo de conflicto, problema o duda que surja acerca de expedientes de regulación, auditorías laborales, calificaciones de despido, inspecciones de trabajo, negociación colectiva, etc.

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En resumen, como acabamos de ver, la función del abogado a la hora de iniciar un proyecto empresarial resulta fundamental,  pero también vemos que además va a jugar un papel clave y determinante para su buen funcionamiento durante toda la vida de la empresa, al contar con un servicio de asesoramiento profesional experto en materia legal de muy distintos ámbitos que supervisará y respaldará con total seguridad jurídica, las decisiones que se tomen en la organización, teniendo como máxima preservar los derechos e intereses de la misma, como solo el propio empresario haría.

SI ES CLIENTE DE ASELEC, TIENE MUCHAS MAS VENTAJAS

Y éstos son apenas algunos de los beneficios, puesto que, para los los clientes de nuestro despacho, las ventajas se multiplican cuando los abogados de ASELEC se coordinan con el equipo de asesores economistas, lo que implica un conocimiento y tratamiento integral de los asuntos de la empresa, en continua comunicación con los departamentos fiscal, contable y de consultoría financiera, cerrando un círculo que asegura la tranquilidad y confianza del empresario en la gestión de su negocio.

La experiencia y la profesionalidad son nuestros factores clave, y la combinación de asesoría jurídica con el área económica de ASELEC  garantiza los mejores resultados en la defensa de sus intereses.

Contacte hoy con nosotros

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

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NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, ¿TENGO QUE RECIBIRLAS?

Actualmente, el uso del correo electrónico y, en general, de   para comunicarnos en nuestra rutina diaria, está a la orden del día, hasta tal punto que las Administraciones Públicas, y en concreto, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ha querido sumarse a esta revolución tecnológica y adaptarse al momento que vive hoy en día la sociedad a fin de facilitar los trámites administrativos, ahorrar tiempo y agilizar el procedimiento que el ciudadano necesite realizar, a través del envío de notificaciones electrónicas.

Así pues, entre una multitud de normativa desarrollada a tal efecto, encontramos el Real Decreto 1363/2010, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que es el que nos da la respuesta clave a quienes están obligados y en qué supuestos a recibir notificaciones y comunicaciones electrónicas de la Administración Tributaria a través de la que se ha denominado Dirección Electrónica Habilitada.

OBLIGADOS A RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

En cuanto a las personas y entidades obligadas encontramos las siguientes:

  • Sociedades Anónimas, 
  • Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
  • Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española, 
  • Uniones Temporales de Empresas, 
  • Entidades cuyo N.I.F empiece por la letra V y se corresponda con una agrupación de interés económico, agrupación de interés económico europeo, fondo de pensiones, fondo de capital riesgo, fondo de inversiones, fondo de titulización de activos, fondo de regularización del mercado hipotecario, fonde de titulización hipotecaria o fondo de garantía de inversiones. 

También están obligados, las personas y entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Que estuvieran inscritas en el Registro de grandes empresas,
  • Que hayan optado por la tributación en el régimen de consolidación fiscal, 
  • Que hayan optado por la tributación en el Régimen especial del grupo de entidades, 
  • Que estuvieran inscritas en el Registro de devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Que tengan la condición de representantes aduaneros o presenten declaraciones aduaneras por vía electrónica.

Dichas notificaciones electrónicas serán las derivadas de las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en sus procedimientos tributarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y en la gestión recaudatoria de los recursos de otros Entes y Administraciones Públicas. 

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SUPUESTOS EN LOS QUE NO SE REALIZAN NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

No obstante, se contemplan igualmente una serie de supuestos en los que, en ningún caso, se va a practicar por medios electrónicos cualquier comunicación o notificación y que, por su importancia, podemos destacar:

  • Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico
  •  Las que deban practicarse personalmente según normativa específica
  • Las que se efectúen en relación a reclamaciones económico administrativas
  • Las que contengan medios de pago a favor de los obligados
  • Las realizadas con ocasión de procedimientos iniciados a solicitud del interesado en los que haya señalado un lugar para notificaciones distinto de la dirección electrónica habilitada, salvo que la notificaciones en dicho lugar sean infructuosas pues , la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá entonces practicar la notificación en la dirección electrónica habilitada.

CÚANDO SE CONSIDERAN EFECTUADAS LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Teniendo en cuenta los supuestos y sujetos obligados y exentos a fin de recibir por medios electrónicos las notificaciones que nos envíe la Agencia Tributaria, éstas se consideraran efectuadas en el momento en el que dicha comunicación se abra o, pasados 10 días si ello no ocurre, contados desde el día siguiente de la puesta a disposición por parte de la Administración en nuestro correo electrónico.

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¿VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CIUDADANO?

Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos y, aunque a priori parece un sistema mucho más cómodo para el ciudadano a la hora de comunicarse con la Administración, se ha puesto en entre dicho su constitucionalidad por la posible vulneración del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva que recoge nuestra Constitución, habida cuenta de que, este sistema obliga a una revisión del correo continua, derivando un posible olvido en la efectividad de una notificación y, pudiendo incluso perder el plazo para la realización de cualquier trámite para el que se nos haya dado traslado con los perjuicios que ello le pueden ocasionar al administrado.

