ESPAÑA ANTE EL TJUE POR EL MODELO 720

La Comisión lleva a España ante el Tribunal por imponer sanciones desproporcionadas en caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre activos mantenidos en el extranjero.

EL MODELO 720 O DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO.

Durante el primer trimestre de cada año natural existe una obligación fiscal informativa mediante la cual se comunican a la Agencia Tributaria aquellos bienes y derechos de contenido económico que posee el contribuyente en el extranjero. Para dar cumplimiento a esta obligación fiscal se debe presentar el modelo 720.

El plazo de presentación es del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente al que se refiere la información a suministrar, por lo que el referido al 2018 puede presentarse hasta el 1 de abril de 2019.

Para conocer todos los detalles acerca de esta declaración fiscal informativa del modelo 720, pueden consultar los siguientes enlaces de nuestro blog, donde encontrará las respuestas a las siguientes cuestiones:

  • ¿En qué consiste el modelo 720?
  • ¿Quiénes están obligados a su presentación?
  • ¿Hay alguna exención a esta obligación fiscal informativa?
  • ¿Cuándo se presenta el modelo 720?
  • ¿Cuál es el régimen sancionador aplicable?

EL MODELO 720 A EXAMEN 

Esta declaración  fue recientemente cuestionada por diversas entidades, incluida la Comisión Europea y  podría llegar a ser declarada ilegal debido a su desproporcionado régimen sancionador. Sin embargo, lo cierto es que hasta la fecha la normativa española no ha variado en este sentido y, por tanto, sigue existiendo la obligación de presentar esta declaración en el presente ejercicio 2019. Veamos en qué ha consistido esta reciente polémica alrededor de la declaración del modelo 720.

En febrero de 2017, la Comisión Europea instaba a las autoridades españolas a la modificación del régimen sancionador por la no presentación, no presentación en plazo o con datos falsos, de la declaración sobre los activos mantenidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

La Comisión consideraba que las multas impuestas en el caso de incumplimiento son desproporcionadas. Además, consideraba que estas sanciones pueden impedir a las empresas y a los particulares invertir o trasladarse a través de las fronteras en el mercado único.

Las primeras manifestaciones de las autoridades tributarias de España tras el dictamen de la Comisión Europea hablaban de bajar el importe de las sanciones, sin embargo, hasta la fecha la normativa española no ha variado en este sentido y, por tanto, sigue existiendo la obligación de presentar esta declaración en el presente ejercicio 2019.

FINALMENTE ESPAÑA LLEVA EL MODELO 720 ANTE EL TJUE

Llegados a este punto, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la imposición de sanciones desproporcionadas a los contribuyentes españoles por no comunicar los activos mantenidos en otros Estados miembros de la UE y del EEE («el Modelo 720»).

Actualmente, España exige que los contribuyentes residentes presenten información sobre los activos que mantienen en el extranjero. Esto incluye bienes, cuentas bancarias y activos financieros. De no presentarse esta información a tiempo y en su totalidad, pueden imponerse sanciones superiores a las aplicadas en caso de infracciones similares en una situación puramente nacional y que tal vez lleguen a superar el valor de los activos en el extranjero.

La Comisión considera que esas sanciones por cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación legítima de presentar información son desproporcionadas y discriminatorias. Pueden disuadir a empresas y particulares de realizar inversiones o ejercer la libre circulación a través de las fronteras en el mercado único.

Por consiguiente, estas disposiciones entran en conflicto con las libertades fundamentales en la UE, como la libre circulación de personas, la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.

Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

Si no tiene claro si está obligado a presentar esta declaración informativa o si necesita ayuda en su confección y presentación, no dude en contactar con nosotros, en ASELEC Asesoría y Abogados disponemos de un equipo de profesionales en materia fiscal que le proporcionará toda la ayuda que necesite para cumplir con sus obligaciones fiscales.

 

Fuente: Comisión Europea

Foto: REUTERS/Francois Lenoir

pagare-impagado-que-puedo-hacer

PAGARÉ IMPAGADO, ¿QUÉ PUEDO HACER?

En el tráfico mercantil, es muy habitual que, como medio de pago, el deudor expida un pagaré a nombre del acreedor, con una fecha concreta en la que poder hacer efectivo el pago, conocida como fecha de vencimiento. 

Sin embargo, es probable que, presentado en la entidad bancaria, nos lo devuelvan por no tener fondos. ¿Qué opciones tenemos ante esta situación?

OPCIONES ANTE EL IMPAGO DE UNA DEUDA

Ante el impago de una deuda, el acreedor tiene varias opciones frente al deudor, puesto que, si la reclamación extrajudicial no resulta exitosa, se pueden interponer acciones judiciales por medio del procedimiento verbal u ordinario en función de la cuantía reclamada.

No obstante, ante uno u otro, casi con total seguridad deberemos esperar a la vía ejecutiva para hacer efectivo el pago, lo que supone la interposición de dos procesos judiciales, el ordinario y el ejecutivo.

