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BENEFICIOS FISCALES EN LA HERENCIA DE UNA VIVIENDA HABITUAL

En los últimos tiempos, los gastos que llevaba aparejada la aceptación de una herencia eran tan elevados, que eran muy pocos los que podían soportarlos, recayendo el grueso de ese gasto en el aspecto tributario, fundamentalmente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

DEDUCCIONES AL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES

Por suerte para los murcianos, a principios de este año entró en vigor en la Región de Murcia, una deducción del 99% en la cuota a pagar del referido Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los parientes más cercanos, lo que convirtió las aceptaciones de herencia en algo factible.

 El importe del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, depende fundamentalmente del valor de los bienes que haya en la herencia, pero hay que tener en cuenta que, además de la deducción autonómica del 99 % en la cuota final de la que ya hemos hablado, existen más bonificaciones fiscales que podremos aplicar en función de la naturaleza del bien que se vaya a heredar. 

En caso de heredar la vivienda habitual del causante, ¿me puedo beneficiar de alguna bonificación fiscal?

La respuesta es:SÍ

La Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, prevé en su artículo 20 una reducción en la base del impuesto del 95 % del valor de la vivienda para los cónyuges, ascendientes y descendientes con un límite de 122.606,47 € de dicho valor.

Veámoslo con un ejemplo:

Valor de la vivienda habitual: 100.000 €

95% reducción: 95.000 €

Valor que se imputa a la base del impuesto: 5.000 €

Tal y como vemos, esta reducción supone una gran rebaja que se verá reflejada en la cuota final, pues se ha pasado de imputar a la herencia un bien por valor de 100.000 € por uno de 5.000 €.

No obstante, para poder acogerse a esta reducción, se han de cumplir y acreditar los siguientes requisitos:

1º.- Que el sujeto pasivo sea el cónyuge, descendiente o adoptado, o pariente colateral mayor de 65 años de la persona fallecida;

2º.- Que, además, el sujeto pasivo hubiera convivido con el causante durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento. 

3º.- Que la adquisición se mantenga durante los 10 años siguientes al fallecimiento, sin que pueda proceder a su venta en dicho periodo.

En el caso de que faltara alguno de estos requisitos, se deberá pagar la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la reducción aplicada, más los intereses de demora.

A la cuota resultante, como ya hemos adelantado se le habrá de aplicar la deducción autonómica del 99 % que entró en vigor a principios de este año y gracias a la cual se puede hacer frente a la aceptación de una herencia.

BENEFICIOS FISCALES EN EL IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Pero, el impuesto de sucesiones no es el único tributo a satisfacer cuando nos encontramos con una adquisición mortis causa. Además, hay que tener en cuenta que también se devenga el Impuesto de Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, esto es, la plusvalía municipal del Ayuntamiento.

En la ciudad de Murcia, hay que atender a la Ordenanza municipal reguladora de este impuesto, para saber cómo funciona la gestión de tal impuesto. 

En ella, nos encontramos que, la bonificación fiscal en el impuesto de sucesiones, no es la única que resulta aplicable cuando lo que se está heredando es la vivienda habitual de la persona fallecida, sino que, en la plusvalía también se contempla una bonificación del 95 % en la cuota. 

Así, se ha de recordar que el cálculo de este impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos a lo largo del tiempo, se realiza teniendo en cuenta el valor del suelo del inmueble, al que se le aplica un porcentaje según los años transcurridos desde la adquisición por parte de la persona fallecida hasta su fallecimiento (con un máximo de 20 años) y una cuota tributaria.

Siguiendo con el ejemplo antes citado:

Valor del suelo de la vivienda: 50.000 €

Años transcurridos desde la adquisición hasta el fallecimiento: 15 años – 48 %

Cuota tributaria: 30 %

50.000 x 48 % x 30 % = 7.200 € 

95 % bonificación en cuota: 6.840 €

Por lo que el sujeto pasivo únicamente habrá de pagar: 360 €.

 

Así pues, podemos concluir que, cuando dentro de los bienes a heredar, se encuentra la que fuera la vivienda habitual del causante, existen importantes bonificaciones fiscales a aplicar que, reducen casi al completo la cuota satisfacer

No obstante, conviene hacer hincapié en que, antes de aceptar una herencia recomendamos buscar  siempre el asesoramiento de un profesional, que estudie el caso en concreto y sus circunstancias personales y económicas, le informe acerca de los posibles beneficios fiscales aplicables.

En Aselec, estaremos encantados de atenderle. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

ASELEC , asesoría y abogados

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¿PUEDO PEDIR YA LA DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES POR MATERNIDAD?

Finalmente  la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha publicado la sentencia por la que  parece zanjarse la polémica sobre si la prestación por maternidad está exenta de tributación o no en el IRPF.