No obstante, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en varias ocasiones cerrando de manera tajante el debate y concluyendo que dichas notificaciones resultan del todo conforme a la Constitución Española sin vulnerar ningún derecho fundamental puesto que, no hay que olvidar que se contemplan una serie de supuestos en los que, en ningún caso se va a proceder a la práctica electrónica de comunicaciones y que son esos, precisamente, los casos en los que se podría perder el derecho de defensa del ciudadano. 

Ante tanto galimatías normativo, pocos son los que conocen realmente si se encuentran dentro del ámbito de aplicación de las notificaciones electrónicas y las consecuencias que ello supone por lo que, lo mejor es pedir asesoramiento profesional a fin de conocer en profundidad este sistema. Si tiene alguna duda o pregunta acerca de este tema, no dude en ponerse en contacto con nosotros. En Aselec, asesoría y abogados, estaremos encantados de ayudarle.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico. 

Aselec, asesoría y abogados

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¿QUIÉN DEBE PAGAR EL IMPUESTO AJD AL FIRMAR LA HIPOTECA?

NUEVA SENTENCIA SOBRE LOS GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA.

El pasado 28 de febrero el Tribunal Supremo resolvió la gran incógnita que pesaba sobre la reclamación a las entidades bancarias de los gastos derivados de constitución de hipoteca y que por regla general se atribuían directamente al cliente.

Estos gastos, entre los que se encuentran los honorarios registrales y notariales, el impuesto de actos jurídicos documentados, gastos de gestoría y tasación se encuentran incluidos en una cláusula de la escritura cuya nulidad ya fue declarada por el Tribunal Supremo en anteriores sentencias y no se discute por el abuso que supone en el consumidor.

CLAÚSULAS HIPOTECARIAS ABUSIVAS Y NULAS

En su sentencia de diciembre de 2015, el Alto tribunal establecía que las cláusulas hipotecarias que imponen al consumidor el pago de todos los gastos asociados a la concesión del préstamo son abusivas y, por tanto, nulas. Sin embargo, no se precisaba cómo debían repartirse esos costes, incluido el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) que supone el 75% de la factura.

El tipo aplicado en ese impuesto varía en función de la comunidad autónoma y del valor escriturado. Así, el gravamen va desde un 0,5% hasta un 1,5% sobre el importe del préstamo hipotecario. Para una hipoteca media de 150.000 euros, los gastos de constitución rondan los 3.000 euros y, de ellos, unos 2.000 euros corresponden al AJD.

Después de esa sentencia, la mayoría de los bancos del país -incluidos los cuatro grandes: Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia- modificaron el reparto de los gastos de formalización de una hipoteca de un consumidor particular y empezaron a asumir parte de los mismos.

CONFUSIÓN EN LOS JUZGADOS PROVINCIALES

Sin embargo, el interrogante surgió en cuanto a quien ha de  pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), puesto que, aunque el dictámen del TS fue seguido por numerosos juzgados provinciales, la variedad de aplicación del mismo -desde la adjudicación de todos los gastos y el impuesto a la entidad, hasta la división de costes- ha provocado cierta confusión, hasta que finalmente el TS se ha pronunciado al respecto.

Estas  divergencias tenían su causa en la oscuridad normativa que regula el impuesto y que no establecía con claridad quien ha de asumir tal gasto, sufriendo así infinidad de interpretaciones al respecto y creando una gran inseguridad respecto del cliente ante una posible reclamación a su entidad bancaria.

Como decimos, han sido muchas las sentencias contradictorias emitidas por los distintos Juzgados y Audiencias Provinciales de nuestro país, por lo que el debate es claro y, casi con total seguridad, no se cerrará con esta Sentencia del Tribunal Supremo.

Si bien, aunque aún no sido publicada dicha Sentencia, la nota de prensa emitida por el Alto Tribunal ya adelanta que con ella se ha creado una nueva línea jurisprudencial que zanjará la polémica, por el momento, ATRIBUYENDO EL GASTO DEL IMPUESTO AL CLIENTE Y NO AL BANCO, coincidiendo así con lo que venía estableciendo la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Igualmente, se pronuncia sobre los gastos notariales estableciendo que el pago de la matriz corresponde por mitad a prestamista y prestatario y las copias a quien las solicite. Respecto al resto de los costes -pago de gestoría, registro y notaría-, los jueces se remiten a su sentencia de diciembre de 2015, que dictaminaba que deben repartirse entre banco y cliente.

Con esta sentencia queda, de momento, cerrada la discrepancia existente en cuanto al pago del impuesto marcando un nuevo camino a seguir por los Juzgados y las Audiencias Provinciales otorgando así un poco más de seguridad jurídica al consumidor que, hasta ahora, no sabía qué iba a decidir el juzgado.

