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RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EN LOS DELITOS DE UN EMPLEADO

¿ES RESPONSABLE LA EMPRESA DE LOS DELITOS QUE COMETAN SUS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES?

La comisión de cualquier hecho delictivo conlleva, además de la responsabilidad penal que se establezca en el Código Penal según el delito de que se trate, una responsabilidad civil consistente en resarcir a los perjudicados mediante indemnización los daños y perjuicios que se hayan causado.

LA EMPRESA, RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIA.

Si bien, cuando nos encontramos con que el autor del hecho delictivo resulta ser un empleado de nuestra empresa, que lo ha cometido además en dicho establecimiento y en el desarrollo de sus funciones, puede ser incluso que se nos considere responsable civil subsidiario. 

Así lo establece el artículo 120.4 del Código Penal ,que encuadra como responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente a las “Personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios”.

Con esta imputación de responsabilidad civil a la empresa, de cualquier forma subsidiaria, se trata de evitar situaciones de desamparo a los perjudicados por la situación de insolvencia total o parcial de los directamente responsables. 

REQUISITOS PARA LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.

Para que esta acción prospere, como se desprende del mismo precepto, es necesario que se de la concurrencia de los siguientes requisitos:

  • Insolvencia del responsable penalmente: es decir, que nuestro empleado y quien resulta ser el autor del hecho delictivo carezca de bienes suficientes para hacer frente a la indemnización por los daños y perjuicios que haya causado la comisión del delito.
  • Que exista una relación entre el autor del delito y el responsable penal subsidiario, es decir, que exista una relación predominantemente de dependencia entre uno y otro, pudiendo ser onerosa o gratuita, duradera y permanente o meramente circunstancial y esporádica. Lo que se exige es que el sujeto esté potencialmente sometido a la posible intervención del responsable civil subsidiario como dueño de la situación pudiendo dictar órdenes e instrucciones. Esto es, que exista una situación de subordinación entre empleado y empleador por el cual el primero se encuentre sometido a la intervención del segundo en cualquier momento.
  • Que el autor del delito actúe dentro de las funciones de su cargo, aunque sea extralimitándose en ellas. Es decir, que el delito se cometa en el desarrollo de su actividad laboral, incluyendo cuando se exceda de sus competencias.

Por tanto, se puede dar la posibilidad que, ante la comisión de un delito por parte de un empleado nuestro, llevado a cabo en su horario laboral, si el mismo no pudiera hacer frente a la posible indemnización por los daños causados a los perjudicados en concepto de responsabilidad civil, sea la empresa, de manera subsidiaria la que deba hacer frente al pago de la misma. 

En cualquier caso, ante esta situación, lo más recomendable es acudir  a profesionales que estudien el procedimiento penal y defienda los intereses de la empresa a todos los efectos.

Para cualquier empresa, cualquiera que sea el sector al que pertenezca, resulta fundamental contar con un abogadocomo asesor legal que le ayude a gestionar y resolver los problemas de índole jurídico que se generan en el desarrollo de su actividad, tanto en las relaciones con los empleados, como con los clientes o proveedores. El campo de actuación del abogado de empresa abarca tanto el asesoramiento preventivo para evitar situaciones que pongan en peligro buen funcionamiento de la misma, como, si ello resultara necesario, la efectiva actuación extrajudicial y judicial ante los juzgados y tribunales, en defensa de los interesas del negocio. Contacte con nosotros.

Estefania Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

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¿QUÉ PLAZOS TIENE LA ADMINISTRACIÓN PARA PAGAR?

Muchas son las empresas que diariamente mantienen relaciones comerciales con administraciones públicas bien sea mediante la realización de obras, prestación de servicios, suministros de material… lo que convierte a nuestra empresa en un acreedor de la administración para el pago de las facturas que se emitan consecuencia de los servicios contratados. 

Pero, ¿Con qué plazos cuenta la administración para pagar a sus proveedores o colaboradores? ¿Qué pasa si no paga o lo hace tarde? Analizamos y resolvemos las dudas a este respecto. 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PLAZOS DE PAGO

Salvo que en el contrato o en la propia licitación pública se establezca otra cosa, las relaciones con la administración se regirán por lo dispuesto en la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Esta norma, establece los plazos de pago de que dispone la administración para hacer efectivo los mismos, distinguiendo los trabajos realizados según sean, obras o sean servicios prestados o bienes entregados, aunque el plazo no varía. 

Este extremo se encuentra regulado en el artículo 198 del mismo, en relación con los artículos 210.4 y el 243, de los cuales se desprende que, la empresa tendrá que presentar a la administración las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la entrega de bienes o la prestación de los servicios una vez finalizados éstos, disponiendo la administración de un plazo de 30 días para su aprobación. 

