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CÓMO RECLAMAR SI MI HIPOTECA TIENE IRPH

IRPH son las siglas del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios y se utiliza como referente para calcular las cuotas de los préstamos hipotecarios.

Tradicionalmente había  3 tipos de IRPH: el de los bancos, el de las cajas y el del conjunto entidades (una media de los dos). Desde el 1 de noviembre de 2013, el Banco de España dejó de publicar los siguientes índices (en virtud de la Disposición Adicional 15ª.3 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización):

  • Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por los bancos (IRPH-Bancos).
  • Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorros (IRPH- Cajas).
  • Tipo activo de referencia de las cajas de ahorros (CECA).

Así que actualmente, sólo se publica IRPH del Conjunto Entidades.

¿DE DÓNDE SALE EL IRPH?

El IRPH se calcula con la media mensual del interés aplicado a las hipotecas de nueva constitución de las diferentes ofertas del mercado hipotecario que han inscrito los bancos y cajas de ahorros. Para que este índice se actualice hace falta que la propia banca envíe datos económicos al Banco de España. Esto hace que esos datos se entreguen sin auditorías externas y con opacidad.

Cuantos más préstamos conceda un banco con un índice más elevado, esto hará que se eleve el IRPH. Es decir, si contratan más préstamos a un interés superior, el índice se eleva. Si se comercializan más préstamos a un precio inferior, el interés disminuye.

Así, el IRPH el resultado de una mayoría simple, no ponderada, que en ningún caso podrá representar una realidad de mercado, pues tendrá en cuenta los datos de todas las entidades por igual, sin tener en cuenta el tamaño de los bancos o volumen de préstamos concedidos. Recoge el tipo de interés inicial fijo que aplican las entidades y/o el valor del índice de referencia más los diferenciales que se le vienen a aplicar a los clientes, más las comisiones de apertura y/o estudio, al medirse en base a la TAE, partiendo de datos obtenidos a través de las propias entidades que conceden los productos bancarios a los distintos clientes españoles, consumidores y empresas.

Las personas con una hipoteca vinculada al IRPH o CECA se ven perjudicados cuando los bancos suben las comisiones de apertura/estudio, los tipos fijos iniciales y/o los diferenciales a aplicar sobre el índice de referencia, ya que el IRPH se calcula a través de la media de las hipotecas que se conceden, según la TAE.

En definitiva, la operativa bancaria incide en el IRPH de tal forma que éste resulta fácilmente manipulable, ya que el cálculo no es transparente porque los datos que facilitan las entidades, a partir de los que el Banco de España calcula, no son públicos y, por tanto, los consumidores no pueden siquiera verificarlas.

 EVOLUCIÓN IRPH vs EURIBOR

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Como vemos, el IRPH siempre cotiza por encima del Euribor, siendo su repercusión directa en la cuota mensual de los préstamos hipotecarios: en la práctica, actualmente, supone una diferencia para un préstamo hipotecario de 150.000 euros (dependiendo de las demás condiciones del préstamo hipotecario como importe, plazo, diferencial) aproximadamente de 100-120 euros, lo que al año supone un perjuicio económico anual 1.500 euros.

¿PUEDO RECLAMAR LA NULIDAD DE MI HIPOTECA EN BASE AL IRPH?

A día de hoy son muchas las Sentencias que se han dictado ya declarando como abusivas las llamadas cláusulas suelo, en virtud de las cuales, se pactaba un tipo de interés mínimo por debajo del cuál nunca podría estar el interés de nuestra hipoteca, a pesar de las bajadas del Euribor.

Así pues, la declaración de nulidad se realizaba respecto de dicha cláusula y no respecto del tipo de interés utilizado (Euribor).

No obstante, cada vez con más frecuencia, se han venido presentado reclamaciones sobre la nulidad del propio tipo de interés basado en el I.R.P.H, aunque, en su gran mayoría, dichas reclamaciones  eran desestimadas, por entender que dicho tipo de interés no estaba sometido a los controles de transparencia. 

Hasta la fecha, han sido muchos los Juzgados de Primera Instancia y Audiencias Provinciales de nuestro país que se han aventurado a declarar abusivo tal tipo de interés, en el entendimiento de que es un referencial, como ya hemos visto,  pactado por las entidades bancarias y que, en cierta manera, son éstas las que pueden influir en su evolución, en un claro perjuicio al consumidor.

Sin embargo, el Tribunal Supremo no lo veía así y declaraba que era totalmente lícito y transparente, desestimando así en última instancia las reclamaciones de los clientes. 

CUESTIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TSJUE

Ante la discrepancia de interpretaciones y la clara inseguridad jurídica que ello conllevaba, finalmente el Juzgado nº38 de Primera Instancia de Barcelona, se aventuró a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de La Unión Europea, con el fin de obtener una línea interpretativa que zanjara  finalmente la controversia. 

Si bien la resolución final de tal cuestión, que vendrá de la mano de la sentencia del TSJUE, aún no ha llegado, sí que se ha pronunciado al respecto, el Abogado de la Unión Europea, en el previo y preceptivo informe que tiene que elaborar a la citada sentencia, y en el que ha dejado una puerta abierta a posibles futuras reclamaciones.

¿Qué es lo que ha dicho el Abogado General del TJUE en relación al IRPH?