LA OCU ANÍMA A RECLAMAR

A pesar de este varapalo, pues el impuesto constituye uno de los gastos más gruesos a la hora de constituir una hipoteca, organizaciones de consumidores y usuarios como Ocu y Facua, animan a los clientes a seguir reclamando a las entidades bancarias el resto de gastos que se asumieron de manera indebida y confiando en que la última palabra de este asunto la tenga, como ya pasara con las cláusulas suelo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien finalmente marcará la línea jurisprudencial a seguir.

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No obstante, habrá que esperar a que esta Sentencia sea publicada para comprender los motivos que han llevado al Alto Tribunal a atribuir este gasto al cliente, pero hasta que eso ocurra, este impuesto queda fuera de las reclamaciones de gastos de constitución de hipoteca.

Para asegurarse de los gastos que asumió en la constitución de hipoteca, lo mejor es contactar con los mejores profesionales que le asesoren en su caso concreto. En Aselec estaremos encantados de ayudarle.

 

 

Estefanía Belchí Poveda
Abogada
Dpto. Jurídico

Aselec, Asesoría y Abogados

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FALLECIMIENTO DE UN SOCIO EN LA EMPRESA

¿Qué ocurre con las participaciones de una empresa cuando el dueño fallece?

A lo largo de  la vida de una sociedad suelen plantearse diversas situaciones, ante las cuales a veces  no sabemos como actuar. Una de ellas es el fallecimiento de uno de los socios. Cuando esto ocurre, aparece la incertidumbre acerca del futuro,  tanto a nivel sucesorio, entre sus herederos, como a nivel mercantil, con relación a  los demás socios partícipes de la sociedad.

Hoy tratamos de resolver las dudas que engloban ambos aspectos.

FALLECIMIENTO DE UN SOCIO DESDE EL PUNTO DE VISTA SUCESORIO

En primer lugar, hay que examinar el punto de vista sucesorio que, irremediablemente va a influir en el societario, pues las decisiones o medidas que se adopten desde esta esfera afectarán al ámbito de la empresa.

Normativamente, rigen las reglas generales de sucesión previstas en el Código Civil. Las participaciones sociales de una mercantil pertenecen y se deben valorar e incluir como un bien más al caudal hereditario, teniendo en cuenta su carácter de ganancial o privativo según el régimen económico matrimonial del causante, si es que estuviera casado. Una vez valoradas e incluidas en el haber patrimonial del fallecido, junto con el resto de bienes y deudas del mismo, se habrá de realizar Escritura de Adjudicación de herencia para proceder al reparto de los bienes.

El reparto de los bienes se hará según si el fallecido dejó testamento, o mediante la sucesión intestada, conforme a Ley en caso contrario.

Una vez realizada la Escritura de adjudicación de herencia según los trámites que acabamos de exponer, habrá que liquidar el Impuesto de Sucesiones, cuyo plazo es de seis meses desde el fallecimiento del causante, y el heredero o herederos al que se hayan adjudicado las participaciones sociales pasarán a ser socios de la mercantil.

Mientras todo esto no suceda, es importante resaltar que desde el fallecimiento del socio hasta que sus herederos se adjudiquen las participaciones sociales, éstas pertenecerán a la herencia yacente.

Otro aspecto a resaltar es que, se habrá de tener en cuenta en todo caso el Estatuto fundacional de la mercantil en el que pueden estar incluidas cláusulas en virtud de las cuales se prevea un derecho de adquisición preferente de dichas participaciones a favor de los demás socios. En este caso, lo establecido en el testamento del causante respecto de la adjudicación de las participaciones sociales quedaría sin efecto.

FALLECIMIENTO DE UN SOCIO DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIETARIO

Por otro lado, es preciso examinar qué sucede en el ámbito societario, como hemos adelantado, inevitablemente viene relacionado con el sucesorio, y, al contrario de lo que se puede creer, el fallecimiento de uno de los socios de la empresa no implica necesariamente la extinción de ésta, si no que puede continuar con su actividad distribuyendo las participaciones entre los demás socios, o entre los herederos como explicamos a continuación.

Esta continuidad de la vida de la empresa se hará conforme a las adjudicaciones hechas en el ámbito sucesorio, es decir, la sociedad podrá continuar con su actividad sustituyendo al socio fallecido o bien, por sus herederos, o la herencia yacente hasta que no se haya adjudicado ésta, o bien por los socios que hayan ejecutado el derecho de adquisición preferente conforme a lo que esté estipulado en sus estatutos.

Esta situación  puede resultar difícil de afrontar puesto que, al fallecimiento de un colega, se unen las controversias tanto sucesorias como societarias. Por este motivo, lo más recomendable es ponerlo en manos de profesionales que gestionen la situación de la manera más adecuada y justa para todos los implicados.

En Aselec contamos con profesionales del Derecho Civil y Mercantil expertos en éstos y otros temas jurídicos que podrán resolver todas sus dudas y encontrar soluciones adecuadas a cada caso concreto. Contacte con nosotros.

 

Estefania Belchí Poveda
Abogada

Dpto. Jurídico

ASELEC asesoría y abogados