PRESTACIÓN POR MATERNIDAD EXENTA O NO

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una Sentencia de fecha 6 de julio de 2016, en la que se establecía que la prestación por maternidad estaba exenta de tributar por el IRPF lo que en, un primer momento, pareció abrir la puerta a miles de reclamaciones para recuperar las retenciones cobradas de más. Puede leer nuestro post acerca de esta resolución aquí:

Sin embargo, a la vista de la cantidad de solicitudes presentadas, el Tribunal Económico Administrativo Central mediante Resolución de 2 de marzo de 2017  manifestó, tras la mencionada sentencia, que las prestaciones por maternidad que el contribuyente recibiera por parte de la Seguridad Social sí estaban sujetas a tributar por el IRPF.

Finalmente la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en la sentencia 1462/2018, zanja esta polémica,  estableciendo como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

La divergencia sobre la exención o no viene originada por quién sea el pagador de la misma, por lo que se ha realizado una exhaustiva interpretación del artículo 7.h) de la LIRPF, que enumera las rentas exentas, a fin de resolver tal conflicto y de determinar, en función de la literalidad de tal artículo qué prestaciones se pueden considerar exentas.

Por un lado, la Administración interpreta tal artículo en el sentido de que, únicamente estarían exentas aquellas que son abonadas por las comunidades autónomas o entes locales. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha interpretado tal precepto sentando doctrina legal, extendiendo dicha exención también a las prestaciones que hayan sido pagadas por la Seguridad Social, entendiendo que la voluntad del legislador es eximir de tributar aquellas rentas que hayan sido percibidas por causa de maternidad independientemente de quién sea el pagador. 

Y AHORA, CÚAL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA RECUPERAR LA RETENCIÓN.

Por tanto, una vez se ha resuelto tal disputa interpretativa en relación a la norma aplicable al caso, lo siguiente es saber qué pasa con las trabajadoras que han sido madres en los últimos años y se les ha practicado dicha retención. 

Pues bien, en principio, la solicitud de un ingreso por parte del contribuyente que no corresponde se solventa mediante la presentación de un escrito de solicitud de ingresos indebidos, debiendo igualmente solicitar la rectificación de su declaración de I.R.P.F en caso de que también se haya presentado pues su resultado podría variar.  Sin embargo, tal es el colapso administrativo que podría causar el fallo de tal sentencia, que la propia AEAT ya ha adelantado que se va a establecer un procedimiento más ágil y sencillo para devolver todas aquellas retenciones que se practicaron de manera incorrecta en los últimos 4 años, que es el plazo de prescripción para reclamar.

Así, son  los propios técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) los que recomiendan  esperar antes de empezar a reclamar las devoluciones. Este  consejo se encamina no sólo a evitar los previsibles  colapsos en las oficinas, sino a que mediante una herramienta dichas devoluciones se puedan acelerar. De ese modo, se prevé que se “calculará a cada contribuyente la cuantía de la devolución y habrá que acordar con la Seguridad Social que el INSS desglose la información correspondiente a la prestación”.

En la parte final del proceso, todas los afectados “deberían recibir una notificación, vía SMS o por correo”, explicaba Gestha, que les facilite el acceso a su cálculo y les dé la opción de que puedan confirmar la rectificación de su declaración y solicitar la devolución, o no confirmar si desean que no se interrumpa la prescripción.

No obstante, a día de hoy la Administración no ha especificado el procedimiento final para realizar dicha devolución. 

Así pues, desde Aselec instamos a nuestros clientes y lectores a esperar a que se determine el sistema a seguir, a fin de evitar procesos administrativos interminables y recuperar el dinero pagado de más, lo antes posible. No dude en ponerse en manos de un profesional que examine el caso en concreto y le asesore en defensa de sus intereses. Nuestros profesionales del Derecho están a su disposición. Contacte con nosotros.

Estefanía Belchí Poveda. 

Abogada

Aselec, asesoría y abogados.

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CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL TRABAJO

LOS DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

 A menudo aparecen en los medios de comunicación noticias sobre personas que han sido despedidas o amonestadas tras haber sido captadas por las cámaras de vigilancia de su lugar de trabajo haciendo algo que la empresa ha considerado que sea motivo de despido. ¿Es esto legal? ¿En qué circunstancias se considera justificado que el empresario tenga estos dispositivos? Sobre éstas y otras cuestiones hablaremos en los siguientes párrafos.

MARCO LEGAL EN LA VIGILANCIA CON CÁMARAS

Empezaremos haciendo referencia a lo que viene establecido en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en su artículo 20 apartado número 3 en el que dice así: “El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad”.

De dicho artículo extraemos que la instalación de cámaras en los centros de trabajo es indiscutiblemente legal y potestad del empresario. No obstante, para que las imágenes grabadas por ellas tengan validez han de cumplir una serie de requisitos.