Desde este momento, es decir, desde el momento en que la administración emita la aprobación de tales documentos o como máximo, pasados 30 días desde su presentación a la misma, los organismos públicos disponen de otro plazo de 30 días para proceder a su pago. 

Por tanto, nos encontramos con que, desde el momento en que se notifique a la administración el fin de las obras o de los servicios prestados o bienes entregados, mediante de la presentación de la documentación que así lo acredite, la administración dispone de un plazo máximo de 60 días para pago. 

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QUE OCURRE CUANDO LA ADMINISTRACIÓN NO PAGA EN PLAZO

Si, llegado el vencimiento del plazo, la administración no ha hecho efectiva su deuda, incurrirá en mora, naciendo el derecho a reclamar intereses de demora y gastos de gestión de cobro en el contratista. 

En concreto, los intereses de demora que le son de aplicación a la administración son los de operaciones comerciales, cuya actualización se realiza de manera semestral y que, a día de hoy se encuentran en el 8%.

Además de ello, es posible que el retraso en el pago por parte de una administración, genere el derecho a percibir una indemnización por gastos de cobro que se encuentra recogida en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por el que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, en virtud de la cual se fija una cantidad de 40 € por factura cuyo pago se haya demorado, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal, además de todos los costes de cobro que se acrediten debidamente y que hayan sufrido consecuencia de la mora. 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

El procedimiento para reclamar los intereses de demora y los gastos que hayan producido a nuestra empresa la mora de la administración comienza con una reclamación previa a la misma, que es obligatoria para acceder a la vía judicial, solicitando el pago de tales gastos, para lo que el organismo en cuestión tiene un mes para resolver. 

Si pasado este plazo no han procedido a su abono, ni tampoco han resuelto, se deberá entender desestimada por silencio negativo, comenzando entonces y desde ese momento el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso administrativo antes los Juzgados y Tribunales, en solicitud de las cantidades mencionadas. 

Si bien, la contratación administrativa y todos sus extremos varían enormemente de un contratista a otro dependiendo del tipo de servicio en cuestión, del precio, de la duración, etc, por lo que, antes de iniciar reclamación alguna, lo mejor es buscar asesoramiento, dejando en manos de un profesional del Derecho administrativo, el estudio el caso en cuestión y en su caso, dirija el curso de la reclamación.

La experiencia y la profesionalidad son factores clave en estos asuntos, y la combinación de asesoría jurídica con el área económica de ASELEC  garantiza los mejores resultados en la defensa de sus intereses. Contacte hoy con nosotros. La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le proporcionan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Estefanía Belchí Poveda. 

Abogada

Departamento Jurídico

Aselec, asesoría y abogados.

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NOVEDADES EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

¿Tienes una vivienda arrendada y no sabes cúales son las novedades que afectan a los contratos?

El pasado mes de diciembre entró en vigor el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que modificaba algunas normas relativas a los contratos de arrendamiento, entre otras, la Ley de Arrendamientos Urbanos. Las variaciones afectan principalmente a los siguientes elementos del contrato: (*VER NOTA ACLARATORIA AL FINAL DE ESTE ARTICULO ACERCA DE LA VIGENCIA DE ESTE REAL DECRETO)

  • DURACIÓN

Hasta ahora, la duración del arrendamiento podía ser fijada libremente por las partes, si bien, se establecía que, si ésta era inferior a 3 años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogaría automáticamente por plazos anuales hasta alcanzar la duración mínima de 3 años.

Sin embargo, con la modificación operada, dicho periodo mínimo se ha fijado en 5 años, o en 7 si el arrendador es persona jurídica, de manera que, si la duración del contrato es inferior a dichos plazos, al vencimiento de éste se prorrogará automáticamente por plazos anuales hasta alcanzar los periodos mínimos de 5 y 7 años expuestos.

  • ACTUALIZACIÓN DE RENTAS

Por otro lado, también ha sufrido una variación la regulación en cuanto a la actualización de rentas que, hasta el pasado mes de diciembre, en defecto de pacto expreso por las partes fijado en el contrato, la renta se actualizaba automáticamente aplicando a la renta la variación experimentada por el I.P.C. 

No obstante, la nueva Ley únicamente contempla la actualización de renta si así lo han pactado las partes expresamente en el contrato, en caso contrario, no se podrá revisar. 

  • GASTOS GESTIÓN INMOBILIARIA

Otra novedad introducida por el citado Real Decreto Ley, resulta la imputación de los gastos de gestión inmobiliaria al arrendador cuando sea persona jurídica, con la única excepción de que los asumirá el arrendatario cuando hayan sido contratados directamente por él. 

