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¿PUEDO RECLAMAR A MI DEUDOR LOS GASTOS DE CONFIRMING?

Hoy en día, resulta muy habitual que las empresas, en sus relaciones comerciales, hagan uso de sistemas financieros para la gestión del cobro anticipado de sus facturas.

Uno de ellos, es el llamado confirming.  Dicho sistema deriva en una ventaja para la empresa obligada al cobro, aunque para el proveedor supone unos costes que ha de asumir. Veamos en que consiste.

EL CONFIRMING

El confirming es un sistema de gestión de cobros, que no de deudas, en virtud del cual, una empresa encomienda, generalmente a una entidad financiera, el pago de las facturas a proveedores de manera anticipada a su fecha de vencimiento. De esta manera, el acreedor no genera deuda y el proveedor no necesita esperar a la fecha de vencimiento de las facturas para su cobro, si no que puede hacerlas efectivas en cualquier momento.

LOS GASTOS DEL ACREEDOR EN EL CONFIRMING

Pero, ¿qué gastos tiene que soportar el acreedor para beneficiarse de este sistema?

Como decíamos, para la empresa acreedora la ventaja de cobrar anticipadamente supone un gasto que, en muchas ocasiones, no resulta baladí, pues el hecho de adherirse a este sistema de pagos va a suponer que la entidad financiera nos cobre una comisión sobre el importe de la factura además de un tipo de interés.

Aunque, en un primer momento nos pueda parecer un gasto mínimo si se trata de una factura únicamente, dicho gasto ha de tenerse presente a la hora de hacer uso del confirming puesto que, cuando nos encontramos ante una relación comercial constante con nuestro deudor y, máxime, cuando se trate de facturas de cuantía elevada, dichas comisiones e intereses pueden suponer un gasto importante para nuestra empresa.

Ahora bien, ¿puedo repercutir tales gastos a mi deudor? la respuesta es negativa.

La jurisprudencia viene considerando este sistema como un sistema al que su adhesión resulta voluntaria, por lo que, desde el momento de dicha adhesión, se consideran asumidos los gastos que ello conlleve, sin que dichos gastos puedan ser encuadrados y por tanto, reclamados, en concepto de los gastos por gestión de cobro que prevé la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad, en los que únicamente se pueden encuadrar, además del coste fijo de 40 € por factura cuyo pago se reclama, los gastos ocasionados por la intervención de abogado y procurador para el cobro de la misma. 

De esta manera, a pesar de que el confirming puede constituir una vía de escape para las empresas que tienen facturas pendientes de cobro cuando su deudor ha fijado un plazo de vencimiento de las mismas elevado, obteniendo así un cobro casi inmediato, hay que estudiar con atención los gastos que pueden conllevar para nuestra empresa pues, en ocasiones, podría ocasionar un elevado coste. 

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Por todo ello, a la hora de decidir aceptar el sistema de confirming como sistema de cobro anticipado de facturas, lo mejor es pedir asesoramiento profesional a fin de estudiar los costes que ello conllevaría para tu empresa, teniendo en cuenta que dichos costes no van a poder ser reclamados al deudor.

Si no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Aselec, asesoría y abogados

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¿QUÉ ES EL CÓDIGO LEI?

El código LEI es un código global y único basado en el estándar ISO 17442, que se utiliza para identificar a las personas jurídicas que son parte en las transacciones financieras y para cumplir con los requisitos de información exigidos en los mercados financieros. Según sus siglas en inglés LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) lo traducimos como Identificador de Entidad Jurídica.

¿Para qué sirve el código LEI?

De acuerdo con la normativa europea, el código LEI debe ser empleado para identificar a las partes contratantes en las transacciones financieras en todo el mundo, de manera que facilita a los reguladores la identificación de los posibles riesgos sistémicos en las primeras fases. El objetivo final del LEI es mejorar la gestión de los riesgos financieros.

¿Qué entidades son susceptibles de tener un código LEI?

En este momento, todas las empresas que participan en el comercio de derivados necesitan un LEI. Los primeros destinatarios son las entidades financieras:

  • Bancos y compañías financieras
  • Entidades que emiten acciones, deuda o valores para otras estructuras de capital
  • Entidades que coticen en bolsa
  • Entidades que comercien acciones o deuda
  • Medios de inversión, incluyendo fondos de inversión, fondos de pensiones y medios de inversión alternativos constituidos como entidades corporativas o acuerdos de inversión colectiva (fondos paraguas, fondos de cobertura, capital de riesgo, etc.)
  • Entidades bajo la supervisión de un regulador financiero y sus afiliadas, filiales y sociedades cartera
  • Entidades de contrapartida para transacciones financieras.
  • Comunidades de Bienes
  • Sucursales internacionales
  • Actualmente no se les puede asignar un código LEI a:
  • Personas físicas
  • Sucursales cuya matriz también se encuentre en España

¿Cuál es el formato del código LEI?