 La utilización de dichas medidas de vigilancia y control hacia los trabajadores por parte del empresario pueden cruzar una delgada línea y vulnerar el derecho a la intimidad de los trabajadores. Actualmente no hay un criterio sólido ni normativo ni jurisdiccional acerca de este tema, no obstante, cada vez las interpretaciones se inclinan más hacia la protección de los trabajadores que se ven cada vez más reforzados en estas situaciones siguiendo interpretaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Le interesa

LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA VIGILANCIA CON CÁMARAS

El Reglamento General de Protección de Datos, vigente desde mayo de 2018, en el que se establece una serie de garantías para el trabajador en estos casos, de las cuales destacan las siguientes:

  • La instalación de cualquier dispositivo por el que se vayan a captar imágenes de los trabajadores tiene como requisito el previo aviso a los trabajadores “de manera expresa, precisa e inequívoca” así como de los fines que persigue la instalación de los mismos.
  • En aras de respetar el derecho a la intimidad de los trabajadores recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española, se prohíbe de forma expresa la instalación de estos dispositivos en lugares de descanso, aseos, vestuarios y análogos al considerar que se trata de la esfera privada del trabajador, aunque sea dentro de la empresa.
  • El plazo máximo de conservación de las imágenes obtenidas es de un mes. Una vez transcurrido este deberán de ser suprimidas, excepto en los casos en que debieran ser conservadas para acreditar la comisión de actos objeto de controversia.

En el caso de no cumplir con los requisitos establecidos no se considerarán legítimamente obtenidas y no podrán ser admitidas como prueba judicial, ni como causa válida para fundamentar un despido.

Para cualquier duda acerca de este tema, el equipo de asesores del departamento laboral de ASELEC, estará encantado de ayudarle a resolverla. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

 

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ASELEC, asesoría y abogados

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¿VUELO CANCELADO O RETRASADO? CÓMO RECLAMAR

¿PUEDO RECLAMAR SI CANCELAN O SE RETRASA MI VUELO?

Después de un duro año de trabajo, por fin llegan las esperadas vacaciones y queremos que todo salga bien. Sin embargo, si para llegar a nuestro destino tenemos que coger un avión, es probable que éste se retrase o incluso lo cancelen, y entonces ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis derechos? 

Pues bien, debe saber que, en estos casos el pasajero tiene derecho a una indemnización. Ésta, se encuentra regulada mediante el Reglamento 261/2004, en concreto, en los casos de gran retraso o cancelación del vuelo el pasajero tiene derecho a indemnización por los perjuicios sufridos siempre que su vuelo parta de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro o, cuando parta den un aeropuerto situado en un tercer país con destino a otro situado en un estado miembro. 

VUELO CANCELADO

Así, para el caso de cancelación del vuelo, los pasajeros tendrán derecho de elegir el reembolso íntegro del coste del billete o a un transporte alternativo que le lleve finalmente a su destino. Igualmente, durante la espera que se produzca hasta que finalmente pueda coger un vuelo que le lleve a su destino, la compañía aérea tiene que prestarse asistencia tanto de comida, refrescos, alojamiento y transporte a éste, incluso llamadas telefónicas si fueran precisas. 

RETRASO EN EL VUELO

Para el caso de retraso en el vuelo, se establecen además de un transporte alternativo y la asistencia necesaria expuesta durante la espera, un derecho de compensación económica por la espera que variará en función del tiempo que se haya esperado que como mínimo habrá de ser superior a dos horas y de la distancia del trayecto y podrá alcanzar los 600 €.

No obstante, la normativa europea reguladora de dichos derechos, incluye igualmente una serie de supuestos como son las circunstancias extraordinarias, situaciones europeas o climatológicas que excluyen de responsabilidad a la compañía aérea en cuestión. 

En caso de encontrarse en alguno de estos supuestos, se habría de presentar una reclamación ante la compañía y, en caso de que ésta la desatendiera, se habría de acudir directamente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que emitirá un informe sobre si efectivamente hubo una vulneración de los derechos del pasajero o no, informando a la compañía aérea sobre su posible responsabilidad. En cualquier caso y en caso de que la compañía no atendiera el requerimiento de la AESA se podrá acudir a la vía judicial. Si bien, se ha de señalar que la reclamación ante la compañía no es preceptiva para interponer acciones legales.

Para saber si se tiene derecho o no a indemnización por cancelación o retraso de su vuelo o por cualquier incidente sufrido en el transcurso de un vuelo, lo mejor es poner la situación en manos de profesionales que le asesoren y le gestionen la reclamación como es debido.  En ASELEC asesoría y abogados contamos con un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, tanto a personas físicas como jurídicas, garantizamos los mejores resultados en la defensa de sus intereses.  Contacte con nosotros.

 

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Aselec asesoría y abogados

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MI CASA ESTÁ OKUPADA

Mi casa está okupada, ¿y ahora qué puedo hacer?

En la actualidad, por desgracia muchos son los propietarios que se encuentran en la situación de tener una vivienda cerrada que ha sido okupada de manera ilegal, sin que los procedimientos judiciales existentes sean lo suficientemente satisfactorios para devolver la posesión de la misma a su legitimo propietario; Una situación que comienza a ser más habitual de lo deseado, a consecuencia del auge en los últimos años del denominado movimiento “Okupa”. 

En este contexto, el pasado 12 de junio entró en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al procedimiento de desahucio, conocida ya como la “Ley del desahucio exprés”. 

El objetivo de esta reforma se centra en reducir los plazos concedidos al okupante, beneficiando así al propietario del inmueble, que podrá recuperar la posesión de su vivienda de manera más rápida, consiguiendo así una mayor eficacia del procedimiento judicial de desahucio. 