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  • FIANZA Y GARANTÍAS ADICIONALES

En cuanto a la fianza y garantías prestadas por el arrendatario, se mantiene la cantidad equivalente a una mensualidad de renta para la primera, si bien, en cuanto a las garantías prestadas adicionalmente, se introduce la reducción de que dicha garantía no puede exceder de dos mensualidades de renta. 

Por tanto, como decimos, desde el pasado día 18 de diciembre, los contratos de arrendamientos que se confeccionen se han de redactar teniendo en cuenta las modificaciones expuestas a fin de redactar un contrato conforme a Ley. Si bien, estos cambios no afectan a contratos que fueran suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 

Para evitar sorpresas, a la hora de suscribir un contrato de arrendamiento, lo mejor es buscar asesoramiento profesional a fin de asegurar que nuestro contrato cumple con todos y cada uno de los requisitos legales y que protege nuestros intereses por completo. Contacta con nosotros para concertar una cita.

*NOTA ACLARATORIA ACERCA DE LA NORMATIVA APLICABLE A LOS CONTRATOS ARRENDAMIENTO

El pasado 14 de enero, publicabamos este artículo referente a las novedades de los contratos de arrendamientos introducidas por el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que modificaba principalmente la duración de los mismos, además de lo relativo a actualización de rentas y fianzas y gastos de gestión inmobiliaria. 

Tal norma, entraba en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE, esto es, el 18 de diciembre, a expensas de su aprobación por el Congreso de los Diputados en los siguientes 30 días.

Dicha aprobación finalmente no ha sido posible habida cuenta de que dicha reforma no ha contado con los votos de los grupos parlamentarios suficientes para salir adelante. De esta manera, el Real Decreto queda derogado, volviendo a ser de aplicación la Ley de Arrendamientos Urbanos que estaba vigente anteriormente. 

No obstante, la gran duda ahora es, ¿qué pasa con los contratos celebrados entre el 19 de diciembre y el día de ayer? Pues bien, que una norma finalmente haya de ser aprobada por el Congreso de los Diputados, no evita que su aplicación durante el tiempo que estuvo en vigor haya causado plenos y lícitos efectos jurídicos. 

Por tanto, los contratos de arrendamiento que se celebraran durante este mes escaso que ha durado la reforma de la LAU, quedan inalterados y protegidos por este Real Decreto que le será de aplicación aún a pesar de su no convalidación, mientras que, los que se celebren en adelante, volverán a estar bajo la premisa de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 con las reformas introducidas en el año 2013. 

23 de enero  de 201Los Abogados de ASELEC asesoría y abogados se coordinan con el equipo de Asesores, lo que implica un conocimiento y tratamiento completo de los asuntos. Por ello, conseguimos ofrecer un asesoramiento integral con los mejores resultados.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

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¿QUÉ GASTOS DE COMUNIDAD TENGO QUE PAGAR POR MI LOCAL?

Es habitual entre los propietarios de un local comercial en el que tienen su negocio, integrado en una comunidad de propietarios, que se plantean dudas sobre qué gastos están obligados a pagar, y en concreto acerca de las derramas, aprobadas para realizar reformas que en nada afectan a su local, deben ser asumidas también por ellos. 

LO QUE DICE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Pues bien, con carácter general, la Ley de la Propiedad Horizontal obliga al pago de los gastos generales del edificio según la cuota de participación que cada vecino tenga y que viene fijada en la escritura de constitución de la comunidad. 

Según lo dispuesto en la Ley, los propietarios tienen que contribuir con todos los gastos, independientemente de que sean titulares de local o de vivienda y de que hagan uso o no de los elementos comunes, tal y como viene estableciendo, además, la jurisprudencia, que no exime del pago de tales gastos por su no utilización. 

LA PRÁCTICA HABITUAL

Si bien, lo que, si se permite y es habitual en la práctica, es establecer o en la escritura de constitución de la comunidad o en los propios estatutos de la misma una exoneración de ciertos gastos a los propietarios de los locales comerciales que compongan la comunidad, precisamente por su no utilización ya que ningún beneficio le van a reportar. 

Veamos un ejemplo:

El propietario de un negocio que se encuentra en la planta baja de una comunidad de propietarios, que no tiene acceso al portal y al que le están exigiendo el pago de una derrama para el cambio de la puerta de entrada al edificio. 

Pues bien, dicho propietario deberá acudir al título constitutivo de la comunidad, a los estatutos o bien a las actas de las juntas de propietarios celebradas, para saber si existe acuerdo de exoneración de tales gastos para los propietarios de los locales. En caso contrario, deberá asumir tal gasto, puesto que como vemos, la ley y la jurisprudencia así lo disponen. 