El Abogado General de la Unión Europea considera que dicho tipo de referencia, sí ha de estar sometido al control de transparencia y, por tanto, si éste no es superado, podría ser declarado nulo con todas las consecuencias legales inherentes.

Tales consecuencias, podrían ser tan extremas como que, si no se pactó un tipo de interés sustitutivo, el préstamo quede sin índice de referencia y, por tanto, no pueda aplicarse ningún tipo de interés, quedando así gratuito, con la consecuente devolución de las cantidades pagadas de más. 

No obstante, dicho informe a pesar de guiar en gran medida a los jueces del TJUE a la hora de dictar sentencia, no resulta vinculante para el Tribunal, por lo que, podría ser que todo se quedara en la simple interpretación del abogado de la Unión Europea. 

Una vez más, toca esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie y cierre la polémica, sentando ya sí unas bases interpretativas que den seguridad jurídica plena al consumidor que reclame.

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CÓMO RECLAMAR ENTONCES EL IRPH

Ante la complejidad de tales asuntos, lo más recomendable es siempre buscar asesoramiento profesional, consultar con abogados especialistas en la materia, que estudien el caso en concreto, a fin de que la reclamación resulte lo más beneficiosa posible para usted.

El proceso a seguir en estos casos sería, en primer lugar, revisar la escritura de la hipoteca y verificar que el préstamo hipotecario está referenciado al índice IRPH, e interponer la reclamación extrajudicial ante la entidad bancaria correspondiente.

Es importante tener en cuenta que los bancos, incluso sin haber presentado una previa reclamación extrajudicial, están contactando con sus clientes, para alcanzar acuerdos que incluyen cláusulas de renuncia a reclamar en un futuro las cantidades que les pudieran corresponder.

Por ello, RECOMENDAMOS NO FIRMAR ACUERDOS PRIVADOS CON LAS ENTIDADES, SIN CONSULTAR PREVIAMENTE CON UN ABOGADO ESPECIALISTA.

Una vez tramitada la correspondiente reclamación extrajudicial, si no hubiera una respuesta positiva por parte de la entidad bancaria, se interpondría la correspondiente demanda judicial ante el órgano jurisdiccional competente, ejercitando una acción declarativa de nulidad con las correspondientes consecuencias inherentes: eliminación del IRPH y devolución de las cantidades indebidamente cobradas.

IMPORTANTE: LA ACCIÓN DE NULIDAD ES IMPRESCRIPTIBLE, no existe plazo para ejercitarla, por tanto, aunque el préstamo esté cancelado, también puede reclamarse las cantidades indebidamente cobradas.

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

 

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¿EXISTE EL DERECHO A DESEMPLEO EN LA EMPRESA FAMILIAR?

Las empresas familiares suponen, a día de hoy, una importante representación del sector empresarial en nuestro país. Ello supone que muchos cónyuges e hijos, además de la relación personal, mantienen una relación laboral entre ellos, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva. 

Sin embargo, cuando esta relación se extingue, puede surgir en el trabajador, que es también familiar del empresario, la siguiente duda: ¿existe el derecho a desempleo cuando eres un familiar en la empresa? Veamos.

DERECHO A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Con carácter general, tiene derecho al desempleo todo trabajador por cuenta ajena que haya finalizado la prestación de sus servicios en una relación laboral, siendo precisamente la nota de ajeneidad uno de los requisitos que hace nacer el derecho a tal prestación.

RELACIÓN LABORAL FAMILIAR Y REAL

Si bien, cuando el trabajador sea, además, familiar del empleador, para saber si se tiene derecho a la prestación por desempleo habrá que diferenciar entre relación laboral familiar y relación laboral real:

  • Se entiende por relación laboral familiar, la relación laboral mantenida entre el empresario y su cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes por consaguinidad o afinidad hasta el segundo grado que convivan con éste. En este caso, se entiende que el resultado del trabajo beneficia al núcleo familiar completo incluido empresario y trabajador por lo que el trabajador no tendría derecho a desempleo. 
  • Por el contrario, la relación laboral real es aquella que efectivamente se desarrolla y que viene marcada por esa nota de ajeneidad, por lo que en este caso, el trabajador sí tendría derecho a prestación por desempleo. 

Sin embargo, aunque el caso de las relaciones laborales familiares con carácter general no ha lugar al nacimiento de la prestación, como hemos visto se establece una excepción y es que, cuando se acredite que dicha relación sí es una relación real marcada por esa nota de ajeneidad si habrá lugar a obtener la prestación por desempleo.

Es decir que, cuando un trabajador sea familiar del empresario, la regla general es que no habrá desempleo, salvo prueba en contra que demuestre la efectiva prestación de los servicios. 

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ACREDITACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON AJENEIDAD

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Para ello, basta con acreditar la recepción del salario real, el tiempo que lleva trabajando, la cotización, las funciones reales y efectivas que ostenta en su puesto de trabajo, la cotización a la Seguridad Social, registro de jornada, y todo aquello a través del cual quede demostrado que el trabajo realizado por el trabajador, a pesar de su vínculo familiar con el empresario, venía marcado por una nota de ajeneidad que correspondía a una real relación laboral que a su extinción, daría lugar al nacimiento de la prestación por desempleo. 