Así, el procedimiento queda reducido a la presentación de la demanda, que se podrá dirigir y notificar directamente a los ocupantes aun cuando no se conozca su identidad, solicitando la recuperación de la posesión de la vivienda, dando oportunidad a los okupantes para que, en el plazo de 5 días, aporten el título legal que justifica su posesión, siendo éste su único motivo de oposición. En caso de no aportarlo se ordena inmediatamente la entrega de la posesión y el desalojo de quien la estuviera ocupando, no pudiendo además ya recurrir esta resolución. 

Otra de las especialidades de esta reforma, en aras una vez más de proteger los derechos del  particular que tiene una vivienda cerrada y ha sido víctima de las mafias de la okupación, es que este procedimiento se encuentra limitado precisamente a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o instituciones públicas. Así quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los bancos, cajas de ahorro y fondos buitre. 

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Por último, y teniendo en cuenta que el fenómeno Okupa no proviene siempre de una mafia organizada, si no que la ocupación ilegal se realiza muchas veces por parte de  familias de riesgo en exclusión social, la reforma de la Ley contempla igualmente la coordinación entre Administraciones Públicas, a fin de poner en conocimiento de los servicios públicos competentes en materia de política social, esta situación. 

Por tanto, podemos concluir que con esta reforma legislativa en materia de okupaciones ilegales de viviendas, se prevé un mecanismo que debería ser más ágil y satisfactorio a la hora de recuperar una vivienda que ha sido okupada, y que tiene como principal fin, la protección de la propiedad privada de la persona de a pie. No obstante, la eficacia y rapidez del procedimiento  van a depender de la agilidad a la hora de tramitar el procedimiento que le otorgue cada juzgado, confiando eso sí en que este fenómeno vaya despareciendo, motivado por la existencia de este nuevo procedimiento judicial. 

No dude en ponerse en manos de un profesional que examine el caso en concreto y le asesore en defensa de sus intereses. Nuestros profesionales del Derecho están a su disposición. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoria y abogados

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¿ESTÁ PAGANDO DE MÁS POR USAR SU TARJETA DE CRÉDITO?

LA NECESARIA TRANSPARENCIA DE LOS CONTRATOS

Gracias a las sucesivas reclamaciones y denuncias de las abusivas cláusulas suelo, y a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, se pusieron de manifiesto los requisitos que han de concurrir para que los contratos celebrados con entre las entidades bancarias y los consumidores y usuarios, superen un nivel de transparencia mínimo que permita garantizar los derechos de estos últimos y contratar con pleno conocimiento de las consecuencias económicas que suponen dichos acuerdos.

En consecuencia se declaró la nulidad de cientos de contratos que no superaron el nivel de transparencia requerido y, afortunadamente, no solo en relativo a las cláusulas suelo, sino que, se ha hecho extensiva a los contratos celebrados con entidades bancarias para la concesión de las tarjetas de crédito.

LA TARJETA “REVOLVING”

Concretamente, están siendo objeto de reclamación las denominadas “tarjetas revolving”, suscritas con entidades como Banco Popular, Banco Pastor, Bancopopular.es, Barclaycard, Barclays o Citibank, pertenecientes en la actualidad a WiZink Bank.

Este tipo de tarjetas de crédito son aquellas que nos permiten, o bien pagar en un solo plazo el capital del que dispongamos ese mes, o bien aplazar la deuda e ir pagándola poco a poco. Y es con esta segunda opción donde encontramos la trampa, puesto que el pago de la misma va a consistir en un porcentaje del capital dispuesto, más el interés pactado.

Ese porcentaje de la deuda, generalmente suele ser del 1% y el interés suele rondar el 24,27 % T.A.E. De esta manera, mes a mes, no habremos amortizado ni tan siquiera el 1% del capital dispuesto, y en cambio, lo que habremos pagado serán intereses en su mayor parte, generando así una deuda de capital pendiente de pago para el mes siguiente, que se acumulará consecutivamente, haciendo interminable el pago de la deuda generada, salvo que se deje de disponer del crédito, puesto que siempre será superior el capital dispuesto al amortizado.

Lo vemos en un ejemplo: si nuestra tarjeta tenía un crédito de 8.000 €, es probable que después de años pagando, ya hayamos abonado una cantidad que puede ascender a 12.000 €, pero aún estén pendientes de pago otros 4.000 €.

La causa es que mes a mes se amortizan casi en su totalidad los intereses, pero no el capital dispuesto, de modo que si el mes siguiente volvemos a utilizar nuestra tarjeta y disponer de crédito, éste se acumula al mes siguiente y la deuda será cada vez mayor pues nunca se amortiza más de lo que se dispone.
En resumen, el elevado tipo de interés pactado, unido a la forma aplazada del pago, conlleva que la amortización se base, casi de manera exclusiva, en el pago de intereses, de manera que mes a mes se va acumulando capital a devolver, y nunca se pueda terminar de amortizar la deuda.