Cabe señalar también que, en tal exoneración se han de individualizar los gastos en concreto a cuyo pago no vienen obligados los propietarios de un local, aunque si tal dispensa se hace con carácter general y motivada por su no uso, ésta comprenderá tanto los gastos ordinarios (gastos de mantenimiento del edificio) como los gastos extraordinarios (gastos de mejora).

Por tanto, ante la duda de qué gastos de comunidad de propietarios son los que se debe asumir, lo más recomendable es consultar los documentos citados al momento de la adquisición del inmueble.

Además, también es importante saber que, a la hora de comprar un local, el adquirente responde de las cuotas de comunidad que hubiera impagado el anterior propietario durante dicho año y los tres anteriores por lo que, para evitar sorpresas, además de consultar a que gastos se está obligado, es fundamental obtener un certificado de estar al corriente en el pago en tales gastos, a fin de evitar asumir deudas que no son propias.

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No obstante, ante cualquier duda lo mejor es buscar asesoramiento profesional, que gestione la situación de la mejor manera posible. Contacte con nuestro departamento jurídico, experto entre otros campos, en

  • Redacciones de contratos y asistencia a Notaría (compraventas, hipotecas, permutas, arrendamientos urbanos y rústicos, derechos reales, contratos de agencia, arrendamientos de servicios).
  • Reclamaciones de Cantidad.
  • Cumplimiento o resolución de Contratos.
  • Defectos constructivos.
  • Comunidades de Propietarios.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados.

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BENEFICIOS FISCALES EN LA HERENCIA DE UNA VIVIENDA HABITUAL

En los últimos tiempos, los gastos que llevaba aparejada la aceptación de una herencia eran tan elevados, que eran muy pocos los que podían soportarlos, recayendo el grueso de ese gasto en el aspecto tributario, fundamentalmente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

DEDUCCIONES AL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES

Por suerte para los murcianos, a principios de este año entró en vigor en la Región de Murcia, una deducción del 99% en la cuota a pagar del referido Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los parientes más cercanos, lo que convirtió las aceptaciones de herencia en algo factible.

 El importe del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, depende fundamentalmente del valor de los bienes que haya en la herencia, pero hay que tener en cuenta que, además de la deducción autonómica del 99 % en la cuota final de la que ya hemos hablado, existen más bonificaciones fiscales que podremos aplicar en función de la naturaleza del bien que se vaya a heredar. 

En caso de heredar la vivienda habitual del causante, ¿me puedo beneficiar de alguna bonificación fiscal?

La respuesta es:SÍ

La Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, prevé en su artículo 20 una reducción en la base del impuesto del 95 % del valor de la vivienda para los cónyuges, ascendientes y descendientes con un límite de 122.606,47 € de dicho valor.

Veámoslo con un ejemplo:

Valor de la vivienda habitual: 100.000 €

95% reducción: 95.000 €

Valor que se imputa a la base del impuesto: 5.000 €

Tal y como vemos, esta reducción supone una gran rebaja que se verá reflejada en la cuota final, pues se ha pasado de imputar a la herencia un bien por valor de 100.000 € por uno de 5.000 €.

No obstante, para poder acogerse a esta reducción, se han de cumplir y acreditar los siguientes requisitos:

1º.- Que el sujeto pasivo sea el cónyuge, descendiente o adoptado, o pariente colateral mayor de 65 años de la persona fallecida;

2º.- Que, además, el sujeto pasivo hubiera convivido con el causante durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento. 

3º.- Que la adquisición se mantenga durante los 10 años siguientes al fallecimiento, sin que pueda proceder a su venta en dicho periodo.

En el caso de que faltara alguno de estos requisitos, se deberá pagar la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la reducción aplicada, más los intereses de demora.

A la cuota resultante, como ya hemos adelantado se le habrá de aplicar la deducción autonómica del 99 % que entró en vigor a principios de este año y gracias a la cual se puede hacer frente a la aceptación de una herencia.

BENEFICIOS FISCALES EN EL IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Pero, el impuesto de sucesiones no es el único tributo a satisfacer cuando nos encontramos con una adquisición mortis causa. Además, hay que tener en cuenta que también se devenga el Impuesto de Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, esto es, la plusvalía municipal del Ayuntamiento.

En la ciudad de Murcia, hay que atender a la Ordenanza municipal reguladora de este impuesto, para saber cómo funciona la gestión de tal impuesto. 

En ella, nos encontramos que, la bonificación fiscal en el impuesto de sucesiones, no es la única que resulta aplicable cuando lo que se está heredando es la vivienda habitual de la persona fallecida, sino que, en la plusvalía también se contempla una bonificación del 95 % en la cuota. 