El formato está basado en las especificaciones proporcionadas por la norma ISO 17442. Consta de 20 caracteres alfanuméricos y sigue el siguiente patrón:

Prefijo – Dígitos Reservados – Código alfanumérico aleatorio – Dígitos de control
9598 (*) 00 N60CEGKTATBG 90
(*) 9598 es el prefijo asignado al LOU español por el ROC

¿Qué información de la entidad se registra junto al código LEI?

Cada Registro LEI contiene la siguiente información sobre la entidad:

  • Nombre oficial de la entidad
  • Domicilio legal de la entidad
  • Domicilio real de la sede principal de la entidad
  • País / Región de jurisdicción legal
  • Categoría de la Entidad
  • Código LEI y/o Nombre o denominación de la entidad gestora cuando la categoría de la entidad sea FONDO (FUND).
  • Forma social
  • Número en el Registro de entidades y nombre del Registro
  • Código LEI del LOU responsable del Registro LEI de la entidad
  • Fecha de registro inicial del LEI
  • Fecha de la última actualización de datos
  • Fecha y motivo de terminación del LEI
  • Datos de Relación Directa de la entidad
  • Datos de la Relación Última de la entidad

La solicitud del LEI la hará un representante legal de la sociedad con facultades para ello, o bien una tercera entidad autorizada a través de la página web del Ministerio de Justicia.

Una vez cumplimentada solicitud, se firmará por el representante legal y se presentará en el Registro Mercantil de tramitación junto con el justificante de pago de los correspondientes honorarios por la emisión del LEI

La concesión del código no es inmediata, pero suele ser una tramitación rápida que no suele demorarse más de 15 días hábiles. En este tiempo el Registrador debe verificar la validez de los datos de referencia, basándose en la información disponible en diferentes fuentes públicas.

El código LEI es válido durante un año a partir de la fecha de emisión, por lo tanto, se tendrá que renovar periódicamente.

Si no tiene claro cómo cumplimentar la solicitud y necesita ayuda de un profesional, en ASELEC Asesoría y Abogados estaremos encantados de ayudarle con el trámite.

Contacte con nosotros sin compromiso.
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Inma Teruel
Economista
Dpto. Fiscal-Contable
ASELEC, asesoría y abogados.

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DESPIDO DE UNA EMBARAZADA EN PERIODO DE PRUEBA

Si, como empresario está valorando la extinción laboral de una trabajadora embarazada en periodo de prueba, debe conocer los efectos que puede conllevar tal despido, puesto que estamos ante una situación excepcional, amparada y regulada expresamente por la normativa laboral de nuestro ordenamiento jurídico.

EL PERIODO DE PRUEBA LABORAL

El periodo de prueba es el espacio de tiempo dentro del cual tanto el empleador como el empleado pueden dar por terminada la relación laboral sin necesidad de alegar causa alguna y sin que haya derecho a indemnización a ninguna de las partes.

LA DURACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA

Este periodo, se encuentra regulado en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores que establece que la duración del mismo será el que pacten las partes, pero siempre sujetos a las limitaciones que pudiera establecer el convenio colectivo y, en defecto de pacto:

  • Para los técnicos titulados no podrá exceder de seis meses.
  • Para los demás trabajadores no podrá exceder de dos meses.
  • Para las empresas de más de 25 trabajadores:
  • Para los trabajadores que no sean técnicos titulados no podrá exceder de tres meses. 
  • Para los contratos temporales de duración determinada por tiempo no superior a 6 meses, no podrá exceder de 1 mes, salvo disposición en contra en convenio colectivo.

Sin embargo, como decimos, no se requiere ninguna causa que justifique la extinción del contrato durante el periodo de prueba por ninguna de las partes.

EXCEPCIÓN A LA REGLA: LA TRABAJADORA EMBARAZADA

No obstante, sí hay que tener en cuenta el párrafo 2º del apartado 2 del señalado artículo 14, que establece la nulidad de tal extinción laboral en el caso de que la trabajadora esté embarazada, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo. 

Es decir, para dar por terminada una relación laboral durante el periodo de prueba no se requiere causa alguna, pero con una excepción. En caso de que dicha trabajadora se encontrara embarazada, se presumirá nula tal extinción, salvo que se pueda acreditar que la misma fue por motivos distintos al embarazo.

En relación a ello, el artículo 55.5 prevé la nulidad de los despidos llevados a cabo durante el embarazo, siendo el efecto de la declaración de nulidad de tal despido la readmisión inmediata de la trabajadora con abono de los salarios dejados de percibir. 

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EL EMPRESARIO TIENE LA CARGA DE LA PRUEBA

En estos supuestos, y como ya se ha adelantado, se produce una inversión de la carga de la prueba debiendo ser el empresario el que justifique las razones de la extinción laboral y que nada tuvieron que ver con el embarazo de la trabajadora, sino que, se debió única y exclusivamente a que efectivamente no cumplió con los objetivos marcados que dieran lugar a la superación del periodo de prueba, en base a una justificación objetiva y razonable.