Le interesa

PAGARÉ COMO MEDIO DE PAGO

Sin embargo, el hecho de que el pago se haya realizado mediante la expedición de un pagaré, otorga una mayor seguridad y eficacia al acreedor a la hora de cobrarlo y es que, un pagaré es un título ejecutivo que cuenta con un procedimiento judicial específico para hacer directamente efectivos los pagos que se hagan por medio de los mismos. 

EL PROCEDIMIENTO CAMBIARIO DEL PAGARÉ IMPAGADO

El procedimiento cambiario se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil como un proceso sumario y especial para este tipo de situaciones en las que presentado el pagaré impagado directamente se le da traslado al deudor para que pague en el plazo de 10 días o se oponga. Si bien, la importancia que reviste este procedimiento, además, es que las causas de oposición están tasadas por Ley, siendo además muy concretas. 

El deudor solo podrá alegar como causas de oposición las siguientes:

1º.- Inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma. 

2º.- Falta de legitimación del tenedor o de las formalidades del pagaré. 

3º.- Extinción del crédito. 

Fuera de dichas causas, el deudor únicamente podrá proceder al pago. En caso contrario, se procederá directamente a despachar ejecución, para lo cual se realizará investigación patrimonial del deudor procediendo a los embargos de los bienes que sean necesarios para cubrir la deuda. 

En caso de oposición, se resolverá directamente el Tribunal, salvo que las partes pidan la celebración de una vista en cuyo caso se resolverá posteriormente. 

El plazo para interponer el procedimiento es de 4 años. 

No obstante, ante una situación de impago, lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional a fin de examinar el caso concreto y las soluciones más apropiadas para ello.

Le interesa

El abogado de la empresa juega un papel fundamental en los casos de reclamación de facturas impagadas, pues su intervención no solamente queda reducida al requerimiento extrajudicial o procedimiento judicial en caso de que se desatienda la solución amistosa, si no que aún interpuesta la demanda de juicio monitorio, el abogado seguirá trabajando a fin de llegar finalmente a un acuerdo frente al deudor, realizando negociaciones con éste o con su abogado en su caso, a efectos de conseguir un acuerdo transaccional y solucionar el asunto de la manera más beneficiosa para la empresa, reduciendo una vez más, tiempo y gastos.

Si no cuenta con un abogado de empresa, ASELEC asesoría y abogados dispone de  un equipo de letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán,  realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas. Contacte con nosotros HOY.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

soy-distribuidor-y-me-han-resuelto-el-contrato-puedo-reclamar-aselec

HAN RESUELTO MI CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN ¿PUEDO RECLAMAR?

El contrato de distribución y su regulación.

El contrato de distribución es aquel en el que el productor o fabricante acuerda con el distribuidor la entrega de bienes para su comercialización, actuando en nombre propio y obteniendo como beneficio el margen ganado en la reventa. Estos contratos son denominados atípicos debido a su falta de regulación normativa, aunque dicha carencia ha ido siendo suplida doctrinal y jurisprudencialmente, ayudada por la aplicación analógica de la Ley del Contrato de Agencia.

La problemática surge cuando, debido precisamente a esa ausencia normativa, de manera unilateral y sin preaviso, el productor o fabricante decide resolver el contrato al distribuidor.

¿Tiene derecho el distribuidor a algún tipo de indemnización? ¿Qué conceptos puede reclamar? ¿Cómo se calculan? ¿Qué plazo tiene para reclamar?

La Ley del Contrato de Agencia, en sus artículos 25, 28 y 29 contempla los conceptos indemnizatorios a reclamar en caso de resolución del contrato y que se vienen aplicando analógicamente al contrato de distribución, si bien, dicha aplicación ha sido matizada por la jurisprudencia, habiendo establecido que no tendrán lugar en todo caso si no, siempre y cuando se acrediten los requisitos exigibles para ello, pudiendo reclamar la falta de preaviso, la indemnización por clientela y daños y perjuicios sufridos.

En cuanto a la falta de preaviso, en primer lugar, habrá de estarse a lo pactado en el contrato suscrito por las partes y, a falta de pronunciamiento expreso sobre ello, habrá de estarse a lo establecido en el artículo 25 de la LCA, que dispone que será de un mes por cada año de vigencia del contrato, con un máximo de seis.

En caso de incumplimiento, el distribuidor tendrá derecho a la indemnización de la ganancia que el distribuidor esperaba obtener y que se ha visto frustrada de manera repentina y sin margen de maniobra para reorientar su negocio.

¿Cómo se calcula? Se calculará acudiendo al beneficio medio mensual obtenido durante los últimos 5 años y proyectado sobre los meses que debían haber concurrido de preaviso.

El nacimiento de la indemnización por clientela exige la concurrencia de tres requisitos:

1º.- Que el distribuidor haya incrementado sensiblemente la clientela preexistente o aportado nuevos clientes;
2º.- Que de ello se deriven ventajas sustanciales para el empresario en la medida en que pueda aprovecharse de la cartera de clientes creada por el distribuidor;
3º.- Que la indemnización resulte equitativamente procedente por las circunstancias que concurran.

Le puede interesar

Si se acredita el cumplimiento de estos aspectos, el distribuidor debido a la sorpresiva resolución de su contrato, puede solicitar una indemnización por ello.