No obstante, muy frecuentemente el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiende a denegar dichas solicitudes por entender que la relación laboral era familiar y que el trabajador debía haber ostentado la condición de autónomo colaborador, sin embargo, como decimos, dicha conclusión puede ser contrariada presentado los medios de prueba suficientes que acrediten que la relación laboral era real. 

Si le ha sido denegada la prestación por desempleo o tiene dudas acerca de si tiene derecho a solicitarla, le recomendamos solicitar el asesoramiento profesional a fin de obtener los mayores beneficios y salvaguardando siempre sus intereses.

ASELEC, asesoría y abogados cuenta con un equipo de Letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas.

La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le garantizan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Los Abogados de ASELEC asesoría y abogados se coordinan con el equipo de Asesores, lo que implica un conocimiento y tratamiento completo de los asuntos. Por ello, conseguimos ofrecer un asesoramiento integral con los mejores resultados.

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

 

 

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RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS DE LAS EMPRESAS EN UNA U.T.E

La unión temporal de empresas (U.T.E) es un sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro.

Se trata de un sistema de colaboración entre empresas para llevar a cabo una determinada actividad en un concreto periodo de tiempo y que carece de personalidad jurídica propia, lo que las diferencia de las Agrupaciones de Interés Económico que sí tienen, cuya representación la ostenta un gerente único frente a terceros.

Ya tratamos en nuestro Blog del régimen fiscal que regula estas U.T.Es. Si quiere recordarlo, le dejamos el enlace aquí:

¿QUÉ ES UNA U.T.E?

El régimen jurídico de las U.T.E o Unión Temporal de Empresas viene regulado en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Regional

Se trata de una entidad sin personalidad jurídica propia constituida para la colaboración empresarial cuyo objeto es el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro por un período de tiempo determinado el cual coincide con la duración del contrato y vigencia de la entidad.

La constitución de la UTE se formaliza en escritura pública en la que se comunica el nombre, apellidos, razón social de los otorgantes, su nacionalidad y su domicilio, la voluntad de los otorgantes de constituir la entidad y los estatutos o pactos que han de regir el funcionamiento de la misma.

Las empresas miembros de una UTE pueden ser personas físicas o jurídicas residentes en España o en el extranjero y debe designarse un Gerente único, con poderes suficientes de todos y cada uno de sus miembros para ejercitar los derechos y contraer las obligaciones correspondientes.

¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENEN LAS EMPRESAS QUE COMPONEN UNA U.T.E?

Como ya hemos dicho, las empresas que constituyan una U.T.E deberán hacerlo a través de escritura pública donde se deberá reflejar la participación que ostenta cada una de ellas e inscribirla en el Registro Mercantil.

Sin perjuicio de la participación que cada una de dichas empresas tenga, resulta imprescindible saber que la responsabilidad que contraen frente a terceros cada una de ellas, es solidaria e ilimitada. Pero, ¿qué significa esto?

La responsabilidad solidaria es aquella en la que, existiendo varios deudores, el acreedor puede dirigirse indistintamente a cualquiera y exigirle la deuda total pudiendo ir contra la totalidad de sus bienes, de ahí su naturaleza de ilimitada. Es decir, que, de cualquier deuda que tenga la U.T.E responde cada una de sus empresas por el 100 % de la misma, independientemente de la participación que tenga en la U.T.E. 

Si bien, aunque tal responsabilidad es ilimitada frente a terceros, no lo es entre las empresas que la conforman, pudiendo, una vez saldada la deuda por una sola de las empresas, repetir frente a las demás en la proporción que ostenten.

CÓMO SE RECLAMA A LAS EMPRESAS DE UNA U.T.E

¿Pueden los acreedores reclamar directamente a las empresas conformantes?

No, el acreedor deberá primeramente intentar saldar su deuda a través de los bienes de la U.T.E, y, una vez que esto devenga ineficaz, podrá dirigirse a la empresa o empresas que la conforman y reclamarle la deuda de la U.T.E.

¿CUÁNDO NACE ESA RESPONSABILIDAD?

Igualmente, es importante saber que la responsabilidad solidaria de la que hablamos únicamente nace por obligaciones contraídas por el gerente de la U.T.E en representación de ésta. Por tanto, no habrá lugar a reclamar responsabilidad a una de las empresas por las deudas contraída de manera exclusiva y en su propio nombre por otra, aun cuando se haga durante la vigencia de la U.T.E.

No obstante, si existe una reclamación por parte de un tercero sobre una deuda contraída por la U.T.E, lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional a fin de dirimir si, efectivamente, debemos responder frente a tal acreedor y las posibilidades de repetición frente al resto de empresas de acuerdo a su participación. 

Para cualquier empresa, cualquiera que sea el sector al que pertenezca, resulta fundamental contar con un abogadocomo asesor legal que le ayude a gestionar y resolver los problemas de índole jurídico que se generan en el desarrollo de su actividad, tanto en las relaciones con los empleados, como con los clientes o proveedores.

El campo de actuación del abogado de empresa abarca tanto el asesoramiento preventivo para evitar situaciones que pongan en peligro buen funcionamiento de la misma, como, si ello resultara necesario, la efectiva actuación extrajudicial y judicial ante los juzgados y tribunales, en defensa de los interesas del negocio. Contacte con nosotros.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

 

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¿PUEDO RECLAMAR A MI DEUDOR LOS GASTOS DE CONFIRMING?