Y ello porque, si el empleador no logra justificar que desconocía que al momento de extinguir el contrato desconocía el embarazo de la trabajadora, o que, conociéndolo, las razones del despido fueron ajenas a ello, se presumirá un despido nulo con los efectos inherentes que ello conlleva, puesto que se dará por hecho que se ha producido la extinción laboral por motivos discriminatorios por razón de sexo lo que sin duda supone una vulneración de un derecho fundamental. 

CONSULTE UN ABOGADO DE EMPRESA PARA EVITAR SORPRESAS DESAGRADABLES.

Por tanto, como empresario, a la hora de valorar la extinción laboral de algún trabajador, lo más inteligente es buscar asesoramiento profesional, a fin de examinar los requisitos personales de cada trabajador y que concurren en cada caso y valorar las posibilidades con las que cuenta el empresario, así como los efectos que pudiera conllevar tal despido.

Si todavía no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

 

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ESPAÑA ANTE EL TJUE POR EL MODELO 720

La Comisión lleva a España ante el Tribunal por imponer sanciones desproporcionadas en caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre activos mantenidos en el extranjero.

EL MODELO 720 O DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO.

Durante el primer trimestre de cada año natural existe una obligación fiscal informativa mediante la cual se comunican a la Agencia Tributaria aquellos bienes y derechos de contenido económico que posee el contribuyente en el extranjero. Para dar cumplimiento a esta obligación fiscal se debe presentar el modelo 720.

El plazo de presentación es del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente al que se refiere la información a suministrar, por lo que el referido al 2018 puede presentarse hasta el 1 de abril de 2019.

Para conocer todos los detalles acerca de esta declaración fiscal informativa del modelo 720, pueden consultar los siguientes enlaces de nuestro blog, donde encontrará las respuestas a las siguientes cuestiones:

  • ¿En qué consiste el modelo 720?
  • ¿Quiénes están obligados a su presentación?
  • ¿Hay alguna exención a esta obligación fiscal informativa?
  • ¿Cuándo se presenta el modelo 720?
  • ¿Cuál es el régimen sancionador aplicable?

EL MODELO 720 A EXAMEN 

Esta declaración  fue recientemente cuestionada por diversas entidades, incluida la Comisión Europea y  podría llegar a ser declarada ilegal debido a su desproporcionado régimen sancionador. Sin embargo, lo cierto es que hasta la fecha la normativa española no ha variado en este sentido y, por tanto, sigue existiendo la obligación de presentar esta declaración en el presente ejercicio 2019. Veamos en qué ha consistido esta reciente polémica alrededor de la declaración del modelo 720.

En febrero de 2017, la Comisión Europea instaba a las autoridades españolas a la modificación del régimen sancionador por la no presentación, no presentación en plazo o con datos falsos, de la declaración sobre los activos mantenidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

La Comisión consideraba que las multas impuestas en el caso de incumplimiento son desproporcionadas. Además, consideraba que estas sanciones pueden impedir a las empresas y a los particulares invertir o trasladarse a través de las fronteras en el mercado único.

Las primeras manifestaciones de las autoridades tributarias de España tras el dictamen de la Comisión Europea hablaban de bajar el importe de las sanciones, sin embargo, hasta la fecha la normativa española no ha variado en este sentido y, por tanto, sigue existiendo la obligación de presentar esta declaración en el presente ejercicio 2019.

FINALMENTE ESPAÑA LLEVA EL MODELO 720 ANTE EL TJUE

Llegados a este punto, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la imposición de sanciones desproporcionadas a los contribuyentes españoles por no comunicar los activos mantenidos en otros Estados miembros de la UE y del EEE («el Modelo 720»).

Actualmente, España exige que los contribuyentes residentes presenten información sobre los activos que mantienen en el extranjero. Esto incluye bienes, cuentas bancarias y activos financieros. De no presentarse esta información a tiempo y en su totalidad, pueden imponerse sanciones superiores a las aplicadas en caso de infracciones similares en una situación puramente nacional y que tal vez lleguen a superar el valor de los activos en el extranjero.

La Comisión considera que esas sanciones por cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación legítima de presentar información son desproporcionadas y discriminatorias. Pueden disuadir a empresas y particulares de realizar inversiones o ejercer la libre circulación a través de las fronteras en el mercado único.

Por consiguiente, estas disposiciones entran en conflicto con las libertades fundamentales en la UE, como la libre circulación de personas, la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.

Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

Si no tiene claro si está obligado a presentar esta declaración informativa o si necesita ayuda en su confección y presentación, no dude en contactar con nosotros, en ASELEC Asesoría y Abogados disponemos de un equipo de profesionales en materia fiscal que le proporcionará toda la ayuda que necesite para cumplir con sus obligaciones fiscales.