Es evidente que nadie firmaría tales condiciones de manera consciente, puesto que resultan del todo abusivas, así pues, se entiende que el contrato de la tarjeta no cumple con los requisitos de transparencia exigidos por la jurisprudencia anteriormente mencionados.

En relación a la falta de transparencia de dichos contratos, resultó pionera la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, en las que se están apoyando los Juzgados y Tribunales de nuestro país para estimar las pretensiones de los consumidores. Dicha Sentencia considera de aplicación la Ley de la Represión y la Usura, habida cuenta del desproporcionado tipo de interés “pactado” y concluye que para que un interés pueda considerarse usurario es suficiente con que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso, sin necesidad expresa de que concurran los demás requisitos que marca dicha Ley.

Le interesa

RECLAME SUS DERECHOS Y RECUPERE SU DINERO

Nuestros Tribunales ya están empezando a declarar nulos los contratos que contemplen este tipo de condiciones, obligando a la entidad bancaria a devolver las cantidades pagadas de más, en casos evidentes de falta de transparencia y el consecuente abuso de las condiciones pactadas en cuanto al tipo de interés.

Si lleva años pagando cuotas mensuales de tarjetas de crédito y aún no ha terminado de amortizar la deuda, puede que tenga una tarjeta de las de tipo “revolving” y que adolezca de una posible nulidad por falta de transparencia en la fijación de sus condiciones.

No dude en ponerse en manos de un profesional que examine el caso en concreto y le asesore en defensa de sus intereses. Nuestros profesionales del Derecho están a su disposición. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda
Abogada
Aselec, asesoría y abogados.

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NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

Mañana 25 de mayo de 2018 comienza a aplicarse el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Se trata de un Reglamento europeo que entró en vigor el 25 de mayo de 2016, y tras un período de adaptación de dos años, de forma inminente será de obligada aplicación y cumplimiento.

Ya hemos explicado en este blog los aspectos más relevantes de esta nueva normativa, y que puede consultar aquí:

Las actuales Ley de Protección de Datos española y su desarrollo reglamentario nacional no se derogan, pero al tratarse el RGPD de una norma de rango superior, se aplicará la Ley nacional con carácter supletorio a la europea. 

Está prevista la aprobación de una nueva Ley española de Protección de Datos que contemple la norma general Europea, pero esto no se producirá previsiblemente hasta finales de 2018, y su desarrollo reglamentario probablemente hasta finales de 2019. Mientras, aplicaremos la nueva norma europea, y subsidiariamente, la normativa española aún vigente. 

Aconsejamos enfocar la aplicación normativa sobre la Protección de Datos de carácter personal como una norma de Calidad para su organización que mejorará su negocio. 

Desde ASELEC asesoría y abogados, estamos comprometidos con la protección de los datos de carácter personal. Hemos desarrollado protocolos internos de actuación para la adaptación al nuevo reglamento de protección de datos, y nos estamos especializando en el asesoramiento a terceros en esta materia. Contacte con nuestro despacho para informarle más ampliamente sobre las obligaciones en este área y cómo afrontarlas reduciendo costes y cargas administrativas.

 

 

ASELEC asesoría y abogados

 

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CLAVES SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS

El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD), mediante la aplicación de la norma contenida en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

El nuevo RGPD comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018. Este período de dos años desde su entrada en vigor, está teniendo como objetivo permitir a los Estados de la Unión Europea, las Instituciones y también las empresas y organizaciones que tratan datos, que vayan preparándose y adaptándose para el momento en que sea aplicable para el que falta escasamente un mes. 

El pasado viernes 27 de abril de 2018, el equipo de ASELEC asesoría y abogados tuvo el privilegio de asistir a una jornada formativa que contó como ponente con el Jefe de Área de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos, y que sin duda, atendiendo a las responsabilidades que ostenta, resultó muy instructiva sobre los criterios interpretativos que este Organismo de Control aplicará a este respecto.  

Este artículo pretende aportar algunas consideraciones claras sobre las implicaciones de la aplicación del nuevo Reglamento, sin pretender hacer un estudio pormenorizado del mismo. 

Desde el punto de vista normativo, nos encontramos que el nuevo Reglamento (RGPD) no deroga la actual Ley Orgánica de Protección de Datos vigente en España (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal), ni tampoco su Reglamento de desarrollo (R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre). Efectivamente, será de aplicación el nuevo RGPD en todo lo en él contenido, y en lo no contenido, se estará a las anteriores normas que continúan en vigentes. 

Ahora bien, está prevista la publicación de una nueva Ley de Protección de Datos para aproximadamente el mes de diciembre de 2018, y también un Reglamento de desarrollo de esta que no será antes del mes de diciembre de 2019. Estas fechas son aproximadas. 

Realizamos ahora las consideraciones más relevantes de la ponencia citada: 

  • El Registro de Ficheros en la AEPD: 

Al contrario que hasta ahora, la nueva normativa no obliga a registrar Ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Todo el cumplimiento de la normativa será responsabilidad de los obligados (Instituciones, Empresas y Organizaciones), que internamente establecerán los medios para la aplicación de la normativa. 