Hoy en día, resulta muy habitual que las empresas, en sus relaciones comerciales, hagan uso de sistemas financieros para la gestión del cobro anticipado de sus facturas.

Uno de ellos, es el llamado confirming.  Dicho sistema deriva en una ventaja para la empresa obligada al cobro, aunque para el proveedor supone unos costes que ha de asumir. Veamos en que consiste.

EL CONFIRMING

El confirming es un sistema de gestión de cobros, que no de deudas, en virtud del cual, una empresa encomienda, generalmente a una entidad financiera, el pago de las facturas a proveedores de manera anticipada a su fecha de vencimiento. De esta manera, el acreedor no genera deuda y el proveedor no necesita esperar a la fecha de vencimiento de las facturas para su cobro, si no que puede hacerlas efectivas en cualquier momento.

LOS GASTOS DEL ACREEDOR EN EL CONFIRMING

Pero, ¿qué gastos tiene que soportar el acreedor para beneficiarse de este sistema?

Como decíamos, para la empresa acreedora la ventaja de cobrar anticipadamente supone un gasto que, en muchas ocasiones, no resulta baladí, pues el hecho de adherirse a este sistema de pagos va a suponer que la entidad financiera nos cobre una comisión sobre el importe de la factura además de un tipo de interés.

Aunque, en un primer momento nos pueda parecer un gasto mínimo si se trata de una factura únicamente, dicho gasto ha de tenerse presente a la hora de hacer uso del confirming puesto que, cuando nos encontramos ante una relación comercial constante con nuestro deudor y, máxime, cuando se trate de facturas de cuantía elevada, dichas comisiones e intereses pueden suponer un gasto importante para nuestra empresa.

Ahora bien, ¿puedo repercutir tales gastos a mi deudor? la respuesta es negativa.

La jurisprudencia viene considerando este sistema como un sistema al que su adhesión resulta voluntaria, por lo que, desde el momento de dicha adhesión, se consideran asumidos los gastos que ello conlleve, sin que dichos gastos puedan ser encuadrados y por tanto, reclamados, en concepto de los gastos por gestión de cobro que prevé la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad, en los que únicamente se pueden encuadrar, además del coste fijo de 40 € por factura cuyo pago se reclama, los gastos ocasionados por la intervención de abogado y procurador para el cobro de la misma. 

De esta manera, a pesar de que el confirming puede constituir una vía de escape para las empresas que tienen facturas pendientes de cobro cuando su deudor ha fijado un plazo de vencimiento de las mismas elevado, obteniendo así un cobro casi inmediato, hay que estudiar con atención los gastos que pueden conllevar para nuestra empresa pues, en ocasiones, podría ocasionar un elevado coste. 

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Por todo ello, a la hora de decidir aceptar el sistema de confirming como sistema de cobro anticipado de facturas, lo mejor es pedir asesoramiento profesional a fin de estudiar los costes que ello conllevaría para tu empresa, teniendo en cuenta que dichos costes no van a poder ser reclamados al deudor.

Si no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Aselec, asesoría y abogados

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¿QUÉ ES EL CÓDIGO LEI?

El código LEI es un código global y único basado en el estándar ISO 17442, que se utiliza para identificar a las personas jurídicas que son parte en las transacciones financieras y para cumplir con los requisitos de información exigidos en los mercados financieros. Según sus siglas en inglés LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) lo traducimos como Identificador de Entidad Jurídica.

¿Para qué sirve el código LEI?

De acuerdo con la normativa europea, el código LEI debe ser empleado para identificar a las partes contratantes en las transacciones financieras en todo el mundo, de manera que facilita a los reguladores la identificación de los posibles riesgos sistémicos en las primeras fases. El objetivo final del LEI es mejorar la gestión de los riesgos financieros.

¿Qué entidades son susceptibles de tener un código LEI?

En este momento, todas las empresas que participan en el comercio de derivados necesitan un LEI. Los primeros destinatarios son las entidades financieras:

  • Bancos y compañías financieras
  • Entidades que emiten acciones, deuda o valores para otras estructuras de capital
  • Entidades que coticen en bolsa
  • Entidades que comercien acciones o deuda
  • Medios de inversión, incluyendo fondos de inversión, fondos de pensiones y medios de inversión alternativos constituidos como entidades corporativas o acuerdos de inversión colectiva (fondos paraguas, fondos de cobertura, capital de riesgo, etc.)
  • Entidades bajo la supervisión de un regulador financiero y sus afiliadas, filiales y sociedades cartera
  • Entidades de contrapartida para transacciones financieras.
  • Comunidades de Bienes
  • Sucursales internacionales
  • Actualmente no se les puede asignar un código LEI a:
  • Personas físicas
  • Sucursales cuya matriz también se encuentre en España

¿Cuál es el formato del código LEI?

El formato está basado en las especificaciones proporcionadas por la norma ISO 17442. Consta de 20 caracteres alfanuméricos y sigue el siguiente patrón:

Prefijo – Dígitos Reservados – Código alfanumérico aleatorio – Dígitos de control
9598 (*) 00 N60CEGKTATBG 90
(*) 9598 es el prefijo asignado al LOU español por el ROC

¿Qué información de la entidad se registra junto al código LEI?