Así, se ha de recordar que el cálculo de este impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos a lo largo del tiempo, se realiza teniendo en cuenta el valor del suelo del inmueble, al que se le aplica un porcentaje según los años transcurridos desde la adquisición por parte de la persona fallecida hasta su fallecimiento (con un máximo de 20 años) y una cuota tributaria.

Siguiendo con el ejemplo antes citado:

Valor del suelo de la vivienda: 50.000 €

Años transcurridos desde la adquisición hasta el fallecimiento: 15 años – 48 %

Cuota tributaria: 30 %

50.000 x 48 % x 30 % = 7.200 € 

95 % bonificación en cuota: 6.840 €

Por lo que el sujeto pasivo únicamente habrá de pagar: 360 €.

 

Así pues, podemos concluir que, cuando dentro de los bienes a heredar, se encuentra la que fuera la vivienda habitual del causante, existen importantes bonificaciones fiscales a aplicar que, reducen casi al completo la cuota satisfacer

No obstante, conviene hacer hincapié en que, antes de aceptar una herencia recomendamos buscar  siempre el asesoramiento de un profesional, que estudie el caso en concreto y sus circunstancias personales y económicas, le informe acerca de los posibles beneficios fiscales aplicables.

En Aselec, estaremos encantados de atenderle. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

ASELEC , asesoría y abogados

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¿PUEDO PEDIR YA LA DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES POR MATERNIDAD?

Finalmente  la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha publicado la sentencia por la que  parece zanjarse la polémica sobre si la prestación por maternidad está exenta de tributación o no en el IRPF.

PRESTACIÓN POR MATERNIDAD EXENTA O NO

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una Sentencia de fecha 6 de julio de 2016, en la que se establecía que la prestación por maternidad estaba exenta de tributar por el IRPF lo que en, un primer momento, pareció abrir la puerta a miles de reclamaciones para recuperar las retenciones cobradas de más. Puede leer nuestro post acerca de esta resolución aquí:

Sin embargo, a la vista de la cantidad de solicitudes presentadas, el Tribunal Económico Administrativo Central mediante Resolución de 2 de marzo de 2017  manifestó, tras la mencionada sentencia, que las prestaciones por maternidad que el contribuyente recibiera por parte de la Seguridad Social sí estaban sujetas a tributar por el IRPF.

Finalmente la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en la sentencia 1462/2018, zanja esta polémica,  estableciendo como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

La divergencia sobre la exención o no viene originada por quién sea el pagador de la misma, por lo que se ha realizado una exhaustiva interpretación del artículo 7.h) de la LIRPF, que enumera las rentas exentas, a fin de resolver tal conflicto y de determinar, en función de la literalidad de tal artículo qué prestaciones se pueden considerar exentas.

Por un lado, la Administración interpreta tal artículo en el sentido de que, únicamente estarían exentas aquellas que son abonadas por las comunidades autónomas o entes locales. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha interpretado tal precepto sentando doctrina legal, extendiendo dicha exención también a las prestaciones que hayan sido pagadas por la Seguridad Social, entendiendo que la voluntad del legislador es eximir de tributar aquellas rentas que hayan sido percibidas por causa de maternidad independientemente de quién sea el pagador. 

Y AHORA, CÚAL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA RECUPERAR LA RETENCIÓN.

Por tanto, una vez se ha resuelto tal disputa interpretativa en relación a la norma aplicable al caso, lo siguiente es saber qué pasa con las trabajadoras que han sido madres en los últimos años y se les ha practicado dicha retención. 

Pues bien, en principio, la solicitud de un ingreso por parte del contribuyente que no corresponde se solventa mediante la presentación de un escrito de solicitud de ingresos indebidos, debiendo igualmente solicitar la rectificación de su declaración de I.R.P.F en caso de que también se haya presentado pues su resultado podría variar.  Sin embargo, tal es el colapso administrativo que podría causar el fallo de tal sentencia, que la propia AEAT ya ha adelantado que se va a establecer un procedimiento más ágil y sencillo para devolver todas aquellas retenciones que se practicaron de manera incorrecta en los últimos 4 años, que es el plazo de prescripción para reclamar.

Así, son  los propios técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) los que recomiendan  esperar antes de empezar a reclamar las devoluciones. Este  consejo se encamina no sólo a evitar los previsibles  colapsos en las oficinas, sino a que mediante una herramienta dichas devoluciones se puedan acelerar. De ese modo, se prevé que se «calculará a cada contribuyente la cuantía de la devolución y habrá que acordar con la Seguridad Social que el INSS desglose la información correspondiente a la prestación».