 

Fuente: Comisión Europea

Foto: REUTERS/Francois Lenoir

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PAGARÉ IMPAGADO, ¿QUÉ PUEDO HACER?

En el tráfico mercantil, es muy habitual que, como medio de pago, el deudor expida un pagaré a nombre del acreedor, con una fecha concreta en la que poder hacer efectivo el pago, conocida como fecha de vencimiento. 

Sin embargo, es probable que, presentado en la entidad bancaria, nos lo devuelvan por no tener fondos. ¿Qué opciones tenemos ante esta situación?

OPCIONES ANTE EL IMPAGO DE UNA DEUDA

Ante el impago de una deuda, el acreedor tiene varias opciones frente al deudor, puesto que, si la reclamación extrajudicial no resulta exitosa, se pueden interponer acciones judiciales por medio del procedimiento verbal u ordinario en función de la cuantía reclamada.

No obstante, ante uno u otro, casi con total seguridad deberemos esperar a la vía ejecutiva para hacer efectivo el pago, lo que supone la interposición de dos procesos judiciales, el ordinario y el ejecutivo.

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PAGARÉ COMO MEDIO DE PAGO

Sin embargo, el hecho de que el pago se haya realizado mediante la expedición de un pagaré, otorga una mayor seguridad y eficacia al acreedor a la hora de cobrarlo y es que, un pagaré es un título ejecutivo que cuenta con un procedimiento judicial específico para hacer directamente efectivos los pagos que se hagan por medio de los mismos. 

EL PROCEDIMIENTO CAMBIARIO DEL PAGARÉ IMPAGADO

El procedimiento cambiario se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil como un proceso sumario y especial para este tipo de situaciones en las que presentado el pagaré impagado directamente se le da traslado al deudor para que pague en el plazo de 10 días o se oponga. Si bien, la importancia que reviste este procedimiento, además, es que las causas de oposición están tasadas por Ley, siendo además muy concretas. 

El deudor solo podrá alegar como causas de oposición las siguientes:

1º.- Inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma. 

2º.- Falta de legitimación del tenedor o de las formalidades del pagaré. 

3º.- Extinción del crédito. 

Fuera de dichas causas, el deudor únicamente podrá proceder al pago. En caso contrario, se procederá directamente a despachar ejecución, para lo cual se realizará investigación patrimonial del deudor procediendo a los embargos de los bienes que sean necesarios para cubrir la deuda. 

En caso de oposición, se resolverá directamente el Tribunal, salvo que las partes pidan la celebración de una vista en cuyo caso se resolverá posteriormente. 

El plazo para interponer el procedimiento es de 4 años. 

No obstante, ante una situación de impago, lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional a fin de examinar el caso concreto y las soluciones más apropiadas para ello.

Le interesa

El abogado de la empresa juega un papel fundamental en los casos de reclamación de facturas impagadas, pues su intervención no solamente queda reducida al requerimiento extrajudicial o procedimiento judicial en caso de que se desatienda la solución amistosa, si no que aún interpuesta la demanda de juicio monitorio, el abogado seguirá trabajando a fin de llegar finalmente a un acuerdo frente al deudor, realizando negociaciones con éste o con su abogado en su caso, a efectos de conseguir un acuerdo transaccional y solucionar el asunto de la manera más beneficiosa para la empresa, reduciendo una vez más, tiempo y gastos.

Si no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

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HAN RESUELTO MI CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN ¿PUEDO RECLAMAR?

El contrato de distribución y su regulación.

El contrato de distribución es aquel en el que el productor o fabricante acuerda con el distribuidor la entrega de bienes para su comercialización, actuando en nombre propio y obteniendo como beneficio el margen ganado en la reventa. Estos contratos son denominados atípicos debido a su falta de regulación normativa, aunque dicha carencia ha ido siendo suplida doctrinal y jurisprudencialmente, ayudada por la aplicación analógica de la Ley del Contrato de Agencia.

La problemática surge cuando, debido precisamente a esa ausencia normativa, de manera unilateral y sin preaviso, el productor o fabricante decide resolver el contrato al distribuidor.

¿Tiene derecho el distribuidor a algún tipo de indemnización? ¿Qué conceptos puede reclamar? ¿Cómo se calculan? ¿Qué plazo tiene para reclamar?

La Ley del Contrato de Agencia, en sus artículos 25, 28 y 29 contempla los conceptos indemnizatorios a reclamar en caso de resolución del contrato y que se vienen aplicando analógicamente al contrato de distribución, si bien, dicha aplicación ha sido matizada por la jurisprudencia, habiendo establecido que no tendrán lugar en todo caso si no, siempre y cuando se acrediten los requisitos exigibles para ello, pudiendo reclamar la falta de preaviso, la indemnización por clientela y daños y perjuicios sufridos.