Cada Registro LEI contiene la siguiente información sobre la entidad:

  • Nombre oficial de la entidad
  • Domicilio legal de la entidad
  • Domicilio real de la sede principal de la entidad
  • País / Región de jurisdicción legal
  • Categoría de la Entidad
  • Código LEI y/o Nombre o denominación de la entidad gestora cuando la categoría de la entidad sea FONDO (FUND).
  • Forma social
  • Número en el Registro de entidades y nombre del Registro
  • Código LEI del LOU responsable del Registro LEI de la entidad
  • Fecha de registro inicial del LEI
  • Fecha de la última actualización de datos
  • Fecha y motivo de terminación del LEI
  • Datos de Relación Directa de la entidad
  • Datos de la Relación Última de la entidad

La solicitud del LEI la hará un representante legal de la sociedad con facultades para ello, o bien una tercera entidad autorizada a través de la página web del Ministerio de Justicia.

Una vez cumplimentada solicitud, se firmará por el representante legal y se presentará en el Registro Mercantil de tramitación junto con el justificante de pago de los correspondientes honorarios por la emisión del LEI

La concesión del código no es inmediata, pero suele ser una tramitación rápida que no suele demorarse más de 15 días hábiles. En este tiempo el Registrador debe verificar la validez de los datos de referencia, basándose en la información disponible en diferentes fuentes públicas.

El código LEI es válido durante un año a partir de la fecha de emisión, por lo tanto, se tendrá que renovar periódicamente.

Si no tiene claro cómo cumplimentar la solicitud y necesita ayuda de un profesional, en ASELEC Asesoría y Abogados estaremos encantados de ayudarle con el trámite.

Contacte con nosotros sin compromiso.
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Inma Teruel
Economista
Dpto. Fiscal-Contable
ASELEC, asesoría y abogados.

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DESPIDO DE UNA EMBARAZADA EN PERIODO DE PRUEBA

Si, como empresario está valorando la extinción laboral de una trabajadora embarazada en periodo de prueba, debe conocer los efectos que puede conllevar tal despido, puesto que estamos ante una situación excepcional, amparada y regulada expresamente por la normativa laboral de nuestro ordenamiento jurídico.

EL PERIODO DE PRUEBA LABORAL

El periodo de prueba es el espacio de tiempo dentro del cual tanto el empleador como el empleado pueden dar por terminada la relación laboral sin necesidad de alegar causa alguna y sin que haya derecho a indemnización a ninguna de las partes.

LA DURACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA

Este periodo, se encuentra regulado en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores que establece que la duración del mismo será el que pacten las partes, pero siempre sujetos a las limitaciones que pudiera establecer el convenio colectivo y, en defecto de pacto:

  • Para los técnicos titulados no podrá exceder de seis meses.
  • Para los demás trabajadores no podrá exceder de dos meses.
  • Para las empresas de más de 25 trabajadores:
  • Para los trabajadores que no sean técnicos titulados no podrá exceder de tres meses. 
  • Para los contratos temporales de duración determinada por tiempo no superior a 6 meses, no podrá exceder de 1 mes, salvo disposición en contra en convenio colectivo.

Sin embargo, como decimos, no se requiere ninguna causa que justifique la extinción del contrato durante el periodo de prueba por ninguna de las partes.

EXCEPCIÓN A LA REGLA: LA TRABAJADORA EMBARAZADA

No obstante, sí hay que tener en cuenta el párrafo 2º del apartado 2 del señalado artículo 14, que establece la nulidad de tal extinción laboral en el caso de que la trabajadora esté embarazada, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo. 

Es decir, para dar por terminada una relación laboral durante el periodo de prueba no se requiere causa alguna, pero con una excepción. En caso de que dicha trabajadora se encontrara embarazada, se presumirá nula tal extinción, salvo que se pueda acreditar que la misma fue por motivos distintos al embarazo.

En relación a ello, el artículo 55.5 prevé la nulidad de los despidos llevados a cabo durante el embarazo, siendo el efecto de la declaración de nulidad de tal despido la readmisión inmediata de la trabajadora con abono de los salarios dejados de percibir. 

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EL EMPRESARIO TIENE LA CARGA DE LA PRUEBA

En estos supuestos, y como ya se ha adelantado, se produce una inversión de la carga de la prueba debiendo ser el empresario el que justifique las razones de la extinción laboral y que nada tuvieron que ver con el embarazo de la trabajadora, sino que, se debió única y exclusivamente a que efectivamente no cumplió con los objetivos marcados que dieran lugar a la superación del periodo de prueba, en base a una justificación objetiva y razonable.

Y ello porque, si el empleador no logra justificar que desconocía que al momento de extinguir el contrato desconocía el embarazo de la trabajadora, o que, conociéndolo, las razones del despido fueron ajenas a ello, se presumirá un despido nulo con los efectos inherentes que ello conlleva, puesto que se dará por hecho que se ha producido la extinción laboral por motivos discriminatorios por razón de sexo lo que sin duda supone una vulneración de un derecho fundamental. 

CONSULTE UN ABOGADO DE EMPRESA PARA EVITAR SORPRESAS DESAGRADABLES.