En la parte final del proceso, todas los afectados «deberían recibir una notificación, vía SMS o por correo», explicaba Gestha, que les facilite el acceso a su cálculo y les dé la opción de que puedan confirmar la rectificación de su declaración y solicitar la devolución, o no confirmar si desean que no se interrumpa la prescripción.

No obstante, a día de hoy la Administración no ha especificado el procedimiento final para realizar dicha devolución. 

Así pues, desde Aselec instamos a nuestros clientes y lectores a esperar a que se determine el sistema a seguir, a fin de evitar procesos administrativos interminables y recuperar el dinero pagado de más, lo antes posible. No dude en ponerse en manos de un profesional que examine el caso en concreto y le asesore en defensa de sus intereses. Nuestros profesionales del Derecho están a su disposición. Contacte con nosotros.

Estefanía Belchí Poveda. 

Abogada

Aselec, asesoría y abogados.

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CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL TRABAJO

LOS DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

 A menudo aparecen en los medios de comunicación noticias sobre personas que han sido despedidas o amonestadas tras haber sido captadas por las cámaras de vigilancia de su lugar de trabajo haciendo algo que la empresa ha considerado que sea motivo de despido. ¿Es esto legal? ¿En qué circunstancias se considera justificado que el empresario tenga estos dispositivos? Sobre éstas y otras cuestiones hablaremos en los siguientes párrafos.

MARCO LEGAL EN LA VIGILANCIA CON CÁMARAS

Empezaremos haciendo referencia a lo que viene establecido en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en su artículo 20 apartado número 3 en el que dice así: “El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad”.

De dicho artículo extraemos que la instalación de cámaras en los centros de trabajo es indiscutiblemente legal y potestad del empresario. No obstante, para que las imágenes grabadas por ellas tengan validez han de cumplir una serie de requisitos.

 La utilización de dichas medidas de vigilancia y control hacia los trabajadores por parte del empresario pueden cruzar una delgada línea y vulnerar el derecho a la intimidad de los trabajadores. Actualmente no hay un criterio sólido ni normativo ni jurisdiccional acerca de este tema, no obstante, cada vez las interpretaciones se inclinan más hacia la protección de los trabajadores que se ven cada vez más reforzados en estas situaciones siguiendo interpretaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA VIGILANCIA CON CÁMARAS

El Reglamento General de Protección de Datos, vigente desde mayo de 2018, en el que se establece una serie de garantías para el trabajador en estos casos, de las cuales destacan las siguientes:

  • La instalación de cualquier dispositivo por el que se vayan a captar imágenes de los trabajadores tiene como requisito el previo aviso a los trabajadores “de manera expresa, precisa e inequívoca” así como de los fines que persigue la instalación de los mismos.
  • En aras de respetar el derecho a la intimidad de los trabajadores recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española, se prohíbe de forma expresa la instalación de estos dispositivos en lugares de descanso, aseos, vestuarios y análogos al considerar que se trata de la esfera privada del trabajador, aunque sea dentro de la empresa.
  • El plazo máximo de conservación de las imágenes obtenidas es de un mes. Una vez transcurrido este deberán de ser suprimidas, excepto en los casos en que debieran ser conservadas para acreditar la comisión de actos objeto de controversia.

En el caso de no cumplir con los requisitos establecidos no se considerarán legítimamente obtenidas y no podrán ser admitidas como prueba judicial, ni como causa válida para fundamentar un despido.

Para cualquier duda acerca de este tema, el equipo de asesores del departamento laboral de ASELEC, estará encantado de ayudarle a resolverla. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

 

Dpto. Jurídico-Laboral

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¿VUELO CANCELADO O RETRASADO? CÓMO RECLAMAR

¿PUEDO RECLAMAR SI CANCELAN O SE RETRASA MI VUELO?

Después de un duro año de trabajo, por fin llegan las esperadas vacaciones y queremos que todo salga bien. Sin embargo, si para llegar a nuestro destino tenemos que coger un avión, es probable que éste se retrase o incluso lo cancelen, y entonces ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis derechos? 

Pues bien, debe saber que, en estos casos el pasajero tiene derecho a una indemnización. Ésta, se encuentra regulada mediante el Reglamento 261/2004, en concreto, en los casos de gran retraso o cancelación del vuelo el pasajero tiene derecho a indemnización por los perjuicios sufridos siempre que su vuelo parta de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro o, cuando parta den un aeropuerto situado en un tercer país con destino a otro situado en un estado miembro. 

VUELO CANCELADO

Así, para el caso de cancelación del vuelo, los pasajeros tendrán derecho de elegir el reembolso íntegro del coste del billete o a un transporte alternativo que le lleve finalmente a su destino. Igualmente, durante la espera que se produzca hasta que finalmente pueda coger un vuelo que le lleve a su destino, la compañía aérea tiene que prestarse asistencia tanto de comida, refrescos, alojamiento y transporte a éste, incluso llamadas telefónicas si fueran precisas. 

RETRASO EN EL VUELO

Para el caso de retraso en el vuelo, se establecen además de un transporte alternativo y la asistencia necesaria expuesta durante la espera, un derecho de compensación económica por la espera que variará en función del tiempo que se haya esperado que como mínimo habrá de ser superior a dos horas y de la distancia del trayecto y podrá alcanzar los 600 €.

No obstante, la normativa europea reguladora de dichos derechos, incluye igualmente una serie de supuestos como son las circunstancias extraordinarias, situaciones europeas o climatológicas que excluyen de responsabilidad a la compañía aérea en cuestión. 

En caso de encontrarse en alguno de estos supuestos, se habría de presentar una reclamación ante la compañía y, en caso de que ésta la desatendiera, se habría de acudir directamente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que emitirá un informe sobre si efectivamente hubo una vulneración de los derechos del pasajero o no, informando a la compañía aérea sobre su posible responsabilidad. En cualquier caso y en caso de que la compañía no atendiera el requerimiento de la AESA se podrá acudir a la vía judicial. Si bien, se ha de señalar que la reclamación ante la compañía no es preceptiva para interponer acciones legales.

Para saber si se tiene derecho o no a indemnización por cancelación o retraso de su vuelo o por cualquier incidente sufrido en el transcurso de un vuelo, lo mejor es poner la situación en manos de profesionales que le asesoren y le gestionen la reclamación como es debido.  En ASELEC asesoría y abogados contamos con un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, tanto a personas físicas como jurídicas, garantizamos los mejores resultados en la defensa de sus intereses.  Contacte con nosotros.

 

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Aselec asesoría y abogados

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MI CASA ESTÁ OKUPADA

Mi casa está okupada, ¿y ahora qué puedo hacer?

En la actualidad, por desgracia muchos son los propietarios que se encuentran en la situación de tener una vivienda cerrada que ha sido okupada de manera ilegal, sin que los procedimientos judiciales existentes sean lo suficientemente satisfactorios para devolver la posesión de la misma a su legitimo propietario; Una situación que comienza a ser más habitual de lo deseado, a consecuencia del auge en los últimos años del denominado movimiento “Okupa”. 

En este contexto, el pasado 12 de junio entró en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al procedimiento de desahucio, conocida ya como la “Ley del desahucio exprés”. 

El objetivo de esta reforma se centra en reducir los plazos concedidos al okupante, beneficiando así al propietario del inmueble, que podrá recuperar la posesión de su vivienda de manera más rápida, consiguiendo así una mayor eficacia del procedimiento judicial de desahucio. 

Así, el procedimiento queda reducido a la presentación de la demanda, que se podrá dirigir y notificar directamente a los ocupantes aun cuando no se conozca su identidad, solicitando la recuperación de la posesión de la vivienda, dando oportunidad a los okupantes para que, en el plazo de 5 días, aporten el título legal que justifica su posesión, siendo éste su único motivo de oposición. En caso de no aportarlo se ordena inmediatamente la entrega de la posesión y el desalojo de quien la estuviera ocupando, no pudiendo además ya recurrir esta resolución. 

Otra de las especialidades de esta reforma, en aras una vez más de proteger los derechos del  particular que tiene una vivienda cerrada y ha sido víctima de las mafias de la okupación, es que este procedimiento se encuentra limitado precisamente a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o instituciones públicas. Así quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los bancos, cajas de ahorro y fondos buitre. 

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Por último, y teniendo en cuenta que el fenómeno Okupa no proviene siempre de una mafia organizada, si no que la ocupación ilegal se realiza muchas veces por parte de  familias de riesgo en exclusión social, la reforma de la Ley contempla igualmente la coordinación entre Administraciones Públicas, a fin de poner en conocimiento de los servicios públicos competentes en materia de política social, esta situación. 

Por tanto, podemos concluir que con esta reforma legislativa en materia de okupaciones ilegales de viviendas, se prevé un mecanismo que debería ser más ágil y satisfactorio a la hora de recuperar una vivienda que ha sido okupada, y que tiene como principal fin, la protección de la propiedad privada de la persona de a pie. No obstante, la eficacia y rapidez del procedimiento  van a depender de la agilidad a la hora de tramitar el procedimiento que le otorgue cada juzgado, confiando eso sí en que este fenómeno vaya despareciendo, motivado por la existencia de este nuevo procedimiento judicial. 