¿Cómo se calcula? Se calculará atendiendo al importe medio anual de las remuneraciones percibidas en los últimos cinco años, efectuando dicho cálculo sobre los beneficios netos obtenidos por el distribuidor una vez descontados los gastos y los impuestos.

Por último, se podrá reclamar también una indemnización por los daños y perjuicios que contemplarán todos aquellos que la resolución del contrato le ha causado tales como los gastos de promoción, inversión, publicidad o personal que haya realizado el distribuidor y que no puedan ser amortizados.

Y, ¿cuánto tiempo tengo para reclamar?

Retomando la atipicidad de este contrato, no se existe un plazo especial para el ejercicio de estas acciones, quedando amparado por el plazo general que, hasta 2015 era de 15 años y que, desde dicho año, se vio reducido a 5.

No obstante, se trata de procedimientos muy particulares dependiendo del caso en cuestión pues, en la práctica la mayoría de ellos se pactan de manera verbal, se incluyen cláusulas de exclusividad, etc. Por tanto, en caso de resolución unilateral por parte del fabricante, lo mejor es buscar asesoramiento profesional a fin de que estudie el asunto en profundidad y determine cuáles son los pasos a seguir en defensa de tus intereses.

ASELEC, asesoría y abogados cuenta con un equipo de Letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas.

La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le garantizan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Los Abogados de ASELEC asesoría y abogados se coordinan con el equipo de Asesores, lo que implica un conocimiento y tratamiento completo de los asuntos. Por ello, conseguimos ofrecer un asesoramiento integral con los mejores resultados.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico
Aselec, asesoria y abogados

DEFENSA DE LA MARCA ANTE COPIA ASELEC ABOGADOS

HAN COPIADO MI MARCA ¿QUÉ PUEDO HACER?

Muchas son las empresas o autónomos profesionales que ven plagiada su marca y que, en consecuencia, sufren evidentes perjuicios por la confusión que a sus clientes les pueda causar. Pero, ¿sabe cuándo se comete realmente plagio?¿Qué acciones puede emprender?¿Qué puede se puede reclamar?

La Ley de Marcas y el Código Penal establecen la regulación de todos estos aspectos que nos ayudaran a sacarnos de dudas.

LA MARCA

Una marca es un signo de distinción que puede venir constituido por una palabra, dibujo, letras, cifras colores o formas y que permite identificar los productos o servicios de una empresa y distinguirla de las demás.

La Ley permite su registro en la Oficina de Patentes y Marcas para ofrecer una seguridad plena a aquella empresa que la ha creado permitiendo su distinción frente a los demás competidores.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS

El proceso se inicia con una solicitud que se remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que se incluirá una representación de la marca que se pretenda inscribir y los productos o servicios a que vaya referida. Tal solicitud se examinará y si se cumplen los requisitos establecidos tanto legal como reglamentariamente se procederá a su inscripción.

El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Le interesa

BENEFICIOS DE REGISTRAR UNA MARCA

La inscripción de la marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma, de manera que solo él podrá hacer uso de ella. De esta manera, queda prohibida su utilización por cualquier tercero sin consentimiento de su titular, especialmente en los supuestos en los que:

1º.- Los signos distintivos sean idénticos o similar y, además, venga referida para los mismos productos o servicios y si, además, existen altas probabilidades de confusión para el público.
2º.- El signo sea idéntico o similar a la marca y ésta goce de renombre en España independientemente de si se utilizan para los mismos productos o servicios.

¿QUÉ OCURRE SI COPIAN MI MARCA?

Si otra empresa elabora una marca que pueda ser similar o idéntica a la que tenemos registrada, siendo además utilizada para el mismo producto o servicio, debemos hacer valer los derechos que nos otorga la Ley.

Así, los artículos 40 y ss de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 274 y ss del Código Penal, establecen las acciones civiles y penales, respectivamente que se pueden ejercitar ante los Tribunales de justicia en defensa de nuestros intereses.

RECLAMAR EN LA VIA CIVIL

Se podrá reclamar en vía civil la cesación del uso de la marca además de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, incluyendo, en su caso, la adopción de medidas para evitar que se prosiga en su uso tales como retirar del mercado productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o todo aquello en lo que se haya utilizado tal marca.

La indemnización podrá comprender las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener debido a la utilización indebida de la marca y la confusión causada al público.

Incluso es reclamable el perjuicio causado al prestigio de la marca y los gastos de investigación causados para obtener las pruebas pertinentes de la violación del derecho de marca.

Además, hay que saber que, el artículo 43.5 de la Ley de Marcas establece una indemnización directa y sin necesidad de prueba alguna del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor, cuando la utilización indebida de la marca hubiera sido declarada judicialmente.

El plazo para ejercitar estas acciones es de 5 años desde que se conoció la infracción, pudiendo reclamar los conceptos indemnizatorios a que nos hemos referido de los últimos 5 años.

Le interesa

DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Además, la utilización indebida de una marca registrada puede incluso ser constitutivo de un delito contra la propiedad industrial tipificado en el artículo 274 del Código Penal, estableciendo penas que pueden alcanzar incluso los 4 años de prisión.

No obstante, la jurisprudencia ha ido perfilando los requisitos a la hora de determinar cuándo se ha producido una violación del derecho de marca, realizando en cada caso concretos análisis muy exhaustivos de la marca en cuestión.

Por tanto, cada caso habrá de ser valorado de manera independiente. Lo más recomendable es buscar asesoramiento profesional para el estudio y la valoración de la posible infracción y, en su caso, la interposición de las acciones correspondientes en defensa de tus intereses.

ASELEC, asesoría y abogados cuenta con un equipo de Letrados especializados en distintas áreas jurídicas que le ayudarán realizando tanto la labor de asesoramiento jurídico preventivo, como la de representación ante los Tribunales de Justicia, bien a personas físicas como jurídicas.

La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le garantizan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Los Abogados de ASELEC asesoría y abogados se coordinan con el equipo de Asesores, lo que implica un conocimiento y tratamiento completo de los asuntos. Por ello, conseguimos ofrecer un asesoramiento integral con los mejores resultados.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico
Aselec, asesoria y abogados

GUIA BÁSICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA SOCIEDAD LIMITADA

GUIA BASICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA SOCIEDAD LIMITADA

Guía básica para crear una SL paso a paso.

Existen numerosas formas jurídicas con las que configurar una nueva empresa, pero las características de la Sociedad Limitada (S.L.) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) hacen que éstas sean la fórmula más recomendable, rápida y práctica para pequeños empresarios.

La Sociedad de Responsabilidad Limitada es aquella sociedad cuyo capital social está integrado por las aportaciones económicas de todos los socios, los cuales tienen una responsabilidad frente a terceros limitada a dicha aportación. Así pues, la ventaja principal de una sociedad de carácter mercantil es que la responsabilidad está limitada a las aportaciones al capital. Y en contra, podemos señalar que tiene más obligaciones a nivel mercantil y fiscal que un autónomo. En esta Guía vamos a describir las características del proceso para la obtención de la personalidad jurídica y los trámites necesarios para su puesta en marcha. 

Este articulo te puede interesar:

Si  has decidido iniciar tu actividad como empresario individual y constituir tu propia empresa, has de tener claros los pasos y cauces obligatorios para crear una empresa de Sociedad Limitada, que hemos resumido en este artículo concentrándolos en una guía básica que seguir.

Los trámites, obligaciones y demás gestiones quedan aquí enumerados pero, obviamente la manera más segura y eficiente de realizar todos los pasos que detallamos aquí, es a través de un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) acreditado por el Ministerio de Economía e Industria, como el que tenemos en nuestro departamento de asesoría jurídico mercantil. Si te interesa pide información a través del formulario de nuestra web. Contacta aquí.

 

 

Veamos pues cuales son esos pasos a seguir y trámites que cumplimentar, necesarios para la creación de nuestra S.L.:

PROCESO DE CONSTITUCIÓN JURIDICO-MERCANTIL DE LA SOCIEDAD LIMITADA

  • Solicitud de Certificación negativa del nombre de la sociedad a constituir en el Registro Mercantil Central.
  • Escritura pública de constitución que se otorgará por los socios fundadores.
  • Liquidar el correspondiente Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
  • Solicitud de NIF provisional.
  • Inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil correspondiente.
  • Solicitud de NIF definitivo.
  • Legalización de libros obligatorios y cuentas anuales al Registro Mercantil.

TRAMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA FISCAL-LABORAL DE LA SOCIEDAD LIMITADA

  • Obtención de Certificado Digital.
  • Alta en el Censo de Empresarios de la Agencia Tributaria (modelo 036) donde se indica la actividad a realizar, el domicilio y las obligaciones fiscales de la empresa.
  • Alta de los socios y/o administradores en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Inscripción de la empresa en la Seguridad Social (obtención de C.C.C.) en caso de contratar trabajadores.
  • Comunicación de apertura del centro de trabajo a la Consejería de Trabajo de la Comunidad Autónoma.
  • Afiliación de los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social con su correspondiente registro de contratos al Servicio Público de Empleo Estatal.
  • Contratación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

OTRAS POSIBLES OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD LIMITADA

  • Licencia de apertura/actividad en el Ayuntamiento correspondiente.
  • Otras licencias en función de la actividad.
  • Registro de signos distintivos en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

formamos parte de la red pae para emprendedores

Superados estos trámites, la creación de tu Sociedad Limitada ya es efectiva.

Sin embargo, como ya hemos dicho, es un proceso complicado que se recomienda realizar acompañado de un profesional experto, esto es, de un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) acreditado por el Ministerio de Economía e Industria. En ASELEC, Asesoría y abogados, realizamos todos los trámites para constituir tu empresa en 48 h ya que contamos con la acreditación como un punto PAE en Murcia (Puntos de Atención al Emprendedor) y, por tanto, tenemos capacitación para asesorar y tramitar a Emprendedores en todo el proceso de creación y desarrollo de su proyecto empresarial en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Contacta aquí.

pagar-a-la-sgae-por-poner-musica-en-mi-negocio

¿PAGAR A LA SGAE POR PONER MÚSICA EN MI NEGOCIO?

¿Sabe qué es la SGAE y por qué debemos pagarle por reproducir música en nuestro local? ¿Cuándo y Cuánto? o ¿Cómo actúa esta entidad?

La gran mayoría de negocios hace uso en su rutina diaria de radio, televisión o listas de reproducción sin saber que, por ello, es probable que esté obligado a pagar una cuota a la SGAE (Sociedad General de Autores Españoles).

LA SGAE, SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ESPAÑOLES

La SGAE, es una empresa privada autorizada por el Gobierno, dedicada a la defensa y gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 100.000 socios. Dentro del colectivo de los creadores, 90.921 son músicos de todos los géneros y estilos, 10.701 son autores de obras audiovisuales –argumentistas, guionistas y directores-, y 8.825 son dramaturgos y coreógrafos . La SGAE, activa desde 1899, administra hoy un repertorio superior a los diez millones de obras musicales, dramáticas, coreográficas y audiovisuales. Tal y como establece la Ley de Propiedad Intelectual, SGAE tiene encomendada la defensa y gestión de los derechos de las obras de sus socios, autores y editores.

Pero esta empresa no es la única que realiza esta función, sino que encontramos también otras como  la AGEDI o la AIE, entidades igualmente encargadas de la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Dicha gestión deviene de que los autores confían a esta empresa la protección del uso legítimo de sus obras, consistiendo dicho uso legítimo en el pago de una cuota. 

Al pago de esta cuota vienen obligados, en principio, todos los propietarios de negocios, independientemente del objeto que tenga, que quieran aprovechar las obras cuya autoría pertenece a autores que han delegado la gestión de las mismas a estas empresas autorizadas. Es decir, si en un negocio se desea reproducir música, aunque sea meramente ambiental, o tener la televisión encendida a la vista de los clientes, o simplemente encender la radio de fondo, es necesaria la obtención de una licencia que otorga la SGAE, y que autoriza a esa empresa a la reproducción de música o contenido audiovisual en su local.

¿Qué incluye esta licencia?

  • Música: Utilización del repertorio musical, a través de cualquier medio (radio, tv, cd, internet, gramola-hucha, juke box, actuaciones en vivo o en directo…)
  • Audiovisual: Utilización del repertorio audiovisual, a través de cualquier medio (tv, internet, laser disc, dvd, video…)

 Es necesario saber que, no todos los autores han delegado la gestión de estos derechos a la SGAE, por lo que la reproducción de sus obras musicales no va a estar sometida al pago de la cuota en ese caso.  

El abono de la cuota viene determinado por un contrato de licencia a suscribir con estas entidades, en el que se define la cuota a pagar y cuyo importe dependerá del uso que se vaya a hacer de ellas. Así, variará según la reproducción de esas obras musicales tenga un uso principal, como sería el caso de una discoteca, o sea meramente accesorio, como puede ser el caso de un comercio.

También influirá en el importe de la cuota, la superficie del local y la cantidad de reproductores que se utilicen para ello (número de altavoces, televisiones, etc). 

¿CÓMO CONTROLA LA SGAE LA MÚSICA QUE ESTOY REPRODUCIENDO EN MI NEGOCIO? ¿PUEDE SANCIONARME?

Tanto la SGAE como las demás entidades que tienen delegada la gestión de los derechos de propiedad intelectual de los autores, cuentan con personal delegado por todo el territorio nacional y tienen encomendada la visita a los negocios y la comprobación de que efectivamente se está realizando la reproducción o el uso de obras cuyo autor haya delegado la gestión del y protección de sus derechos de autor. Así como comprobar, en el caso de que así fuera, que dicho uso resulte legítimo, es decir, que esté pagando por ello. 

Sin embargo, el personal de estas entidades sólo puede limitar su actuación a levantar un acta en dichas inspecciones, siempre y cuando, cuenten con el consentimiento del propietario del negocio inspeccionado, puesto que no se trata de funcionarios del estado y por tanto, no  tienen la potestad de inspeccionar un local si el propietario se opone.

En cualquier caso, no tienen potestad para sancionar. Será en un procedimiento judicial posterior, donde se reclamen las cuotas que se consideran debidas por la reproducción de obras musicales de autores gestionados por la SGAE. 

En caso de que se inicie un procedimiento judicial para reclamar el pago, la resolución derivada del mismo determinará el beneficio que el negocio pueda obtener por el uso o reproducción de las obras protegidas.

En cualquier caso, se tratará siempre de asuntos muy particulares y que van a variar dependiendo del caso concreto. Por este motivo, nuestra recomendación es que si desea saber si está o no obligado al pago de una cuota a la SGAE,  o bien ya ha recibido la visita de un  inspector de la SGAE o entidad de gestión similar en su negocio, debe buscar asesoramiento profesional que le aconseje la mejor solución para su negocio, en función del uso, cantidad de reproductores y otros aspectos a tener en cuenta. Aún más en el caso de que se haya iniciado el procedimiento judicial a que acabamos de hacer referencia y en el que debe contar con un asesor legal experto que defienda sus intereses legales y económicos.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Juridico

Aselec, asesoría y abogados.

responsabilidad-empresa-delitos-empleado

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EN LOS DELITOS DE UN EMPLEADO

¿ES RESPONSABLE LA EMPRESA DE LOS DELITOS QUE COMETAN SUS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES?

La comisión de cualquier hecho delictivo conlleva, además de la responsabilidad penal que se establezca en el Código Penal según el delito de que se trate, una responsabilidad civil consistente en resarcir a los perjudicados mediante indemnización los daños y perjuicios que se hayan causado.

LA EMPRESA, RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIA.

Si bien, cuando nos encontramos con que el autor del hecho delictivo resulta ser un empleado de nuestra empresa, que lo ha cometido además en dicho establecimiento y en el desarrollo de sus funciones, puede ser incluso que se nos considere responsable civil subsidiario. 

Así lo establece el artículo 120.4 del Código Penal ,que encuadra como responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente a las “Personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios”.

Con esta imputación de responsabilidad civil a la empresa, de cualquier forma subsidiaria, se trata de evitar situaciones de desamparo a los perjudicados por la situación de insolvencia total o parcial de los directamente responsables. 

REQUISITOS PARA LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.

Para que esta acción prospere, como se desprende del mismo precepto, es necesario que se de la concurrencia de los siguientes requisitos:

  • Insolvencia del responsable penalmente: es decir, que nuestro empleado y quien resulta ser el autor del hecho delictivo carezca de bienes suficientes para hacer frente a la indemnización por los daños y perjuicios que haya causado la comisión del delito.
  • Que exista una relación entre el autor del delito y el responsable penal subsidiario, es decir, que exista una relación predominantemente de dependencia entre uno y otro, pudiendo ser onerosa o gratuita, duradera y permanente o meramente circunstancial y esporádica. Lo que se exige es que el sujeto esté potencialmente sometido a la posible intervención del responsable civil subsidiario como dueño de la situación pudiendo dictar órdenes e instrucciones. Esto es, que exista una situación de subordinación entre empleado y empleador por el cual el primero se encuentre sometido a la intervención del segundo en cualquier momento.
  • Que el autor del delito actúe dentro de las funciones de su cargo, aunque sea extralimitándose en ellas. Es decir, que el delito se cometa en el desarrollo de su actividad laboral, incluyendo cuando se exceda de sus competencias.

Por tanto, se puede dar la posibilidad que, ante la comisión de un delito por parte de un empleado nuestro, llevado a cabo en su horario laboral, si el mismo no pudiera hacer frente a la posible indemnización por los daños causados a los perjudicados en concepto de responsabilidad civil, sea la empresa, de manera subsidiaria la que deba hacer frente al pago de la misma. 

En cualquier caso, ante esta situación, lo más recomendable es acudir  a profesionales que estudien el procedimiento penal y defienda los intereses de la empresa a todos los efectos.

Para cualquier empresa, cualquiera que sea el sector al que pertenezca, resulta fundamental contar con un abogadocomo asesor legal que le ayude a gestionar y resolver los problemas de índole jurídico que se generan en el desarrollo de su actividad, tanto en las relaciones con los empleados, como con los clientes o proveedores. El campo de actuación del abogado de empresa abarca tanto el asesoramiento preventivo para evitar situaciones que pongan en peligro buen funcionamiento de la misma, como, si ello resultara necesario, la efectiva actuación extrajudicial y judicial ante los juzgados y tribunales, en defensa de los interesas del negocio. Contacte con nosotros.

Estefania Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados

plazos-tiene-administracion-para-pagar

¿QUÉ PLAZOS TIENE LA ADMINISTRACIÓN PARA PAGAR?

Muchas son las empresas que diariamente mantienen relaciones comerciales con administraciones públicas bien sea mediante la realización de obras, prestación de servicios, suministros de material… lo que convierte a nuestra empresa en un acreedor de la administración para el pago de las facturas que se emitan consecuencia de los servicios contratados. 

Pero, ¿Con qué plazos cuenta la administración para pagar a sus proveedores o colaboradores? ¿Qué pasa si no paga o lo hace tarde? Analizamos y resolvemos las dudas a este respecto. 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PLAZOS DE PAGO

Salvo que en el contrato o en la propia licitación pública se establezca otra cosa, las relaciones con la administración se regirán por lo dispuesto en la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Esta norma, establece los plazos de pago de que dispone la administración para hacer efectivo los mismos, distinguiendo los trabajos realizados según sean, obras o sean servicios prestados o bienes entregados, aunque el plazo no varía. 

Este extremo se encuentra regulado en el artículo 198 del mismo, en relación con los artículos 210.4 y el 243, de los cuales se desprende que, la empresa tendrá que presentar a la administración las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la entrega de bienes o la prestación de los servicios una vez finalizados éstos, disponiendo la administración de un plazo de 30 días para su aprobación. 

Desde este momento, es decir, desde el momento en que la administración emita la aprobación de tales documentos o como máximo, pasados 30 días desde su presentación a la misma, los organismos públicos disponen de otro plazo de 30 días para proceder a su pago. 

Por tanto, nos encontramos con que, desde el momento en que se notifique a la administración el fin de las obras o de los servicios prestados o bienes entregados, mediante de la presentación de la documentación que así lo acredite, la administración dispone de un plazo máximo de 60 días para pago. 

Le puede interesar

QUE OCURRE CUANDO LA ADMINISTRACIÓN NO PAGA EN PLAZO

Si, llegado el vencimiento del plazo, la administración no ha hecho efectiva su deuda, incurrirá en mora, naciendo el derecho a reclamar intereses de demora y gastos de gestión de cobro en el contratista. 

En concreto, los intereses de demora que le son de aplicación a la administración son los de operaciones comerciales, cuya actualización se realiza de manera semestral y que, a día de hoy se encuentran en el 8%.

Además de ello, es posible que el retraso en el pago por parte de una administración, genere el derecho a percibir una indemnización por gastos de cobro que se encuentra recogida en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por el que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, en virtud de la cual se fija una cantidad de 40 € por factura cuyo pago se haya demorado, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal, además de todos los costes de cobro que se acrediten debidamente y que hayan sufrido consecuencia de la mora. 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

El procedimiento para reclamar los intereses de demora y los gastos que hayan producido a nuestra empresa la mora de la administración comienza con una reclamación previa a la misma, que es obligatoria para acceder a la vía judicial, solicitando el pago de tales gastos, para lo que el organismo en cuestión tiene un mes para resolver. 

Si pasado este plazo no han procedido a su abono, ni tampoco han resuelto, se deberá entender desestimada por silencio negativo, comenzando entonces y desde ese momento el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso administrativo antes los Juzgados y Tribunales, en solicitud de las cantidades mencionadas. 

Si bien, la contratación administrativa y todos sus extremos varían enormemente de un contratista a otro dependiendo del tipo de servicio en cuestión, del precio, de la duración, etc, por lo que, antes de iniciar reclamación alguna, lo mejor es buscar asesoramiento, dejando en manos de un profesional del Derecho administrativo, el estudio el caso en cuestión y en su caso, dirija el curso de la reclamación.

La experiencia y la profesionalidad son factores clave en estos asuntos, y la combinación de asesoría jurídica con el área económica de ASELEC  garantiza los mejores resultados en la defensa de sus intereses. Contacte hoy con nosotros. La amplia experiencia, la formación continua y la dedicación personal a nuestros clientes, le proporcionan la fiabilidad y eficacia para resolver cada situación.

Estefanía Belchí Poveda. 

Abogada

Departamento Jurídico

Aselec, asesoría y abogados.

novedades-contratos-arrendamiento-aselec

NOVEDADES EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

¿Tienes una vivienda arrendada y no sabes cúales son las novedades que afectan a los contratos?

El pasado mes de diciembre entró en vigor el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que modificaba algunas normas relativas a los contratos de arrendamiento, entre otras, la Ley de Arrendamientos Urbanos. Las variaciones afectan principalmente a los siguientes elementos del contrato: (*VER NOTA ACLARATORIA AL FINAL DE ESTE ARTICULO ACERCA DE LA VIGENCIA DE ESTE REAL DECRETO)

  • DURACIÓN

Hasta ahora, la duración del arrendamiento podía ser fijada libremente por las partes, si bien, se establecía que, si ésta era inferior a 3 años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogaría automáticamente por plazos anuales hasta alcanzar la duración mínima de 3 años.

Sin embargo, con la modificación operada, dicho periodo mínimo se ha fijado en 5 años, o en 7 si el arrendador es persona jurídica, de manera que, si la duración del contrato es inferior a dichos plazos, al vencimiento de éste se prorrogará automáticamente por plazos anuales hasta alcanzar los periodos mínimos de 5 y 7 años expuestos.

  • ACTUALIZACIÓN DE RENTAS

Por otro lado, también ha sufrido una variación la regulación en cuanto a la actualización de rentas que, hasta el pasado mes de diciembre, en defecto de pacto expreso por las partes fijado en el contrato, la renta se actualizaba automáticamente aplicando a la renta la variación experimentada por el I.P.C. 

No obstante, la nueva Ley únicamente contempla la actualización de renta si así lo han pactado las partes expresamente en el contrato, en caso contrario, no se podrá revisar. 

  • GASTOS GESTIÓN INMOBILIARIA

Otra novedad introducida por el citado Real Decreto Ley, resulta la imputación de los gastos de gestión inmobiliaria al arrendador cuando sea persona jurídica, con la única excepción de que los asumirá el arrendatario cuando hayan sido contratados directamente por él. 

Le puede interesar

  • FIANZA Y GARANTÍAS ADICIONALES

En cuanto a la fianza y garantías prestadas por el arrendatario, se mantiene la cantidad equivalente a una mensualidad de renta para la primera, si bien, en cuanto a las garantías prestadas adicionalmente, se introduce la reducción de que dicha garantía no puede exceder de dos mensualidades de renta. 

Por tanto, como decimos, desde el pasado día 18 de diciembre, los contratos de arrendamientos que se confeccionen se han de redactar teniendo en cuenta las modificaciones expuestas a fin de redactar un contrato conforme a Ley. Si bien, estos cambios no afectan a contratos que fueran suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 

Para evitar sorpresas, a la hora de suscribir un contrato de arrendamiento, lo mejor es buscar asesoramiento profesional a fin de asegurar que nuestro contrato cumple con todos y cada uno de los requisitos legales y que protege nuestros intereses por completo. Contacta con nosotros para concertar una cita.