¿Qué pasará con los ficheros registrados? Será una obligación cumplida bajo una normativa anterior, ya no habrá ningún procedimiento de presentación o de consulta de los ficheros comunicados.

  • La herramienta FACILITA: 

La Agencia Española de Protección de Datos ha desarrollado una herramienta online que permite obtener una aproximación personalizada para la aplicación de la norma, en función de la organización y el tipo de datos personales que sean tratados. 

Como resultado, no obtenemos el pleno cumplimiento interno de la aplicación de la normativa de protección de datos, pero sí una base de partida para aplicar los procedimientos internos necesarios para abordarla. 

  • Los más y menos Obligados: 

La Inspección de la AEPD, se centrará sobre todo en los grandes Responsables de Datos Personales. Entiende este organismo que no resultaba coherente con la aplicación de la normativa anterior, igualar la exigencia a grandes y pequeñas empresas. Por tanto, en adelante se producirá un mayor control y una aplicación del régimen sancionador sobre todo a las grandes empresas, aunque actúen de forma deslocalizada geográficamente mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

  • El Régimen Sancionador y los apercibimientos: 

El anterior régimen sancionador partía de unas sanciones mínimas muy elevadas, y se aplicaba obligatoriamente para la autoridad de control AEPD por la simple denuncia de cualquier afectado respecto a sus datos de carácter personal. Esta normativa sancionadora, resultaba excesiva para pequeñas empresas que se veían obligadas a cumplir como si fueran grandes, para protegerse de importantes sanciones. 

El nuevo Reglamento, contemplará la aplicación de sanciones menores en su grado mínimo, aunque mayores en su grado máximo. Pero contempla una diferencia importante, y es la capacidad del organismo de control e inspección para realizar “apercibimientos” sin límite, en lugar de imponer sanciones. Esto proporcionará oportunidades a los infractores de rectificar, resarcir el daño causado y aplicar correctamente la normativa con responsabilidad. 

  • La figura del Delegado de Protección de Datos: 

El nuevo RGPD incorpora la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO). No será obligatorio nombrar un DPO por todas las empresas u organizaciones. De hecho, el Reglamento indica expresamente cuándo se designará un Delegado necesariamente, dejando abierta la posibilidad de no ser obligatorio el nombramiento en el resto de casos. Así, será obligatorio cuando el Responsable o Encargado del tratamiento de los datos sea una Administración u Organismo Público, o bien cuando los datos tenga especial volumen o sensibilidad, sin especificar concretamente dicho volumen de datos. 

Además, el Delegado de protección podrá formar parte de la plantilla de la empresa, o bien de forma externa en virtud de un contrato de prestación de servicios.

  • La filosofía de la aplicación de la nueva normativa por la Autoridad de Control: 

Resulta tranquilizador conocer que la AEPD, como autoridad de control y con capacidad sancionadora, no tiene la intención de constituirse en un organismo con fines “recaudatorios” sino más bien, como un organismo regulador que permita actuar al sector público y al sector privado en el mercado, garantizando el buen uso de los datos de carácter personal, para proteger el derecho de las personas físicas. 

En este sentido, habrá que aplicar la normativa vigente en materia de protección de datos, de forma adecuada a las circunstancias que particularmente se produzcan, y con la debida proporcionalidad, sin olvidar que, no sólo existe un duro régimen sancionador, sino que además es una responsabilidad social el respetuoso tratamiento de los datos de carácter personal. 

Desde ASELEC asesoría y abogados, estamos comprometidos con la protección de los datos de carácter personal. Hemos desarrollado protocolos internos de actuación para la adaptación al nuevo reglamento de protección de datos, y nos estamos especializando en el asesoramiento a terceros en esta materia. Dispondremos en breve de un servicio especializado de asistencia a nuestros clientes respecto a la aplicación normativa de la Protección de Datos de Carácter Personal que, adaptado a cada circunstancia, cumplirá con sus necesidades en esta materia. 

Alberto Torrecillas

Economista

ASELEC asesoría y abogados

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¿NECESITO UN ABOGADO PARA MI EMPRESA?

Para cualquier empresa, cualquiera que sea el sector al que pertenezca, resulta fundamental contar con un abogado como asesor legal que le ayude a gestionar y resolver los problemas de índole jurídico que se generan en el desarrollo de su actividad, tanto en las relaciones con los empleados, como con los clientes o proveedores. Si nunca se había parado a pensarlo, le presentamos aquí algunos de los beneficios y ventajas que puede reportarle el hecho de contar con un Abogado o Asesor Legal para su negocio.

AL INICIO DE UNA AVENTURA EMPRESARIAL

A la hora de constituir una empresa son muchas las dudas que surgen, las decisiones importantes que se deben tomar y las valoraciones decisivas a tener en cuenta. Buscar el asesoramiento profesional de un abogado, nos reportará tranquilidad, confianza y seguridad en el momento de embarcarnos en una nueva actividad empresarial.

El abogados o asesor jurídico, además de orientar sobre las distintas formas jurídicas existentes para constituir la organización, con el fin de que la elegida sea la que mejor se adapte a las exigencias de cada negocio y sus circunstancias específicas, puede además encargarse de la redacción de los estatutos y de la solicitud de autorizaciones o concesiones administrativas necesarias para el desarrollo de la actividad en cuestión. 

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EVENTUALIDADES EN EL DESARROLLO DE LA EMPRESA

Pero el trabajo de este profesional no termina con la puesta en marcha de la empresa, si no que debería acompañarla en su gerencia y  gestión durante toda la vida de ésta, puesto que no serán pocas las ocasiones en las que su ayuda y asesoramiento resultarán imprescindibles para seguir adelante. Esto nos hará contar con una inestimable ventaja frente a aquellos competidores que no cuenten con su inestimable colaboración y asesoramiento. El campo de actuación del abogado de empresa abarca tanto el asesoramiento preventivo para evitar situaciones que pongan en peligro buen funcionamiento de la misma, como, si ello resultara necesario, la efectiva actuación extrajudicial y judicial ante los juzgados y tribunales, en defensa de los interesas del negocio.

EL ABOGADO DE EMPRESA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

El consejo y asesoramiento del asesor legal o abogado de empresa contempla muy diversos campos del Derecho. El primero que podemos destacar es el derecho administrativo, ésto es, el referido a las relaciones que la empresa tenga con los diferentes ámbitos de la Administración Pública, tanto local, como regional o estatal, donde nuestro asesor jurídico orientará a la empresa acerca de las actuaciones o decisiones que puedan acarrear la imposición de sanciones, a fin de evitarlas, así como la gestión de un posible expediente sancionador y si éste fuera el caso, haciéndose cargo de su defensa ante los correspondientes tribunales.

Le interesa

 

Asimismo, y gracias a la colaboración de nuestro asesor, la empresa puede estar informada en todo momento acerca de las  ayudas y subvenciones a las que puede optar y en su caso, tramitar su solicitud, para no perder valiosas oportunidades de ganar o ahorrar dinero o evitar gastos innecesarios.

EL ABOGADO DE EMPRESA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO CIVIL

Por otro lado, el abogado resulta clave en la gestión empresarial igualmente en el ámbito del derecho civil, en situaciones tales como  la gestión de cobros de facturas impagadas tanto de manera extrajudicial, como ante los juzgados y tribunales, si la reclamación previa no hubiera tenido éxito.

También desarrollará un papel esencial en la redacción de contratos con proveedores y clientes, asegurando las mejores condiciones y velando  en todo momento por los intereses de la empresa, mediante la inclusión de cláusulas que nos beneficien y detectando aquellas otras que podrían perjudicarle.

Por último, si usted es de los que piensa que sólo las empresas que desarrollan actividades relacionadas con las Nuevas Tecnologías están obligadas a cumplir las obligaciones que impone la Ley de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) tenemos que recordarle  que esta ley es de obligado cumplimiento para TODAS las personas físicas o jurídicas que posean datos de carácter personal de personas físicas. Así, el control de los datos personales de los clientes y proveedores mejorará con los consejos legales de su asesor, ya que le orientará en la legislación aplicable que es necesario cumplir con la protección de los datos, atendiendo a la confidencialidad de los mismos, conforme a la Ley, evitando así las posibles sanciones derivadas de su incumplimiento

EL ABOGADO DE EMPRESA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO LABORAL

Por último y de manera fundamental e intrínseca a la propia naturaleza del ámbito de las relaciones internas que se dan en un negocio que cuente con empleados a su cargo, resulta imprescindible contar con el asesoramiento jurídico de un abogado en desde el punto de vista laboral, desde el comienzo de la relación laboral, durante la misma y hasta su extinción, aconsejando sobre el tipo de contrato que más beneficia, según el caso, a los intereses de la empresa, y sobre las formas y efectos jurídicos que conlleva la extinción de la relación laboral, protegiendo una vez más los derechos e intereses de la empresa. Además, el consejo de un buen abogado puede solucionarnos cualquier tipo de conflicto, problema o duda que surja acerca de expedientes de regulación, auditorías laborales, calificaciones de despido, inspecciones de trabajo, negociación colectiva, etc.

Le interesa

En resumen, como acabamos de ver, la función del abogado a la hora de iniciar un proyecto empresarial resulta fundamental,  pero también vemos que además va a jugar un papel clave y determinante para su buen funcionamiento durante toda la vida de la empresa, al contar con un servicio de asesoramiento profesional experto en materia legal de muy distintos ámbitos que supervisará y respaldará con total seguridad jurídica, las decisiones que se tomen en la organización, teniendo como máxima preservar los derechos e intereses de la misma, como solo el propio empresario haría.

SI ES CLIENTE DE ASELEC, TIENE MUCHAS MAS VENTAJAS

Y éstos son apenas algunos de los beneficios, puesto que, para los los clientes de nuestro despacho, las ventajas se multiplican cuando los abogados de ASELEC se coordinan con el equipo de asesores economistas, lo que implica un conocimiento y tratamiento integral de los asuntos de la empresa, en continua comunicación con los departamentos fiscal, contable y de consultoría financiera, cerrando un círculo que asegura la tranquilidad y confianza del empresario en la gestión de su negocio.