En cuanto a la falta de preaviso, en primer lugar, habrá de estarse a lo pactado en el contrato suscrito por las partes y, a falta de pronunciamiento expreso sobre ello, habrá de estarse a lo establecido en el artículo 25 de la LCA, que dispone que será de un mes por cada año de vigencia del contrato, con un máximo de seis.

En caso de incumplimiento, el distribuidor tendrá derecho a la indemnización de la ganancia que el distribuidor esperaba obtener y que se ha visto frustrada de manera repentina y sin margen de maniobra para reorientar su negocio.

¿Cómo se calcula? Se calculará acudiendo al beneficio medio mensual obtenido durante los últimos 5 años y proyectado sobre los meses que debían haber concurrido de preaviso.

El nacimiento de la indemnización por clientela exige la concurrencia de tres requisitos:

1º.- Que el distribuidor haya incrementado sensiblemente la clientela preexistente o aportado nuevos clientes;
2º.- Que de ello se deriven ventajas sustanciales para el empresario en la medida en que pueda aprovecharse de la cartera de clientes creada por el distribuidor;
3º.- Que la indemnización resulte equitativamente procedente por las circunstancias que concurran.

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Si se acredita el cumplimiento de estos aspectos, el distribuidor debido a la sorpresiva resolución de su contrato, puede solicitar una indemnización por ello.

¿Cómo se calcula? Se calculará atendiendo al importe medio anual de las remuneraciones percibidas en los últimos cinco años, efectuando dicho cálculo sobre los beneficios netos obtenidos por el distribuidor una vez descontados los gastos y los impuestos.

Por último, se podrá reclamar también una indemnización por los daños y perjuicios que contemplarán todos aquellos que la resolución del contrato le ha causado tales como los gastos de promoción, inversión, publicidad o personal que haya realizado el distribuidor y que no puedan ser amortizados.

Y, ¿cuánto tiempo tengo para reclamar?

Retomando la atipicidad de este contrato, no se existe un plazo especial para el ejercicio de estas acciones, quedando amparado por el plazo general que, hasta 2015 era de 15 años y que, desde dicho año, se vio reducido a 5.

No obstante, se trata de procedimientos muy particulares dependiendo del caso en cuestión pues, en la práctica la mayoría de ellos se pactan de manera verbal, se incluyen cláusulas de exclusividad, etc. Por tanto, en caso de resolución unilateral por parte del fabricante, lo mejor es buscar asesoramiento profesional a fin de que estudie el asunto en profundidad y determine cuáles son los pasos a seguir en defensa de tus intereses.

ASELEC, asesoría y abogados cuenta con un equipo de Letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas.

La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le garantizan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Los Abogados de ASELEC asesoría y abogados se coordinan con el equipo de Asesores, lo que implica un conocimiento y tratamiento completo de los asuntos. Por ello, conseguimos ofrecer un asesoramiento integral con los mejores resultados.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

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DEFENSA DE LA MARCA ANTE COPIA ASELEC ABOGADOS

HAN COPIADO MI MARCA ¿QUÉ PUEDO HACER?

Muchas son las empresas o autónomos profesionales que ven plagiada su marca y que, en consecuencia, sufren evidentes perjuicios por la confusión que a sus clientes les pueda causar. Pero, ¿sabe cuándo se comete realmente plagio?¿Qué acciones puede emprender?¿Qué puede se puede reclamar?

La Ley de Marcas y el Código Penal establecen la regulación de todos estos aspectos que nos ayudaran a sacarnos de dudas.

LA MARCA

Una marca es un signo de distinción que puede venir constituido por una palabra, dibujo, letras, cifras colores o formas y que permite identificar los productos o servicios de una empresa y distinguirla de las demás.

La Ley permite su registro en la Oficina de Patentes y Marcas para ofrecer una seguridad plena a aquella empresa que la ha creado permitiendo su distinción frente a los demás competidores.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS

El proceso se inicia con una solicitud que se remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que se incluirá una representación de la marca que se pretenda inscribir y los productos o servicios a que vaya referida. Tal solicitud se examinará y si se cumplen los requisitos establecidos tanto legal como reglamentariamente se procederá a su inscripción.

El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

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BENEFICIOS DE REGISTRAR UNA MARCA

La inscripción de la marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma, de manera que solo él podrá hacer uso de ella. De esta manera, queda prohibida su utilización por cualquier tercero sin consentimiento de su titular, especialmente en los supuestos en los que:

1º.- Los signos distintivos sean idénticos o similar y, además, venga referida para los mismos productos o servicios y si, además, existen altas probabilidades de confusión para el público.
2º.- El signo sea idéntico o similar a la marca y ésta goce de renombre en España independientemente de si se utilizan para los mismos productos o servicios.

¿QUÉ OCURRE SI COPIAN MI MARCA?

Si otra empresa elabora una marca que pueda ser similar o idéntica a la que tenemos registrada, siendo además utilizada para el mismo producto o servicio, debemos hacer valer los derechos que nos otorga la Ley.