Por tanto, como empresario, a la hora de valorar la extinción laboral de algún trabajador, lo más inteligente es buscar asesoramiento profesional, a fin de examinar los requisitos personales de cada trabajador y que concurren en cada caso y valorar las posibilidades con las que cuenta el empresario, así como los efectos que pudiera conllevar tal despido.

Si todavía no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

 

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ESPAÑA ANTE EL TJUE POR EL MODELO 720

La Comisión lleva a España ante el Tribunal por imponer sanciones desproporcionadas en caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre activos mantenidos en el extranjero.

EL MODELO 720 O DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO.

Durante el primer trimestre de cada año natural existe una obligación fiscal informativa mediante la cual se comunican a la Agencia Tributaria aquellos bienes y derechos de contenido económico que posee el contribuyente en el extranjero. Para dar cumplimiento a esta obligación fiscal se debe presentar el modelo 720.

El plazo de presentación es del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente al que se refiere la información a suministrar, por lo que el referido al 2018 puede presentarse hasta el 1 de abril de 2019.

Para conocer todos los detalles acerca de esta declaración fiscal informativa del modelo 720, pueden consultar los siguientes enlaces de nuestro blog, donde encontrará las respuestas a las siguientes cuestiones:

  • ¿En qué consiste el modelo 720?
  • ¿Quiénes están obligados a su presentación?
  • ¿Hay alguna exención a esta obligación fiscal informativa?
  • ¿Cuándo se presenta el modelo 720?
  • ¿Cuál es el régimen sancionador aplicable?

EL MODELO 720 A EXAMEN 

Esta declaración  fue recientemente cuestionada por diversas entidades, incluida la Comisión Europea y  podría llegar a ser declarada ilegal debido a su desproporcionado régimen sancionador. Sin embargo, lo cierto es que hasta la fecha la normativa española no ha variado en este sentido y, por tanto, sigue existiendo la obligación de presentar esta declaración en el presente ejercicio 2019. Veamos en qué ha consistido esta reciente polémica alrededor de la declaración del modelo 720.

En febrero de 2017, la Comisión Europea instaba a las autoridades españolas a la modificación del régimen sancionador por la no presentación, no presentación en plazo o con datos falsos, de la declaración sobre los activos mantenidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

La Comisión consideraba que las multas impuestas en el caso de incumplimiento son desproporcionadas. Además, consideraba que estas sanciones pueden impedir a las empresas y a los particulares invertir o trasladarse a través de las fronteras en el mercado único.

Las primeras manifestaciones de las autoridades tributarias de España tras el dictamen de la Comisión Europea hablaban de bajar el importe de las sanciones, sin embargo, hasta la fecha la normativa española no ha variado en este sentido y, por tanto, sigue existiendo la obligación de presentar esta declaración en el presente ejercicio 2019.

FINALMENTE ESPAÑA LLEVA EL MODELO 720 ANTE EL TJUE

Llegados a este punto, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la imposición de sanciones desproporcionadas a los contribuyentes españoles por no comunicar los activos mantenidos en otros Estados miembros de la UE y del EEE («el Modelo 720»).

Actualmente, España exige que los contribuyentes residentes presenten información sobre los activos que mantienen en el extranjero. Esto incluye bienes, cuentas bancarias y activos financieros. De no presentarse esta información a tiempo y en su totalidad, pueden imponerse sanciones superiores a las aplicadas en caso de infracciones similares en una situación puramente nacional y que tal vez lleguen a superar el valor de los activos en el extranjero.

La Comisión considera que esas sanciones por cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación legítima de presentar información son desproporcionadas y discriminatorias. Pueden disuadir a empresas y particulares de realizar inversiones o ejercer la libre circulación a través de las fronteras en el mercado único.

Por consiguiente, estas disposiciones entran en conflicto con las libertades fundamentales en la UE, como la libre circulación de personas, la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.

Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

Si no tiene claro si está obligado a presentar esta declaración informativa o si necesita ayuda en su confección y presentación, no dude en contactar con nosotros, en ASELEC Asesoría y Abogados disponemos de un equipo de profesionales en materia fiscal que le proporcionará toda la ayuda que necesite para cumplir con sus obligaciones fiscales.

 

Fuente: Comisión Europea

Foto: REUTERS/Francois Lenoir

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PAGARÉ IMPAGADO, ¿QUÉ PUEDO HACER?

En el tráfico mercantil, es muy habitual que, como medio de pago, el deudor expida un pagaré a nombre del acreedor, con una fecha concreta en la que poder hacer efectivo el pago, conocida como fecha de vencimiento. 

Sin embargo, es probable que, presentado en la entidad bancaria, nos lo devuelvan por no tener fondos. ¿Qué opciones tenemos ante esta situación?

OPCIONES ANTE EL IMPAGO DE UNA DEUDA

Ante el impago de una deuda, el acreedor tiene varias opciones frente al deudor, puesto que, si la reclamación extrajudicial no resulta exitosa, se pueden interponer acciones judiciales por medio del procedimiento verbal u ordinario en función de la cuantía reclamada.

No obstante, ante uno u otro, casi con total seguridad deberemos esperar a la vía ejecutiva para hacer efectivo el pago, lo que supone la interposición de dos procesos judiciales, el ordinario y el ejecutivo.

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PAGARÉ COMO MEDIO DE PAGO

Sin embargo, el hecho de que el pago se haya realizado mediante la expedición de un pagaré, otorga una mayor seguridad y eficacia al acreedor a la hora de cobrarlo y es que, un pagaré es un título ejecutivo que cuenta con un procedimiento judicial específico para hacer directamente efectivos los pagos que se hagan por medio de los mismos. 

EL PROCEDIMIENTO CAMBIARIO DEL PAGARÉ IMPAGADO

El procedimiento cambiario se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil como un proceso sumario y especial para este tipo de situaciones en las que presentado el pagaré impagado directamente se le da traslado al deudor para que pague en el plazo de 10 días o se oponga. Si bien, la importancia que reviste este procedimiento, además, es que las causas de oposición están tasadas por Ley, siendo además muy concretas. 

El deudor solo podrá alegar como causas de oposición las siguientes:

1º.- Inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma. 

2º.- Falta de legitimación del tenedor o de las formalidades del pagaré. 

3º.- Extinción del crédito. 

Fuera de dichas causas, el deudor únicamente podrá proceder al pago. En caso contrario, se procederá directamente a despachar ejecución, para lo cual se realizará investigación patrimonial del deudor procediendo a los embargos de los bienes que sean necesarios para cubrir la deuda. 

En caso de oposición, se resolverá directamente el Tribunal, salvo que las partes pidan la celebración de una vista en cuyo caso se resolverá posteriormente. 

El plazo para interponer el procedimiento es de 4 años. 

No obstante, ante una situación de impago, lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional a fin de examinar el caso concreto y las soluciones más apropiadas para ello.

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El abogado de la empresa juega un papel fundamental en los casos de reclamación de facturas impagadas, pues su intervención no solamente queda reducida al requerimiento extrajudicial o procedimiento judicial en caso de que se desatienda la solución amistosa, si no que aún interpuesta la demanda de juicio monitorio, el abogado seguirá trabajando a fin de llegar finalmente a un acuerdo frente al deudor, realizando negociaciones con éste o con su abogado en su caso, a efectos de conseguir un acuerdo transaccional y solucionar el asunto de la manera más beneficiosa para la empresa, reduciendo una vez más, tiempo y gastos.

Si no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

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HAN RESUELTO MI CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN ¿PUEDO RECLAMAR?

El contrato de distribución y su regulación.

El contrato de distribución es aquel en el que el productor o fabricante acuerda con el distribuidor la entrega de bienes para su comercialización, actuando en nombre propio y obteniendo como beneficio el margen ganado en la reventa. Estos contratos son denominados atípicos debido a su falta de regulación normativa, aunque dicha carencia ha ido siendo suplida doctrinal y jurisprudencialmente, ayudada por la aplicación analógica de la Ley del Contrato de Agencia.

La problemática surge cuando, debido precisamente a esa ausencia normativa, de manera unilateral y sin preaviso, el productor o fabricante decide resolver el contrato al distribuidor.

¿Tiene derecho el distribuidor a algún tipo de indemnización? ¿Qué conceptos puede reclamar? ¿Cómo se calculan? ¿Qué plazo tiene para reclamar?

La Ley del Contrato de Agencia, en sus artículos 25, 28 y 29 contempla los conceptos indemnizatorios a reclamar en caso de resolución del contrato y que se vienen aplicando analógicamente al contrato de distribución, si bien, dicha aplicación ha sido matizada por la jurisprudencia, habiendo establecido que no tendrán lugar en todo caso si no, siempre y cuando se acrediten los requisitos exigibles para ello, pudiendo reclamar la falta de preaviso, la indemnización por clientela y daños y perjuicios sufridos.

En cuanto a la falta de preaviso, en primer lugar, habrá de estarse a lo pactado en el contrato suscrito por las partes y, a falta de pronunciamiento expreso sobre ello, habrá de estarse a lo establecido en el artículo 25 de la LCA, que dispone que será de un mes por cada año de vigencia del contrato, con un máximo de seis.

En caso de incumplimiento, el distribuidor tendrá derecho a la indemnización de la ganancia que el distribuidor esperaba obtener y que se ha visto frustrada de manera repentina y sin margen de maniobra para reorientar su negocio.

¿Cómo se calcula? Se calculará acudiendo al beneficio medio mensual obtenido durante los últimos 5 años y proyectado sobre los meses que debían haber concurrido de preaviso.

El nacimiento de la indemnización por clientela exige la concurrencia de tres requisitos:

1º.- Que el distribuidor haya incrementado sensiblemente la clientela preexistente o aportado nuevos clientes;
2º.- Que de ello se deriven ventajas sustanciales para el empresario en la medida en que pueda aprovecharse de la cartera de clientes creada por el distribuidor;
3º.- Que la indemnización resulte equitativamente procedente por las circunstancias que concurran.

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Si se acredita el cumplimiento de estos aspectos, el distribuidor debido a la sorpresiva resolución de su contrato, puede solicitar una indemnización por ello.

¿Cómo se calcula? Se calculará atendiendo al importe medio anual de las remuneraciones percibidas en los últimos cinco años, efectuando dicho cálculo sobre los beneficios netos obtenidos por el distribuidor una vez descontados los gastos y los impuestos.

Por último, se podrá reclamar también una indemnización por los daños y perjuicios que contemplarán todos aquellos que la resolución del contrato le ha causado tales como los gastos de promoción, inversión, publicidad o personal que haya realizado el distribuidor y que no puedan ser amortizados.

Y, ¿cuánto tiempo tengo para reclamar?

Retomando la atipicidad de este contrato, no se existe un plazo especial para el ejercicio de estas acciones, quedando amparado por el plazo general que, hasta 2015 era de 15 años y que, desde dicho año, se vio reducido a 5.

No obstante, se trata de procedimientos muy particulares dependiendo del caso en cuestión pues, en la práctica la mayoría de ellos se pactan de manera verbal, se incluyen cláusulas de exclusividad, etc. Por tanto, en caso de resolución unilateral por parte del fabricante, lo mejor es buscar asesoramiento profesional a fin de que estudie el asunto en profundidad y determine cuáles son los pasos a seguir en defensa de tus intereses.

ASELEC, asesoría y abogados cuenta con un equipo de Letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas.

La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le garantizan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Los Abogados de ASELEC asesoría y abogados se coordinan con el equipo de Asesores, lo que implica un conocimiento y tratamiento completo de los asuntos. Por ello, conseguimos ofrecer un asesoramiento integral con los mejores resultados.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico
Aselec, asesoria y abogados

DEFENSA DE LA MARCA ANTE COPIA ASELEC ABOGADOS

HAN COPIADO MI MARCA ¿QUÉ PUEDO HACER?

Muchas son las empresas o autónomos profesionales que ven plagiada su marca y que, en consecuencia, sufren evidentes perjuicios por la confusión que a sus clientes les pueda causar. Pero, ¿sabe cuándo se comete realmente plagio?¿Qué acciones puede emprender?¿Qué puede se puede reclamar?

La Ley de Marcas y el Código Penal establecen la regulación de todos estos aspectos que nos ayudaran a sacarnos de dudas.

LA MARCA

Una marca es un signo de distinción que puede venir constituido por una palabra, dibujo, letras, cifras colores o formas y que permite identificar los productos o servicios de una empresa y distinguirla de las demás.

La Ley permite su registro en la Oficina de Patentes y Marcas para ofrecer una seguridad plena a aquella empresa que la ha creado permitiendo su distinción frente a los demás competidores.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS

El proceso se inicia con una solicitud que se remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que se incluirá una representación de la marca que se pretenda inscribir y los productos o servicios a que vaya referida. Tal solicitud se examinará y si se cumplen los requisitos establecidos tanto legal como reglamentariamente se procederá a su inscripción.

El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

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BENEFICIOS DE REGISTRAR UNA MARCA

La inscripción de la marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma, de manera que solo él podrá hacer uso de ella. De esta manera, queda prohibida su utilización por cualquier tercero sin consentimiento de su titular, especialmente en los supuestos en los que:

1º.- Los signos distintivos sean idénticos o similar y, además, venga referida para los mismos productos o servicios y si, además, existen altas probabilidades de confusión para el público.
2º.- El signo sea idéntico o similar a la marca y ésta goce de renombre en España independientemente de si se utilizan para los mismos productos o servicios.

¿QUÉ OCURRE SI COPIAN MI MARCA?

Si otra empresa elabora una marca que pueda ser similar o idéntica a la que tenemos registrada, siendo además utilizada para el mismo producto o servicio, debemos hacer valer los derechos que nos otorga la Ley.

Así, los artículos 40 y ss de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 274 y ss del Código Penal, establecen las acciones civiles y penales, respectivamente que se pueden ejercitar ante los Tribunales de justicia en defensa de nuestros intereses.

RECLAMAR EN LA VIA CIVIL

Se podrá reclamar en vía civil la cesación del uso de la marca además de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, incluyendo, en su caso, la adopción de medidas para evitar que se prosiga en su uso tales como retirar del mercado productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o todo aquello en lo que se haya utilizado tal marca.

La indemnización podrá comprender las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener debido a la utilización indebida de la marca y la confusión causada al público.

Incluso es reclamable el perjuicio causado al prestigio de la marca y los gastos de investigación causados para obtener las pruebas pertinentes de la violación del derecho de marca.

Además, hay que saber que, el artículo 43.5 de la Ley de Marcas establece una indemnización directa y sin necesidad de prueba alguna del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor, cuando la utilización indebida de la marca hubiera sido declarada judicialmente.

El plazo para ejercitar estas acciones es de 5 años desde que se conoció la infracción, pudiendo reclamar los conceptos indemnizatorios a que nos hemos referido de los últimos 5 años.

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DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Además, la utilización indebida de una marca registrada puede incluso ser constitutivo de un delito contra la propiedad industrial tipificado en el artículo 274 del Código Penal, estableciendo penas que pueden alcanzar incluso los 4 años de prisión.

No obstante, la jurisprudencia ha ido perfilando los requisitos a la hora de determinar cuándo se ha producido una violación del derecho de marca, realizando en cada caso concretos análisis muy exhaustivos de la marca en cuestión.

Por tanto, cada caso habrá de ser valorado de manera independiente. Lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional para el estudio y la valoración de la posible infracción y, en su caso, la interposición de las acciones correspondientes en defensa de tus intereses.

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Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico
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