No dude en ponerse en manos de un profesional que examine el caso en concreto y le asesore en defensa de sus intereses. Nuestros profesionales del Derecho están a su disposición. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoria y abogados

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¿ESTÁ PAGANDO DE MÁS POR USAR SU TARJETA DE CRÉDITO?

LA NECESARIA TRANSPARENCIA DE LOS CONTRATOS

Gracias a las sucesivas reclamaciones y denuncias de las abusivas cláusulas suelo, y a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, se pusieron de manifiesto los requisitos que han de concurrir para que los contratos celebrados con entre las entidades bancarias y los consumidores y usuarios, superen un nivel de transparencia mínimo que permita garantizar los derechos de estos últimos y contratar con pleno conocimiento de las consecuencias económicas que suponen dichos acuerdos.

En consecuencia se declaró la nulidad de cientos de contratos que no superaron el nivel de transparencia requerido y, afortunadamente, no solo en relativo a las cláusulas suelo, sino que, se ha hecho extensiva a los contratos celebrados con entidades bancarias para la concesión de las tarjetas de crédito.

LA TARJETA “REVOLVING”

Concretamente, están siendo objeto de reclamación las denominadas “tarjetas revolving”, suscritas con entidades como Banco Popular, Banco Pastor, Bancopopular.es, Barclaycard, Barclays o Citibank, pertenecientes en la actualidad a WiZink Bank.

Este tipo de tarjetas de crédito son aquellas que nos permiten, o bien pagar en un solo plazo el capital del que dispongamos ese mes, o bien aplazar la deuda e ir pagándola poco a poco. Y es con esta segunda opción donde encontramos la trampa, puesto que el pago de la misma va a consistir en un porcentaje del capital dispuesto, más el interés pactado.

Ese porcentaje de la deuda, generalmente suele ser del 1% y el interés suele rondar el 24,27 % T.A.E. De esta manera, mes a mes, no habremos amortizado ni tan siquiera el 1% del capital dispuesto, y en cambio, lo que habremos pagado serán intereses en su mayor parte, generando así una deuda de capital pendiente de pago para el mes siguiente, que se acumulará consecutivamente, haciendo interminable el pago de la deuda generada, salvo que se deje de disponer del crédito, puesto que siempre será superior el capital dispuesto al amortizado.

Lo vemos en un ejemplo: si nuestra tarjeta tenía un crédito de 8.000 €, es probable que después de años pagando, ya hayamos abonado una cantidad que puede ascender a 12.000 €, pero aún estén pendientes de pago otros 4.000 €.

La causa es que mes a mes se amortizan casi en su totalidad los intereses, pero no el capital dispuesto, de modo que si el mes siguiente volvemos a utilizar nuestra tarjeta y disponer de crédito, éste se acumula al mes siguiente y la deuda será cada vez mayor pues nunca se amortiza más de lo que se dispone.
En resumen, el elevado tipo de interés pactado, unido a la forma aplazada del pago, conlleva que la amortización se base, casi de manera exclusiva, en el pago de intereses, de manera que mes a mes se va acumulando capital a devolver, y nunca se pueda terminar de amortizar la deuda.

Es evidente que nadie firmaría tales condiciones de manera consciente, puesto que resultan del todo abusivas, así pues, se entiende que el contrato de la tarjeta no cumple con los requisitos de transparencia exigidos por la jurisprudencia anteriormente mencionados.

En relación a la falta de transparencia de dichos contratos, resultó pionera la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, en las que se están apoyando los Juzgados y Tribunales de nuestro país para estimar las pretensiones de los consumidores. Dicha Sentencia considera de aplicación la Ley de la Represión y la Usura, habida cuenta del desproporcionado tipo de interés “pactado” y concluye que para que un interés pueda considerarse usurario es suficiente con que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso, sin necesidad expresa de que concurran los demás requisitos que marca dicha Ley.

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RECLAME SUS DERECHOS Y RECUPERE SU DINERO

Nuestros Tribunales ya están empezando a declarar nulos los contratos que contemplen este tipo de condiciones, obligando a la entidad bancaria a devolver las cantidades pagadas de más, en casos evidentes de falta de transparencia y el consecuente abuso de las condiciones pactadas en cuanto al tipo de interés.

Si lleva años pagando cuotas mensuales de tarjetas de crédito y aún no ha terminado de amortizar la deuda, puede que tenga una tarjeta de las de tipo “revolving” y que adolezca de una posible nulidad por falta de transparencia en la fijación de sus condiciones.

No dude en ponerse en manos de un profesional que examine el caso en concreto y le asesore en defensa de sus intereses. Nuestros profesionales del Derecho están a su disposición. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda
Abogada
Aselec, asesoría y abogados.