Así, los artículos 40 y ss de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 274 y ss del Código Penal, establecen las acciones civiles y penales, respectivamente que se pueden ejercitar ante los Tribunales de justicia en defensa de nuestros intereses.

RECLAMAR EN LA VIA CIVIL

Se podrá reclamar en vía civil la cesación del uso de la marca además de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, incluyendo, en su caso, la adopción de medidas para evitar que se prosiga en su uso tales como retirar del mercado productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o todo aquello en lo que se haya utilizado tal marca.

La indemnización podrá comprender las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener debido a la utilización indebida de la marca y la confusión causada al público.

Incluso es reclamable el perjuicio causado al prestigio de la marca y los gastos de investigación causados para obtener las pruebas pertinentes de la violación del derecho de marca.

Además, hay que saber que, el artículo 43.5 de la Ley de Marcas establece una indemnización directa y sin necesidad de prueba alguna del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor, cuando la utilización indebida de la marca hubiera sido declarada judicialmente.

El plazo para ejercitar estas acciones es de 5 años desde que se conoció la infracción, pudiendo reclamar los conceptos indemnizatorios a que nos hemos referido de los últimos 5 años.

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DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Además, la utilización indebida de una marca registrada puede incluso ser constitutivo de un delito contra la propiedad industrial tipificado en el artículo 274 del Código Penal, estableciendo penas que pueden alcanzar incluso los 4 años de prisión.

No obstante, la jurisprudencia ha ido perfilando los requisitos a la hora de determinar cuándo se ha producido una violación del derecho de marca, realizando en cada caso concretos análisis muy exhaustivos de la marca en cuestión.

Por tanto, cada caso habrá de ser valorado de manera independiente. Lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional para el estudio y la valoración de la posible infracción y, en su caso, la interposición de las acciones correspondientes en defensa de tus intereses.

ASELEC, asesoría y abogados cuenta con un equipo de Letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas.

La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le garantizan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Los Abogados de ASELEC asesoría y abogados se coordinan con el equipo de Asesores, lo que implica un conocimiento y tratamiento completo de los asuntos. Por ello, conseguimos ofrecer un asesoramiento integral con los mejores resultados.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico
Aselec, asesoria y abogados

GUIA BÁSICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA SOCIEDAD LIMITADA

GUIA BASICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA SOCIEDAD LIMITADA

Guía básica para crear una SL paso a paso.

Existen numerosas formas jurídicas con las que configurar una nueva empresa, pero las características de la Sociedad Limitada (S.L.) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) hacen que éstas sean la fórmula más recomendable, rápida y práctica para pequeños empresarios.

La Sociedad de Responsabilidad Limitada es aquella sociedad cuyo capital social está integrado por las aportaciones económicas de todos los socios, los cuales tienen una responsabilidad frente a terceros limitada a dicha aportación. Así pues, la ventaja principal de una sociedad de carácter mercantil es que la responsabilidad está limitada a las aportaciones al capital. Y en contra, podemos señalar que tiene más obligaciones a nivel mercantil y fiscal que un autónomo. En esta Guía vamos a describir las características del proceso para la obtención de la personalidad jurídica y los trámites necesarios para su puesta en marcha. 

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Si  has decidido iniciar tu actividad como empresario individual y constituir tu propia empresa, has de tener claros los pasos y cauces obligatorios para crear una empresa de Sociedad Limitada, que hemos resumido en este artículo concentrándolos en una guía básica que seguir.

Los trámites, obligaciones y demás gestiones quedan aquí enumerados pero, obviamente la manera más segura y eficiente de realizar todos los pasos que detallamos aquí, es a través de un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) acreditado por el Ministerio de Economía e Industria, como el que tenemos en nuestro departamento de asesoría jurídico mercantil. Si te interesa pide información a través del formulario de nuestra web. Contacta aquí.

 

 

Veamos pues cuales son esos pasos a seguir y trámites que cumplimentar, necesarios para la creación de nuestra S.L.:

PROCESO DE CONSTITUCIÓN JURIDICO-MERCANTIL DE LA SOCIEDAD LIMITADA

  • Solicitud de Certificación negativa del nombre de la sociedad a constituir en el Registro Mercantil Central.
  • Escritura pública de constitución que se otorgará por los socios fundadores.
  • Liquidar el correspondiente Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
  • Solicitud de NIF provisional.
  • Inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil correspondiente.
  • Solicitud de NIF definitivo.
  • Legalización de libros obligatorios y cuentas anuales al Registro Mercantil.

TRAMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA FISCAL-LABORAL DE LA SOCIEDAD LIMITADA

  • Obtención de Certificado Digital.
  • Alta en el Censo de Empresarios de la Agencia Tributaria (modelo 036) donde se indica la actividad a realizar, el domicilio y las obligaciones fiscales de la empresa.
  • Alta de los socios y/o administradores en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Inscripción de la empresa en la Seguridad Social (obtención de C.C.C.) en caso de contratar trabajadores.
  • Comunicación de apertura del centro de trabajo a la Consejería de Trabajo de la Comunidad Autónoma.
  • Afiliación de los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social con su correspondiente registro de contratos al Servicio Público de Empleo Estatal.
  • Contratación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

OTRAS POSIBLES OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD LIMITADA

  • Licencia de apertura/actividad en el Ayuntamiento correspondiente.
  • Otras licencias en función de la actividad.
  • Registro de signos distintivos en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

formamos parte de la red pae para emprendedores

Superados estos trámites, la creación de tu Sociedad Limitada ya es efectiva.

Sin embargo, como ya hemos dicho, es un proceso complicado que se recomienda realizar acompañado de un profesional experto, esto es, de un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) acreditado por el Ministerio de Economía e Industria. En ASELEC, Asesoría y abogados, realizamos todos los trámites para constituir tu empresa en 48 h ya que contamos con la acreditación como un punto PAE en Murcia (Puntos de Atención al Emprendedor) y, por tanto, tenemos capacitación para asesorar y tramitar a Emprendedores en todo el proceso de creación y desarrollo de su proyecto empresarial en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Contacta aquí.

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¿PAGAR A LA SGAE POR PONER MÚSICA EN MI NEGOCIO?

¿Sabe qué es la SGAE y por qué debemos pagarle por reproducir música en nuestro local? ¿Cuándo y Cuánto? o ¿Cómo actúa esta entidad?

La gran mayoría de negocios hace uso en su rutina diaria de radio, televisión o listas de reproducción sin saber que, por ello, es probable que esté obligado a pagar una cuota a la SGAE (Sociedad General de Autores Españoles).

LA SGAE, SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ESPAÑOLES

La SGAE, es una empresa privada autorizada por el Gobierno, dedicada a la defensa y gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 100.000 socios. Dentro del colectivo de los creadores, 90.921 son músicos de todos los géneros y estilos, 10.701 son autores de obras audiovisuales –argumentistas, guionistas y directores-, y 8.825 son dramaturgos y coreógrafos . La SGAE, activa desde 1899, administra hoy un repertorio superior a los diez millones de obras musicales, dramáticas, coreográficas y audiovisuales. Tal y como establece la Ley de Propiedad Intelectual, SGAE tiene encomendada la defensa y gestión de los derechos de las obras de sus socios, autores y editores.

Pero esta empresa no es la única que realiza esta función, sino que encontramos también otras como  la AGEDI o la AIE, entidades igualmente encargadas de la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Dicha gestión deviene de que los autores confían a esta empresa la protección del uso legítimo de sus obras, consistiendo dicho uso legítimo en el pago de una cuota. 

Al pago de esta cuota vienen obligados, en principio, todos los propietarios de negocios, independientemente del objeto que tenga, que quieran aprovechar las obras cuya autoría pertenece a autores que han delegado la gestión de las mismas a estas empresas autorizadas. Es decir, si en un negocio se desea reproducir música, aunque sea meramente ambiental, o tener la televisión encendida a la vista de los clientes, o simplemente encender la radio de fondo, es necesaria la obtención de una licencia que otorga la SGAE, y que autoriza a esa empresa a la reproducción de música o contenido audiovisual en su local.

¿Qué incluye esta licencia?

  • Música: Utilización del repertorio musical, a través de cualquier medio (radio, tv, cd, internet, gramola-hucha, juke box, actuaciones en vivo o en directo…)
  • Audiovisual: Utilización del repertorio audiovisual, a través de cualquier medio (tv, internet, laser disc, dvd, video…)

 Es necesario saber que, no todos los autores han delegado la gestión de estos derechos a la SGAE, por lo que la reproducción de sus obras musicales no va a estar sometida al pago de la cuota en ese caso.  

El abono de la cuota viene determinado por un contrato de licencia a suscribir con estas entidades, en el que se define la cuota a pagar y cuyo importe dependerá del uso que se vaya a hacer de ellas. Así, variará según la reproducción de esas obras musicales tenga un uso principal, como sería el caso de una discoteca, o sea meramente accesorio, como puede ser el caso de un comercio.

También influirá en el importe de la cuota, la superficie del local y la cantidad de reproductores que se utilicen para ello (número de altavoces, televisiones, etc). 

¿CÓMO CONTROLA LA SGAE LA MÚSICA QUE ESTOY REPRODUCIENDO EN MI NEGOCIO? ¿PUEDE SANCIONARME?

Tanto la SGAE como las demás entidades que tienen delegada la gestión de los derechos de propiedad intelectual de los autores, cuentan con personal delegado por todo el territorio nacional y tienen encomendada la visita a los negocios y la comprobación de que efectivamente se está realizando la reproducción o el uso de obras cuyo autor haya delegado la gestión del y protección de sus derechos de autor. Así como comprobar, en el caso de que así fuera, que dicho uso resulte legítimo, es decir, que esté pagando por ello. 