*NOTA ACLARATORIA ACERCA DE LA NORMATIVA APLICABLE A LOS CONTRATOS ARRENDAMIENTO

El pasado 14 de enero, publicabamos este artículo referente a las novedades de los contratos de arrendamientos introducidas por el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que modificaba principalmente la duración de los mismos, además de lo relativo a actualización de rentas y fianzas y gastos de gestión inmobiliaria. 

Tal norma, entraba en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE, esto es, el 18 de diciembre, a expensas de su aprobación por el Congreso de los Diputados en los siguientes 30 días.

Dicha aprobación finalmente no ha sido posible habida cuenta de que dicha reforma no ha contado con los votos de los grupos parlamentarios suficientes para salir adelante. De esta manera, el Real Decreto queda derogado, volviendo a ser de aplicación la Ley de Arrendamientos Urbanos que estaba vigente anteriormente. 

No obstante, la gran duda ahora es, ¿qué pasa con los contratos celebrados entre el 19 de diciembre y el día de ayer? Pues bien, que una norma finalmente haya de ser aprobada por el Congreso de los Diputados, no evita que su aplicación durante el tiempo que estuvo en vigor haya causado plenos y lícitos efectos jurídicos. 

Por tanto, los contratos de arrendamiento que se celebraran durante este mes escaso que ha durado la reforma de la LAU, quedan inalterados y protegidos por este Real Decreto que le será de aplicación aún a pesar de su no convalidación, mientras que, los que se celebren en adelante, volverán a estar bajo la premisa de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 con las reformas introducidas en el año 2013. 

23 de enero  de 2019

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados.

gastos-comunidad-pagar-por-mi-local-comercial

¿QUÉ GASTOS DE COMUNIDAD TENGO QUE PAGAR POR MI LOCAL?

Es habitual entre los propietarios de un local comercial en el que tienen su negocio, integrado en una comunidad de propietarios, que se plantean dudas sobre qué gastos están obligados a pagar, y en concreto acerca de las derramas, aprobadas para realizar reformas que en nada afectan a su local, deben ser asumidas también por ellos. 

LO QUE DICE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Pues bien, con carácter general, la Ley de la Propiedad Horizontal obliga al pago de los gastos generales del edificio según la cuota de participación que cada vecino tenga y que viene fijada en la escritura de constitución de la comunidad. 

Según lo dispuesto en la Ley, los propietarios tienen que contribuir con todos los gastos, independientemente de que sean titulares de local o de vivienda y de que hagan uso o no de los elementos comunes, tal y como viene estableciendo, además, la jurisprudencia, que no exime del pago de tales gastos por su no utilización. 

LA PRÁCTICA HABITUAL

Si bien, lo que, si se permite y es habitual en la práctica, es establecer o en la escritura de constitución de la comunidad o en los propios estatutos de la misma una exoneración de ciertos gastos a los propietarios de los locales comerciales que compongan la comunidad, precisamente por su no utilización ya que ningún beneficio le van a reportar. 

Veamos un ejemplo:

El propietario de un negocio que se encuentra en la planta baja de una comunidad de propietarios, que no tiene acceso al portal y al que le están exigiendo el pago de una derrama para el cambio de la puerta de entrada al edificio. 

Pues bien, dicho propietario deberá acudir al título constitutivo de la comunidad, a los estatutos o bien a las actas de las juntas de propietarios celebradas, para saber si existe acuerdo de exoneración de tales gastos para los propietarios de los locales. En caso contrario, deberá asumir tal gasto, puesto que como vemos, la ley y la jurisprudencia así lo disponen. 

Cabe señalar también que, en tal exoneración se han de individualizar los gastos en concreto a cuyo pago no vienen obligados los propietarios de un local, aunque si tal dispensa se hace con carácter general y motivada por su no uso, ésta comprenderá tanto los gastos ordinarios (gastos de mantenimiento del edificio) como los gastos extraordinarios (gastos de mejora).

Por tanto, ante la duda de qué gastos de comunidad de propietarios son los que se debe asumir, lo más recomendable es consultar los documentos citados al momento de la adquisición del inmueble.

Además, también es importante saber que, a la hora de comprar un local, el adquirente responde de las cuotas de comunidad que hubiera impagado el anterior propietario durante dicho año y los tres anteriores por lo que, para evitar sorpresas, además de consultar a que gastos se está obligado, es fundamental obtener un certificado de estar al corriente en el pago en tales gastos, a fin de evitar asumir deudas que no son propias.

Le puede interesar

No obstante, ante cualquier duda lo mejor es buscar asesoramiento profesional, que gestione la situación de la mejor manera posible. Contacte con nuestro departamento jurídico, experto entre otros campos, en

  • Redacciones de contratos y asistencia a Notaría (compraventas, hipotecas, permutas, arrendamientos urbanos y rústicos, derechos reales, contratos de agencia, arrendamientos de servicios).
  • Reclamaciones de Cantidad.
  • Cumplimiento o resolución de Contratos.
  • Defectos constructivos.
  • Comunidades de Propietarios.

 

Estefanía Belchí Poveda

Abogada

Dpto. Jurídico

Aselec, asesoría y abogados.