La experiencia y la profesionalidad son nuestros factores clave, y la combinación de asesoría jurídica con el área económica de ASELEC  garantiza los mejores resultados en la defensa de sus intereses.

Contacte hoy con nosotros

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

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NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, ¿TENGO QUE RECIBIRLAS?

Actualmente, el uso del correo electrónico y, en general, de   para comunicarnos en nuestra rutina diaria, está a la orden del día, hasta tal punto que las Administraciones Públicas, y en concreto, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ha querido sumarse a esta revolución tecnológica y adaptarse al momento que vive hoy en día la sociedad a fin de facilitar los trámites administrativos, ahorrar tiempo y agilizar el procedimiento que el ciudadano necesite realizar, a través del envío de notificaciones electrónicas.

Así pues, entre una multitud de normativa desarrollada a tal efecto, encontramos el Real Decreto 1363/2010, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que es el que nos da la respuesta clave a quienes están obligados y en qué supuestos a recibir notificaciones y comunicaciones electrónicas de la Administración Tributaria a través de la que se ha denominado Dirección Electrónica Habilitada.

OBLIGADOS A RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

En cuanto a las personas y entidades obligadas encontramos las siguientes:

  • Sociedades Anónimas, 
  • Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
  • Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española, 
  • Uniones Temporales de Empresas, 
  • Entidades cuyo N.I.F empiece por la letra V y se corresponda con una agrupación de interés económico, agrupación de interés económico europeo, fondo de pensiones, fondo de capital riesgo, fondo de inversiones, fondo de titulización de activos, fondo de regularización del mercado hipotecario, fonde de titulización hipotecaria o fondo de garantía de inversiones. 

También están obligados, las personas y entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Que estuvieran inscritas en el Registro de grandes empresas,
  • Que hayan optado por la tributación en el régimen de consolidación fiscal, 
  • Que hayan optado por la tributación en el Régimen especial del grupo de entidades, 
  • Que estuvieran inscritas en el Registro de devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Que tengan la condición de representantes aduaneros o presenten declaraciones aduaneras por vía electrónica.

Dichas notificaciones electrónicas serán las derivadas de las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en sus procedimientos tributarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y en la gestión recaudatoria de los recursos de otros Entes y Administraciones Públicas. 

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SUPUESTOS EN LOS QUE NO SE REALIZAN NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

No obstante, se contemplan igualmente una serie de supuestos en los que, en ningún caso, se va a practicar por medios electrónicos cualquier comunicación o notificación y que, por su importancia, podemos destacar:

  • Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico
  •  Las que deban practicarse personalmente según normativa específica
  • Las que se efectúen en relación a reclamaciones económico administrativas
  • Las que contengan medios de pago a favor de los obligados
  • Las realizadas con ocasión de procedimientos iniciados a solicitud del interesado en los que haya señalado un lugar para notificaciones distinto de la dirección electrónica habilitada, salvo que la notificaciones en dicho lugar sean infructuosas pues , la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá entonces practicar la notificación en la dirección electrónica habilitada.

CÚANDO SE CONSIDERAN EFECTUADAS LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Teniendo en cuenta los supuestos y sujetos obligados y exentos a fin de recibir por medios electrónicos las notificaciones que nos envíe la Agencia Tributaria, éstas se consideraran efectuadas en el momento en el que dicha comunicación se abra o, pasados 10 días si ello no ocurre, contados desde el día siguiente de la puesta a disposición por parte de la Administración en nuestro correo electrónico.

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¿VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CIUDADANO?

Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos y, aunque a priori parece un sistema mucho más cómodo para el ciudadano a la hora de comunicarse con la Administración, se ha puesto en entre dicho su constitucionalidad por la posible vulneración del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva que recoge nuestra Constitución, habida cuenta de que, este sistema obliga a una revisión del correo continua, derivando un posible olvido en la efectividad de una notificación y, pudiendo incluso perder el plazo para la realización de cualquier trámite para el que se nos haya dado traslado con los perjuicios que ello le pueden ocasionar al administrado.

No obstante, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en varias ocasiones cerrando de manera tajante el debate y concluyendo que dichas notificaciones resultan del todo conforme a la Constitución Española sin vulnerar ningún derecho fundamental puesto que, no hay que olvidar que se contemplan una serie de supuestos en los que, en ningún caso se va a proceder a la práctica electrónica de comunicaciones y que son esos, precisamente, los casos en los que se podría perder el derecho de defensa del ciudadano. 

Ante tanto galimatías normativo, pocos son los que conocen realmente si se encuentran dentro del ámbito de aplicación de las notificaciones electrónicas y las consecuencias que ello supone por lo que, lo mejor es pedir asesoramiento profesional a fin de conocer en profundidad este sistema. Si tiene alguna duda o pregunta acerca de este tema, no dude en ponerse en contacto con nosotros. En Aselec, asesoría y abogados, estaremos encantados de ayudarle.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico. 

Aselec, asesoría y abogados