Sin embargo, el personal de estas entidades sólo puede limitar su actuación a levantar un acta en dichas inspecciones, siempre y cuando, cuenten con el consentimiento del propietario del negocio inspeccionado, puesto que no se trata de funcionarios del estado y por tanto, no  tienen la potestad de inspeccionar un local si el propietario se opone.

En cualquier caso, no tienen potestad para sancionar. Será en un procedimiento judicial posterior, donde se reclamen las cuotas que se consideran debidas por la reproducción de obras musicales de autores gestionados por la SGAE. 

En caso de que se inicie un procedimiento judicial para reclamar el pago, la resolución derivada del mismo determinará el beneficio que el negocio pueda obtener por el uso o reproducción de las obras protegidas.

En cualquier caso, se tratará siempre de asuntos muy particulares y que van a variar dependiendo del caso concreto. Por este motivo, nuestra recomendación es que si desea saber si está o no obligado al pago de una cuota a la SGAE,  o bien ya ha recibido la visita de un  inspector de la SGAE o entidad de gestión similar en su negocio, debe buscar asesoramiento profesional que le aconseje la mejor solución para su negocio, en función del uso, cantidad de reproductores y otros aspectos a tener en cuenta. Aún más en el caso de que se haya iniciado el procedimiento judicial a que acabamos de hacer referencia y en el que debe contar con un asesor legal experto que defienda sus intereses legales y económicos.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Juridico

Aselec, asesoría y abogados.

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RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EN LOS DELITOS DE UN EMPLEADO

¿ES RESPONSABLE LA EMPRESA DE LOS DELITOS QUE COMETAN SUS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES?

La comisión de cualquier hecho delictivo conlleva, además de la responsabilidad penal que se establezca en el Código Penal según el delito de que se trate, una responsabilidad civil consistente en resarcir a los perjudicados mediante indemnización los daños y perjuicios que se hayan causado.

LA EMPRESA, RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIA.

Si bien, cuando nos encontramos con que el autor del hecho delictivo resulta ser un empleado de nuestra empresa, que lo ha cometido además en dicho establecimiento y en el desarrollo de sus funciones, puede ser incluso que se nos considere responsable civil subsidiario. 

Así lo establece el artículo 120.4 del Código Penal ,que encuadra como responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente a las “Personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios”.

Con esta imputación de responsabilidad civil a la empresa, de cualquier forma subsidiaria, se trata de evitar situaciones de desamparo a los perjudicados por la situación de insolvencia total o parcial de los directamente responsables. 

REQUISITOS PARA LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.

Para que esta acción prospere, como se desprende del mismo precepto, es necesario que se de la concurrencia de los siguientes requisitos:

  • Insolvencia del responsable penalmente: es decir, que nuestro empleado y quien resulta ser el autor del hecho delictivo carezca de bienes suficientes para hacer frente a la indemnización por los daños y perjuicios que haya causado la comisión del delito.
  • Que exista una relación entre el autor del delito y el responsable penal subsidiario, es decir, que exista una relación predominantemente de dependencia entre uno y otro, pudiendo ser onerosa o gratuita, duradera y permanente o meramente circunstancial y esporádica. Lo que se exige es que el sujeto esté potencialmente sometido a la posible intervención del responsable civil subsidiario como dueño de la situación pudiendo dictar órdenes e instrucciones. Esto es, que exista una situación de subordinación entre empleado y empleador por el cual el primero se encuentre sometido a la intervención del segundo en cualquier momento.
  • Que el autor del delito actúe dentro de las funciones de su cargo, aunque sea extralimitándose en ellas. Es decir, que el delito se cometa en el desarrollo de su actividad laboral, incluyendo cuando se exceda de sus competencias.

Por tanto, se puede dar la posibilidad que, ante la comisión de un delito por parte de un empleado nuestro, llevado a cabo en su horario laboral, si el mismo no pudiera hacer frente a la posible indemnización por los daños causados a los perjudicados en concepto de responsabilidad civil, sea la empresa, de manera subsidiaria la que deba hacer frente al pago de la misma. 

En cualquier caso, ante esta situación, lo más recomendable es acudir  a profesionales que estudien el procedimiento penal y defienda los intereses de la empresa a todos los efectos.

Para cualquier empresa, cualquiera que sea el sector al que pertenezca, resulta fundamental contar con un abogadocomo asesor legal que le ayude a gestionar y resolver los problemas de índole jurídico que se generan en el desarrollo de su actividad, tanto en las relaciones con los empleados, como con los clientes o proveedores. El campo de actuación del abogado de empresa abarca tanto el asesoramiento preventivo para evitar situaciones que pongan en peligro buen funcionamiento de la misma, como, si ello resultara necesario, la efectiva actuación extrajudicial y judicial ante los juzgados y tribunales, en defensa de los interesas del negocio. Contacte con nosotros.

Estefania Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados